¿Qué hay detrás del intenso conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)? ¿Impedir que corra Álvaro Noboa? ¿Dejar un rastro de dudas que, eventualmente, ponga en peligro los resultados electorales de 2021? 

Como es costumbre en el país, el conflicto político entre los vocales del CNE y el TCE se judicializó la semana pasada, cuando ambas partes concurrieron a la Fiscalía para acusarse de delitos. Y eso que, en teoría, ellos mismos deben resolver si se les procesa o no penalmente. 

Tras recibir las mutuas denuncias -los vocales del CNE hablan de prevaricato, mientras los jueces electorales alegan desacato- la  Fiscalía anunció que les dará el trámite legal. Para ello, la fiscal general Diana Salazar, consultó a la Corte Nacional de Justicia si puede investigar a los integrantes de los dos órganos de la Función Electoral. 

La Corte contestó el 18 de diciembre  que "puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en donde se investigue a cualquier persona". La duda de la fiscal general se debe a que el artículo 19 del Código de la Democracia dice que "mientras ejercen sus funciones (los consejeros y jueces electorales) no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización del pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en los casos de violencia intrafamilar en los cuales no se reconoce fuero alguno". Pero la Corte Nacional dijo que investigarlos  "no implica la instauración de un proceso penal en su contra", lo que, en teoría, dio luz verde al Ministerio Público para iniciar las indagatorias sobre la actuación de los jueces y los consejeros. 

Con un sorpresivo cambio, se formó una nueva mayoría, tras meses de votar juntos los vocales Estela Acero, Diana Atamaint y José Cabrera contra la minoría integrada por Luis Verdesoto y Enrique Pita. Esta vez hay un bloque de cuatro votos al que no se sumó Acero. 

Y, por ello, fue el abogado de Luis Verdesoto y Enrique Pita quien puso una denuncia por presunto  prevaricato en contra de los jueces del TCE, además de acusarlos de obstaculizar el proceso electoral al ordenar la inscripción de Justicia Social. 

De su lado, el juez electoral Ángel Torres acusó públicamente a los vocales del CNE de haber "fraguado una conspiración para impedir la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa", lo que motivó que Fernando Balda, quien intentó ser candidato a asambleísta, ponga otra denuncia penal contra los consejeros, por "incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente".

Pero no solo se denunciaron mutuamente de supuestos delitos los jueces y los consejeros. La abogada de cabecera de Álvaro Noboa, Sylka Sánchez, también puso una denuncia por presunto desacato en contra de los consejeros del CNE por no acatar la sentencia del TCE del 30 de octubre, que según la lectura del alvarismo, le permitía al movimiento Justicia Social -en cuyas filas está actualmente el magnate porteño- inscribir su candidatura a la presidencia de la República. 

¿Denuncias sin futuro?

Aunque la Fiscalía los investigue, es poco probable que las denuncias prosperen, si bien preocupa que la judicialización de este conflicto político pueda ser el pretexto para alegar una eventual nulidad del proceso electoral. Así lo estimó en nuestro programa PLAN EN VIVO el abogado Mauricio Alarcón. Alarcón advirtió que un cambio en la fecha de las elecciones establecida en la convocatoria podría significar la nulidad del proceso y de los resultados electorales de 2021. Esto, porque en la nueva mayoría del CNE no se descarta cambiar la fecha de las elecciones para, supuestamente, tener más tiempo para procesar el conflicto. 

Para el constitucionalista Ismael Quintana, hay "descomposición en la Función Electoral" que viene desde hace algún tiempo. Una de las causas es el marco normativo del correísmo, que "les da inmunidad y patente de corso para hacer lo que les da a la gana" tanto a los integrantes del CNE cuanto del TCE. Esto, destaca Quintana, evidencia que la Función Electoral está actuando con "afectos y desafectos" hacia los sujetos políticos. 

Quintana recordó "actuaciones patológicas" en la Función Electoral, en episodios como el caso de la candidatura de Andrés Araúz, mientras con Álvaro Noboa pretender ser "harto rigurosos". El constitucionalista destaca que el pleito está quitándole al proceso electoral todas las certezas, mientras coincide en que cambiar las fechas podría llevar a declarar la nulidad de las elecciones generales.

Alarcón se preguntó sino se busca "torpedear las elecciones" y llamó a la Función Electoral ha garantizar un proceso libre, justo y democrático. 

Los candidatos: mutis por el foro

Pero llama también la atención el silencio de los actores políticos frente al conflicto en la Función Judicial. Los candidatos no parecen tener la menor intención de pronunciarse sobre la problemática.

Para Ismael Quintana, el silencio de los candidatos en las irregularidades cometidas por la Función Electoral podrían tener el trasfondo de que las decisiones buscan beneficiar a ciertos políticos. La nueva mayoría en el CNE podría estar respondiendo a la alianza PSC-CREO, ya que Guillermo Lasso podría estarse bien amenazado por una postulación alvarista. 

Mauricio Alarcón sostiene que ese silencio de los políticos "preocupa", no solo en esos temas, sino en otros como precampaña o bioseguridad, así como en la postergación de la primera vuelta que ha sido planteada por el consejero Enrique Pita. Alarcón agrega que también hay silencio del contralor Pablo Celi, quien ordenó al CNE anular a cuatro organizaciones políticas. El jurista señala que la actual crisis podría atribuirse a las decisiones de Julio César Trujillo y su Consejo Transitorio, que conformó la Función Electoral con representantes de organizaciones políticas al margen del marco legal vigente. 

Ambos abogados coinciden en que las denuncias que se han puesto mutuamente en la Fiscalía los funcionarios electorales tienen poca posibilidad de prosperar, pues la Sala Penal de la Corte Nacional debe solicitar tanto al Consejo Electoral cuanto al Tribunal Contencioso Electoral que autorice el enjuiciamiento de sus miembros, perspectiva muy poco probable.

¿Es o no es por Alvarito?

Desde una lectura política, en cambio, el conflicto evidencia otras aristas. Para el consultor político Jacobo García, en diálogo con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca en PLANV EN VIVO, hay un evidente conflicto de poderes que se ha escenificado en el Ecuador en los últimos tres años. 

La ex asambleísta constituyente, Betty Amores, coincide en que el problema de la Función Electoral proviene de la conformación del CNE, que se nutrió de las fuerzas políticas más votadas, cuando la Constitución vigente establece que quienes tienen intereses en las materias reguladas por un organismo no deben integrarlo. 

Betty Amores es escéptica sobre el real impacto de una candidatura de Álvaro Noboa y sostiene que no se cumplieron con los requisitos para la inscripción de su candidatura. Amores sostiene que la clientela política de Noboa simplemente se ha esfumado en los últimos años. 

Por su parte, García sostiene que la transición de los últimos tres años busca protegerse de lo que pueda venir después, lo que motiva los movimientos en la Función Electoral. Álvaro Noboa no es un enemigo ideológico, pero sí podría ser un enemigo político de la candidatura de la alianza de la derecha. "Esto es una batalla por el poder, la alianza Lasso-Nebot busca mantener el poder", asegura el consultor político. De ahí que cree que la explicación del conflicto en la Función Electoral tendría su motivación sobre todo en los intereses de la coalición de derechas. 

La sociedad civil se ofrece a mediar

Mientras tanto, desde la sociedad civil, se anunció la conformación del colectivo " Voces por la Democracia", quien ofreció su mediación entre los integrantes de la Función Electoral para "proponer a las autoridades del CNE y el TCE el diálogo y nuestro compromiso para servir de mediadores y poder subsanar las diferencias en aras de la defensa a la democracia y un proceso electoral transparente y de calidad".

En un comunicado, el colectivo dijo que "en un proceso electoral el actor principal es la ciudadanía, cuya voluntad determina el destino de la nación. Sin embargo, esa misma ciudadanía históricamente ha sido poco activa en el escenario democrático y su voz poco escuchada".

El colectivo precisó que "frente a un nuevo proceso electoral que se desarrolla en circunstancias muy particulares, un grupo representativo y con espíritu patriótico de ciudadanos ha tomado la decisión de levantar su voz y ser protagonistas activos en las próximas elecciones". El colectivo agregó que se  "presenta al país y compromete sus esfuerzos para asumir el rol como referente de orientación colectiva ante los hechos que ocurran en el proceso electoral, así como convertirse en una voz crítica y de defensa de la democracia".

Entre los integrantes de la iniciativa están Sebastián Mantilla del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, Mónica Banegas de la Fundación Haciendo Ecuador, Sharlyn Zúñiga Miranda de Wayusa Participativa, Rosa Ponce del Observatorio Ciudadano a la Violencia Política, Andrea Quijije del Movimiento Mujeres del Ecuador, Anunziatta Valdez del Contrato Social por la Educación, así como los ex integrantes de la Función Electoral Carlos Aguinaga Aillón y Fausto Camacho Zambrano entre otros. Aún no se conoce si tanto los consejeros del CNE cuanto los jueces del TCE estén dispuestos a aceptar esta mediación. 

Las fuerzas políticas, en contra de cambiar el calentario

Por su parte,  CREO, Movimiento Centro Democrático, Movimiento Democracia Sí, Partido Unidad Popular, Partido Izquierda Democrática, Lista 12, Partido Social Cristiano, Movimiento Construye,  y Movimiento Fuerza Compromiso Social, se manifestaron en contra de cualquier modificación del calendario electoral.

"Las fechas legales y constitucionales para la trasmisión del mando y la posesión de las autoridades parlamentarias y las fechas determinadas por el calendario electoral para la realización de la primera y segunda vuelta electorales son inamovibles, por fuerza de la norma y conveniencia de la estabilidad democrática", dijeron en un manifiesto.

"La diferencia de criterios entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral afecta al cumplimiento de los principales hitos electorales y es imprescindible encontrar una solución institucional de consenso, que permita el cumplimiento de los parámetros básicos de la participación del pueblo ecuatoriano, y el espíritu de las normas y las sentencias, sin afectar los principios de equidad y transparencia", agregaron los representantes de las fuerzas políticas.

Finalmente, acordaron "requerir que las instituciones del Estado allanen el camino para que el proceso electoral y en particular la posesión de las autoridades se realice en cumplimiento de los plazos fijados en la Constitución, la ley y las disposiciones emitidas por la administración electoral".