La posibilidad de que Guillermo Lasso haya facilitado un peculado por omisión, al no haber intervenido a tiempo en el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en donde se había denunciado un contrato de asociación con navieras internacionales que perjudicaría al Estado, fue la única causal que la Corte Constitucional consideró creíble en el pedido de juicio político que adelanta la oposición en la Asamblea Nacional.

Las denuncias del ex gerente de la Flopec, Jhonny Estupiñán, quien habría sido removido de su cargo, ya en esta administración, por intentar terminar un contrato que sería lesivo para el país, firmado en tiempos de Lenin Moreno, no habrían sido atendidas oportunimente por este Gobierno y ello podría conducir a la responsabilidad política de Lasso. 

Uno de los elementos que se han presentado como prueba de que se ha cometido un perjuicio contra el Estado, por lo menos desde 2018, con el manejo de los buques de la Flopec, es un informe emitido por la Contraloría en noviembre de 2021, en donde se consigna un examen especial realizado a las operaciones de la Flopec con navieras internacionales y brokers del extranjero, para la contratación de buques bajo el esquema conocido como fletamiento por tiempo (en inglés time charter) que consiste en arrendar buques tanqueros para el transporte de petróleo y derivados, que no necesariamente forman parte de la flota propia de la Flopec.

Según la página web de la Flopec, actualmente cuenta con cinco buques propios: el Zaruma y el Pichincha, de tipo Aframax, el Zamora y el Santiago de tipo Handimax (más pequeños que los anteriores) y el Aztec, del tipo intermedio Panamax. Estas cinco naves no serían suficientes para el volumen de crudo y derivados que maneja el país, por lo que han justificado el arrendamiento de 14 naves más. 

Además, la Flopec contrató también naves del tipo Medium Range (MR) que son más pequeños que los Aframax y pueden transportar hasta 80 mil toneladas de combustible.

El informe, que comprendió el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, analizó los montos que pagaba la Flopec por el uso diario de buques tanque de gran tamaño, y encontró algunas irregularidades entre las tarifas del mercado y las que había pagado la Flopec. Además, analizó la firma de un adendo con una empresa off shore conocida como Amazonas Tanker, en el cual se regulaban las ganancias por el transporte de petróleo y el arrendamiento de barcos. Según la Contraloría, una renegociación que había tenido lugar en ese año significó un perjuicio de por lo menos USD 6.1 millones para el Estado, que es el propietario de la totalidad de las acciones de la Flopec.

El informe de la Contraloría analizó básicamente los contratos de arrendamiento de 14 barcos tanqueros de gran calado, así como la creación del pool Amazonas Tanker y la forma en la que Flopec se asoció con inversionistas y navieras extranjeras, que según un reporte del portal Periodismo de Investigación, están asociados realmente a la empresa de origen ruso Grunvor, una de las multinacionales cercanas al régimen de Vladimir Putin que actualmente sufre sanciones internacionales al igual que otros capitales rusos. 

Una herencia del estatismo de la dictadura militar

Creada en 1972 durante la dictadura de las Fuerzas Armadas, la Flopec es una herencia de la época del estatitismo militar. Es una empresa cuyo fin es el monopolio estatal del transporte del petróleo ecuatoriano hacia el exterior, que en cierta época dependió totalmente de la Armada del Ecuador. Desde marzo de 2012 es una empresa pública civil y su sede principal está en Esmeraldas, donde se encuentra el terminal petrolero de Balao.

Durante el año 2020, que fue examinado por la Contraloría, la Flopec manejó por lo menos USD 71´ 050 786,19, de los que USD 38´329 698,30 correspondieron a los contratos de arrendamiento de buques bajo la modalidad de time charter, y USD 32´721 087,89 fueron usados en gastos relacionados con la asociación conocida como Amazonas Tanker, una empresa off que no tiene presencia física en el Ecuador.

La Contraloría observó el contrato pero el actual gobierno lo mantuvo.

Los fletes más caros

La Contraloría observó que en los procesos de fletamiento de las 14 naves que contrató la Flopec no se siguieron varios requisitos como el análisis de los precios más convenientes para la Flota, pero destacó en particular el caso de la nave Sea Falcon, que la Flopec contrató a una tarifa diaria de por lo menos $30 mil, cuando en el mercado esa misma nave podía conseguirse por menos.

Así, el Sea Falcon, un tanquero construido en un astillero japonés en 2007, había sido fletado en el pasado por una cantidad de 27 mil dólares diarios durante 24 meses, tres mil menos que los que había acordado pagar la Flopec. El Sea Falcon, un buque de 245 metros de largo y que navega bajo bandera de Grecia, terminó costándole en dos años a la Flopec USD 21´600 000, cuando se pudo conseguir en el mercado por USD 2´160 000 menos. 

En el caso del Sea Falcon, la Contraloría sostuvo que "No se contó con el informe de contratación para la negociación del buque Sea Falcon, mismo que fue elaborado 12 días después a dicha negociación, estructurándose con documentación incompleta, sin fecha de publicación, extractos de los reportes de buques cerrados por períodos de seis meses a un año con tarifas superiores a 30 000,00 USD, que no eran comparables con las características de contratación del buque". 

El buque Sea Falcón realiza transporte de crudo ecuatoriano 

El del Sea Falcon no fue el único caso que pudo detectar la Contraloría. También se observó el caso del buque Chios Lion, que al momento de publicarse esta nota estaba en ruta hacia el puerto de Long Beach, cerca de Los Ángeles, California, a donde llega buena parte del crudo nacional, tras haber partido desde Esmeraldas con una carga de 107 mil toneladas a bordo. La nave, que navega con bandera de Liberia, y tiene su base en el puerto de Monrovia, fue fletada por 36 meses a una tarifa de 25 mil dólares diarios, aunque se había  recomendado pagar solamente 24 mil. La Contraloría destacó que esos mil dólares de más en un día significan en 36 meses $1´080 000 de perjuicio para el Estado.

Y por tercera vez, la Contraloría detectó nuevos pagos sin justificación cuando la Flopec contrató al buque Paccha, una nave más pequeña, con bandera de las islas Marshall, que carga 50 mil toneladas y que debía contratarse por $16.700 al día. En lugar de eso, los directivos de la Flopec decidieron pagar 16.750 al día, lo que provocó en el contrato un perjuicio de $72.000.

La Contraloría observó el pago excesivo en el flete del buque Paccha. Foto: Marine Traffic.

El caso de Amazonas Tanker

Asociada con agencias y armadores internacionales, la Flopec realiza este tipo de fletes navieros, en especial, desde 2018, cuando debió transportar petróleo ecuatoriano por cuenta de Petrochina. Según relata la Contraloría, "la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC, el 7 de diciembre de 2018, suscribió el Acuerdo Comercial con Dragun USA LLP, para la transportación y trading de barriles de crudo de la compañía petrolera Petrochina, a través de la modalidad asociativa Mjolner Aframax Pool, con buques Aframax, propios de la EP FLOPEC, y alquilados bajo la modalidad  "Time Charter", en el cual las ganancias se distribuían por la figura de Profit Share".

Para el 10 de marzo de 2020, el entonces gerente de Flopec decidió, sin autorización del directorio modificar el contrato que se había suscrito en 2018, dando lugar a la participación de una empresa off shore constituida en las islas Marshall, llamada Amazonas Tanker. Para modificar el contrato original, se suscribió la Adenda 3, que cambió de manera sustancial los beneficios que recibía la Flopec y favoreció a los inversionistas extranjeros, presuntamente vinculados a la empresa de origen ruso Grunvor. El nuevo contrato significó la aplicación de una figura llamada "pool key" en donde la Flopec empezó a recibir menos dinero de lo que le costaba fletar los buques, en beneficio de los socios extranjeros. 

Para cumplir con este nuevo acuerdo, y dado que Flopec no tiene suficientes buques, la empresa estatal fletó cinco naves extranjeras, con precios diarios de entre 25 mil y 30 mil 500 dólares. El resultado del cambio de términos del contrato significó, según pudo establecer la Contraloría, que las ganancias para la Flopec en este negocio petrolero se redujeran en por lo menos $6´149 725, en el año 2020, debido a lo que la Contraloría consideró una inadecuada negociación que terminó favoreciendo a los socios extranjeros de la Flopec.

La Contraloría concluyó que "la adenda número tres para el cambio de modalidad asociativa de Acuerdo comercial con Dragun USA LLP a Amazonas Tanker Pool Company LLC, se realizó sin que previamente se cuente con informes técnicos, financieros y legales, y del análisis de riesgos; tampoco con una evaluación comercial y financiera de la ejecución de los Acuerdos de Participación "PPA", para suscribir la adenda de 1 de diciembre de 2020, por cuanto no se controló la negociación de los servicios de agenciamiento, ni se veló por el cumplimiento de los requerimientos comerciales por el cambio de modalidad asociativa relacionado con la revisión e informe respectivo del Business Plan  "Flopec- Mjolner Expanded Cooperation";  ocasionando que se contrate cinco buques tipo Aframax por períodos de 2 a 3 años, se incurra en gastos por alquiler, que en algunos meses fueron superiores al ingreso recibido por cada buque, y que, posterior al ingreso de la distribución de ganancias por la aplicación del  "Pool Key", exista una diferencia menor de 6´149 725".

¿Responsabilidad de Lasso?

Al analizar el caso, la Corte Constitucional estableció que "La inferencia de que el presidente Lasso Mendoza fue informado de los supuestos actos delictivos se basa en varias fuentes: (i) los audios difundidos por  medios  digitales;  (ii)  el  oficio  de  Johnny  Estupiñán,  exgerente  de FLOPEC de 23 de febrero de 2022 dirigido a la asambleísta Mireya Pazmiño con copia al presidente; y, (iii) la carta de la misma persona de 22 de marzo de 2022 en la que, además de describir el supuesto peculado, solicitó al presidente de la República una cita, pedido que no fue atendido".

"La Corte constata que la referida conclusión fáctica guarda conexión con los elementos típicos del delito de peculado, según la descripción contenida en el artículo  278  del  COIP,  sin  que  esto  implique  un  pronunciamiento  sobre  la materialidad o responsabilidad del cometimiento del delito por parte del presidente de la República", dice el dictamen de la Corte Constitucional sobre este caso.