El proceso electoral que se avecina no tendrá las mismas características del pasado democrático del país. Lo cual, no significa que los ciudadanos deban permanecer en constante incertidumbre sobre cómo se llevarán a cabo las elecciones generales de 2021. Por ello, los consejeros y la presidenta del CNE tienen la obligación de garantizar al derecho a la participación de todos los ciudadanos sin que esto signifique vulnerar o poner en riesgo su derecho a la salud y a la vida. Además respetar la voluntad de los ciudadanos expresada a través de su voto; ajustar los tiempos del calendario electoral sin que se afecta la fecha de entrega del poder (24 de mayo de 2021) y reglamentar la campaña electoral, considerando las normas de salubridad dispuestas por la autoridad sanitaria del país, y precautelando el principio de equidad que debe existir entre las organizaciones políticas.

Al omitir estos y otros puntos en los debates que se generan en el seno del organismo electoral —en las propuestas de sus autoridades sobre la forma de votación y en la planificación de las elecciones de 2021— el proceso electoral se podría ver seriamente afectado.

El conversatorio Elecciones durante la pandemia del COVID-19 fue un espacio de diálogo entre diversos actores de la sociedad civil, especialistas en salud, politólogos, periodistas y dirigentes de organizaciones políticaspara expresar las preocupaciones sobre estos temas urgentes.

El conversatorio tuvo tres ejes temáticos:

1. Parámetros básicos de salubridad.

2. Garantías democráticas para el proceso electoral modificado.

3. La forma de votación y los resultados: legitimidad del proceso.

Estos son los resúmes de los criterios de los participantes:

El rol del Estado en la protección del derecho de la Salud en el caso de las votaciones

Víctor Manuel Pacheco

El coronavirus permanecerá durante bastante tiempo en el mundo y en nuestro país. Eso podría determinar que algunas conductas, comportamientos y decisiones a tomar por parte de las autoridades de Estado a corto o mediano plazo se vean afectadas. Estas decisiones ya no podrán ser ajenas a criterios de bioética. Es decir, el Estado y sus autoridades deberán hacer reflexiones críticas sobre los conflictos éticos que emergen de la vida y la salud humana.

Desde esta perspectiva, la bioética es un concepto amplio que abarca la vida del individuo y la sociedad. El derecho a la salud debe ser y es reconocido como un derecho humano por sí mismo y por sus relaciones con el derecho a la vida (el final extremo de la pérdida de la salud es la pérdida de la vida), a la libertad (el pleno ejercicio de ésta requiere de la posesión de condiciones saludables), a la igualdad (como condición indispensable para la igualdad de oportunidades), a la integridad (no solo social sino también biológica y axiológica), y a la seguridad personal (a aceptar con naturalidad y bajo ciertos límites el temor a la muerte).

Es deber primordial del Estado garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos, como lo dispone la Constitución de la República . Asimismo, la Declaración sobre Bioética de los Derechos Humanos enfatiza en la importancia de preservar la salud y generar espacios de diálogo interdisciplinarios. Pacheco considera que a mayo de 2020 los datos epidemiológicos de que se dispone a nivel universal y nacional no permiten prever la evolución de la pandemia, pero que existe la certeza y evidencia de que el virus permanecerá en la población y ambiente como agente infeccioso.

Pacheco considera que en el proceso electoral de 2021 deben tomarse decisiones con criterios bioéticos, de respeto a la dignidad, la integridad y los derechos de las personas. ¿Qué ocurriría con el sufragio de aquellas personas consideradas vulnerables como adultos mayores y personas de la tercera edad? Al respecto, el médico sostiene que, si se quiere preservar el derecho a la participación electoral de las personas de más de 65 años, habría que buscar un método que permita y garantice esa participación a través de mecanismos de votación segura que no sean, necesariamente, presenciales, y que garanticen su derecho humano a la salud.

Asimismo sostiene que, si no se acuerda un método alternativo de votación para estas personas, ellas podrían optar por la abstención de asistencia a votar por el riesgo de contagio y enfermedad.  De ocurrir esto, se estaría vulnerando el derecho a la participación electoral de estos ciudadanos.

Considera además que, para lograr las medidas de distanciamiento social recomendadas por la autoridad sanitaria y los organismos internacionales de salud, se necesitaría un número mayor de recintos electorales el día del sufragio. Medida que debería ir acompañada con la disminución del número de electores por mesa. De igual manera, manifiesta que el optar por un proceso electoral desarrollado en dos o tres días, que requeriría un costo mayor, no podría asegurar la ausencia de aglomeraciones, y con ello de posibles contagios, no predecibles a la fecha actual.

Impacto de procesos de contagio en diferentes estratos de ingresos: el caso de las elecciones 2021

Esteban Ortiz 

El médico, investigador y catedrático de la UDLA, dice que esta es una enfermedad que afecta un poco más a hombres que a mujeres. De una muestra de 9.000 pacientes con coronavirus, el 55% de contagiados eran hombres y el 45% mujeres. La mortalidad y el riesgo de fallecer también son mayores en hombres que en mujeres. Las variables pueden ser diversas, dice.

Presenta un análisis de riesgo de muerte a causa del COVID-19 por grupos laborales. En este estudio, los políticos son los que menos riesgo de morir tienen. Argumenta que el ser político (en teoría) confiere cierta protección y esto responde a los recursos económicos que puede tener una autoridad para atenderse en un buen hospital. Otro dato importante que expone es que la mortalidad de los médicos en comparación con los trabajadores de oficina fue menor, esto responde al acceso a la salud. Informa además que los desempleados tienen mayor riesgo de muerte (superior al 300%) por COVID-19 en relación a los trabajos administrativos o los jubilados. Los obreros tienen un riesgo mayor al 200% por los determinantes sociales.

A más de la letalidad que puede presentar el virus para un grupo etario, Ortiz considera que esta mortalidad se acrecienta con la saturación del sistema de salud.

El Ecuador seguirá registrando casos de coronavirus, al menos mientras no haya vacuna. Sin embargo, lo preocupante es que se presenten nuevos picos de la enfermedad, si no se toman las medidas de salubridad. Otra problemática expuesta por Ortiz es la saturación del sistema hospitalario, lo cual podría desencadenar en un déficit de camas y de áreas de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19 y de cuidados para personas que presenten otros tipos de enfermedad.

Cánones de protección de salud en eventos públicos electorales durante una pandemia en proceso de control

Marcelo Aguilar 

El epidemiólogo recuerda que el virus se trasmite por gotículas que son aerosoles, los cuales se introducen al toser o al estornudar. Esto hace que el COVID19 sea una enfermedad de alta transmisibilidad. Revela que en Guayaquil, solo en el mes de abril, fallecieron 14.700 personas, sin contar las muertes conexas a la pandemia.

Aguilar se pregunta: ¿Cómo nos encuentra la pandemia?  En su respuesta afirma que el sistema de salud del país es débil, producto de los 13 años de gobierno de Correa y Moreno. Caracteriza al sistema de salud ecuatoriano como un sistema centrado en la enfermedad, con vigilancia disminuida y un talento humano improvisado.

Una de sus críticas es que, pese al anuncio de la circulación de un nuevo virus y la alerta de la OMS, en el Ecuador no había un plan de contingencia, ni recursos adicionales para enfrentar la situación. Con un atenuante, mientras mayor es la movilidad y concentración humana, la  posibilidad de dispersión del virus se incrementa considerablemente. Al punto de acercarnos a una situación endémica.

Desde su perspectiva, para finales de mayo e inicios de junio habrá nuevos brotes y casos en grandes conglomerados urbanos. Brotes epidémicos  significativos en las periferias y hacia finales de año habría un incremento de la inmunidad en núcleos urbanos, una circulación endémica del virus, casos y brotes en la periferia.

Aguilar afirma que la realización de elecciones significa aglomeraciones de personas, movilidad y una enorme logística. Lo cual incrementa el riesgo de transmisión y brotes de la pandemia, al menos si las elecciones se realizan de manera tradicional. No obstante, es claro en sostener que debido a la incerteza de datos es difícil hacer una proyección segura. Por ende, recomienda esperar al menos dos meses para ver el comportamiento epidemiológico en los cantones que cambiaron al semáforo amarillo y quizás con eso se pueda tener una proyección más segura.  

En este momento sería demasiado riesgoso hacer elecciones. Las personas de la tercera edad deberían votar de forma telemática, de preferencia. Ellos son el grupo más vulnerable. Ahí cabe preguntarse, ¿cómo hacerlo y con ayuda de quién?

Propone que se desarrolle un sistema de vigilancia epidemiológica para las elecciones, en acuerdo con la autoridad de salud del país. De esta manera, se contaría con una importante capacidad de vigilancia activa para identificar focos de transmisión.

Exigencias de transparencia en procesos electorales: forma presencial y forma híbrida

Gustavo Larrea

Esta no es una elección que se va a realizar en medio de la normalidad, sino en el contexto de una crisis social, económica, política y ética. Con ciertos problemas y temores.

Larrea cuestiona al CNE, pues considera que la experiencia de su organización política con el Consejo no fue positiva. Quedaron dudas sobre la transparencia y pureza del proceso electoral de 2019. Algunas de estas dudas descritas por Larrea son:

• La dificultad para generar la representación de las Juntas Receptoras del Voto.
• El que este organismo no haya permitido la presencia de las organizaciones políticas, sin justificación alguna.
• Otro problema era obtener la copia del acta de votación.

Él mira como un paso importante la aprobación del Reglamento del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Esto permitirá observar el proceso electoral.

Para Larrea, la elección debe expresar la pureza de la voluntad popular, gane quien gane, pero debe haber reglas claras. Sin cancha inclinada ni árbitros vendidos sino árbitros y jueces electorales serios que, más allá de que simpaticen con alguna tendencia política, garanticen que este proceso sea transparente. 

Considera que esta campaña electoral tendrá problemas, entre ellos, que el país está parado desde mediados de marzo hasta ahora, por ende la actividad política no puede ejercerse como se hacía antes.

Otro punto es que habrá mucho más peso de los medios de comunicación y las redes sociales en contraste con las reuniones en barrios y visitas puerta a puerta. En este sentido, sugiere reglamentar el uso de los grandes medios y las redes para que los candidatos se expresen de manera equitativa. 

Propone cambiar la fecha de la primera vuelta electoral a la segunda quincena de marzo. Manteniendo la segunda vuelta electoral la última semana de abril o ampliándose hasta la última semana de ese mes para garantizar el cambio de mando el 24 de mayo.

No está en contra del uso de la tecnología, en la medida en que haya transparencia absoluta. Si no la hay, prefiere el voto directo en Junta. Y no en tres días porque en la noche puede haber fraude, afirma.

La falta de confianza en el CNE hace que dude de las dos propuestas de votación: universal y diferida en tres días, y la votación telemática. En lugar de ello propone:

• Votar en un solo día.
• Con más Juntas Receptoras del Voto.
• En más recintos electorales.
• Con un tiempo más extendido de votación.

Debido a la situación de pandemia y de no cambiar las fechas del calendario electoral, propone que el CNE haga una reglamentación clara para que el proceso de democracia interna (elecciones primarias) se realice por esa vía, en vista de que no puede haber aglomeraciones.

Participación social en la construcción de una nueva forma de votación

Boris Cornejo

Frente a una elección en tiempos de crisis, la clase política debe generar respuestas en torno a lo que la sociedad civil llama pacto social, un espacio de diálogo ético donde gane el país.

Cornejo afirma que debe existir un proceso pedagógico para explicar a la ciudadanía las reglas del juego electoral. Son pocos los ecuatorianos que conocen cuáles son esas reglas.

Eso implica ir a una competencia en donde los ciudadanos van a elegir autoridades sin estar muy enterados de las reformas que se hicieron el Código de la Democracia.

Para Boris Cornejo las autoridades electorales deben responder las siguientes preguntas:

¿Cómo será la campaña electoral si estamos en un escenario en el que tendremos que vivir largo tiempo con la pandemia? ¿De qué manera vamos a poder llegar a unas elecciones y respetar el proceso democrático con garantías que no atenten contra nuestras vidas? ¿Se prohibirán las concentraciones de partidos y movimientos?

Mira con buenos ojos que haya propuestas sobre las formas de votación, pero hay muchas preguntas sobre la participación de la gente.

El CNE tiene tres desafíos a cumplir, según Cornejo:

1. Cómo hacer para que la gente se entere de las nuevas reglas electorales.
2. Cómo hacer que la campaña respete la vida de la gente evitando contagios.
3. Cómo se va a desarrollar el proceso electoral el día mismo de las elecciones.

Bajo ningún punto de vista se puede alterar el proceso electoral, hay que buscar las maneras más eficientes e inclusivas para cumplir con el objetivo democrático.

Mecanismos informáticos de votación telemática: seguridad y amenazas

Enrique Mafla 

Mucha gente dice por qué no usamos internet para las elecciones si ya se lo utiliza para casi todo. Para Mafla, el problema es el requerimiento del secreto del voto. Afirma que el voto debe ser tan secreto que ni el mismo elector pueda demostrar a terceros por quién voto. Si ocurre lo contrario, eso nos llevaría a la coerción y a la compra del voto.

Sostiene que hay un enamoramiento y una confianza casi ciega en la tecnología. Un sistema que funciona en Estonia no necesariamente puede funcionar en Ecuador, por la entidad y las personas que la gestionan. Actualmente no hay una tecnología que permita realizar elecciones seguras por internet; aunque esto no significa que no se la pueda usar – para determinados grupos –, pese a la afectación al secreto del voto.

Sugiere que se revisen todos los problemas de Estonia en cuanto a la votación electrónica y a su sistema de votación. Por ejemplo, para evitar la venta de votos y la coerción se permite que el voto por internet no sea en un solo día, sino en varios días y que el elector pueda votar varias veces. ¿Por qué se hizo esto? Para evitar la venta del voto y la coerción. Dicho de otra manera, si estoy en el trabajo y se me quiere obligar a votar de una manera, se podría elegir otra opción al siguiente día o en la noche.

Recomienda que se cuente con modelos de simulación de contagios para las elecciones de 2021, para ver posibilidades de contagios en diferentes escenarios. Debe existir auditorias abiertas a los sistemas informáticos. Es un riesgo utilizar nuevas tecnologías, con un talento humano que no se encuentra fortalecido. Una forma de fortalecer el Consejo Electoral es a través de su talento humano, con personal independiente a las fuerzas que lo intentan controlar, afirma.

La educación electoral jugará un papel importante, más aún si se decide usar un nuevo sistema de votación para las elecciones de 2021. 

Requerimientos comunicacionales de un cambio en la forma de votación

César Ricaurte 

La prensa libre e independiente es manifestación de una democracia consolidada. Este el escenario para el debate de ideas, pero también para vigilar y tomar cuentas al poder público y, cuando hay una competencia electoral, a los candidatos y sus propuestas de campaña.

Para Ricaurte, la pandemia tiene efectos colaterales: uno de ellos es calificado por la UNESCO como la desinfodemia, es decir, la pandemia de la desinformación. Según el analista, esta se pudo constatar en el año 2017, cuando se vio el uso de herramientas de desinformación para incidir en el proceso electoral, todo hace prever que en las elecciones de 2021 esta epidemia se va a expandir.

El segundo efecto del COVID-19 es la crisis y posible extinción de los medios de comunicación tal como lo conocemos, especialmente los medios pequeños y locales. Esto nos llevará a hablar en el país de ciertos informativos. Zonas enteras del país que o van a tener medios locales e insertados en la comunidad que van a jugar ese papel de mediadores.

Esta será una campaña atípica, donde los procesos de cercanía (puerta a puerta) serán reemplazados por la intermediación de los medios. El papel de las redes sociales será importante, aunque este también es el escenario principal para la desinformación, señala Ricaurte.

Plantea que en la lucha contra la desinformación se realicen acuerdos con las plataformas informáticas con la veeduría de la sociedad civil y demás actores. Pone como ejemplo la experiencia de los proyectos Comprova, en Brasil, y VerificaMX, en México.

Transmisión de exigencias del contexto ciudadano a la escena política: los mecanismos telemáticos

María Josefa Coronel

El proceso de elecciones debe tener tres elementos: certeza, transparencia y eficacia. Tener la certeza del mecanismo de votación, en lo técnico. Una elección transparente. La eficacia, que hoy tiene un reto. Velar por el principio de la democracia y, a la vez, por la salud de los ecuatorianos.

Aunque no los menciona, Coronel destaca el papel de los consejeros de minoría Enrique Pita y Luis Verdesoto, pues han aportado con propuestas cuya característica es el detalle absoluto de todos los criterios técnicos y científicos que motivan su propuesta. Por ello señala que no se debe perder el recorrido histórico de las propuestas, para que los ciudadanos conozcan por qué se optaría por una forma de votación y no por otra.

Afirma que, más allá de salvar el 24 de mayo como el día en que debe cambiar el poder político en Ecuador, hay que hablar sobre el tipo de campaña. Se pregunta: ¿Qué tipo de campaña pediremos que hagan los candidatos?  La austeridad es el respeto al profundo nivel de pobreza que vivimos en Ecuador.

Marco normativo ad-hoc del proceso electoral 2021

Carlos Aguinaga

El problema que vive el Ecuador en sus distintas aristas (social, económica) llevará a los ciudadanos a expresar comportamientos distintos. Esto incidirá en el proceso electoral, porque estamos abocados a unas elecciones cuando todavía las reglas del juego democrático no están completas.

Para Aguinaga, en más de 70 días de paralización del país a causa de la pandemia, se podía estructurar normativamente una serie de institutos jurídicos electorales, que se requiere adecuarlos a una realidad no pensada (la del COVID-19).

Enfatiza en que no hay un plan operativo técnico en el que el CNE le diga al país qué sistema se va a emplear para las elecciones 2021. Esto lleva a que de conformidad con el Art. 113 del Código de la Democracia, se tengan que ajustar ciertos reglamentos para el uso de las tecnologías, en caso de que se las use. Desde su perspectiva, el CNE debe responder las siguientes preguntas:

• ¿Se reglamentará el voto anticipado para los ecuatorianos residentes en el exterior?
• ¿Cuáles serán las condiciones de seguridad y de auditoría para un tipo de votación telemática?
• ¿Qué facilidades habrá para que las personas vulnerables voten de manera anticipada o por medio de voto telemático? ¿Cuál será esa regulación?

Por otra parte, el Consejo Electoral tendría que regular el manejo de las campañas electorales, que deben producirse dentro del periodo de 45 días de campaña. ¿Qué sistemas se van a implementar con la incidencia de la afectación que tienen los medios de comunicación como su cierre? La orientación a la ciudadanía de cómo se prepara el proceso electoral debe ser permanente.

La incidencia de las redes sociales en la decisión de los ciudadanos será directamente proporcional a las circunstancias que estamos viviendo. Hoy tendrá más éxito una campaña en redes sociales que en medios tradicionales.

Contexto internacional de procesos electorales

Sebastián Mantilla

En términos generales la situación de la democracia en el Ecuador es crítica y delicada, hay un descontento con ella. El COVID-19 ha conmocionado todos los ámbitos. Posiblemente se venga una gran recesión para el Ecuador, equivalente a la ocurrida en EE.UU., a finales de los años 20.

En el caso de América Latina y Ecuador, la pobreza extrema se agudizará mucho más. El tema político incidirá en el próximo proceso electoral, posiblemente se agudicen las protestas y se tenga escenarios similares a los de octubre. Esto, sostiene Mantilla, es preocupante pues se requieren elecciones justas, libres y competitivas.

Menciona que debido a la situación de pandemia hay procesos electorales pospuestos en algunos países del mundo. No hay fecha para designación de diputados o asambleístas en Venezuela. No hay fecha para la elección de la nueva presidente en Bolivia. No hay fecha para tratar el caso de la nueva Constitución en el caso de Chile. En este y en el siguiente año hay procesos electorales que habrá que ver si se realizan o no. Y si se realizan habría que ver si son elecciones justas, libres y competitivas.

El tema del coronavirus podría retardar o cambiar el mismo calendario electoral. Aunque en este calendario del CNE y se haya mencionado las fechas del 7 de febrero y el 11 de abril, no se sabe hasta qué punto sea suficiente o si se cuente o no con tiempo necesario para elecciones primarias de las organizaciones políticas. Habría que replantear algunas fechas y ver si ese calendario no se vuelve una complicación para el proceso electoral.

Recomienda observar el proceso electoral de Corea del Sur. Las elecciones se realizaron el 15 de abril con un resultado exitoso. En ese país hubo 14.330 centros de votación y que hubo un nivel de participación electoral superior al 60%. Esto nos deja como lección – sostiene Mantilla – que si no se hace lo que se debe hacer, el nivel de ausentismo podría ser alto en las elecciones de Ecuador.

El éxito de la participación ciudadana en Corea del Sur se dio a la buena organización electoral y al voto adelantado (por correo o internet). El proceso electoral debe estar asistido por otros sectores del Estado para precautelar su seguridad y salud.

Los expertos:

1. Víctor Manuel Pacheco: doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Central del Ecuador. Especialista en Endocrinología. Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado en Bioética Clínica y Social. Diplomado en Bioética de la Investigación. Presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Presidente de la Red de América Latina y el Caribe de Comisiones Nacionales de Bioética. Profesor de la Maestría en Bioética, PUCE. Ex Jefe de Cátedra de Ética Médica y Deontología, Universidad Tecnológica Equinoccial. Ex Jefe de Cátedra de Humanidades Médicas, Universidad Central del Ecuador.  Academia Ecuatoriana de Medicina. Sociedad Ecuatoriana de Bioética.

2. Esteban Ortiz: docente investigador a tiempo completo de la Universidad de las Américas. Terminó su Carrera de medicina con honores en Ecuador y realizó su postgrado en Medicina de alta montaña y Fisiología de la altura en Canadá. Adicionalmente culminó su Maestría en Salud Pública y Salud Global en la Universidad de Southampton en Inglaterra gracias a una beca Chevening de excelencia otorgada por el gobierno británico. Actualmente cursa su último año de doctorado en Biomedicina por la Universidad de Barcelona, España. Tiene más de 40 publicaciones científicas en revistas indexadas. Es autor del libro “El Mercado farmacéutico ecuatoriano”; revisor y editor invitado de algunas revistas internacionales de medicina y actualmente mantienen más de 10 proyectos de investigación vigente con universidades nacionales e internacionales.

3. Marcelo Aguilar: médico tropicalista. Epidemiólogo. Maestría, Doctorado y Postdoctorado en Salud Colectiva. Docente titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Médico miembro de la Red Ecuatoriana de Epidemiólogos. Ex viceministro de Salud Pública, ex subsecretario de Salud, ex director Nacional de Epidemiología. Ex director del Instituto Nacional de Higiene y Salud Tropical.

4. Gustavo Larrea: presidente del movimiento político Democracia SÍ. Fue ministro de Gobierno y Policía en el año 2007, más tarde en el 2008 fue ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador. Fue vocero de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas para las elecciones del 2013.

5. Boris Cornejo: economista. Fundador, ex director ejecutivo y expresidente de la Fundación Esquel. Coordinador Mesa de Convergencia.  Economista. Líder Cívico.

6. Enrique Mafla: es profesor en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica de Nacional (EPN), Quito, Ecuador. Doctor. y MSc. en Informática de la Universidad de Purdue, W. Lafayette, EE. UU. Realizar docencia e investigación en Internet, seguridad informática y sistemas de votación. Consultor TIC para empresas públicas y privadas.

7. César Ricaurte: director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). Fue galardonado por la editorial argentina Perfil con el Premio a la Libertad de Expresión Internacional. Defensor de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión.

8. María Josefa Coronel: licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, mediadora y capacitadora en Resolución Alternativa de Conflictos, especialista en Derechos Humanos y máster en Derecho Administrativo. Fue presentadora de televisión. Es editorialista de Diario Expreso y directora del programa radial “Así Amaneció”.

9. Carlos Aguinaga: fue presidente del extinto TSE entre diciembre del 2000 a enero del 2003. Es doctor en Jurisprudencia y fue militante de la Democracia Cristiana.

10. Sebastian Mantilla: analista político. Candidato a Doctor PhD en Ciencia Política por el “Institut d´Etudes Politiques de Paris” (Sciences Po). Director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP). Editor de la «Revista Latinoamericana de Política Comparada». Columnista del diario El Comercio (Ecuador). Se ha desempeñado como profesor y conferencista en varias universidades. Sus áreas de especialización son: desarrollo, gobernanza y gobernabilidad local; gestión por resultados (GpR); diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; planificación y ordenamiento territorial.