Los siguientes párrafos son una lista de alertas ante algunas modalidades de corrupción y fraude electorales, que puedan darse en nuestro país en las elecciones nacionales 2023.[2]

El fraude electoral es el daño deliberadamente provocado para distorsionar la expresión de la voluntad democrática.

Las consecuencias del fraude son la no-aceptación cuando no el rechazo de los resultados, el alejamiento ciudadano de la política y la falta de sustento/apoyo a la gestión pública. En suma, el debilitamiento de las instituciones.

El proceso electoral tiene fases, unas más vulnerables que otras, frente al fraude. También los actores públicos y privados, nacionales e internacionales son distintos. A su vez, la incidencia del fraude varía según la localización y el tipo de elección.

Existe posibilidades de fraude electoral en todas y cada una de las elecciones. Las circunstancias cambian muy rápidamente. Nadie puede afirmar, radicalmente, que una elección está libre de fraude y que se haya eliminado la corrupción electoral. Consiguientemente, hay que levantar alertas, esto es, una lista de comprobaciones en terreno, para minimizar las posibilidades de fraude.

Los fraudes pueden realizarse por los actores políticos participantes (partidos, candidatos), autoridades electorales (nacionales/locales permanentes, funcionarios y juntas electorales/mesas), medios de difusión (comunicación analógica -radio y televisión- y digital -redes-), ciudadanía y cooperación política internacional (observación internacional).

La corrupción electoral es el abuso de instrumentos de poder en las elecciones con el deliberado propósito de obtener beneficios y resultados electorales, más allá de la expresión directa de la voluntad mediante el voto, los principios democráticos, la legislación y los acuerdos sociales y políticos de la sociedad. 

Sin reducirnos a la definición jurídica de fraude electoral, la próxima elección en Ecuador puede estar asediada por la corrupción electoral.

Algunas de las alertas que presentamos tienen hoy menor eficacia por las características de la elección nacional 2023. Pero la prevención debe incorporarse permanentemente. Mejor, las alertas siempre debieron estar incorporadas en la rutina electoral, la que debe tener un capítulo de prevención del fraude y control de la corrupción.

Todos debemos estar involucrados en el control social y control político, como las únicas garantías para minimizar el fraude y la corrupción electorales.

PRECAMPAÑA

Los atributos y las partes de una elección deben ser estándares: organización, presupuesto, capacitación, ejecución, escrutinio, justicia, honradez. Mientras más rutinario se vuelva un proceso electoral, más se incrementará la capacidad de control público social y estatal, y se reducirá la posibilidad de fraudes.

El principio general que debe guiarnos es la transparencia del proceso, que se basa en la preservación de la igualdad de los electores, la cual garantiza la legitimidad del proceso y, en general, la aceptación de las políticas públicas derivadas del resultado.

En la “precampaña”, que en realidad cubre los momentos no definidos legalmente como “campaña electoral”, se incuban muchos elementos de desigualdad, unos legítimamente provocados, por ejemplo, por el activismo social o partidario, y el intercambio de la opinión pública; y, otros, ilegítimos en precampaña, como la propaganda (promoción con mecanismos de mercado) de liderazgos o fenómenos, generalmente gastos —por ejemplo— a cargo de gobiernos locales y consultores específicos.

La difusión y propaganda electorales tienen que ser normados. Fundamentalmente, los ingresos y gastos electorales para evitar las desigualdades originadas en sociedades con ingresos radicalmente desiguales y financiamiento ilícito de la política.[3]

Tradicionalmente, la autoridad electoral ha revisado a los medios de comunicación analógicos y controlado de caminos y carreteras para evitar “adelantos” en las campañas. En general, estas acciones pierden importancia frente a la nueva naturaleza de las elecciones. 

Igualmente, en esta elección 2023 deberá guardarse flexibilidad en el examen de los procesos de democracia interna. Estos suelen tener un carácter más formal, antes que de garantía de la expresión justa de las “tendencias” de un partido o de garantía de acceso a las candidaturas por todas las identidades o grupos que conforman una organización (mujeres, jóvenes, profesiones, territorios).

Tradicionalmente, la autoridad electoral ha revisado a los medios de comunicación analógicos y controlado de caminos y carreteras para evitar “adelantos” en las campañas. Foto: PlanV

DIGITALIDAD

El instrumento central de la campaña en curso es la digitalidad. La definición legal/reglamentaria de campaña (lapso en que se aplican controles) tiene poca importancia para las acciones electorales digitales. Los instrumentos de la comunicación electoral digital pueden prepararse y ejecutarse en cualquier tiempo y desde cualquier país.

En el 2021, tratamos de introducir normas y controles acerca de las campañas digitales. Entonces, de urgencia, buscábamos definir preliminarmente algunos campos tales como las redes como medios de comunicación o como instrumentos de intercambio entre los usuarios, la relación entre la normativa nacional (Código de la Democracia) y los Códigos de Conducta de las redes, el acceso a las métricas de uso de redes para determinar los gastos incurridos y los enmarques necesarios para los contenidos que eviten las perversiones del mercado político digital.[4]

Las campañas digitales se basan cada vez más en la manipulación de las emociones. Las emociones son una realidad social e individual, susceptible de investigación. Desde esta realidad —objetiva, cuantificable— se montan diseños estratégicos electorales fácilmente manipulables. 

El manejo del ánimo/emoción/creencia de los otros (electores) puede concretarse en voluntades, que se expresan políticamente en los votos. ¿El manejo positivo o negativo del ánimo/emoción/creencia es susceptible de responsabilidad/control/norma? ¿En qué condiciones?[5]

Se produce corrupción electoral cuando más allá de los liderazgos, intervienen técnicas —especialmente digitales— en que la construcción de la decisión electoral es manipulada por tecnologías específicas, las que distorsionan la realidad y manipulan la voluntad.

Los sujetos individuales y los sujetos colectivos forman visiones acerca de la realidad, que los actores las codifican como relatos. La lucha política moderna trasciende al enfrentamiento de intereses económicos. Y se configura también como lucha cultural.

Cuando la lucha cultural se conforma como enfrentamiento por imponer/inundar relatos, se abre la inmensa puerta de la manipulación. Lo que se ha denominado como postverdad.

La concreción más inmediata de la postverdad es la desinformación.

La desinformación es una construcción deliberada de “información falsa, inexacta o engañosa”, con o sin base en la realidad, para causar daño u obtener beneficios. Sin importar el deterioro que pueda hacer a la democracia y sus instituciones, a las personas y a los colectivos.

El internet es el vehículo privilegiado de la desinformación, que se caracteriza por procedimientos automatizados, intencionalmente dirigidos. Nos referimos a información que puede ser total o parcialmente falsa. Se asienta en reiterar la difusión mediante bases de datos, generalmente obtenidas y cruzadas de modo irregular, al margen de la legislación de protección de datos.

Algunos estrategas electorales promueven campañas de desinformación. Construyen noticias total o parcialmente falsas, presentadas de modo grotesco o sutil, para manipular a las decisiones electorales. Y de esta forma normalizan a la corrupción —creación de “desorden informativo”— como procedimiento político.

La proxima campaña electoral nacional ecuatoriana 2023 será esencialmente digital. Se basará en circuitos de producción y difusión de información mediante internet. La distorsión, el abuso y la manipulación de la información en la campaña electoral pueden minar a los principios electorales, especialmente la igualdad de los votantes.

Los electores estamos asediados por una oferta “personalizada” de contenidos, que simula nuestras necesidades informativas y responde a nuestras necesidades emocionales. Son los famosos algoritmos.[6]

Esta puede ser la forma más sofisticada de fraude electoral: crear una apariencia de personalizacion, que construye decisiones electorales similares asentadas en la manipulación de la ciudadanía, mediante la pasividad o el activismo.[7]

En la campaña nacional 2023, los medios analógicos (radio y televisión) tendrán poca incidencia. La campaña pondrá acento en las formas digitales, esto es, redes y uso digital de los medios tradicionales.

Las campañas digitales usan big data.[8] Manipularla para conseguir un objetivo a o anti-institucional democrático constituye una forma grave corrupción política.[9]

La desinformación tiene, entre otros, un objetivo político: aparentar una amplia aceptación para un candidato, una organización, una idea. La organización política ya no se fundamenta en células —incubadoras de opinión, cuadros y acción—, la política se ha vuelto primordialmente mediática —la organización fue sustituida por el acceso a los medios— y posteriormente devino en comunicación digital —apariencias interactivas de repetición masiva—.[10]

Las tendencias electorales actuales parecen reducirse a lograr una percepción de amplio apoyo, que sustituya a la participación social y a la participación política, y al debate programático. Mientras que la gestión pública y la gestión estatal mutan hacia el manejo de la comunicación pública y de la comunicación estatal.

La forma más eficiente para operar esta forma de corrupción electoral son los grupos cerrados y autorreferenciales, que solamente se escuchan e intercambian entre ellos. El supuesto es que manejan la verdad y la razón política, por lo que desechan la información externa o que proviene simplemente de otros.  

Se complementa con las “burbujas informativas”, que surgen de los algoritmos.[11]

La burbuja es un espacio (límite) de intercambio (repetición) que impide la libre formación de opinión pública, base de la democracia. La esfera pública tiende a reducirse o se estructura en torno a las redes de relación entre burbujas, que imposibilita el diálogo entre diferentes.

El dominio de la desinformación en una campaña electoral, especialmente en una de corta duración (como la actual nacional en 2023), provocará que el espacio/tiempo de la identificación/conocimiento de los candidatos se reduzca y predominen los prejuicios, las emociones encontradas, la polarización. La circulación de ideas y la maduración de criterios corre el riesgo de encerrarse en burbujas informativas, que proporcionen aparentes certezas.

En una campaña corta, el resultado más perverso es la sobresaturación.

La sobresaturación de información sesgada es el resultado del choque entre estrategias electorales ansiosas de no perder electorado, captar electorado indeciso y/o reducir los espacios de intercambio. El resultado final es el bloqueo de la circulación de ideas y la dilución del principio de igualdad.

Un proceso electoral sobresaturado no forma opinión sino ratifica creencias y emociones. Vuelve permanentes a las crisis politicas pues inmoviliza a la ciudadanía y ratifica a las decisiones previas y/o profundiza las desafecciones.

Las campañas electorales basadas en un internet “desregulado” se convierten en plataformas de ejércitos informáticos (“ciberejércitos”), mecanismos automatizados de amplificación de desinformación (“bots”) y técnicas de microsegmentación de los mensajes (“personalización”) que debilitan la comparecencia igualitaria de los electores e incluso la soberanía nacional.[12]

La cuestion es como luchar contra la desinformacion sin restringir la libertad de expresion. No se trata de una nueva forma de censura.

Recomendaciones:

· Observar detenidamente los contenidos que llegan a través de las redes, diferenciando realidad de relatos.

· Señalar a los conjuntos de información de difusión masiva reiterada. Hay que tratar de llegar hacia las “fábricas de desinformación” que trabajan para candidatos e incluso países.

· Ubicar a los anuncios en redes, pagados con dinero privado declarado o dinero público. Es más visible el pago por la difusión, pero es más oculto el pago por el diseño, la construcción y la forma manipulada de la difusión. Al margen de la corrección del pago, los efectos fraudulentos pueden ser incontrolados. 

· Examinar nuestro propio consumo de información (todos somos objetos de personalización por parte de los algoritmos). Nosotros mismos somos síntomas -escenarios- de los modelos de uso de la información masiva.

· Cuidar del encierro en el consumo de información en burbujas (amigos o adherentes) que impiden la interacción.

· Conformar un mapa de las interacciones en redes, que pueden tener origen en contratos y gastos (diseño y difusión). Y confrontarlos después con los gastos declarados por partidos y candidatos. En lo posible determinar el origen de los gastos electorales en redes.

Adicionalmente a estas prevenciones en las redes, también es preciso evitar los autogolpes:

Recomendaciones:

· Convertir a los votantes duros de un candidato en votantes cautivos utilizando los mismos mecanismos de encierro en la desinformación.

· Creer que la convicción electoral de los adherentes a un candidato es suficiente y conformar una ciudadanía pasiva, alejada de la opinión pública y de la política.

· Usar “espontanea e ingenuamente” los contenidos y mecanismos de la desinformación masiva dentro de las redes usadas por los mismos adherentes. 

Es necesario luchar contra/salir de la funcion de masa disponible para el consumo de informacion manipulada. La manipulacion informativa lleva a la falsa polarizacion, especialmente en las crisis políticas como la actual.

PADRÓN ELECTORAL

El padrón electoral puede no registrar con precisión al universo de ciudadanos, especialmente por la movilidad interna e internacional. Sin embargo, en general en el país no existe un gran problema de subregistro de nacimiento y defunciones. Sí se han encontrado casos de entrega ilegal de cédulas de ciudadanía y pasaportes, y omisión de registro de fallecidos. Su magnitud puede no ser significativa, por lo que no generaría mayores distorsiones de los resultados electorales en circunscripciones grandes.

El principal problema por resolver es la brecha existente entre el censo de población y el padrón electoral. Foto: PlanV

El Registro Civil es la fuente básica de datos del padrón. El padrón tiene actualmente suficientes seguridades (nombre, cédula, firma, foto) para evitar votantes falsos, duplicidades, inflaciones y exclusiones, que caracterizaron a varios padrones en el siglo pasado.

El principal problema por resolver es la brecha existente entre el censo de población y el padrón electoral. La dimensión de esta brecha se conocerá muy pronto confrontando los resultados del censo 2022 y el padrón 2022.

VOTO EN EL EXTERIOR

La votación en línea de los ecuatorianos residentes en el exterior es un muy importante avance de la garantía de un derecho, que pudo haber sido manipulado.

Una precaución importante a observar en la elección 2023 es el re empadronamiento/ratificación/confirmación de datos de los votantes en el exterior, para que puedan acceder a la “votación en línea”. No se puede incrementar el número de los votantes ya empadronados en la anterior votación. Lo cual es correcto al no modificarse el padrón exterior.

Sin embargo, puede ocasionar, por un lado, un subregistro; y, por otro lado, un bajo ejercicio del voto entre quienes, pese a estar empadronados, no voten pese a las garantías que les ofrece la votación en línea, sea por temor (la representacion diplomatica, el estado receptos, la situacion irregular) o desconocimiento (de la ratificación y/o de la votación en línea).       

El voto de los ciudadanos residentes en el exterior ha registrado una distorsión muy poco estudiada y peor cuestionada. Pero ha sido muy eficientemente para lograr deformaciones, que solamente se pueden superar con la votación en línea. Expliquémoslo.

Foto referencial

Todos los ecuatorianos residentes en el exterior pueden empadronarse. Pero solamente algunos votan, porque no tienen las garantías/infraestructura para votar. Recordemos que la votación ha sido presencial y las circunscripciones tienen sedes solo en determinadas ciudades y en sitios determinados, los que pueden variar. Los datos muestran que los ecuatorianos que ejercen su voto provienen de sitios de hasta dos horas de movilización en transporte público o privado.

Aquello significa que los votantes reales —quienes tienen garantizada la incidencia en el resultado— son aquellos que viven en o están próximos a las ciudades con recinto electoral. Así, la representación se distorsiona notablemente. Y entrega un poder relativo a unos votantes (organizaciones de migrantes entre otros) por sobre el universo de ecuatorianos migrantes.

La votación en línea fue propuesta por la minoría del Consejo Nacional Electoral desde 2020. La propuesta adquirió mayor relevancia con la pandemia. La respuesta fue sistemáticamente negada pese a todos los argumentos. Ahora, con mayor flexibilidad y ante la enorme evidencia de su necesidad ha debido ser aceptada.

Teóricamente, todos los ciudadanos empadronados en el exterior pueden registrarse y votar pues la conexión en línea es universal.    

De lograrse una mayor participación, especialmente de los votantes dispersos, cambiaría la composición de la legitimidad de origen de los asambleístas del exterior. Estos asambleístas, originados en muy pocos votantes, deforman a las campañas y la atención gubernamental.  

Recomendaciones:

· Incentivar a las acciones de promoción del Consejo Nacional Electoral acerca del voto en el exterior, especialmente obligando a que las representaciones consulares promuevan el voto en todos los territorios de los respectivos países.

· Capacitar a los migrantes para que puedan ejercer el voto en línea.

· Promover candidaturas en el exterior que puedan mejorar la cantidad y calidad de la representación.

· Mostrar que la votación en línea puede ejercerse al margen y sin riesgo de la condición migratoria.

· Formar veedurías del escrutinio automático de la votación en línea para evitar susceptibilidades por su novedad.

Hasta ahora el voto en el exterior configuró una sistematica exclusión de los ecuatorianos asentados de modo disperso. Es el momento para iniciar la rectificacion que implica a casi el 5% de la asamblea nacional.

SISTEMA INFORMÁTICO

El sistema informático electoral se encarga de varios procesos sustantivos, todos ellos susceptibles de distorsión. El público no especializado juzga al sistema informático electoral como un agujero obscuro en el que puede ocurrir cualquier cosa.

Este documento asume todas las recomendaciones de los grupos, internos y externos, de “auditoría” informática al sistema informático del Consejo Nacional Electoral realizados en los últimos cuatro años. No cabe hacer una reseña de sus conclusiones técnicas, para evitar errores de transcripción del sentido. Recuperamos algunas anotaciones relacionadas con los procesos.

Toda la documentación debe ser necesariamente pública ya que no contiene “secretos” o información cuyo conocimiento genere vulnerabilidades al proceso y sensibilidad en los resultados.

El sistema informático a cargo de la organización electoral registra, como muchas otras plataformas, “agujeros negros”, los que deben ser minuciosa y sistemáticamente observados. Conseguir la perfección es imposible. Lo importante es que los actores sociales y políticos, y los actores institucionales tengan adecuada conciencia de los riesgos. Y asuman responsabilidades ante la población.

Los auditores, en representación de las organizaciones políticas, podrán observar cómo se ingresa la información de las actas de escrutinio, como parte del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Resultados (Setpar). Foto: Archivo el Universo

La primera actividad de los partidos debe ser conformar sus equipos y nombrar sus delegados a las Comisiones de auditoría general y especialmente de su capítulo informático, que el Consejo Nacional Electoral está obligado a conformar. Una debilidad sistemática ha sido que los actores políticos no han conformado alianzas para las auditorías, especialmente la informática, siendo que esta es necesariamente un elemento compartido —la transparencia y corrección informáticas— en la que se concretan intereses comunes.[13]

Debe, además, incorporarse a la sociedad civil con capacidad técnica incluyendo a las universidades. Estas últimas no pueden autoexcluirse bajo ningún concepto.[14]

La auditoría social y política debe incluir una prescripción básica: los operadores del sistema informático tienen iguales o quizás mayores vulnerabilidades que cualquier otro funcionario público.

En sus actividades desgranan las fortalezas y debilidades de su formación técnica. Pero fundamentalmente su integridad ética. La que es especialmente sensible dependiendo de los roles en el sistema electoral. 

Recomendación:

· Que el Consejo Nacional Electoral convoque a los actores políticos, especialmente participantes en el proceso, y a los actores sociales con destrezas, a conformar una autoría general. Siendo que el capítulo informático debe tener una agenda abierta y no la que imponga el organismo electoral. Una contraloría política y social al sistema informático debe tener una agenda precisa, que no es necesariamente la que interese al controlado. Debe incluir el examen de las calidades, destrezas y responsabilidades de los funcionarios.

JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO

Existe una alta correlación entre errores cometidos por los miembros de las Juntas en el escrutinio inicial y sus niveles de capacitación. En general, deben ser atribuidos a la incapacidad de la autoridad electoral para encontrar los métodos de capacitación adecuados para cada circunstancia y territorio.[15]

La elección nacional 2023 tiene una particularidad importante: los integrantes de las Juntas se repetirán.

La práctica clásica son sorteos entre la población escogida, fundamentalmente universitaria para integrar a las juntas. Esta ha dado buenos resultados por el control mutuo que produce la combinación del origen universitario y social de los miembros de las juntas.

La elección nacional 2023 tiene una particularidad importante: los integrantes de las Juntas se repetirán. Foto: Archivo El Universo

Al repetirse los integrantes de las Juntas no sube en el nivel de riesgo. Se abren dos posibilidades.

Por un lado, contar con un mapa adecuado —Junta por Junta— de deficiencias (basado en el mal llenado de las actas, deficiencias en la contabilidad, uso de recursos, incumplimiento de normas), que permite tanto redoblar la capacitación (se cuenta con la ubicación de los integrantes de las Juntas) como reportar a las autoridades universitarias, que es un incentivo para el mejor desempeño.[16]

Por otro lado, en este caso adquiere especial relevancia un procedimiento estadístico: entre la primera y la segunda vuelta se puede determinar aquellas mesas cuyos resultados no siguieron la tendencia general del resultado del recinto electoral.[17] El rango que define a la tendencia debe definirse. Las Juntas que salen de este rango deben ser objeto de observación y no necesariamente implica que haya operado alguna forma de fraude. Salir del rango puede contener muchas explicaciones, fundamentalmente de la heterogeneidad social de los territorios. Pero también pueden ser síntomas de actos fraudulentos.

Entre la primera y segunda vueltas de 2021 entregué un análisis de todas las Juntas Receptoras del Voto de todo el país a la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, pidiendo especial cuidado de observación en las mesas que salían del rango definido. Si entonces fue pertinente para las dos vueltas presidenciales, en la elección presidencial de 2023 es mucho más relevante, pues se tratará de Juntas Receptoras probablemente en cuatro elecciones, de haber segunda vuelta.

El mismo cuidado debe observarse en las Juntas en las que se ha encontrado una alta diferencia en los votantes de las diferentes elecciones simultáneas.[18] Sin importar la votación que haga de matriz para la comparación, lo relevante es determinar que los votantes en todas las elecciones simultáneas son físicamente los mismos. Las grandes diferencias -al margen de la definición legal- pueden ser un síntoma de irregularidades.

Esta anomalía/irregularidad/delito fue denunciada en la Fiscalía General del Estado obteniéndose sentencias en unos casos y estando otros pendientes.

El modus operandi podría haber sido un probable robo aleatorio de votos. El objetivo habría sido afectar a la mayoría con mayor probabilidad estadística de ganar en esas Juntas.[19] El daño tiene mayor incidencia en las elecciones locales. Puede incidir en el resultado, lo cual es un delito. Pero muy difícilmente llegue a tener una significación nacional.   

Recomendaciones:

· Redoblar a la capacitación in sitio en los casos de mesas con problemas detectados en las elecciones locales 2023.

· Detectar las Juntas Receptoras del Voto que se ubiquen fuera del rango de cada recinto.

· Informar a la observación internacional electoral para que asuma recaudos en esas Juntas.

· Adoptar una forma de capacitación permanente, en línea y evaluada, de toda la población en posibilidad de ocupar las mesas (niveles universitarios y del funcionariado público). La capacitación ciudadana masiva –que no se hace- debe incluir a la capacitación de los delegados de las candidaturas sobre los defectos en las Juntas detectadas.

VOTACION

La copia del acta de escrutinio con las firmas correspondientes entregada a algunos los delegados (no existe el número suficiente) puede ser inmediatamente transmitida a los centros de control electoral de las candidaturas por medio de una fotografía. Obviamente tiene importancia si existe un control paralelo por parte de las candidaturas —tema muy difícil de lograr— o para constatación posterior de las actas y cifras que manejan las Juntas Provinciales Electorales.

Es muy importante que la transmisión de la fotografía la haga el delegado de la candidatura, para no perder soberanía civil ni crear distorsiones de roles. Pero más importante aún, es que cada una de las candidaturas reciba en tiempo real, copia automática del acta escaneada en los centros de cómputo del Consejo Nacional Electoral. El cotejo entre el acta escaneada y la fotografía remitida garantiza los ingredientes con que se conforma el resultado que legaliza y proclama la Junta Provincial Electoral.[20]     

Recomendaciones:

· Nombrar delegados a la mayor parte de Juntas receptoras del voto y de los recintos, abriéndose la posibilidad de que un mismo delegado represente a la candidatura en más de una Junta. Deben disponer de un teléfono para transmitir las fotos de las actas.

· Constituir centros de cómputo con capacidad para procesar las fotografías de las actas y cotejar las copias de las actas recibidas directamente.

· Certificar que el Consejo Nacional Electoral tenga la disposición política y la capacidad técnica para enviar copias de las actas escaneadas válidas y en revisión a cada una de las candidaturas.

TRANSMISIÓN

Las restantes fases del escrutinio, operadas por el Consejo Nacional Electoral, generan sospechas en la ciudadanía y los partidos. En particular, la posibilidad de que se manipule la entrada de datos o se reemplacen las actas.

La creatividad de los corruptos va por delante de la prevención y del control. Es esperable siempre que encuentren nuevas vías y formas eficaces de provocar alternaciones a la voluntad popular. La única garantía es el control social y el control político de todo el proceso.

La manipulación estaría asociada con la suspensión de la transmisión de actas (y el escrutinio público a través de los medios), que evidenciaría información previamente adulterada y que personal no autorizado (o fraudulentamente autorizado) introduciría en el sistema, vulnerando de este modo los protocolos de seguridad.

Esa forma de fraude, de existir, dejaría una huella informática, que los auditores sociales y partidarios pueden encontrar e investigar.

La desaceleración o suspensión en la exposición pública de la información del escrutinio crea la imagen de un fraude en desarrollo. Ciertamente, nunca la entrada y procesamiento de la información es uniforme.[21] Más aún cuando las simulaciones de procesamiento y carga de la información no han sido realizadas de forma adecuada y técnica.

El sistema de transmisión de resultado elecciones 2019 fue probado en el CNE. La foto es de un simulacro del funcionamiento del sistema informático para las elecciones seccionales del 24 de marzo. Foto: Archivo El Universo.

La simulación debe hacerse bien o no se debe hacer. Hasta ahora parece que los simulacros se ejecutan para la publicidad del organismo electoral, antes que como una prueba técnica del proceso.

La carga utilizada en el simulacro debe ser similar a la carga que habrá el día de la elección. En caso contrario se hará solamente una ficción publicitaria. O se correrán los riesgos de una apuesta. Y la esperanza sería que los actores interesados no la perciban. 

La otra susceptibilidad de fraude es el reemplazo de actas. En el fraude electoral “tradicional”, el reemplazo de actas posiblemente ocurría, de modo físico, en los recuentos. Parece que se lo realizaba en el transporte de actas solicitadas por la Junta Provincial Electoral desde las bodegas del material hasta la sala de reconteo. Por ello se instalaron cámaras de control permanente y, de este modo, evitar el reemplazo en las cajas.

Pero los autores de fraude habrían usado los campos negros de la filmación de las cámaras para hacer cambios. Por ello, entre otros motivos, se dispuso que la copia de actas sea solamente la autorizada. 

La introducción de nuevas actas coherentemente deformadas dentro del sistema informático debería ser detectada por el control partidario y el control social. Fundamentalmente debería reflejarse en la contabilidad final. Además de la huella digital que quedaría.

Todo el sistema puede estar sometido a ataques informáticos externos, los que pueden tener propósitos múltiples, no solamente de alteración de resultados sino de generar caos en el proceso. En ello pueden participar no solo los actores políticos sino también intereses de otros países en debilitar a la democracia ecuatoriana.

Se conoce que en las últimas elecciones presidenciales (2021) hubo ataques informáticos a lo largo del proceso. La capacidad de generar escudos informáticos eficaces se asienta en los organismos de cooperación internacional, que pueden actuar responsablemente. Es obvio que los escudos no deben estar en conocimiento abierto. Pero sí es necesario que el público conozca e investigue la naturaleza de los ataques y establezca responsabilidades sobre sus propósitos.

Recomendaciones:

· Poner especial énfasis en la simulación de la carga de la información, que es la que muestra las fortalezas y debilidades del sistema.  

· Elaborar un mapa de riesgos de fraude en el sistema informático, que esté en conocimiento de los delegados partidarios y de la sociedad civil, quienes debería poder participar de todas las fases del escrutinio desde un “cuarto adjunto”. 

· Exigir que las autoridades responsables presenten públicamente los ataques sufridos durante anteriores procesos electorales.

AUTORIDAD ELECTORAL

Los ciudadanos imputan la responsabilidad de los fraudes al Consejo Nacional Electoral. De ello deriva su permanentemente baja aceptación. Ciertamente, tiene grados de participación por acción u omisión en la que converge la voluntad política de los integrantes del cuerpo colegiado, que se asienta en un diseño institucional pernicioso.

La autoridad electoral no puede seguir tapándose los ojos ante la evidencia de las campañas electorales digitales. Más aún en el caso de campañas cortísimas. Son muchos los casos del mundo en que las nuevas formas de campaña digital condicionan decisivamente a los resultados. Amparadas en la ignorancia de los contralores o en su omision cómplice.

Más que en cualquier otra política pública, en la electoral, la hiperconcentración de atribuciones, competencias y funciones en la Presidencia del organismo que la ejecuta y, fundamentalmente, en todos los temas administrativos y organizativos de las elecciones, configura al desprestigio. La deficiente ejecución acompaña a ese inadecuado diseño.

El consejo nacional electoral, ejecutor exclusivo de la politica publica electoral, asocia su forma de hiperpresidencialismo con la responsabilidad de la corrupción.

La más frecuente racionalización del Consejo Nacional Electoral frente a decisiones controvertidas ha sido invocar al derecho de participación, en su acepción más general. Y el escudo más utilizado para la omisión cómplice ha sido escudarse en interpretaciones positivistas y conservadoras del derecho electoral. Este flujo entre interpretaciones difusas y positivistas se asienta en la deficiente formación académica y técnica de los miembros y funcionarios.   

En un cuerpo colegiado de cinco integrantes, fácilmente se puede estructurar una mayoría de –al menos- tres consejeros, que articule una gestión clientelar (intercambio de favores/contratos/decisiones) con actores e interlocutores (públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales) deseosos también de una forma clientelar.[22]

A nivel de la autoridad, el clientelismo electoral -la administración del proceso- es una forma de “repartir” porciones de los beneficios de las decisiones entre los diversos actores, pero preservando siempre los intereses de los fundamentales participantes del acuerdo de mayoría. Puede ser un reparto estable o limitado, que se expresa en decisiones/reglamentaciones/adquisiciones o, en su defecto, en nombramientos o repartos de cuotas de poder.

El Consejo Nacional Electoral disocia los intereses de su mayoría y la necesidad de la nación de lograr elecciones transparentes. [23]

Una forma sistemática de gestión electoral ha sido la omisión de acciones desplazando la responsabilidad hacia los actores. Esto constituye una forma cómplice de evitar decisiones o bloquear cambios necesarios. Las argumentaciones fueron tenues. Pero respaldadas en la fuerza de la mayoría. Nunca existió debate de políticas[24]. Pero siempre las votaciones de la mayoría consagraron la dirección acordada con actores externos e intereses propios.

Los referentes fundamentales de las acciones y omisiones del consejo nacional electoral fueron el parlamento (para resguardarse de un eventual enjuiciamiento) y el gobierno de turno (para preservar clientelarmente) acciones de la oposición.

Recomendaciones:

· Apoyar las decisiones plurales que pueda adoptar el Consejo Nacional Electoral, las que impliquen la injerencia real de sus miembros y decisiones colectivas justas, y construyan colectivamente la legitimidad del proceso.

· Vigilar e impedir toda forma clientelar del Consejo Nacional Electoral respecto de candidatos y partidos. 

· Presionar activamente desde la opinión pública para evitar que el Consejo Nacional Electoral omita acciones que garanticen el ejercicio de derechos y la transparencia.

· Observar cuidadosamente el relato jurídico del Consejo Nacional Electoral, en especial en la invocación oportunista al “derecho de participación”.        

FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA

Las normas vigentes para controlar el financiamiento formal de la política son suficientes, en principio. Lo importante es cumplirlas.

Las últimas reformas al Código de la Democracia (2021) recogen, en lo sustantivo, la propuesta que hicimos. Estas son monetización y bancarización de todos los gastos electorales (para poder cotejarlos con otras fuentes como el Servicio de Rentas), reducción de las contribuciones en especie (para controlar una forma de lavado de dinero), rendición de cuentas inmediatamente a los gastos incurridos (para evitar doble/triple contabilidad), cierre de cuentas inmediato al finalizar la campaña (para detener las justificaciones mañosas de gastos en largos períodos), responsabilidad de las cuentas incluyendo a candidatos y principales de las organizaciones (para  cortar con las prácticas corruptas de utilizar testaferros), oficina de la Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE- (que ha sido subordinada contra todo compromiso internacional y norma nacional a una dependencia secundaria de la administración del Consejo Nacional Electoral) y publicación de ingresos y gastos de las campañas (y no solo publicidad nominal que terminaba en discreción de entrega de información por la autoridad electoral), entre otras.

El gran problema consiste es la forma específica que adquiera el financiamiento ilícito de la política, en particular la penetración del gran crimen internacional/narcotráfico.[25] El Consejo Nacional Electoral a través del Instituto de la Democracia, por ejemplo, debió estudiar las rutas del dinero ilícito en relación con las elecciones.

Como es conocido la justicia ha probado que existió lavado de activos, producto de sobornos destinados también para campañas y actividades políticas. Ciertamente es muy difícil el control del dinero efectivo en el financiamiento de las campañas. Sin embargo, entre las facultades del Consejo Nacional Electoral está la posibilidad de estimar, en el terreno y en referencias contables, el gasto visible y oculto de las campañas mediante observadores de terreno. 

Recomendaciones:

· Observar el cumplimiento de las normas sobre financiamiento de la política.

· Evaluar el costo de las campañas y cotejarlos con los ingresos y gastos declarados.

· Examinar, de oficio, por parte de la UAFE, a todos los candidatos y establecer la necesidad de que aclaren cuentas mientras son candidatos y antes de que puedan ser electos.  

En conclusión:

La autoridad electoral debe (re)conocer el fenomeno de la corrupcion y el fraude electorales para evitarlos y provocar su sancion. La incomprensión de los modelos de dsesinformacion y de financiamiento ilicito de las campañas, entre otros, no le exime de responsabilidad. Con los instrumentos legales existentes puede evitar la extrema distorsion de la voluntad popular. Requiere de una dosis de etica y de voluntad politica.