En los últimos días la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom)  ha emprendido acciones contra Fundamedios y el periodista Roberto Aguilar. La Secom ha enviado una carta dirigida a Fundamedios que se refiere al “Cumplimiento del Estatuto de Fundamedios” y ha llamado a confesión judicial, previa a un juicio penal, a Aguilar.

Fundamedios, en su Carta de Respuesta a la Secom, expresa lo siguiente: “dicho documento carece de valor jurídico alguno, pues dentro de las atribuciones legales de su Secretaría, no está la de conminar  a ciudadano alguno por consideraciones subjetivas a sus actuaciones”. Fundamedios expresa su intención de ser llevada a un juicio justo si es que se pretende disolverla con las causales del Decreto 16.

La Secom en su oficio Nro. SNC-CGAJ-2015-0061-O del 23 de junio de 2015 dirigido a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y firmado por el Coordinador General de Asesoría Jurídica, Paúl Mena, expresa lo siguiente:

“Conmina” – en última instancia– a Fundamedios  a “cumplir con la normativa jurídica vigente… específicamente, la prohibición de ejercer asuntos de carácter político…”

La Secom señala especialmente el boletín de prensa que publicó Fundamedios sobre el traspaso de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que “contribuyó a generar desinformación en la opinión pública nacional e internacional”.  Así mismo, la Secom cita el trino que Fundamedios publicó en su cuenta de Twitter el 2 de junio que decía “Líder indígena es agredido por supuesto agente vestido de civil en medio de protestas”.

La Secom sostiene que “por citar unos pocos ejemplos de las violaciones a los artículos (del Decreto 16)” los casos en los que Fundamedios ha expresado su posición sobre diferentes temas de interés público. La Secom reclama por los “ensayos, alertas y mensajes que Fundamedios difunde a través de redes sociales y otros medios” que considera “posiciones de carácter netamente político…”

La Secom argumenta que Fundamedios se ha desviado de sus fines estatutarios por asumir “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización social”.

La Secom recordó a Fundamedios las causales de destitución de las organizaciones sociales y ciudadanas comprendidas en el Decreto 16, entre las que se mencionan: “Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida” o “Dedicarse a actividades de política partidista…de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, o que afecten la paz pública”

En rueda de prensa, César Ricaurte, y el abogado Mauricio Alarcón, ratificaron su propósito de emitir alertas sobre los “ataques a la libertad de expresión y de asociación en el Ecuador”.

Ricaurte afirmó que “Fundamedios no es una organización partidista a favor o en contra de un movimiento político… Pero sí hacemos un  trabajo que tiene un interés público evidente”.

El control administrativo de Fundamedios fue traspasado a la Secom desde el 16 de enero del 2014, en una acción que fue denunciada públicamente el  27 de enero del mismo año.

Aguilar, al banquillo de los acusados

En un caso más explícito por sus implicaciones judiciales, el 25 de junio del año en curso, Fernando Alvarado llama a Roberto Aguilar a comparecer ante un juzgado.

El 25 de junio, la Unidad Judicial Civil con sede en Quito, recibe el pedido de citación judicial contra Roberto Aguilar Andrade por pedido de Fernando Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Comunicación.

La citación judicial contra Aguilar se fundamenta en el Art. 64 y 126 del Código de Procedimiento Civil. Según el Art. 64., la confesión judicial es uno de los actos preparatorios que pueden preceder a un juicio (principiado sólo por demanda). 

Alvarado arguye que “en los últimos días hemos venido siendo víctimas de calumnias y desprestigio de manera continua y sistemática en redes sociales por parte de Roberto Aguilar Andrade…director y propietario de un blog en el cual consta como autor de un sinnúmero de ataques y mentiras en mi contra y en contra de mi representada”. 

El pedido de confesión judicial continúa, en su acápite de petición, “señalar el día y la hora para que comparezca ante usted el señor Roberto Aguilar, en persona y no a través de mandatario o persona interpuesta, y rinda confesión judicial al tenor del interrogatorio que en sobre cerrado acompaño”.

Finalmente, Alvarado autoriza a  Paúl Mena Zapata, Coordinador Jurídico de la Secretaría Nacional de Comunicación, para que a nombre de la Secom  y Alvarado “suscriba y presente cuanto escrito sea necesario en defensa de nuestros intereses en la presente diligencia previa". 

La respuesta de Aguilar ha venido a través de un post en su blog "Estado de Propaganda". En él, Aguilar expresa el predecible fallo judicial al que se enfrentará. También relata los actos repudiables de los que otros periodistas han sido víctimas.   

Aguilar argumenta que, de haber “una calumnia clara y demostrable de mi parte, él (Alvarado) me enjuiciaría directamente. Como no la hay, recurre al ardid de la confesión judicial…que consiste básicamente en un interrogatorio sobre la base de un cuestionario redactado por el propio denunciante”. 

Roberto Aguilar finaliza pidiendo disculpas a sus lectores por hablar en primera persona ”tras 31 años” y remitirse a un asunto personal, cuando lo que debería estar “escribiendo sobre la jornada de protestas del 25 de junio, sobre la que hay tanto que decir , pero he aquí que me siento obligado a sacarme a este señor (Alvarado) de encima…”

Abogados de Aguilar piden revocatoria de la diligencia

La defensa jurídica del periodista, conformada por los abogados Juan Pablo Aguilar, Farith Simon, Daniela Salazar y Juan Pablo Albán dirigió el 30 de junio un escrito al juez de la causa en el cual solicitó se revoque la providencia que aceptó la confesión judicial, citando una serie de supuestas violaciones formales.

Así, según los abogados de Aguilar, dar paso a la diligencia es un atentado a la libertad de expresión prevista en la Constitución. El escrito de la defensa de Aguilar sostiene que la confesión judicial no reúne los requisitos legales, y que no queda claro en el pedido de Alvarado a qué entidad pública o privada se refiere cuando dice "mi representada". Al respecto, enumera los nombre de varias empresas presuntamente vinculadas con el secretario de Comunicación, y que tienen contratos con el Estado.

A criterio de la defensa de Aguilar, es el procurador del Estado quien debería solicitar la diligencia. Finalmente, el escrito de la defensa sostiene que el coordinador jurídico de la Secom no puede representar a Alvarado si la diligencia se solicita a título personal, como sería el caso, por lo que inclusive pide sanciones para el coordinador jurídico.

En Facebook, Aguilar le pregunta a Alvarado "¿Ya viste Fernando Alvarado con qué abogados te estás enfrentando?"

El periodista, ex editor de los diarios El Comercio y Hoy, y de la Revista Vanguardia, también se pronunció en Twitter. 

Gracias a todos por su apoyo. En efecto, un zapato me quiere llevar a juicio. Aquí la citación. Gracias por compartir pic.twitter.com/GrSMoymI6P

— Roberto Aguilar (@raguilarandrade) junio 25, 2015

"Radiografía de un zapato", la última entrada de mi blog. Gracias por compartir. http://t.co/pWRFBVnc99

— Roberto Aguilar (@raguilarandrade) junio 27, 2015