Todo empezó cuando el nuevo embajador del Ecuador en Madrid, Pascual Del Cioppo, reveló en una entrevista con Carlos Vera sus dudas sobre una serie de contratos suscritos entre la Embajada del Ecuador en Madrid y una cooperativa vinculada al entorno de Pablo Iglesias e Irene Montero, los líderes de la formación izquierdista Podemos.

En el actual gobierno español, que como en todo país parlamentario proviene de una mayoría legislativa, el movimiento de Iglesias y Montero tiene una cuota en el Gabinete, por lo que Iglesias ocupó una vicepresidencia y Montero es ministra de Igualdad. Además de dupla política, los dos políticos izquierdistas son pareja sentimental.

Del Cioppo le contó a Carlos Vera que una cooperativa vinculada a Montero había sido contratada por la Embajada del Ecuador en Madrid para un programa que se ejecutaba, que consiste en brindar asesoría a los migrantes ecuatorianos en España que tienen hipotecas que no pueden pagar, por lo que los bancos ibéricos les enjuician y embargan. 

La necesidad había sido identificada desde la época en que Aminta Buenaño era embajadora del Gobierno de Correa en Madrid, lo que llevó a contratar a la cooperativa vinculada a Podemos. Y el servicio se siguió prestando durante la gestión del empresario taurino Cristóbal Roldán, nombrado embajador por Lenin Moreno. Al parecer, el proyecto fue dejado listo para continuar la ejecución por Moreno a finales del gobierno de Correa, según un documento preparado por el viceministerio de Movilidad Humana de marzo de 2017, al que tuvo acceso este portal. 

Según Pascual del Cioppo, durante la pandemia, el contrato con el supuesto entorno de Podemos siguió vigente, a pesar de que el propio Gobierno español decretó una moratoria para los deudores hipotecarios, por lo que se preguntó por qué razón se había gastado en eso decenas de miles de dólares. Del Cioppo lanzó con Vera una serie de cifras, aunque ha admitido luego que no tiene los contratos en sus manos. 

A la polémica se sumó el asambleísta por Tungurahua Esteban Torres Cobo, quien milita en el PSC y no oculta sus simpatías por el VOX español, quien solicitó al canciller Mauricio Montalvo la entrega de los contratos de la Embajada con los abogados que asesoraban a los migrantes ecuatorianos. 

Del Cioppo le dijo a Ok Diario que no quiere hacer más comentarios sobre la polémica. Foto: El Universo

Las imprecisiones de Del Cioppo

Pero una fuente diplomática confirmó a este portal que Del Cioppo se equivocó, y que durante la gestión de Moreno ya no se contrató al entorno de Podemos, sino a otros estudios de abogados en Madrid, que se negó a identificar. Este portal intentó conversar con el ex embajador al respecto, pero este declinó hacer cualquier comentario pues dijo que ya no es político sino diplomático y que lo que diga podría entenderse como una injerencia en la política interna española. Tras su declaración inicial con Carlos Vera, Del Cioppo cambió de línea y decidió no atizar más el debate para no parecer que está interviniendo en la política española. 

Y es que desde hace varios años, los políticos de VOX, una agrupación de extrema derecha española, que propugna la tesis de la "iberósfera" (una suerte de nostalgia del  desaparecido Imperio colonial español), apuntan hacia buscar la ruta de financiamientos internacionales para sus rivales de Podemos, por medio de contratos con estados latinoamericanos gobernados entonces por las izquierdas del socialismo del siglo XIX, como Ecuador, Bolivia o Venezuela.

De ahí que el tema de a quién contrató la Embajada ecuatoriana para atender a los migrantes ha sido llevado al Congreso español por VOX y es ampliamente tratado por medios cercanos al movimiento ultraderechista, como Ok Diario. 

Según el medio español, entre 2013 y 2014 la Embajada del Ecuador en España habría pagado por lo menos 394 mil euros a una cooperativa llamada Kinema, fundada por el actual congresista de Podemos, Rafael Mayoral. Ok Diario publicó extractos de contratos firmados por los ex embajadores del correísmo Aminta Buenaño y Miguel Calahorrano, por casi 400 mil euros, por el programa de asesoramiento legal a los migrantes ecuatorianos. 

Rafael Correa, Pablo Iglesias y los contratos a la cooperativa Kinema. Imagen Ok Diario

Según información oficial de la Cancillería publicada en 2017, el plan de asistencia jurídica operó en 19 ciudades de España. En 2013 se cubrieron cuatro puntos de atención en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. Para el 2014 esta cifra aumentó a 13 y en el 2015 ya eran 20 “los puntos distribuidos en 8 comunidades de España (Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares), dando facilidad de acceso al 88% de las y los ciudadanos ecuatorianos”, destacaba la Cancillería poco antes de terminar el periodo de Correa. 

El tipo de asistencia legal que primaba entre 2013 y 2016 eran las asesorías individuales, colectivas y acompañamientos jurídicos con un total de 63.163 atenciones brindadas a migrantes ecuatorianos.

Con quiénes sí habló al respecto Del Cioppo fue con periodistas de Ok Diario, a quienes les dijo que “Yo ya he hablado con  Esteban Torres porque nosotros no estamos interesados en armar más lío del que ya existe porque mientras se mantenga el Gobierno de coalición es un problema para nosotros. No porque el Gobierno de Sánchez tenga nada que ver en esto, pero Podemos sí y es parte del Gobierno. Por eso nos parece que está fuera de lugar que nosotros estemos echando más leña al fuego. Sabemos que este tema puede traerle problemas al Gobierno de Sánchez con su aliado y no queremos que ocurra. Hay que saber respetar", y agregó que él "nunca ha tenido los contratos" sobre los que se pronunció al tiempo que mencionó la cercanía de Torres Cobo con el VOX español.

Pero aunque Del Cioppo no lo dice en ningún momento, Ok Diario, con su singular estilo tituló: "El embajador de Ecuador en España asegura que el presidente Lasso ha ordenado ocultar los pagos a Kinema" y a reglón seguido acusó a la esposa Del Cioppo de tener una empresa en Panamá, en lo que es técnicamente un paraíso fiscal.

En horas de la noche del 30 de agosto, la Cancilleria emitió un comunicado respondiendo a la publicación del medio español: "El presidente Guillermo Lasso no ha emitido instrucción alguna respecto a los contratos celebrados, por administraciones anteriores, y que están relacionados con el asesoramiento jurídico sobre desahucios a los ecuatorianos residentes en España, y menos aún ha “ordenado ocultar los pagos a Kinema”, tal como advierte la nota periodística.

El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, no ha recibido ninguna llamada, ni tampoco se ha comunicado por otra vía, con funcionarios del Gobierno español para dialogar al respecto.

El Gobierno del Encuentro reitera su compromiso de llevar adelante una gestión transparente y combatir la corrupción. Para lo cual iniciará una investigación para esclarecer este tema", dijo el Ministerio. 

La noche del 31 de agosto, con un escueto comunicado, el Gobierno del Ecuador informó que Del Cioppo se "excusó" de ejercer la Embajada del Ecuador en Madrid. 

Comunicamos que el día de hoy, martes 31 de agosto de 2021, el Gobierno de la República del Ecuador ha recibido la excusa formal del Señor Pascual Del Cioppo para ejercer el cargo de Embajador del Ecuador en España. pic.twitter.com/Nizp3Csx7C

— Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) September 1, 2021

Por su parte, Ok Diario publicó que el ex embajador en tiempos de Correa, Miguel Calahorrano, habría tenido relación con una consultora creada en España por ecuatorianos vinculados a Podemos. 

Cancillería: los contratos tienen confidencialidad y no hay cifras sobre el proyecto

Este portal solicitó por escrito al canciller Mauricio Montalvo información sobre los contratos para este programa firmados por los embajadores ecuatorianos en España entre 2012 y 2021. Las respuestas fueron entregadas, también por escrito, por parte del director de Comunicación, Eduardo Durán.

Así, al respecto de los contratos, la Cancillería respondió lacónicamente: "Los contratos que reposan en Cancillería contienen cláusulas de buena fe y de confidencialidad que prohíben su difusión". Según una fuente del Ministerio, los contratos que tienen en la Cancillería corresponden al periodo de Lenin Moreno. Consultada sobre la trayectoria y antecedentes de los contratados por los gobiernos de Moreno y Correa, así como sobre sus informes de labores, la Cancillería dijo que "Dentro de la confidencialidad que contemplan los contratos con la prestadora de servicios legales entran los informes de los prestadores derivados del contrato".

Este portal pidió también el detalle de los montos invertidos en el programa de asistencia a migrantes. La respuesta fue: "No se puede entregar esa información, por el momento, la misma fue solicitada a nuestra Misión Diplomática en España". Hasta el momento, no hay ninguna información enviada por la misión en Madrid. La Cancillería dijo que no tiene tampoco las cifras de los beneficiarios de este programa durante sus años de ejecución.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que "no se han ubicado las rendiciones de cuentas" de los ex embajadores del Ecuador en Madrid entre 2012 y 2021. 

Para los migrantes, hubo resultados dudosos

Por su parte, desde Madrid, el presidente de la Asociación Rumiñahui, Víctor Paspuel, en diálogo con este portal, confirmó que varios colectivos, como el suyo, habían señalado a los diplomáticos ecuatorianos en España la necesidad de contar con asesoría legal para los migrantes, que tenían dificultades para pagar las hipotecas y eran desalojados por la banca española.

Según Paspuel, la ex embajadora Aminta Buenaño organizó el sistema de patrocinio legal, que fue contratado en un principio con la cooperativa cercana a Podemos. Pero el dirigente de los migrantes sostiene que nunca estuvo muy clara la eficiencia del servicio, pues la Embajada empezó a reportar estadísticas de atenciones pero muy pocas de ellas llegaron a ser casos resueltos.

Además explicó Paspuel, cuando estalló esa crisis, se formaron en las ciudades españolas colectivos y plataformas para brindar ayuda a todos los afectados por las hipotecas, no solamente ecuatorianos, por lo que, sostiene, muchas veces el servicio brindado por los abogados contratados por la Embajada consistió solamente en direccionar a los migrantes ecuatorianos hacia las otras plataformas, más que en llevar los casos directamente.

Paspuel señala que el servicio se siguió prestando durante el gobierno de Moreno, y confirma que España decretó beneficios durante la pandemia para quienes no podían pagar sus deudas. El dirigente de los migrantes, que tiene su sede en Madrid, sostiene que no conoció quiénes fueron contratados durante el gobierno de Moreno y la misión de Cristóbal Roldán para brindar el servicio, pero que este continuó en menor escala. 

La propaganda de la Embajada y el "principal logro" de Cristóbal Roldán

Pero mientras la Cancillería asegura no saber nada sobre el programa de asesoría, este aparece muy frecuentemente publicitado en el Facebook de la Embajada del Ecuador en Madrid, durante la gestión de Cristóbal Roldán.

Los ojos vidriosos, la voz entrecortada y un par de lágrimas que perlaban sus mejillas. Esa era la expresión en el rostro de Nancy Velasco, migrante ecuatoriana radicada en España, al recordar como la Ley de Hipotecas española por poco la deja en la calle. “Gracias a estos abogados que hay aquí en el Consulado (de Madrid), pues ellos me orientaron, me guiaron y gracias a ellos pues he obtenido una dación en pago total”, afirmó la beneficiaria del Proyecto de prestación de apoyo a los migrantes.

Su testimonio es uno de tantos que conforman la antología de encomios hacia la gestión del ex embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán.

Cristóbal Roldán, ganadero y empresario taurino, fue embajador en Madrid por decreto de Lenin Moreno. Foto: La República

La imagen del exfuncionario junto a cientos de migrantes, que presuntamente fueron asesorados, destaca en lo que parece ser una interminable lista de agradecimientos y loas al anterior gobierno en la página de Facebook de la Embajada del Ecuador en España.

En vísperas de su relevo, Roldán emitió un último mensaje a sus queridos migrantes, con quienes aseguró haber hecho buenas migas de resultas de administración. “Resalto, quizá como el principal logro, los resultados obtenidos en la asesoría jurídica hipotecaria que ha hecho posible que aquellos afectados se quiten un gran peso de encima, impidiendo los desahucios que eran frecuentes antaño, consiguiendo la reestructuración de sus préstamos y sobre todo condonaciones de la deuda” mencionó el ex embajador en una publicación en Facebook.

“Sin duda ha sido un placer servirles. Reciban un fraterno abrazo y mi gratitud permanente”, concluyó el exembajador, mientras su sonriente figura se difuminaba entre la estela de 15 ciudadanos cuyo comentarios no podían mostrar más indignación y repudio hacia el gobierno de Moreno. 

La herencia de Correa en la Embajada en Madrid

La crisis económica mundial de 2008 provocó que muchos ecuatorianos residentes en España no tengan acceso a empleo, lo que ocasionó una reducción en sus ingresos económicos y, por consiguiente, el incumplimiento de los pagos de las hipotecas que adquirieron nuestros compatriotas como parte de los requisitos para acceder a la reunificación familiar.

El entonces presidente de la República, Rafael Correa, fue quien realizó los primeros escarceos de la asistencia internacional a nuestros migrantes. Las primeras experiencias fueron esbozadas en 2012 mediante un plan piloto con el que se contrató a la Cooperativa Madrileña Kinema para que brindara sus servicios de asesoría a los residentes desalojados. Dicha empresa prestó sus servicios hasta 2016 de manera poco efectiva y pasando inadvertida frente a las vivas manifestaciones de desesperación de los migrantes.

En 2012 miles de migrantes en España, entre ellos ecuatorianos, protestaron por los desalojos iniciados por la banca de la Península contra los deudores de hipotecas.  Foto archivo: El Universo

Ya en 2017, con el triunfo de Moreno en las elecciones presidenciales, Cristóbal Roldán fue nombrado Embajador de Ecuador en España. ¿Su principal cometido? Garantizar la observancia de los derechos e incrementar la capacidad de cobertura de los servicios legales a la comunidad migrante en España. “El único objetivo que tengo es fortalecer el proyecto de asistencia hipotecaria, mejorando su eficiencia y resultados, mediante la renegociación de los contratos con los gestores legales. Todo ello siguiendo la línea de la política de austeridad y eficiencia que lidera el Presidente Lenin Moreno”, enfatizó el ex embajador.

Tras esto declaró que “con el fin de impulsar soluciones que permitan a las familias conservar su vivienda, planteé a mis compatriotas en Madrid, que sería positivo considerar la idea de “sensibilizar” a las entidades financieras en España, para que apoyen con crédito a quienes están luchando por conservar su vivienda. Al respecto, enfaticé que por norma legal es imposible que tales créditos se cobren con bienes o garantías en Ecuador”.

El proyecto contaba con un plan de ejecución de tres años, entre abril de 2017 y octubre de 2019, sin embargo, la incapacidad de mitigar la incidencia de las hipotecas y los vislumbres del caos venidero por cortesía de la pandemia, estimularon la prolongación del proyecto hasta finales del periodo de Moreno.

“El Gobierno Nacional reactiva el servicio gratuito de asistencia jurídica hipotecaria, para atender los casos de extrema urgencia y alta vulnerabilidad que quedaron aplazados, debido al cese temporal del servicio en el mes de marzo, en pleno auge de la pandemia de la covid-19.

Estará operativo en las oficinas consulares con el ánimo de atender los requerimientos urgentes de las familias afectadas por las hipotecas.

El déficit presupuestario que ha vivido el país en este año, debido a la caída de los precios del petróleo, la ruptura de dos oleoductos y la pandemia de la covid-19, ha demandado al país una restructuración de sus presupuestos y de sus obligaciones de deuda, para atender con PRIORIDAD el tema sanitario y la ayuda social a las familias más necesitadas durante la pandemia, por lo que destacamos este IMPORTANTE ESFUERZO que supone para el Gobierno Nacional, la reactivación del servicio hipotecario, con el ánimo de respaldar los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

¡Sepan los compatriotas que estamos junto a ustedes!”, concluía el comunicado emitido por Roldán el 4 de noviembre de 2020 a través de la página de Facebook de la Embajada.  En Facebook, los comentarios de los ciudadanos nuevamente manifestaron su rechazo al mensaje de Roldán. 

Así se justificó el servicio para los migrantes

Pero como muchas otras cosas en el morenismo, los funcionarios del nuevo gobierno se limitaron a continuar lo que ya les habían dejado listo en el gobierno de Correa. 

La justificación del programa, las cifras y las metas constan en un proyecto entregado por el viceministerio de Movilidad Humana en marzo de 2017, para su ejecución durante el gobierno de Moreno. Este portal consultó a la Cancillería si el plan ejecutado durante la gestión de Cristóbal Roldán en España está basado en ese documento, pero hasta el momento no obtiene respuesta.

El el denominado “Proyecto de apoyo a la comunidad migrante del Ecuador” estaba previsto para un plazo de ejecución de 32 meses entre abril de 2017 y diciembre de 2019,como un mecanismo de asistencia legal para procurar el cumplimiento de los derechos de la comunidad migrante en España e Italia.

En ambos casos el problema se deriva de la falta de equipo administrativo cualificado en las embajadas de España e Italia, un presupuesto limitado que no permite atender esta clase de contingencias, el alto costo que supone la contratación de una asesoría jurídica en ambos países y el ajetreo resultante de la serie de obligaciones inherentes a las representaciones consulares.

El programa de intervención empieza a partir del reconocimiento de la demanda referencial en ambos casos. Estos es, el total de residentes ecuatorianos en ambos países; 502,129 ecuatorianos en España y 95,519 en Italia, si bien en el caso italiano el problema eran las reunificaciones familiares y las tenencias de niños y niñas.

La demanda potencial también fue identificada: responde a todas las personas que cuentan con certificado de registro o tarjeta de residencia vigente en España debido a que, la más de las veces, las personas que poseen dicha credencial cuentan como residentes y son “beneficiarios” de la compra de viviendas. Así, la cifra arrojada en 2016 equivalía a un total de 169,076 migrantes ecuatorianos, entre hombres y mujeres,  posibles víctimas de la Ley de Hipotecas.

El presupuesto referencial

Todos estos datos son trasladados a las prospecciones del proyecto y toman como punto de partida las cifras del 2016 para formular los supuestos de financiamiento y cobertura hasta el 2019. Es así como, según el informe de la Embajada de Ecuador en España, alrededor de 15,000 familias estaban incursas en los procedimientos de las hipotecas. Además, se menciona que estas familias contaba con cuatro miembros que recibían un promedio de cuatro asesorías (individual, colectiva y de acompañamiento).

Con ello, los datos que comprenden las aspiraciones del proyecto, desde 2017 a 2019, establecen que: la cifra de familias ecuatorianas residentes en España que acceden a los servicios de asesoría legal en defensa de las hipotecas ejecutas en su contra, para el 2017, llega a 14,970. En 2018 y 2019 las cifras decrecen todavía más, con un índice de 14,940 y 14,910 personas respectivamente. Se aclara que “Para los años 2017, 2018 y 2019 se proyecta mediante la tasa de crecimiento poblacional para España (Componente 1) que es del -0.2%”. Estas variables tratan de patentizar una mengua en la demanda de servicios legales de resultas de un presunto éxito alcanzado con el proyecto.

El presupuesto destinado a cumplir estos requerimientos, según lo estipulado en el proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2017, estaría concentrado, casi en su totalidad en fuentes de financiamiento fiscales. En el caso de la asesoría jurídica para los residentes ecuatorianos en España se presupuestaron $424.705,75, mientras que para la asistencia de menores cuyos padres perdieron su tutela en Italia, el total la inversión prevista alcanzaba la suma de $174.398,79.

El proyecto reitera que “De acuerdo a la Embajada de Ecuador en España se estima que son cerca de 20.000 familias ecuatorianas las perjudicadas por el tema hipotecario y que estarían inmersos en problemas de desahucios”. Muchos compatriotas, para poder facilitar el reencuentro con sus familias, se endeudaron en bienes inmuebles para poder facilitar la resgularización de sus parientes, pero los compatriotas ecuatorianos no solo no tendrían la posibilidad de ver a sus familiares, sino también serían desalojados de sus viviendas debido al incremento en el precio de estas últimas en lo que se denominó la “burbuja”. ¿La causa de este súbito viraje en los costos de las viviendas? “La falta de suelo edificable, su posterior recalificación, los beneficios fiscales concedidos por la adquisición de la vivienda, la inmigración, así como el endeudamiento excesivo y ofertas que empieza a reflejarse desde el año 1998 y se mantiene hasta principios del año 2008”, manifiesta el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre las justificaciones del proyecto están otras cifras: por lo menos cien mil ecuatorianos fueron afectados por la burbuja inmobiliaria en 2012,  y según las cifras del SENAMI, entre 30,000 y 33,000 personas recibían algún tipo de subsidio por desempleo que otorgaba el gobierno de España, mientras que los 70,000 restantes tenían que subsistir sin la cobertura de ninguna prestación gubernamental.

Solo en Madrid se estimaba la existencia de entre 60,000 y 80,000 migrantes en situación de desalojo. El procedimiento ejercido sobre todos los residentes ecuatorianos comienza con los impagos de las deudas y la ejecución de la hipotecas por parte de las instituciones financieras. Para ello, se dispone de la intervención de tasadores que justiprecian las viviendas casi al 50% del total y proceden con la expoliación de los hogares de los migrantes. “Posteriormente los bancos rematan esos bienes por un costo de 60 o 70 mil euros, menor al que inicialmente costaron, que fue de entre 150 o 250 mil euros”, explicaba la Cancillería en 2017. 

Según la Ley de hipotecas de España,en caso de que una persona no tenga los medios para subsanar la deuda adquirida por la compra del inmueble, el banco o la entidad financiera que presida el préstamo, tiene la potestad de embargar la vivienda y continuar con el cobro de las cuotas faltantes. No existe una dación de pago, es decir, la recisión de la deuda por la devolución de la vivienda, sino que los migrantes tenían la obligación de arreglárselas para pagar toda la deuda, aún cuando ya habían sido desalojados.