Back to top
23 de Noviembre del 2015
Historias
Lectura: 42 minutos
23 de Noviembre del 2015
Mariana Neira

Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.

FF.AA. en la Corte: el mal ejemplo del Comandante

Fotos: Presidencia de la República

Rafael Correa brinda una rueda de prensa en la Corte Nacional de Justicia, tras la audiencia de casación en el juicio contra El Universo. Lo acompañan algunos ministros.

 

Una multitud de Alianza PAIS acompaña al presidente Correa fuera de la Corte durante el juicio contra El Universo.

 

Enlace 451, desde Lago Agrio. El presidente Rafael Correa dice al final de su informe semanal que debe quedar ante la historia que él nunca ha buscado algo para sí mismo. Esto refiriéndose al argumento moral con el cual ha justificado su exclusión -y de todos quienes tienen dos periodos seguidos- de la reforma constitucional sobre la reelección indefinida y, por tanto, del proceso electoral de febrero del 2017. Mariana Neira acude a hechos recientes para mostrar no solo que Correa sí busco beneficio económico en sus distintas demandas judiciales, sino que cuando critica a los militares por haber ido a la Corte Nacional a presionar en el juicio de lesa humanidad, estos no hicieron sino imitar el comportamiento de su comandante en jefe.

Si se dijera que el alto mando de las Fuerzas Armadas, al ir con todos sus generales de aire, mar y tierra a la Corte, imitó a su comandante en jefe, Rafael Correa, dirían que el presidente de la República acudió a la Corte solamente para atender a los llamados de los jueces por sus demandas. No es tan cierto. Con su séquito amedrentador de funcionarios, guardaespaldas (vestidos de civil, con uniforme, armados) y barras agresivas, en una ocasión fue a respaldar a uno de su círculo.

Pero como la mente es infiel, olvidaron ese pequeño detalle y el Presidente retó al alto mando militar por haber ido a la Corte cuando se iniciaba un proceso por delitos de lesa humanidad (violaciones de derechos humanos) en contra de algunos uniformados, ahora en servicio pasivo. Llegaron los militares y el juicio se paró evidenciando que los militares son tan influyentes como el presidente.

Militares en la Corte

Al arribo del alto mando a la Corte, el comandante del Ejército, Carlos Obando, explicó por qué estaban allí. “Respaldamos a nuestros oficiales en servicio activo y pasivo en este juicio que se está llevando a cabo”.

Correa respondió: “¡Qué pena que no se ha superado el discurso tan simplista y elemental de defensa institucional! Las instituciones son un medio por el amor de Dios (…). Me parecen declaraciones desafortunadas, presencia totalmente inoportuna. Esos discursos mediocres deben ser superados. Lo que es incuestionable y está demostrado es que se cometieron delitos en los 80; en un Estado de derecho tiene que ser juzgado así se trate de usted, de mí, del Papa, de militares…”

“En un Estado de derecho se juzgan delitos, no es que se persiguen personas, instituciones; entre los acusados tengo personas a las que aprecio, pero tenemos que dejar que funcione la justicia (…) eso de tener treinta altos oficiales uniformados en el juicio y que diga el comandante del Ejército que están ahí como respaldo institucional, etcétera, es inadmisible en un estado de derecho”.

El presidente agregó que en este caso (Vaca-Cajas-Jarrín) se investiga torturas, violaciones y detenciones ilegales. “No es que se está persiguiendo a militares, a las Fuerzas Armadas, eso es un discurso mediocre que debe ser superado en este nuevo país”.

Manifestó que la próxima vez que los oficiales quieran asistir a una audiencia “lo hagan de civil y a manera personal”.
Y le pidió al autónomo fiscal general del Estado, Galo Chiriboga: “Tenemos que inaugurar un verdadero Estado de derecho…”

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, dijo que la acción de los militares será “evaluada con serenidad” pues no tenían “permiso” para ir a la Corte. “No se puede dar permiso para cosas que no tienen sentido”.


Un grupo de manifestantes se coloca frente al edificio de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Luis Argüello


El general (r) Guillermo Rodríguez Lara, quien fue dictador del Ecuador a inicios de la década de los 70.

Halagando a los policías

La actitud de los militares y la crítica del presidente parecieran haber acentuado la pugna entre estos dos ‘poderes’ que desde hace algún tiempo se viene comentando y, para solventarla, se estaría blandiendo la peligrosa intención de dividir a los armados.

Escuche detenidamente el discurso de Correa en la graduación de policías del 17 de noviembre 2015 donde no tuvo los aplausos esperados porque en esa institución también existen heridas abiertas por el correísmo, los juicios a decenas de policías acusados de participar el 30 de septiembre 2010 en una revuelta policial.

"Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo  Alfaro Vive al ponerse fuera de la ley, pero actos ilegales no se pueden combatir con más ilegalidad, peor aún con atentados a los derechos humanos, esos delitos deben ser juzgados": Rafael Correa.

Entonces Correa se lanzó contra los militares: “No hay más muestra de mediocridad que los simplistas discursos de defensa institucional que frecuentemente lo único que esconden son ilegítimos espíritu de cuerpo. En un estado de derecho se persiguen delito, no personas, peor instituciones y nadie puede estar fuera de la ley”. Mencionó el caso Fybeca por el cual fueron juzgados miembros de la institución y “no por ello se dijo que se persigue a la Policía”.

Siguió Correa: “Hace pocos días la justicia inicio el primer juicio en la historia del país por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1984-1988. Indudablemente existieron agresiones sexuales, torturas y detenciones ilegales, en la lucha contra el grupo subversivo Alfaro Vive. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo  Alfaro Vive al ponerse fuera de la ley, pero actos ilegales no se pueden combatir con más ilegalidad, peor aún con atentados a los derechos humanos, esos delitos deben ser juzgados, y serán los jueces competentes los que decidan quien es culpable o inocente, o si el delito está prescrito o no. Debe permitirse que la justicia fluya sin presiones de ninguna clase” (pausa para aplausos. No hubo aplausos).

Aconsejó a los policías no parecerse a los militares: “Aunque este caso  lo ha llevado a cabo la Fiscalía, órgano autónomo del gobierno nacional, algunos oficiales en servicio pasivo llegaron a decir que es parte de un plan para destruir a las Fuerzas Armadas, lo cual ya es cantinflesco. Queridos jóvenes (policías) a huir de la mediocridad como de la peste (pausa para aplausos. No hubo aplausos). A superar ese viejo país, a seguir construyendo con amor sacrificio y ejemplo, la patria nueva, donde todos seamos iguales ante la ley y donde nadie pretenda con un falso espíritu de cuerpo dejar sin sancionar evidentes delitos cometidos”.

Para el presidente, tan delito como la tortura o violaciones sexuales atribuidas a algunos militares en la década del 80, son las manifestaciones públicas (sea de civiles o uniformados). Se deduce de lo que dijo en su intención de halagar a los policías:

“Entenderán eso los mismos de siempre que cuando agreden a nuestros policías, cuando los golpean, cuando generan violencia contra ellos, detrás de ese uniforme hay un hijo, un esposo, un  padre de familia. Después, con la más grande hipocresía son ellos los que se victimizan. Los pájaros disparando a las escopetas y nos hablan de lugares comunes, de conceptos gastados: criminalización de la protesta social, como que si patear a un policía cobardemente no es protesta social criminal. En este país los crímenes tendrán que ser sancionados compatriotas”.

Entonces sí, los policías y sus familiares aplaudieron efusivamente, sin darse cuenta que estaba justificando los juicios a los ‘criminales’ que participaron en manifestaciones como el 30S, por el agua, por la minería, por las enmiendas, etc. Estaba estimulándoles para una misión: la represión a la protesta social.

El caso Banco Pichincha

Agosto 2001. El banco La Previsora fue absorbido por Filanbanco en el año 2000 y en agosto de 2001 el Banco del Pichincha adquirió las operaciones de la tarjeta Filancard. Allí aparecía una deuda no pagada de Rafael Vicente Correa Delgado por $ 136,98, en consecuencia, este cliente fue ingresado a Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos (llamada ‘lista negra’). Hubo un error porque Correa había cancelado esa tarjeta en 1997. Él hizo el reclamo legal al Banco del Pichincha. El 20 de abril 2005, el presidente Alfredo Palacio nombró ministro de economía y finanzas a Rafael Correa y estuvo en funciones hasta el 4 de agosto 2005. Según la versión del Banco del Pichincha, el juez sentenció a favor de Correa en diciembre 2005. Entonces, esta institución financiera admitió que el demandante había pagado 169 dólares y le retiró del registro de la Central de Riesgo de la Superintendencia.

10 de enero 2007.  Para Correa, ganarle este juicio al banco no fue suficiente, optó por demandarle por “daño moral irreparable”, por un millón de dólares. Dijo que lo hizo antes de ser elegido presidente, pero el asambleísta Galo Lara del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP) liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez, salió a desmentirle. En una entrevista concedida a radio Primavera 90.1, Lara aseguró con copias de los documentos que esta demanda fue puesta “el 10 de enero del 2007, cuando Correa ya era presidente electo, y apenas 5 días antes de posesionarse como presidente constitucional de la República. La demanda fue calificada el 16 de enero de 2007, un día después de su posesión, y notificada a las partes en esa misma fecha. Ese mismo día, el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha admite a trámite ordinario la causa y notifica al representante del banco, Antonio Acosta Espinoza”.

En noviembre 2008, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha sentenció a la entidad financiera a pagarle a Correa una indemnización de $ 5 millones. El fallo, de primera instancia, fue apelado por la defensa del Banco.

En mayo del 2007, cuando ya era presidente de la República, Correa invitó a periodistas para un diálogo público en la casa de gobierno. Entre ellos estaba el articulista de El Universo, Emilio Palacio, quien le preguntó al presidente qué haría con la indemnización que le daría el Banco del Pichincha. Incómodo respondió: “…a mí no me interesa la plata, si quieren puedo donar esa plata, aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi familia". Sobre el juicio dijo que se sentía "en un dilema moral y ético… Haré lo que quieran ustedes, lo que diga el pueblo ecuatoriano en esto. Nunca he tenido apego al dinero, nací pobre y moriré pobre".

En noviembre 2008, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha sentenció a la entidad financiera a pagarle a Correa una indemnización de USD 5 millones. El fallo, de primera instancia, fue apelado por la defensa del Banco.

En el recurso de casación Correa reclamó una indemnización de un millón de dólares, pero el 30 de julio 2009, se conoció que la Segunda Sala de lo Civil de la Corte de Pichincha sentenció nuevamente a favor de Correa, pero bajó la indemnización a 300.000 dólares. Galo Chiriboga, abogado del mandatario demandante dijo que “el presidente jamás pretendió enriquecerse a través de una acción legal. Él ha aceptado lo que los jueces han establecido… La sentencia ha sido dictada con absoluta independencia de parte de los jueces”. Chiriboga, además de pariente lejano de Correa, fue durante este gobierno ministro, embajador, al momento, fiscal general del Estado.

Exigía cinco millones de dólares

El 29 de enero 2010, en una nota titulada ‘Correa insiste en los cinco millones de dólares’,  diario La Hora narraba: El presidente de la República, Rafael Correa, insistirá a través de sus abogados, que se le reconozca el daño moral que le habría causado el Banco del Pichincha y por el cual está reclamando una indemnización de cinco millones de dólares.

Ayer, el Mandatario acudió personalmente a la audiencia de estrados. Y el diario narra lo sucedido entonces. “…el presidente Rafael Correa, que llegó con 20 minutos de retraso a esta audiencia, insistió en su tesis de que el juicio contra el Banco del Pichincha ‘no es una lucha suya, sino de los ciudadanos de a pie contra uno de los poderes más grandes y abusivos que ha tenido el país, que es el poder financiero’.

Luego de esta audiencia, que duró dos horas, Rafael Correa y su comitiva, entre ellos el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, visitaron por unos minutos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya…”.

29 de abril 2010. En esta fecha, a los 3 meses de la audiencia, se conoció que la sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) hizo “una revisión por la presencia de errores en el proceso y fijo una indemnización de USD 600 mil”. Esa fue la cantidad que al final ganó Correa en su demanda al Banco del Pichincha. ¿Qué hizo con esa plata?

No pagó impuestos

Por dudas expuestas por algunos líderes de opinión, comenzaron las investigaciones periodísticas que descubrieron dos cosas: el presidente no pagó impuestos por esa  indemnización y sacó ese dinero fuera del país.

En el caso de los tributos, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, eximió al presidente del pago de impuesto sobre ese monto ganado, “Porque no es renta, nuestra ley habla del Impuesto a la Renta, que se obtiene por un trabajo o servicio… una indemnización por daño moral no es renta sino un ingreso compensatorio del daño moral causado…”, dijo a María Elena Verdezoto del diario Hoy, el 1 de abril 2011.

La primera semana de abril, León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la república, abogado y columnista de medios de comunicación, denunció que por orden del mismo Carrasco, la viuda de un militar que recibió una indemnización por 15 mil dólares sí fue obligada a pagar impuesto a la renta y el director del SRI no pudo refutar a Roldós. En una entrevista concedida al canal estatal Gamavisión el 4 de abril 2011 dijo que no dijo lo que dijo al diario Hoy.

En junio 2011, una denuncia de la revista Vanguardia revelaba que Correa depositó USD 331.082,50 en una cuenta bancaria en Alemania.

24 de junio 2011. El Mandatario confirmó la transferencia de USD 300 000, no a un banco de Alemania sino a uno de Bélgica. “Este dinero estuvo destinado a la adquisición de un departamento, en la ciudad natal de mi esposa”, dijo. El inmueble costó 207 000 euros y tiene 62 metros cuadrados.

Caso Alvarado-Chuji

6 febrero 2011. La indígena amazónica Mónica Chuji, quien fuera secretaria de comunicación a inicios del mandato de Correa, dijo en una entrevista al diario El Comercio, que Vinicio Alvarado, entonces secretario general de la administración, era uno de los “nuevos ricos” de este gobierno.

El funcionario le puso una demanda que fue respaldada por el presidente Correa, hasta con su presencia en la audiencia judicial, acto que se vio como un amedrentamiento a los jueces.
Alvarado acusó a Chuji de supuestas injurias calumniosas y pidió una sentencia de 3 años de prisión y 250 mil de indemnización.

18 noviembre 2011. Este día, en Quito, se realizó la audiencia previa al juzgamiento a Chuji en la cual se dio una demostración de poder y solidaridad entre los integrantes del círculo íntimo presidencial. Según Marcos Martínez, ex asambleísta de Montecristi, a la audiencia se permitía solamente la entrada de la gente del gobierno. Reclamó que “eso era una audiencia no un linchamiento gubernamental”. A la prensa se le prohibió la entrada a la Corte, sin embargo, a hurtadillas narró:

14:00: llegó el denunciante Vinicio Alvarado. Ingresó a la sala con guardaespaldas. También entraron la ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, junto con un nutrido grupo de personas.

14:18: arribó el presidente Rafael Correa a respaldar en persona a un funcionario de su gobierno. Le acompañaban seis colaboradores.

Se unieron a la comitiva de respaldo a Alvarado, su hermano Fernando, secretario de comunicación; el secretario del partido de gobierno, Alianza País, Galo Mora; el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera.

Chuji solo tuvo tres acompañantes: su hermano, otra persona no identificada y el dirigente indígena Humberto Cholango. Más tarde llegó la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán.

Correa abandonó la sala del Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha una hora más tarde diciendo que no van a permitir más acusaciones falsas, que se defenderán con la ley en la mano.

23 de noviembre 2011. En un enlace ciudadano el presidente Correa agregó que a Chuji "se le está aplicando la ley por mentirosa, por calumniadora".

La ex secretaria de comunicación respondió durante una entrevista en Ecuavisa: "Yo no he mentido señor presidente, he demostrado que mis expresiones se hicieron eco de lo que ya todo mundo conoce. Decir a alguien 'nuevo rico' no es delito. Esto muestra una intolerancia total del gobierno a las críticas que como ciudadanos tenemos derecho a hacerlo… No hay injuria ni calumnia (...) ¿Dónde está el delito? El señor Alvarado ha reconocido que es un empresario, que es muy próspero. El mismo Fabricio Correa dice que uno de los funcionarios más prósperos del gobierno es Vinicio Alvarado. Entonces, no hay ningún delito, lo que hay es persecución política… Uno de los titulares de una investigación que hizo la Revista Vanguardia fue ‘Los negocios de los Alvarado crecen como espuma’. Expresiones de Fabricio Correa decían: ‘Vinicio Alvarado gana 12,5 veces más que antes sin ir a la oficina".

Vinicio Alvarado dijo que Mónica Chuji "no tendrá que dar ni un solo centavo… Nuestro único objetivo es que mi honor y mi honra vuelva  al lugar en que siempre estuvo".

25 de noviembre 2011. El secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, decidió perdonar a la ex secretaria de comunicación Mónica Chuji, bajo la figura de remisión. Alvarado dijo que ella "No tendrá que dar ni un solo centavo… Nuestro único objetivo es que mi honor y mi honra vuelva  al lugar en que siempre estuvo. Y que mi familia vuelva a salir con la frente en alto (...) La señora ha quedado como una injuriadora calumniosa grave, tal cual lo ha marcado el señor juez… He pedido a las autoridades de control que hagan exámenes especiales de mis ingresos. La Controlaría ha investigado mis ingresos personales y empresariales y las conclusiones han sido absolutamente claras: que no hay ni un solo centavo que no corresponda a mis ingresos legítimos y honestos".

El mismo día, Chuji rechazó el “perdón” de Alvarado. "A mí solo me puede perdonar Dios. Yo soy inocente así que no necesito que nadie me perdone… Creyeron que era una Huairapamushka, no se dieron cuenta que tengo el respaldo de todas las organizaciones sociales e indígenas".

Su abogado, Julio César Trujillo, señaló que "el perdón" de Alvarado no surte ningún efecto legal, porque es un caso penal. "Si quería ser magnánimo el señor Alvarado debió desistir de la denuncia en la audiencia que se fijó para ello. Ahora ya hay una sentencia emitida".

Caso El Universo 

21 de marzo 2011. El presidente Correa dijo durante una entrevista en la radio del portal Ecuadorinmediato.com, que “será un hito en la historia ecuatoriana” enjuiciar a los directivos de Diario El Universo y a Emilio Palacio de quien dijo: "Hace poco un periodista dijo que yo debí haber ordenado disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras! Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima porque el directorio es responsable de la política editorial del diario... nosotros estamos presentando una demanda no solo en contra del editorialista, sino contra los directivos de Diario El Universo".

22 de marzo 2011. El presidente Rafael Correa presentó una demanda penal, a título personal, en contra de los directivos del diario El Universo: Carlos, César y Nicolás Pérez Barriga, y del editor de opinión, Emilio Palacio, "por injurias calumniosas”. Para ellos pidió tres años de prisión y una indemnización por $80 millones de dólares, según informó este periódico el 30 de marzo 2011.

La querella fue por el artículo ‘No a las mentiras’ escrito por Palacio y publicado el 6 de febrero 2011, que hace referencia a la sublevación policial del 30 de septiembre 2010.

11 de julio 2011. El columnista y editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio, renunció irrevocablemente para "evitar la quiebra de la empresa" y porque "peligra la fuente de empleo y sustento de un millar de colaboradores".

19 de julio 2011. La audiencia final de juzgamiento a los directivos y articulista de diario El Universo, se desarrolló en ausencia de Carlos, César y Nicolás Pérez, quienes se retiraron del auditorio del Consejo de la Judicatura luego de que los abogados del presidente Correa se negaran al pedido de conciliación planteado por los representantes del periódico.

En los exteriores del Consejo de la Judicatura, en Guayaquil, simpatizantes de Correa agredieron verbalmente al ex columnista del diario El Universo, Emilio Palacio, a sus directivos Carlos César y Nicolás Pérez, y a la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco. A Palacio incluso le lanzaron un huevo.

Ellos ofrecieron una rectificación y solicitaron a Correa enviara un texto que satisficiera ese pedido.

Nicolás Pérez narró vía Twitter que "antes de salir de la sala nos despedimos del Presidente estrechando manos; viéndonos a los ojos nosotros dijimos únicamente ‘Señor Presidente' a lo que él respondió ‘lo siento mucho".

En los exteriores del Consejo de la Judicatura, en Guayaquil, simpatizantes de Correa agredieron verbalmente al ex columnista del diario El Universo, Emilio Palacio, a sus directivos Carlos César y Nicolás Pérez, y a la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco. A Palacio incluso le lanzaron un huevo.

Más tarde el gobierno obligó a ‘cadenas’ de medios para decir que tanto El Universo como el periodista mentían.

20 de julio 2011. El juez Juan Paredes, encargado temporalmente del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, sentenció a tres años de prisión al articulista Emilio Palacio y a los directivos de El Universo: Carlos, César y Nicolás Pérez. Además, Palacio debía pagarle a Correa una indemnización de $30 millones, la empresa $10 millones.

En este juicio se batieron algunos récords. Duró 4 meses. El juez Paredes dictó su sentencia en 24 horas, justo el día que culminaba el encargo de su gestión. Batió el récord de lectura y escritura. En doce horas y media, este juez leyó más de cinco mil páginas que forman el expediente y redactó las ochenta páginas de la sentencia.

Alembert Vera, abogado de Correa dijo a los medios que “se ha hecho justicia, ha ganado la libertad de expresión”, pero apelarán para lograr los 80 millones de indemnización.

El 21 de julio 2011, la portada de El Universo amaneció en blanco, solo con la palabra. “Condenados”. Más tarde, Carlos Pérez, uno de los directivos del diario El Universo dijo en rueda de prensa que la sentencia “es para callarnos”. El juez Paredes "quiere que nos tiemble la mano cuando escribamos de un acto de corrupción o caer en lo peor, la autocensura", pero continuarán trabajando e informando libremente como lo han hecho durante 90 años.

24 de agosto 2011. Emilio Palacio, ex editor de opinión del diario El Universo, se fue a Estados Unidos porque su “seguridad corría peligro” por los "descarados abusos" en su contra. "Me quisieron imponer como juez al amigo más íntimo del abogado del dictador. Me iniciaron un nuevo juicio penal por calificar de fascistas a los insultadores a sueldo de Rafael Correa. Un ministro cuyo nombre no recuerdo, amenazó con demandarme por "perjurio".

11 de octubre 2011. El Juzgado Tercero Penal del Guayas admitió a trámite la demanda por injurias planteada por el canal del Estado, Ecuador TV, en contra de Emilio Palacio, porque el 21 de julio lo calificó de “medio fascista”.

El 17 de agosto 2012, tras seis meses de trámite, el gobierno de los Estados Unidos concedió asilo político a Palacio y su familia. Karen Hollihan, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia, informó vía Twitter que la decisión se fundamentó en que Palacio ha sido víctima de persecución política.

Un día antes el presidente Correa le concedió asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, requerido por la justicia de Suecia y Reino Unido.

4 de octubre 2014. El juez penal del Guayas Juan Paredes que sentenció a los directivos y al editorialista de El Universo fue removido de su cargo por orden del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), porque “incurre, al parecer, en una de las inhabilidades para ejercer el cargo de juez por tener en su contra un juicio de insolvencia planteado por la Superintendencia de Bancos”.

14 de febrero 2012. El diario El Universo le planteó al juez Juan Paredes un juicio por prevaricato y falsedad ideológica, porque supuestamente él no fue el autor de la sentencia que condenó a tres directivos del diario y su articulista a tres años de prisión y pago de $40 millones por indemnización. Como supuesto autor de la sentencia apareció un personaje fantástico oculto tras las sombras del poder, ‘Chucky Seven’. Lo dijo el abogado defensor de El Universo, Joffre Campaña: esta sentencia “habría sido elaborada fuera del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas porque, supuestamente, fue ingresada a la computadora del juez Juan Paredes a través de un pendrive (dispositivo de almacenamiento externo)… la sentencia estaba en un archivo llamado “Correa 457.2011.doc”, el cual habría sido creado por un usuario llamado Chucky Seven”. O sea, el juez Paredes, aparentemente, solo prestó su nombre. Al respecto, Correa dijo: “Hay gente a la que le encanta hacer el ridículo. De una persona que dice cualquier cosa solo por unos cuantos dólares se puede esperar lo que sea”.

"Recibí una llamada a mi teléfono reconociendo que se trataba de uno de los abogados del acusador, quien me manifestó que el 'número uno' está contento pues él dice que se lleva bien con las damas que tienen más pantalones que los hombres, entonces le corresponde a usted hacer la sentencia, haga nomás la audiencia, nuestro respaldo y el respaldo del "número uno": jueza Mónica Encalada.

Sin embargo, la jueza Mónica Encalada, quien llevó el caso del diario El Universo antes de la primera sentencia, hizo llegar a la Fiscalía del Guayas esta denuncia escrita: "Recibí una llamada a mi teléfono reconociendo que se trataba de uno de los abogados del acusador, quien me manifestó que históricamente a usted le va a corresponder hacer la audiencia el día de mañana... el 'número uno' está contento pues él dice que se lleva bien con las damas que tienen más pantalones que los hombres, entonces le corresponde a usted hacer la sentencia, haga nomás la audiencia, nuestro respaldo y el respaldo del "número uno"…

15 de febrero 2012. Se dio la audiencia de casación en el caso El Universo. El demandante Rafael Correa llegó protegido por decenas de elementos de seguridad, incluso francotiradores. Le esperaba en las afueras de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, una fuerza de choque que gritaba a su favor y atacaba hasta físicamente a los periodistas que cubrían el evento. Mientras lo hacían no dejaban de cantar: “¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, la prensa  corrupta se tiene que morir!”

Estos seguidores de Correa también se enfrentaron con los “K-breados”, un grupo opositor al gobierno, a quienes les lanzaron lodo. 

16 de febrero 2012. La sentencia contra El Universo fue ratificada y alrededor de las 10:30 de la mañana, el jefe de Estado de Panamá, Ricardo Martinelli escribió en su cuenta oficial de Twitter @rmartinelli el mensaje: "Acabo de darle asilo a periodista del Diario El Universo Carlos Pérez Barriga multado con 3 años de cárcel y 40 millones de multa en Ecuador".

27 de febrero 2012. Por el alto impacto y reclamo nacional e internacional, el presidente Correa anunció "perdón sin olvido” a los directivos sentenciados de El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez, y a su exeditor de opinión, Emilio Palacio. También el desestimiento de la demanda por daño moral en contra de los periodistas y autores del libro "El Gran Hermano", Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, porque "no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello merecen".

El caso de Cléver Jiménez

5 de agosto 2011. El asambleísta Cléver Jiménez, de Pachakutik, el partido de oposición, brazo político de las organizaciones indígenas, presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra el presidente Rafael Correa y el ministro de Defensa, Javier Ponce, por presunto delito de lesa humanidad durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S), día de la insurrección policial.

Jiménez acusó al mandatario de ser el único responsable de la muerte de cinco personas (dos militares, dos policías y un civil) durante la Operación Rescate de las Fuerzas Armadas para la liberación de Correa del Hospital de Policía en Quito.

“Alguien tiene que pagar por las muertes... al momento que él (Correa) dispone y da la orden que le rescaten y en el rescate se da la balacera, el culpable directo y responsable de todo lo que pasó el 30-S se llama Rafael Correa Delgado, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, aseguró Jiménez. A esta denuncia se unieron su asesor, Fernando Villavicencio, y Carlos Figueroa, dirigente de organizaciones médicas. 

4 de septiembre 2011. El presidente Correa anunciaba una contrademanda a sus demandantes Jiménez, Villavicencio y Figueroa. De paso ‘diagnosticó’ al asambleísta Jiménez de “no tener cerebro y que el hígado se le ha subido a la cabeza”. Jiménez respondió que “esas son expresiones no dignas de un mandatario, pero que cualquier cosa se puede esperar de Correa, ‘me tienen sin cuidado sus insultos, provienen de un ser acomplejado, falto de amor y cariño, lleno de errores y exabruptos. El insulto es la razón de aquel que carece de la razón”. Y creía que el presidente reaccionó así porque “tiene pánico de un juicio internacional, porque en la CPI, no podrá meter la mano en las decisiones judiciales, como lo hace en la Fiscalía y en el conjunto de la justicia ecuatoriana”.

5 de mayo 2012. Luego de tres horas de audiencia, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Richard Villagómez, calificó a la demanda de Jiménez, Villavicencio y Figueroa de "temeraria y maliciosa", por lo tanto, desestimó y ordenó el archivo de la acción legal en contra del presidente Correa. 

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio recogió la ‘excepción’ para dar paso al enjuiciamiento penal del asambleísta y los dos activistas por el supuesto ‘delito de calumnia judicial’.

24 de julio 2012. El presidente Rafael Correa contrademandó al asambleísta Cléver Jiménez, así como a Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por haber “propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiese sido probada durante el juicio”. La prensa observó que la “denuncia fue archivada en la Corte Nacional por pedido del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga. Es decir, nunca llegó a la etapa de juicio, por lo que según el artículo 494 del Código Penal, esta acción perdería fuerza al punto de ya no ser considerada como supuesto delito. Pese a ello, el Jefe de Estado insistió en el juicio penal contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa”. Pedía para ellos una sanción de tres meses a tres años de prisión.

El artículo 128 de la Carta Magna señala que “para iniciar causa penal en contra de un asambleísta se requerirá la autorización previa de la Asamblea, excepto en los casos que no se relacionen en el ejercicio de sus funciones”.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio recogió la ‘excepción’ para dar paso al enjuiciamiento penal del asambleísta y los dos activistas por el supuesto ‘delito de calumnia judicial’. Jiménez cuestionó la decisión y dijo que la denuncia la presentó en calidad de asambleísta y en “defensa de los intereses ciudadanos”.

5 de septiembre 2012. La jueza nacional Lucy Blacio Pereira fue denunciada por el asambleísta Cléver Jiménez ante la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de prevaricato al haber autorizado el enjuiciamiento penal de este legislador, sin autorización previa de la Asamblea Nacional.

12 de abril 2013. Se dio el ‘show’ de la audiencia judicial para juzgar a Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Según narró la prensa, el presidente Correa llegó a la Corte con barra propia, los acusados solo con su abogado defensor.
Leamos parte del relato hecho por el diario El Comercio: “El octavo piso de la Corte Nacional de Justicia estuvo de nuevo abarrotado de militantes, ministros y legisladores de Alianza PAIS (partido de gobierno)… para mostrar su respaldo al presidente Rafael Correa en el juicio que inició contra el asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, y de los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa”.

“Antes de las 09:00, los simpatizantes del oficialismo se instalaron en las pocas sillas del auditorio de la Corte”.
“Poco antes de la hora fijada, el Mandatario llegó con su abogado Caupolicán Ochoa y su asesora, Pamela Martínez. La funcionaria presidió la Comisión de Selección que designó a los actuales jueces de la Corte Constitucional… los simpatizantes que estaban en la puerta del auditorio se apretujaron por saludarlo mostrándole su apoyo”.
“En la calle unos 30 partidarios agitaban sus banderas verdes, gritando consignas contra los acusados. Los llamaban farsantes, mentirosos, calumniadores y pedían ‘todo el peso de la ley’ para sancionarlos”.
“Fue una escena similar, aunque con menos gente, a las que se vivieron en enero y febrero del 2012, cuando la Corte tramitó en última instancia el juicio de Correa contra los directivos de El Universo”.
“Media hora después del inicio de la diligencia, la jueza Lucy Blacio, encargada del proceso, suspendió la audiencia porque Villavicencio no llegaba y Figueroa lo hizo tarde. La magistrada les  impuso una multa de USD 1 272 a cada uno por su incumplimiento.

El diferimiento molestó al Presidente (Correa) que dijo: ‘Esta es una nueva estrategia para demorar el proceso judicial y tratar de entorpecer el caso".

16 de abril 2013. La jueza Lucy Blacio condenó al asambleísta Cléver Jiménez y al activista político, Fernando Villavicencio, a un año y medio de prisión por el supuesto ‘delito de injurias’.

A Carlos Figueroa, a seis meses de prisión porque acreditó buena conducta. Él fue el único que llevó dos testigos a la audiencia de juzgamiento.

El fallo también dispuso que los imputados se disculpen públicamente con el Presidente a través de los medios de comunicación y paguen una indemnización de USD 140.000, calculada de acuerdo al sueldo actual del Mandatario (a marzo 2013 era de 6.957 dólares).

El 4 de noviembre el asambleísta Jiménez denunció en la Fiscalía amenazas de muerte en su contra. “Estarían intentando incriminarme, encarcelarme y posteriormente asesinarme”.

El 27 de diciembre del 2013, el fiscal José Luis Jaramillo, con 10 elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la policía, allanó la vivienda de Fernando Villavicencio,

Por diciembre, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas habían ordenado se abriera una investigación en contra del asambleísta Cléver Jiménez por la revelación de una serie de correos electrónicos de la Presidencia de la República que demostraría una supuesta injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial.

El 27 de diciembre 2013, el Fiscal José Luis Jaramillo, con 10 elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la policía, allanó la vivienda de Fernando Villavicencio, asesor del asambleísta Cléver Jiménez e investigador de la revista digital de investigación, Plan V, donde ha publicado varios reportajes de supuesta corrupción en negocios petroleros y de seguros, en los cuales estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del gobierno ecuatoriano.

Al siguiente día, sábado 28 de diciembre 2013, Correa justificó el allanamiento porque varios ministros de Estado, el Vicepresidente de la República, el Asesor Jurídico de la Presidencia y el propio Presidente de la República fueron víctimas de espionaje, puesto que varios de sus mails habrían sido hackeados y que las pistas condujeron hacia el asambleísta de oposición Cléver Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio.

Continuó Correa: “Tenemos todo filmado (el allanamiento), así que no les servirá de mucho victimizarse como de costumbre. Se han descubierto cosas realmente graves, que en su momento y de acuerdo al debido proceso en su momento las sabrá el país. ¡Es terrible lo que ha estado haciendo esa gente!” Alertas de Fundamedios 676,  677.

El 14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra de Jiménez, Villavicencio y Figueroa.

El 22 de julio 2014, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional, se detuvo al dirigente gremial médico Carlos Figueroa, sentenciado a seis meses de prisión, mientras Jiménez y Villavicencio se escondieron en la selva ecuatoriana.

3 de junio 2015. Jiménez y Villavicencio quedaron libres porque caducó la pena de un año de prisión sin ser detenidos.

[RELA CIONA DAS]

Justicia deshumanizada
Diego Chimbo Villacorte
El grito de los inocentes
Diego Chimbo Villacorte
Caso Yunda: El modus operandi de las simulaciones judiciales
Redacción Plan V
Los insultos heredados
Mariana Neira
Los pecados de la justicia ecuatoriana que terminan en fiascos internacionales
Redacción Plan V
GALERÍA
FF.AA. en la Corte: el mal ejemplo del Comandante
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Guadalupe Llori: 90% de victimización y 10% de explicación
Redacción Plan V
Lasso entra al pantano de la reforma laboral
Redacción Plan V
Sueños en la UCI
Vanessa Estrella. Fotos: Gianna Benalcázar
Ecuador a palos de ciego: 7 años sin un estudio sobre consumo de drogas
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

El millonario problema entre CNT, GOL TV y los derechos de TV del fútbol ecuatoriano
Redacción Plan V
El polémico primer contrato colectivo de los trabajadores de la CNEL EP
Redacción Plan V
Las presiones que tumbaron a Jorge Madera del IESS
Redacción Plan V
César Montúfar vuelve al ruedo
Redacción Plan V