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26 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 12 minutos
26 de Febrero del 2020
Redacción Plan V
Los empresarios de las carreteras contaron su versión en el caso Sobornos
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Foto: Twitter Jacqueline Rodas

Pedro Verduga junto a su abogada, Gabriela Moreira, al ingreso a la sala de audiencias. Confirmó que la cúpula de Rafael Correa le pidió dinero a cambio de los pagos pendientes de obras. 

Mientras que el empresario Pedro Verduga confirmó que por dos ocasiones le pidieron “contribuciones” para Alianza País, Teodoro Calle —otro de los procesados— cambió su versión drásticamente y exculpó a la exministra María de los Ángeles Duarte. Calle dijo en agosto pasado que ella y Walter Solís “chantajeaban” a los empresarios.

Sin preguntas, ni interrogatorios. Tres empresarios rindieron su testimonio durante la mañana de este miércoles, 26 de febrero, para narrar los hechos que los relacionan con el caso Sobornos 2012-2016. Pero al finalizar sus intervenciones enseguida se acogieron a su derecho al silencio para evitar cualquier clase de cuestionamiento por la Fiscalía o las otras defensas. 

Pedro Verduga, de 81 años, de caminar pausado y gruesos lentes, fue el primero en sentarse frente al tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El empresario llegó a Quito procedente de Guayaquil, donde vive. Quiso dar su testimonio, pese a sus problemas de salud que le impiden —según contó— estar en lugares de más de 1.000 metros de altura.

Su exposición comenzó con la historia de su empresa. Nacido en Santa Ana, en Manabí, Verduga se inició en el área de la construcción desde muy temprana edad. Fundó su primera empresa en El Oro y la segunda la instaló en Esmeraldas. En esta provincia —dijo— hizo las primeras vías del país. Su primera empresa se llamó Transportes Verduga. Colaboró con los rellenos de Guayaquil, específicamente los del suburbio oeste. “Se requería mucho transporte para rellenar” el Puerto Principal. Asimismo, afirmó haber construido la vía Juan Tanca Marengo.

Verduga tuvo éxito. Su empresa fue invitada a seguir trabajando en las carreteras de Esmeraldas y en otras obras para el Estado. En los años 70 creó Ecuatoriana de Construcciones y más tarde, en 1971, fundó Equitesa, la empresa que hoy es señalada por supuestos sobornos. Con esta última firma entró al negocio de los bienes raíces.

Dijo que la suya es de las pocas empresas que ha trabajado para mitigar desastres. “Colocamos 120 puentes emergentes cuando el (fenómeno) de El Niño arrasó en la Costa”. “Nuestra empresa jamás incursionó en temas políticos”.

La defensa de Pedro Verduga no llamó a más testigos y en la prueba documental que presentó estuvieron las facturas con las que pagó los aportes que le pidieron. La fiscal Diana Salazar dijo que eso confirma su teoría.


El juicio por el caso Sobornos cumplió su noveno día este miércoles 26 de febrero. Foto: El Universo

Por eso que lo relacionen con este caso fue una sorpresa para él. El empresario recibió la noticia mientras estaba en Estados Unidos en chequeos médicos, en abril de 2019. Pero “no tenía de qué preocuparme”. Sostuvo que dejó parte de su tratamiento para “dar la cara y decir quién es Pedro Verduga”.

El empresario dijo haber sido condecorado o recibido menciones de honor por donde han pasado sus carreteras. Su peor época ha sido este juicio por cohecho.

Fue en este momento cuando entró en materia. Aseguró que para el 2012 —el periodo de la investigación es de 2012 a 2016— ya no tenía “trabajo”, sino que estaba ejecutando obras anteriormente contratadas. Una de estas era la carretera Canuto-Calceta-Junin-Pimpiguasi, provincia de Manabí, por el monto de 5,4 millones. “La zona más difícil de Manabí”. Dijo que allí debía instalar hormigón rígido, pero el Estado tenía pagos pendientes con su empresa.

Afirmó que la entonces ministra de Transporte y Obras Pública, María de los Ángeles Duarte, se negó a recibirlo para gestionar esos pagos pendientes. En ese momento —manifestó—no pudo continuar por la falta de liquidez y entró en una situación “desesperada”. 

Cuando estaba en plena ejecución de esa obra, le llegó un mensaje de la “cúpula del Gobierno”. Le exigieron un millón de dólares porque había calificado como una de las empresas importantes del país.

Así que se reunió con Fernando Zambrano, exfuncionario de Obras Públicas en Manabí, quien le manifestó que sus pagos estaban aprobados, aunque que los desembolsos no dependían de él. Pero le ofreció hacer una gestión. “Entró a su despacho y cuando salió me dijo que me va a llamar Pamela Martínez”.

Verduga confirmó que se reunió con Martínez, exasesora de Rafael Correa y pieza clave de la trama. Para arreglar los pagos pendientes —contó el empresario— Martínez le pidió una “contribución” para asuntos que Verduga dijo desconocer. Por la situación insostenible y los intereses de las deudas, “concluí que tengo que aceptar esa exigencia”. Pero agregó que le fue “imposible” pagar el requerimiento porque no tenía liquidez.

La segunda ocasión que supo de estas “contribuciones” fue con el Multipropósito Chone. Aseguró que ante el “colapso de la empresa china” que lo estaba construyendo (en referencia a Tiesijú ), recibió la llamada del ministro para que se haga cargo de la finalización de esa obra, que consistía en la construcción de la presa Río Grande y el desagüe de San Antonio. Chone corría el riesgo de sufrir una inundación y por eso aceptó ese trabajo.

Cuando estaba en plena ejecución de esa obra, le llegó un mensaje de la “cúpula del Gobierno”. Le exigieron un millón de dólares porque había calificado como una de las empresas importantes del país. El mensaje se lo entregó Walter Solís, otro exfuncionario procesado, por encargo del exvicepresidente Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera y Duarte.

El empresario no mencionó montos ni fechas de esos pedidos de los altos funcionarios. Según los documentos que presentó en su contra la Fiscalía, en los correos y archivos de Laura Terán, asistente de Martínez, la cita con Martínez se dio el 9 de abril de 2011. En otro correo se dice: “El 3 de diciembre de 2013, Pedro Verduga, entregará martes 10 de diciembre de 2013, 100 mil” En otro archivo apareció la cifra de 30.000. En una factura, registrada en esos archivos, está la cantidad de USD 110.890 por la organización de eventos.

El empresario Verduga no mencionó montos ni fechas de esos pedidos de los altos funcionarios. Pero aparece en los correos y archivos de Laura Terán.

A Verduga se le dijo que Martínez era la única autorizada para recibir los aportes. “Había planillas preparadas para el pago”. “Se pagó, pero no todo”.

Aclaró que no entregó dinero en efectivo. Negó conocer a Yamil Massuh quien —según la versión de Martínez— supuestamente debía retirar unos sobres con el dinero de Verduga. “Nunca lo he conocido”. También negó una relación con Christian Viteri, otro de los procesados. Viteri dijo que conoce a Verduga y a su empresa Equitesa, y que estos fueron clientes de su estudio jurídico. Verduga dijo que a Viteri solo lo vio en un ascensor en una institución pública.

Verduga concluyó con una frase que se puso al tono con las defensas de los demás empresarios y exfuncionarios procesados, quienes han señalado sin titubeo a la exasesora presidencial: “Era un mecanismo creado por Pamela Martínez de facturas para recabar los fondos que se me había impuesto”.

Teodoro Calle olvidó a María Duarte

El 20 de agosto del año pasado, Teodoro Calle dio una explosiva versión a la Fiscalía que enfureció a la exministra Duarte. El empresario dijo que Duarte y Solís eran las personas que “exigían o chantajeaban” a empresarios. Según su versión, los exfuncionarios les retenían los pagos de las obras para presionar la realización de fiestas de inauguración con fines proselitistas.

Se refirió a  la inauguración de vía Y de Tababuela – San Lorenzo – Esmeraldas – Pedernales, que estuvo a cargo de su empresa, Técnicas Generales de Construcción (TGC). Así como la inauguración de la vía río Pindo-Amaluza y el paso lateral, en Loja. El empresario presentó seis fotografías de las inauguraciones realizadas por la empresa y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Duarte, dos días después, llamó a rueda de prensa para desmentir lo dicho por Calle. “Por tratar de recuperar recursos para el Estado, cobrados en exceso por una contratista, este señor me ha agarrado odio, yo lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera”.

TGC fue fundada hace 50 años para hacer trabajos de infraestructura, sobre todo carreteras. Calle aseguró que la Contraloría nunca ha señalado a la firma con indicios de responsabilidad penal.

Pero en la audiencia de este miércoles, los hechos de agosto quedaron atrás. Calle dio un drástico giro a su versión libre en la Fiscalía. Ahora, ante los jueces de la Corte, dijo que desde hace 50 años realiza inauguraciones para “promocionar sus obras” para la fortalecer la marca de su empresa. Agregó que dentro de los registros de TGC había seis facturas “pequeñas” por servicios. Una de ellas es la que corresponde al pago de Ecosonido por la inauguración de una obra en Loja, donde se alquilaron sillas y mesas. “El servicio de inauguración se entregó”.

Calle, de 55 años, también contó la historia de su empresa. TGC fue fundada hace 50 años para hacer trabajos de infraestructura, sobre todo carreteras. Aseguró que la Contraloría nunca ha señalado a la firma con indicios de responsabilidad penal.  Sus clientes han sido los gobiernos seccionales y nacionales. Esa relación le ha permitido tener  tratos directos con ministros y altos funcionarios. “Pero han sido reuniones de trabajo en oficinas públicas, en horarios de oficina”.

Calle negó haber entregado dinero, favores, “ni almuerzos” a ninguna institución. Dijo que desde hace 12 años no es el representante legal de TGC y que nunca ha hecho contratos a título personal.

Su intervención fue sobre todo para “corregir” las pruebas que la Fiscalía presentó en su contra. Enumeró cada uno de los elementos de convicción que lo relacionan con el caso, sobre todo los que tienen que ver con contratos. De los nueve contratos que se han puesto en duda, siete fueron suscritos entre 2006 y 2008, agregó el procesado. Afirmó que los contratos que cuestiona la Fiscalía son modificaciones o complementarios. Y solo dos  de esos contratos correspondían, según su testimonio, con las fechas de la investigación (2012-2016).

Para finalizar su intervención, aseveró que no se reunió con Martínez ni con Terán, ni con ningún funcionario de Correa. Tampoco dijo haber entregado dinero en sobres. En el archivo ‘Verde final’, el principal documento hallado en los computadores de Terán, aparece facturas a cargo de TGC por USD 264.387. En otra pestaña del documento se lee: “El 13 de enero de 2014, indicó que su aporte será de USD 300; USD 270 en facturas y USD 30 en efectivo”. Calle no se refirió a ninguno de esos señalamientos.

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