La Fiscalía aprovechó la reciente desaparición de la abogada María Belén Bernal para pedir una vez más lo que llamó una “verdadera autonomía” para esa entidad. Lo hizo dentro de una crítica abierta al trabajo de la Policía en las investigaciones del paradero no solo de Bernal, sino también de su esposo, el teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del delito.

“Lo cual evidencia, una vez más, la necesidad de impulsar una verdadera autonomía para la FGE y dotarla de un cuerpo civil de investigación propio”, publicó la Fiscalía, el pasado jueves, en relación a la falta de resultados en dichas búsquedas e indagaciones a un servidor policial. Ese día, Patricio Carrillo, ministro del Interior, anunció que Cáceres se había fugado. “El sistema investigativo es dirigido por la Fiscalía, pero es ejecutado por la Policía”, respondió la Fiscalía ante las críticas sobre cómo se han llevado las indagaciones.

#COMUNICADO | Caso #MaríaBelénB.: en torno a la investigación relacionada a la desaparición involuntaria de la ciudadana, #FiscalíaEc informa a la opinión pública. #FiscalíaConLasVíctimas  pic.twitter.com/Ot7x7ld0jx

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 15, 2022

La primera vez que la Fiscalía se refirió a la necesidad de una “verdadera autonomía” fue el pasado 12 de septiembre. En un comunicado, reaccionó a la propuesta del presidente Guillermo Lasso de consultar a la ciudadanía sobre ese tema en la consulta popular. La pregunta dice: “Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?”.

Esta vez, la Fiscalía cuestionó la conformación de un consejo fiscal para la evaluación, sanción y capacitación de sus fiscales como propone el Ejecutivo. “Sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos”, sostuvo la entidad y anunció que presentará un amicus curiae a la Corte Constitucional (CC), que debe resolver si los cambios que ha planteado el Ejecutivo se pueden hacerse vía enmienda.

Ese consejo fiscal, según la Presidencia, será un órgano técnico de apoyo de la Fiscalía, cuyos siete miembros serán designados por la máxima autoridad de esa institución. Su fin es precautelar la profesionalización de la carrera fiscal, la selección de fiscales y de sus sanciones. Para la Fiscalía este cuerpo colegiado lo considera innecesario, cuando la institución conoce de primera mano sus requerimientos.

#COMUNICADO | Respecto a las preguntas planteadas para la Consulta Popular, específicamente en cuanto a la que se refiere a la autonomía de #FiscalíaEc, la Institución considera necesario hacer algunas puntualizaciones. Detalles pic.twitter.com/jalaGED7UK

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 12, 2022

Emilio Suárez, abogado constitucionalista, cree que ese consejo tiene pros y contras. Primero considera que es beneficioso que un órgano esté dedicado a las tareas administrativas de selección y sanción de fiscales. Sería una carga para la Fiscal General encargarse de esas tareas, cuando su labor principal es investigar delitos y acusar, sostiene el experto.

Recuerda que justamente se creó el Consejo de la Judicatura para que se dedique a los temas administrativos y disciplinarios que estaban a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Pero coincide en que este consejo fiscal podría implicar más burocracia. Asimismo, otro riesgo es que dependa directamente del Fiscal General. “Hoy tenemos una Fiscal que se ha ganado el respeto del país, pero también hemos tenido fiscales muy malos. Si es que se deja en manos de esos fiscales malos la designación de ese consejo, que tendrá un peso importante en la Fiscalía, eso va a generar que los fiscales sean nombrados por un órgano polémico”.

¿Por qué esta enmienda?

Para el Gobierno, existen cuatro problemas en la Fiscalía: la falta de autonomía; el déficit y la baja calidad de personal especializado; el incremento de la delincuencia y la impunidad; y la desconfianza ciudadana.

Sobre el primer punto, el Ejecutivo cuestiona que la selección de servidores para la carrera fiscal sea una competencia del Consejo de la Judicatura.  Esta entidad ha ejecutado cinco procesos en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017, de los cuales se han creado tres bancos de elegibles para servidores de la Fiscalía. Pero esos bancos fueron agotados en 2020. Además, estos concursos, dice el Gobierno, han estado señalados por irregularidades. “Como consecuencia de estos precarios y manipulados procesos de selección”, dice el Anexo de esta pregunta.

Según estándares internacionales, por cada 100.000 habitantes deben existir al menos ocho fiscales. Ecuador alcanza aproximadamente los 4,7 fiscales. En la actualidad hay un déficit de 602 fiscales para cumplir ese estándar internacional. Además, solo en 167 cantones de los 224 que existen a escala nacional tienen una unidad fiscal. El déficit es mayor en las provincias más pobladas como Guayas, Pichincha y Manabí.

Sobre las sanciones, en el anexo de la pregunta, el Ejecutivo asegura que la Judicatura ha abierto 419 expedientes disciplinarios contra servidores administrativos y fiscales, entre 2017 y 2022. De estos, están pendientes por resolver 205 y de los 214 expedientes que tienen una decisión, solo 120 corresponden a fiscales. En 2017 y 2018 no se resolvió ningún expediente. En promedio, la Judicatura resuelve 19,8 procesos disciplinarios en contra de fiscales por año y eso es una clara falta de gestión sustanciadora y resolutiva, dice el Gobierno en su propuesta.

Una reforma similar ya lo tramitó la Corte Constitucional (CC) en 2019. El 21 de agosto de ese año, emitió su sentencia 4-19-RC/l9 sobre la reubicación de la Fiscalía fuera de la Función Judicial para darle más autonomía, entre otros cambios. La CC concluyó que ese cambio era posible vía reforma constitucional ante la Asamblea Nacional. Los ciudadanos Rosalía Arteaga, Pablo José Dávila, Simón Espinoza, José Ayala Lasso, Gustavo Noboa Bejarano, Hernán Pérez Loóse y Darwin Enrique Seraquive hicieron esa consulta a la CC.

Pero el constitucionalista Suárez aclara que el nuevo proyecto es diferente porque el grupo ciudadano de 2019 buscada sacar la Fiscalía de la Función Judicial. “Ahora se quiere confirmar la autonomía que ya tiene la Fiscalía desde el punto de vista constitucional”, agrega y cree que eso permitirá resolver la falta de fiscales.

“En un país con niveles de conflictividad, tener ese déficit genera impunidad y eso genera más criminalidad”, dice Suárez, quien además cree que es una propuesta interesante para descentralizar esas funciones que hoy concentra la Judicatura.

La historia de la autonomía de la Fiscalía

La Fiscalía nació como un organismo parte de la Procuraduría General del Estado. En 1998, la Constitución separó a estas dos instituciones. De esa manera, creó el Ministerio Público con autonomía administrativa y económica, y con un Ministro Fiscal General del Estado como su representante legal. En ese momento, dice el ex fiscal General, Washington Pesántez, la Fiscalía adquirió autonomía total, incluso de la Función Judicial.

Recuerda que entre las atribuciones que le otorgaba esa Carta Magna era la de dirigir un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal. Según Pesántez, quien estuvo al frente de la Fiscalía entre 2007 y 2011, la institución preparó -durante su administración- a 5.700 policías en todo el país, quienes eran estables y estaban exentos de pases.

En la Constitución de Montecristi, de 2008, el Ministerio Público pasó a llamarse Fiscalía, pero la Asamblea Constituyente le quitó independencia. La declaró como un órgano de la Función Judicial con autonomía administrativa, económica y financiera. “Pasó a ser un apéndice del Consejo de la Judicatura”, refiere Pesántez.

En 2008, las funciones de la Fiscalía quedaron de la siguiente manera: “organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”.

Para Pesántez fue un retroceso a los años anteriores a la Constitución de 1998. En todos los sistemas democráticos, la Fiscalía es independiente, afirma. Por eso, el exfuncionario sostiene que la pregunta del Presidente tiene una visión reducida, que propone cambios cosméticos antes que profundos.

Se refiere sobre todo a la creación del consejo fiscal para la selección y sanción de fiscales. Sostiene que este órgano implicará más burocracia y, al ser permanente, necesitará de un presupuesto que no hay en la actualidad.

Coincide en la necesidad de incrementar la planta de fiscales. Le alarma ahora existan 845 fiscales cuando en 2011 habían cerca de 800 fiscales. Es decir, el incremento ha sido mínimo en 11 años.

Otro tema pendiente, para el exfuncionario, tiene que ver con la designación de Fiscal General. En la actualidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el encargado de convocar a un concurso de méritos y oposición para nombrar a esta alta autoridad. Pero Lasso busca cambiar también esta potestad en la pregunta seis para que el CPCCS ya no cuente con esta atribución.

Propone, en cambio, el envío de una terna a la Asamblea por parte del Presidente de la República. Esa terna debe conformarse de binomios que, a su vez, remiten la Fiscalía General, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y el mismo Mandatario. Según la propuesta, en estos dos últimos binomios, los seleccionados no pueden pertenecer a la función que los nomina. Mientras que la Fiscalía elige al binomio entre los fiscales mejor puntuados dentro de la carrera fiscal.

Esto para Pesántez es un error porque el que designará, al final, será el Presidente y para él es otra forma de hiperpresidencialismo. “Lo que necesita este país es despolitizar y descontaminar la justicia”. Este exfuncionario propone que ni el Presidente ni la Asamblea nombren a esta autoridad. Pone como ejemplo a Perú donde lo hace un consejo de fiscales departamentales.

El proyecto de enmienda, ha dicho el Ejecutivo, tiene como objetivo garantizar la autonomía de la Fiscalía y con ello, fortalecer el principio de independencia judicial.