I. El caso de la pimienta negra

Hace poco más de 11 años, el 25 de octubre del 2010 las autoridades aduaneras inspeccionaron el contenedor GLDU3783298 en el Puerto de Guayaquil, que iba con destino a Venezuela. En ese contendor encontraron diez sacos de pimienta negra, con un peso de 120 kilogramos. Pero la empresa exportadora, Privatum Management Prinage, dueña del producto, había declarado una exportación de 100 toneladas, en cuatro contenedores, y que por ello iba a recibir un pago de USD 685.000.  En total, la exportación fue de 340 kilogramos.

El 1 de febrero del 2011, la Unidad de Vigilancia Aduanera, UVA, presentó un informe en el cual se recogían esta y otras irregularidades detectadas. Estaba firmado por Germán Proaño Romero, entonces jefe del organismo. El informe presentó cinco conclusiones. Las dos primeras aseguraban que "se estarían realizando exportaciones ficticias hacia Venezuela" y que "el control de las exportaciones, por parte de la Senae, es muy limitado". En el mismo documento, el jefe de la UVA también hacía un llamado a que intervengan las entidades de control: la Senae, la Fiscalía, el SRI, y la Unidad de Análisis Financiero.  También recomendó que la Senae realice una investigación exhaustiva de todas las exportaciones a Venezuela desde el 2008.

El documento llegó a manos del entonces diputado Jorge Escala, del MPD. Como fiscalizador hizo el pedido, al entonces director de la Senae, Santiago León Abad, de toda la documentación del caso Pimienta Negra. En el informe entregado se conoció que la misma firma había realizado más de una docena de exportaciones de pimienta a Venezuela, por USD 14'362.800.  La empresa que recibió todo el producto fue la firma venezolana Multigran C.A. 

En las dos direcciones que aparecían en la documentación y en las facturas de la empresa ecuatoriana, la de Guayaquil resultó ser la oficina de un abogado sin señales ni referencias de empresa alguna y en Quito se trataba de un departamento para vivienda, donde tampoco sabían nada. 

El silencio de las autoridades ecuatorianas de entonces fue elocuente. Santiago León le dijo entonces a El Universo que el de la pimienta negra "no es un delito aduanero, sino una irregularidad que no les compete investigar, menos sancionar algún funcionario". 

Pero no era el único caso. La investigación de la revista Vanguardia encontró una misma empresa ecuatoriana que había exportado USD 30 millones en items tan disímiles como implantes odontológicos, muñequeras ortopédicas, discos para arado agrícola, café, máquinas para la industria lechera...

Por entonces se iba descubriendo el mecanismo de un negocio ilegal y boyante. El Banco Central del Ecuador había reportado que en el 2007 estaban registradas 192 empresas exportadoras a Venezuela, para el 210 estas habían crecido a 387. En el 2006 el Ecuador le vendió a la nación bolivariana USD 318.8 millones en productos, para el 2010 la cifra se había triplicado: USD 973.9 millones.

II. De la pimienta negra al fieltro

El comercio era el puente para que operara el lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela. Así lo definió la revista Vanguardia en su edición 313 del 17 de octubre del 2011. Hace una década. Estaba en el gobierno Rafael Correa (2007-2017). El 16 de octubre del 2009, en Cochabamba, Bolivia, los presidentes de cinco países, entre ellos el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Correa, habían suscrito la implantación del sistema SUCRE, un sistema de compensación monetaria que aspiraba a reemplazar al dólar en las transacciones comerciales entre Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Honduras y Nicaragua, es decir los países de la llamada ALBA. El 1 de junio del 2010, el tratado fue ratificado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue publicado en el Registro Oficial del Ecuador el 23 de agosto del 2010.

La revista Vanguardia publicó en el 2011 en tres entregas (dos ellas como portada), la boom de las exportaciones ficticias a Venezuela. La investigación del periodista Pablo Jaramillo logró detectar montos irregulares por más de 240 millones de dólares, un año antes de que Alex Saab empezara operaciones en Ecuador.

En el RO 262 se lo definió como un "mecanismo de cooperación, integración y complementación económica y financiera, destinado a la promoción del desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña, así como también articular el funcionamiento de dicho Sistema con los lineamientos establecidos por el Consejo Ministerial de Complementación Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)".

El Banco Central del Ecuador, lo presentaba a los exportadores así:

"Con miras a fortalecer el comercio recíproco entre los países miembros de la ALBA, se implementó el Sistema Unitario de Compensación Regional – SUCRE, que se fundamenta en la utilización de una moneda virtual denominada “sucre”. Esta moneda es utilizada únicamente por los Bancos Centrales de los países miembros.

"Este sistema de pagos impulsa la expansión del comercio entre los países miembros bajo los principios de complementariedad productiva, facilita las transferencias internacionales y viabiliza el pago de operaciones de comercio exterior.

"Está listo para ser utilizado en forma inmediata por los exportadores ecuatorianos para receptar sus pagos provenientes de Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales serán acreditados en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas naturales o jurídicas beneficiarias mantengan en las entidades financieras del país.

La presentación del sistema debía ser conocido por los importadores y exportadores de los países involucrados, que en adelante covertirían al SUCRE en la moneda virtual para sus transacciones comerciales.

Las advertencias aparecieron enseguida. El abogado argentino Ezequiel Fernández, desde Washington, advertía que "el Sucre es una moneda virtual que puede fácilmente prestarse para ocultar transacciones financieras ilícitas ya que evita todo tipo de supervisión internacional. A través de este mecanismo importadores en Venezuela pueden comprar productos a Ecuador en bolívares en lugar de dólares, mientras que los exportadores ecuatorianos reciben directamente dólares (su moneda local), utilizando únicamente a los bancos centrales de cada país como veedores y supervisores de dichas transacciones. Dado que Ecuador posee un sistema monetario dolarizado, una vez que el dinero entra desde Venezuela el mismo es blanqueado directamente por el propio Banco Central".

Mientras tanto, el caso de la pimienta negra solo resultó la punta del ovillo. El 22 de marzo del 2011, durante una inspección aduanera de rutina, en el Terminal Portuario de Guayaquil, fueron retenidos 36 contenedores. Todos, menos uno, estaban llenos de tela de fieltro, y uno solo llevaba de Ecuador a Venezuela máquinas de diverso tipo, según la declaración aduanera. Las empresas textileras dueñas del producto habían declarado que cada uno de los contenedores tenía mercadería valorada en USD 300.000. Pero un análisis preliminar valoró la mercadería de cada contenedor por un máximo de USD 5.000. Es decir, había una presunta facturación de USD 10.5 millones.

Chávez y Correa impulsaron la creación del SUCRE como moneda virtual de una zona de comercio entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Honduras. El objetivo era desplazar al dólar como moneda de intercambio entre los seis países. Foto. Presidencia de la República

El caso llegó a la Fiscalía del Guayas y cayó en manos del fiscal Joselito Argüello. El funcionario judicial abrió la indagación previa 16-2011 y luego de un mes, el 21 de abril, determinó en su resolución que no hubo irregularidades, con el argumento de que "la naturaleza de la mercancía, el peso de los contenedores y la partida arancelaria son los mismos que habían sido declarados". Dijo además que el SRI no había presentado objeciones durante las investigaciones y que el pago de la exportación se hacía a través de los bancos Centrales de cada país lo cual "legitimaría el ingreso de cualquier divisa al Estado ecuatoriano".

Para el entonces legislador Jorge Escala —primer denunciante del tema "exportaciones ficticias" en la Asamblea— "nunca se cuestionó la calidad de la mercadería o el peso de los contenedores, lo que se cuestionó siempre fue la supuesta facturación, la cual, hábilmente, el fiscal no tomó en cuenta al emitir su fallo".

La relación de cinco empresas con este caso fue investigada por la revista Vanguardia. Al verificar su información en la Superitendencia de Compañías apareció que todas estaban relacionadas entre sí a través de sus directivos. En total, las cinco empresas habían exportado a Venezuela nada menos que USD 105.9 millones.

III. "Es una gran operación contra el Estado venezolano"

El entonces director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, Gustavo Iturralde, admitió que sobrevalorar las exportaciones era una de los mecanismos usados por empresas ecuatorianas y venezolanas para realizar lavado de dinero. El funcionario, que fue secretario general del Partido Comunista del Ecuador, PCE, reconoció que el caso de las exportaciones de primienta no fue el primero, hubo otro un año antes, en el 2009 y en el 2010 llegaron a cuatro casos. Sin embargo dijo que todo esto era "una gran operación contra la economía del Estado venezolano".  Y lo explicó así: en Venezuela hay varios tipos de dólar. Hay uno para las transacciones comerciales y otro para el ciudadano común. Y uno para el mercado negro. "Se está dando con Venezuela lo que antes teníamos en el país, que es la sobrevaloración de las exportaciones y la subfacturación de las importaciones, para que los empresarios venezolanos puedan recibir más dólares de su Estado para pagar sus compromisos en el exterior y que, a su vez, los exportadores venezolanos reciban (en Venezuela) menor cantidad de dólares cuando hacen una transacción, porque ese dinero lo reciben con el cambio oficial", dijo. 

El director de la UAF había detectado, según dijo, que se estaba utilizando mucho a Panamá como el destino final de esos recursos. Es decir, dijo, que el dinero no se queda en Venezuela ni en Ecuador sino que la triangulación se producía con Panamá, "que se había declarado paraíso fiscal". Y aseguró, entonces, que "todo radica en extraerle al Estado venezolano la mayor cantidad de dólares para tirarlos a cuentas del exterior".

Lo que no dijo el director, aunque al parecer tampoco tenía porqué saberlo en ese momento, era que esa extracción de dólares era ejecutada por empresarios corruptos venezolanos y ecuatorianos, vinculados al gobierno de Venezuela y del Ecuador. 

Iturralde se refirió en esa entrevista al caso de Ana María Bernys Cumba. Esto se conoció el 27 de agosto del 2011, cuando la policía ecuatoriana detuvo a Bernys y a cuatro personas más. Se conoció que estas habían constituido nueve empresas, las cuales usó para hacer transferencias dentro y fuera del país. El aviso no había llegado por exportaciones ficticias a Venezuela, sino —alertado por las autoridades españolas— por operaciones financieras desde España hacia cuentas en el Ecuador. 

El seguimiento a las transacciones determinó que se trataba de una organización bajo sospecha de estar lavando dinero del narcotráfico. Las autoridades vinculaban a Bernys con el cartel colombiano del Norte del Valle. En la formulación de cargos, la Fiscalía acusó a los detenidos de haber lavado activos por más de USD 950 mil. Una parte de este dinero habría sido transferido desde España y también mediante cambistas hacia Tulcán. En la audiencia también se mencionó dos transferencias, vinculadas con esta red, desde Venezuela a Ecuador por USD 4'581.174.

La revista Vanguardia reveló algo más: una investigación de su redacción afirmó que las empresas vinculadas a Bernys Cumba habían exportado a Venezuela mercadería por USD 63.5 millones. Una de estas firmas, Agrorexmin había exportado USD 33.2 millones según información verificada en la Senae. Se habían declarado exportaciones de todo tipo, desde implantes dentales hasta redes para pesca. La Superintendencia de Compañías tenía registrada la dirección de esta empresa en Guayaquil, en un estudio jurídico. Pero el registro domiciliario en el SRI reportaba una dirección en Quito que, la revista constató, era una casa pequeña en el norte de la ciudad donde nadie conocía nada de nada. Otras empresas de la misma red y hasta la principal acusada habían supuestamente exportado a Venezuela más de USD 15 millones productos como implantes dentales, fajas y material ortopédico. Agroresmix había declarado ante el SRI cero dólares en el 2010, a pesar de haber declarado en la Senae exportaciones por más de 30 millones de dólares en ese año. Pero estas exportaciones a Venezuela no estaban, hasta ese momento, dentro del proceso en la Fiscalía, solo el presunto lavado por menos de un millón de dólares denunciados por España. El caso lo llevaba entonces la fiscal Thania Moreno.

** Lea en la siguiente entrega: El hueco de las exportaciones ficticias a Venezuela crece, pero las autoridades de control no se dan por enteradas. La revista Vaguardia se tumba el fallo absolutorio del fiscal Joselito Argüello. Aparecen, en el 2011, decenas de empresas que exportan todo tipo de mercadería a precios exorbitantes. Y conozca cómo, pesar de los muchos casos que estaban en investigación por la Fiscalía, y con el conocimiento de la UAFE, SRI y Senae, apareció Alex Saab con el Fondo Global de Construcciones y se salió con la suya.