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27 de Febrero del 2024
Historias
Lectura: 13 minutos
27 de Febrero del 2024
Fundación Ciudadanía y Desarrollo  y Global Financial Integrity
Estos son los estándares sobre beneficiarios finales y su importancia para combatir el lavado
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Imagen referencial: Fotomontaje. PlanV

 

Es importante lograr que los países implementen de manera efectiva los estándares internacionales y que brinden la información bajo un registro. Es una tarea ardua, pero con un impacto positivo en la integridad y transparencia de los países.

Debido al indiscutible avance de la delincuencia transnacional, unir esfuerzos para transparentar las transacciones financieras y combatir el anonimato se ha convertido en un deber para todos los países. Es precisamente la opacidad la que ha facilitado el lavado de dinero, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, entre otros delitos financieros. Pero para abordarla, y sobre todo de manera efectiva, es necesario identificar y llevar un registro adecuado de los beneficiarios finales, para lo cual los estándares internacionales juegan un rol principal.

En este artículo revisaremos algunos de los estándares clave para que la transparencia pueda ser promovida desde todos los ámbitos de la ciudadanía, con el fin de alcanzar integridad, ética y seguridad financiera. Partiremos por la importancia de parámetros internacionales, pasando por su definición, información básica y el intercambio de la misma, hasta llegar a lo relativo a la importancia de su implementación, como parte de un registro.

¿Por qué seguir los estándares internacionales?

Es recomendable que los países alineen sus políticas a los estándares internacionales, sobre todo de organismos expertos en materia de beneficiarios finales en este caso, los cuales son modelos de referencia para promover buenas prácticas, recomendaciones y su tratamiento homogéneo de manera regional o global. Contar con parámetros aprobados por organismos internacionales tras evaluaciones y consensos de expertos en cada materia, ayuda a reducir – y hasta a eliminar en ciertos casos – subjetividades al momento de crear normas, implementar políticas públicas o llevar a cabo acciones concretas. Ello también permite que existan criterios objetivos para abordar ciertas temáticas y elementos de manera homogénea, sobre todo a nivel internacional. 

En cuanto a los beneficiarios finales, tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como otras entidades internacionales han establecido estándares para que los países implementen medidas efectivas para su identificación y registro.

Los estándares respecto a beneficiarios finales buscan, principalmente:

  1. Promover políticas y acciones pragmáticas que permitan a las instituciones conocer quiénes son las personas naturales detrás de las empresas, con el fin de identificar vínculos con actividades ilícitas, posibles conflictos de interés u otro tipo de irregularidades.

  2. Facilitar la detección y prevención de actividades ilícitas al revelar las conexiones reales entre individuos y personas legales.

  3. Establecer mecanismos para compartir información entre las instituciones de cada país, fortaleciendo la cooperación interna para la lucha contra el lavado de dinero y otros crímenes relacionados.

El punto de partida: la definición

Las definiciones claras ayudan a que los conceptos no sean interpretados de manera subjetiva. Para los países, contar con una definición única de beneficiarios finales a nivel nacional, cumpliendo con los estándares internacionales, permite que todas las instituciones puedan actuar sobre la misma base. 

En un artículo previo, habíamos enfatizado en la definición de GAFI que señala que beneficiario final “se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.” Cabe mencionar que en el glosario de GAFI se aclara que las expresiones “que finalmente posee o controla” y “control efectivo final” se refieren a las situaciones en las que la propiedad o el control se ejercen mediante una cadena de propiedad u otros medios de control indirecto.

Siguiendo la definición de GAFI, se enfatiza que un beneficiario final es una persona real, que posee, controla o se beneficia económicamente de una persona jurídica.

En años recientes, en línea con el avance de la delincuencia transnacional, las personas vinculadas a estas actividades se ocultan detrás de estructuras complejas de propiedad con la intención manifiesta de dificultar a otros su identificación, creando opacidad en el proceso.

Los países deberían procurar alinearse con las definiciones, estándares y recomendaciones internacionales como las de GAFI, resaltando siempre la autonomía propia y la soberanía de cada país para definir temas fundamentales como por ejemplo: el porcentaje o umbral sobre el cual se define qué sujetos obligados deben reportar, así como los criterios por los cuales una persona es considerada beneficiaria final, dependiendo del contexto nacional y las capacidades y recursos propios del país para recolectar, almacenar y procesar los datos.

Información básica en los registros de beneficiarios finales 

Contar con un registro donde se almacene la información de los beneficiarios finales, y que este contenga datos actualizados, es un gran aporte para mantener la transparencia en las estructuras jurídicas. Entre otros beneficios, permite que las autoridades y los ciudadanos interesados puedan acceder a información sobre las personas reales que controlan o se benefician finalmente de las entidades legales.

De acuerdo con el GAFI, los registros de beneficiarios finales pueden adoptar varias formas, existiendo flexibilidad para que cada país ajuste su configuración.  Los registros deberían estar a cargo de una autoridad pública, siendo esta definida de acuerdo con los criterios internos de cada país, teniendo en cuenta factores como capacidad técnica para la recolección y custodia de la información, interoperabilidad de acceso a datos relevantes de los sujetos obligados, disposición presupuestal, entre otros. Si más de una institución o autoridad controla estos registros, la interoperabilidad es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento y la cooperación efectiva. 

A través de la Nota Interpretativa de la Recomendación 24, el GAFI requiere que los países cuenten con mecanismos que aseguren que la información básica sobre beneficiarios finales recogida sea adecuada y pertinente, promoviendo ciertos criterios para catalogar dicha información. Bajo esta Recomendación, se promueve que los sujetos obligados inscriban a sus beneficiarios finales en un registro. Algunos datos a considerar como información básica sobre la persona jurídica incluyen:

  • Nombre de la empresa, documento que evidencie la constitución, la forma jurídica y el estatuto, la dirección física del domicilio social, las facultades básicas de regulación (por ejemplo, memorando y estatutos), una lista de directores, e identificador único, así como un número de identificación fiscal o equivalente (cuando exista).

  • Un registro de sus beneficiarios finales, que contenga los nombres de estos, sus datos, y cuando corresponda el número de acciones de cada accionista y las categorías de acciones (incluida la naturaleza de los derechos de voto asociados). Del mismo modo, su propia capacidad de control, participación societaria, entre otras cualidades que lo identifican como beneficiario final.

Respecto de las personas naturales que figuren como accionistas o socios, se recomienda incluir al menos:

  • Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección física de residencia, nacionalidad y número de identificación personal.

No está por demás señalar que la Recomendación 24 enfatiza que los países deben garantizar la disponibilidad de información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas.

El intercambio de información

Uno de los principales marcos normativos respecto al intercambio de información es la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC), desarrollada por la OCDE. Esta Convención emite un marco normativo para la cooperación internacional en asuntos fiscales, que incluye un Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) para el intercambio automático de información financiera en relación a cuentas financieras, que incluye disposiciones relacionadas con la identificación de beneficiarios finales.

Pero además el GAFI ha determinado ciertos estándares sobre esta materia, centrados en la necesidad de lucha efectiva contra la delincuencia transnacional y alineados con la necesidad de los países de implementar mecanismos efectivos de intercambio de información y cooperación internacional. Algunos de los principios incluidos en estos estándares de intercambio de información sobre beneficiarios finales son:

  • Disponibilidad de la información: Los países deberían asegurar que la información sobre beneficiarios finales esté disponible y sea accesible para las autoridades competentes.

  • Cooperación internacional: Se promueve que los países idealmente cooperen entre sí, facilitando el intercambio de información de manera efectiva y oportuna.

  • Confidencialidad y protección de datos: De acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, así como la normativa internacional en la materia, los países deben garantizar la confidencialidad y protección de los datos solicitados y almacenados.

  • Identificación y registro precisos: Es importante que los países deban implementar medidas para garantizar la identificación y registro preciso de los beneficiarios finales y compartir esta información cuando sea necesario.

También es valioso recordar que GAFI ha señalado que “el intercambio de información con una contraparte extranjera debe evitar condiciones indebidamente restrictivas para acceder a la información, con sujeción a los estándares acordados internacionalmente.”

El gran reto: la implementación

Existen grandes desafíos para lograr una implementación efectiva de estos y otros estándares. Si bien es cierto que algunos de ellos se originan a nivel institucional, otros tienen relación directa con la forma en la actúan las personas detrás de las actividades de delincuencia transnacional.

Los principales desafíos tienen relación con tres temas principales:

  1. La complejidad estructural: Ciertas personas naturales utilizan diversas estructuras jurídicas para ocultar su identidad, lo que dificulta una identificación precisa de quienes se benefician de las empresas.

  2. Las diferencias jurisdiccionales: Las brechas en las leyes y regulaciones entre cada país pueden obstaculizar la efectividad de la implementación de los estándares internacionales.

  3. La resistencia empresarial y de los propios beneficiarios: Algunas empresas se resisten a la divulgación de información sobre beneficiarios finales debido a preocupaciones sobre su seguridad, su privacidad y la competitividad. Por ello, es necesario que los estándares internacionales se ajusten al contexto nacional en particular, brindando un balance entre correcto uso y manejo de la información y cumplimiento de las medidas de transparencia, acorde a una evaluación de riesgos de cada país. 

Finalmente, de forma específica en lo relativo a la implementación de los registros de beneficiario final, GAFI señala que se originan a nivel institucional, haciendo mención a que “si el registro se establece para recopilar información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiario final, si el registro está facultado para hacerlo y si se aplican sanciones proporcionadas y disuasivas a cualquier persona física o jurídica que incumpla los requisitos, y si el registro está dotado de recursos suficientes para desempeñar su función.”

Es importante lograr que los países implementen de manera efectiva los estándares internacionales y que brinden la información bajo un registro. Es una tarea ardua, pero con un impacto positivo en la integridad y transparencia de los países. Es necesario también que los distintos sectores de la sociedad colaboren de manera oportuna con la normativa nacional y promuevan la incorporación de estándares internacionales para salvaguardar la integridad en los procesos donde se deban conocer a las personas naturales detrás de las personas jurídicas. Colaborar con las autoridades en sus solicitudes de información y cooperar en brindarla de manera oportuna puede marcar la diferencia en la lucha conjunta contra los delitos financieros y la opacidad que facilita diversos ilícitos nocivos para los países. 

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