Guacho no era un nombre desconocido para las fuerzas de Inteligencia militares y policiales del país. Pudimos conocer que los militares sabían de las andanzas de Guacho y sus secuaces desde agosto del 2017, es decir siete meses antes del primer atentado con explosivos en Esmeraldas.

Y en la Policía, Guacho y su amplia red en Ecuador fue investigada por agentes de inteligencia de primer nivel. La Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI), un cuerpo policial de élite creado por Rafael Correa para desactivar las amenazas al Presidente de la República, hizo los primeros seguimientos a Guacho y emitió las alertas de posibles atentados a los más altos jefes policiales.

La UGSI es un grupo especializado, de alta confiabilidad, discreto, para salvaguardar la seguridad interna de la Presidencia y sus entidades. Y también es un subsistema de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Rafael Correa confiaba sus huesos a estos policías muy bien preparados.

Accedimos a parte de los informes de esa unidad secreta sobre Guacho y su red de crimen y narcotráfico en Ecuador. Un posible secuestrado adicional, del que nada se sabía hasta el momento. Y confirmó que hay un espinoso lío judicial por las alertas que fueron emitidas por la UGSI antes del atentado en San Lorenzo a altos jefes de la Policía Nacional y autoridades políticas.

¿Por qué participó este grupo de élite en las primeras investigaciones del narcoterrorista Guacho? Un agente de esta unidad habló a condición del anonimato. Y aseguró que todo empezó porque la alerta de que se habían activado vendedores de armas ecuatorianos para el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Pensaron que esos terroristas que llevaban diálogos de paz, formales e informales, en Ecuador habían vuelto a sus andanzas en Ecuador. Pero no.

Esos mismos vendedores de armas se habían aliado al grupo de Guacho. Y ahora forman parte de una red que, según los expedientes, tiene presencia en cuatro provincias del Ecuador.

Guacho se esfumó…

Las únicas imágenes de Guacho están en un reportaje que realizó la cadena colombiana RCN, hace siete meses. Allí se observa al ecuatoriano vestido con una camiseta tipo polo y pantalón beige. Tiene un rifle de asalto que cuelga de su hombro y hay varios de sus secuaces a su alrededor. Ellos también armados. En esa entrevista explicó que es un guerrillero que no creyó en el proceso de paz ya que benefició únicamente a los altos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y que había regresado a la selva del sur de Colombia para seguir con sus actividades al margen de la ley. Todo esto fue luego de la masacre de Tumaco a inicios de octubre del año pasado. Pero antes ya fue procesado judicialmente en ese país por el secuestro de un grupo de policías. Esto en abril del 2017. Las autoridades colombianas le califican como organizador de masas, jefe financiero y explosivista de las FARC.

Alias Guacho, en una de las pocas fotografías que se le atribuyen.

Sin embargo, se pudo conocer que Guacho fue reportado como una amenaza desde agosto por Inteligencia Militar. Y después por la Policía Nacional.

En un informe policial secreto se ubicó a los familiares de Guacho. Armaron el árbol genealógico con las fotos de todos. La Policía del Ecuador tiene la certeza de que Guacho es ecuatoriano. Sus padres son Melido Arizala y Margarita Vernaza, ambos oriundos de la población de Limones, en Esmeraldas. Ellos procrearon cuatro hijos, dos de ellos constan como fallecidos, entre ellos Luis Alfredo Arizala Vernaza, ninguno tiene el nombre de Walter Patricio. Luis Alfredo sería Guacho.

Luis consta en el Registro Civil como fallecido a los 23 años, en el 2006. Y actualmente tendría 34 años. Ellos cotejan, en el informe, las fotos de Luis Alfredo y el terrorista que, para ellos, son la misma persona. Las circunstancias de la supuesta muerte no están esclarecidas. Lidia es una hermana de Guacho, que falleció a sus 40 años. Sus otros hermanos son Segundo Arízala, de 36 años, y Juan Arízala, de 30.

Sin embargo, este portal publicó, la semana pasada, que una partida de nacimiento fue incorporada al expediente judidicial en Quinindé iniciado por terrorismo. Los fiscales ecargados del caso enviaron una fotocopia certificada de la Dirección General del Registro Civil de la inscripción de nacimiento de Arízala Vernaza. Allí aparecen sus padres, según el reportaje, quienes dicen ser comerciantes y agricultores. Los hijos de la pareja no serían cuatro, sino nueve.

El informe policial también asegura que la madre vive en Mataje, y que lo haría con la exesposa del terrorista. Es una vivienda que pudiera estar rodeada de vigilancia y explosivos. El informe asegura que Guacho estuvo en esa casa el 31 de diciembre pasado donde invitó al pueblo de Mataje a ser parte del grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra. La seguridad de su madre está a cargo de uno de sus cómplices, alias Moto.

Por último, que bajo su mando estarían dos campamentos. Uno en Colombia, específicamente en el sector La Mina, y que para llegar a este lugar existe el trayecto San Lorenzo-Pan-Mugui-La Mina. Y el segundo, es un centro de entrenamiento que está ubicado en Ricaurte, Esmeraldas, cerca del río Tululbi. En este lugar estarían ocultos los más importantes miembros de su red de crimen y de narcóticos.

El comandante General de la Policía, general Ramiro Mantilla, dice que no conoce de estos campamentos. Aunque asevera que Guacho y su grupo de seguridad se mueven por el río Mataje, fronterizo entre Ecuador y Colombia. “Tienen casas de seguridad en la selva pero no se quedan más de una noche en cada lugar. Eventualmente nos dicen que pasa a Ecuador. Hemos hecho varios operativos para localizarlo, pero no hemos encontrado a nadie. Este tipo apagó los teléfonos celulares, no se comunica. Por eso, inclusive en Colombia se ha perdido señal de este tipo”, dice el alto oficial ecuatoriano.

El general Mantilla ya advierte de una parte del informe reservado al que accedió este portal. “Él tiene a un grupo de milicianos, gente del sector que se dedica al tema de tráfico de drogas. La frontera son 123 kilómetros en los que está la acción directa de estos grupos, y son 721 kilómetros que tenemos de frontera con Colombia”, dice.

La red de Los Guachos en Ecuador

Existe un informe reservado y elaborado por la UGSI, la unidad de élite de Inteligencia que esta dedicada al resguardo del presidente de la República, antes Rafael Correa y ahora Lenín Moreno. Esta información fue comunicada a los más altos jefes de la política en Ecuador. Incluso antes del atentado en el Cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero pasado.

Guacho lidera el frente de los disidentes de las FARC Oliver Sinisterra y despliega sus operaciones en Ecuador a través de la banda denominada Los Guachos. El lugarteniente es Jimmy Ch. quien opera en el cantón San Lorenzo y en los sectores de Lita, Ricaurte, Mataje, Limones y Puerto Rico. Jimmy Ch. es oriundo de Nueva Loja, Sucumbíos y coordina, es el encargado del sicariato, microtráfico, compra y venta de armas de fuego y municiones; informantes, asaltos y robos. Según las escuchas telefónicas, coordina sus fechorías con alias Guadaña.

El financiamiento de este grupo terrorista está en las actividades de narcotráfico internacional. Esta ala del grupo de Guacho lo maneja Jorge J. Él tiene control sobre cultivos de coca, traslado de los precursores químicos, su procesamiento, transportación y comercialización. Coordina el envío de cocaína a Estados Unidos usando submarinos. Trabaja, dice ese reporte, en Llorente y Puerto. Y se habría practicado una lipoescultura. Esta red de tráfico de drogas tendría un contacto en Pichincha y Santa Elena. Rubén J., quien sería familiar de Guacho según el reporte, tiene su domicilio en la Argelia, en el sur de Quito, y mantiene comunicación con Teófilo P., posible narcotraficante ubicado en Playas, Guayas.

El último eslabón de esta red de terror está en la provisión de armas. La UGSI detectó que esta parte de la organización de Guacho está al mando Segundo V., que oriundo del sector del Huyacopungo, Imbabura. En Mataje, indica el reporte reservado, conocen al grupo de Segundo V. como Los Chimbudos y se encargan específicamente de conseguir las municiones, explosivos y armas desde Otavalo. Han sido vistos en Mataje tomando contacto con gente de Guacho, dice el informe. En el extenso reporte, cerrado el pasado cuatro de febrero, se aseguró que este imbabureño estaba en Colombia. La Policía lo vincula con la venta de armamento al ELN y FARC.

Inteligencia también obtuvo las fotos de los cuatro vehículos utilizan la organización criminal y para el trasporte de personas y víveres al interior del campamento que está ubicado en Ricaurte. Circulan sin placas. Son cuatro y el propietario de uno de estos fue ubicado el sur de Quito. En las fotos de la mecánica de Mataje donde aparcaron estos vehículos hay otros de alta gama.

Asimismo, los agentes policiales descubrieron que Los Guachos tienen una red de espías e informantes que tienen trato directo con Arízala Vernaza. Uno de ellos, dice el reporte, fue identificado como Freddy M. y trabaja como taxista informal.

Hay otras 12 personas identificadas, con nombres y fotos, que colaboran con la red de Guacho y que son especialistas en explosivos, secuestro, robo, tráfico de drogas, reclutamiento… Algunos de ellos se escondieron en el campamento cerca de Ricaurte, dice el informe, luego del atentado al cuartel de Policía de San Lorenzo.

Finalmente, la UGSI tiene datos de la red de apoyo policial y de políticos de este grupo de terroristas. Esta información todavía no se hace pública.

El culebrón policial

Una presunta negligencia dio inicio a un proceso judicial que involucra a altos jefes de la Policía Nacional. Al parecer, no se atendió una advertencia. El 26 de enero de 2017 Pedro Luna, mayor de Policía y exjefe de la UGSI, advirtió a Washington Martínez, subdirector de la Dirección Nacional de Policía Judicial, que “se conoce que un grupo narco delictivo, conocido como Los de Guacho, estarían planificando realizar atentados en contra de instituciones y autoridades públicas (judiciales y Policía Nacional)”. El Mayor envió la alerta a través de Telegram a las 08:35, a menos de 24 horas de que estalle el coche bomba en los exteriores del Comando policial de San Lorenzo, en Esmeraldas.

Los restos del cuartel policial en San Lorenzo, Esmeraldas. 

Tal como consta en el expediente de la Fiscalía, a las 02:45 del 27 de enero, Luna envió un nuevo mensaje al Teniente Coronel. Esta vez, detalla que “están verificando la explosión, es en la parte de atrás del comando, al parecer un vehículo estacionado y detonan, me indican daños materiales, ventanales rotos, policías con cortes leves por los vidrios, se desconocen daños a civiles, posterior más información”.

¿Descuido o negligencia? Ramiro Mantilla, comandante General de la Policía, responde que si en la investigación, administrativa y de la Fiscalía, se determina que los oficiales fueron negligentes, habrá sanciones drásticas. “Cada uno tiene que aceptar su responsabilidad. Hay documentos por escrito en que cuando se recibió la alerta, se dio las disposiciones y, ya cada uno en el territorio, debe tomar las precauciones”. Pero las averiguaciones están en curso.

Ramiro Mantilla, a la izquierda, comandate general de la Policía.

De hecho, según el Comandante, esta semana se inician las pruebas de confianza a los oficiales que trabajaron en la zona de San Lorenzo. Esto implica que se someterán a exámenes de polígrafo, análisis socioeconómicos, psicológicos y toxicológicos. “Son fundamentales para determinar si el trabajo que realizaron estuvo dentro de los límites normales. Dicen que hay algunos que facilitaron el paso de la droga y precursores químicos, ellos van a ser sometidos a pruebas”, reconoce.

No obstante, el de enero de 2018 no fue el primer atentado que se le atribuye a Guacho en Ecuador. La investigación de la Fiscalía deja ver que la pista a Los Guachos venía desde hace varios meses. En el parte informativo -con fecha 6 de noviembre de 2017- firmado por Wilmer Édgar Ortiz Rodríguez, agente de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI), se indica que “alias ‘Washo’ y alias ‘Cholo’ habrían organizado el atentado contra el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA)”. En el ataque del 2 de noviembre, se detonaron granadas y realizaron disparos contra los miembros policiales de dicho grupo.

¿Por qué? La razón, según la fuente de Inteligencia consultada, sería que hubo inconvenientes en el “pago a la Policía”. Es decir, hay uniformados que habrían recibido dinero de los narcoterroristas y, a cambio, les permitían operar.

Es más, en la versión libre y voluntaria que rindió el exjefe de la UGSI, ante la Fiscalía, en febrero de 2018, explicó que el 6 de noviembre de 2017 conoció de la existencia de números telefónicos utilizados por Guacho, quien está vinculado a “acciones ilícitas en Esmeraldas”. Ese día, se iniciaron las investigaciones que, como primer resultado, arrojaron escuchas telefónicas en las que se conoció “información de carácter delictivo en torno a supuestos ajustes de cuentas y de delitos como venta de droga y armas de fuego, estableciendo una estructura criminal que estaría operando en el cantón de San Lorenzo”, según la declaración.

Esta información motivó, contó Luna a la Fiscalía, que el 22 de enero se efectúe una sesión ordinaria del Comité Nacional de Inteligencia (CONAIN). En la reunión se entregaron datos sobre la estructura de la “organización subversiva” Oliver Sinisterra, que tendría como “brazo delincuencial” a la banda De los Guachos.

En ese encuentro, cinco días antes del atentado, el director General de Inteligencia de la Policía Nacional, Santiago Mena Vallejo, dispuso un cruce de información con Ramiro Ortega, director Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), y Pedro Luna, de la UGSI. En efecto, esa coordinación se realizó al día siguiente, y también participaron Julio Vásquez, de la DNPJ; y Diego Puente, de la UGSI. El 26 de enero, Inteligencia informó que existía la posibilidad de una detonación con arma de fuego, posiblemente un artefacto explosivo, en una institución pública en San Lorenzo. La UGSI, entonces, elaboró un reporte de alerta de información. Esta fue enviada, a través de Telegram, a Santiago Mena, Ramiro Ortega, y Washington Martínez, de la DNPJ. Respondieron mediante llamada Ortega, Martínez y Vásquez. “Y no tuve respuesta telefónica de Santiago Mena”, consta en el expediente de la Fiscalía.

Luego del atentado en San Lorenzo, se desarrollaron otros dos encuentros. Esta vez, el cinco y seis de febrero, donde participaron el entonces ministro del Interior, César Navas, y su viceministro Andrés de la Vega. Solicitamos una entrevista con el ex Ministro y no obtuvimos respuesta. También se requirió la versión del Ministerio del Interior y el ocho de mayo se nos informó que la vocería fue designada al Ministerio de Defensa. Es decir, no hubo un pronunciamiento.

El pasado 4 de mayo, se solicitó mediante una carta dirigida al Comandante General de la Policía, una entrevista con los oficiales William Guevara Gudiño, Santiago Mena y Ramiro Ortega, quienes habrían conocido de las alertas antes del atentado por parte del mayor Pedro Luna y la UGSI. Tampoco se obtuvo respuesta.

Esta investigación también busca esclarecer los contactos entre los miembros de la Policía y los narcoterroristas. Por ejemplo, hay un parte del 20 de febrero firmado por Alejandro Zaldumbide, jefe de la Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo y ahora con protección policial. En el informe, el Mayor da a conocer que esa fecha recibió dos llamadas a su número celular. El interlocutor, que se identificó como integrante de las FARC, le solicitó que “hable con el alto mando policial para que dejen en paz las acciones armadas que están efectuando en contra de su organización; además, que les diga a los señores generales y gobernantes que retiren las fuerzas armadas de la frontera y que, de no cumplir con tal pedido, procederá a poner bombas en diferentes lugares del Ecuador, así como también a secuestrar a miembros policiales”. Al finalizar la comunicación, el supuesto disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dio un plazo de 24 horas para obtener resultados.

Sobrevivientes de masacre en Tumaco, ocurrida en octubre del 2017. En la zona, el gobierno colombiano había iniciado un proceso de reemplazo de cultivos ilícitos, dentro del marco del proceso de paz. Uno de los líderes de Tumaco, que entró en este proceso, fue asesinado por los narcos. Luego fueron asesinados otros seis campesinos, aparentemente por el mismo motivo.

El Comandante General de la Policía explica que tras la masacre en Tumaco (Colombia), de octubre de 2017, el oficial Zaldumbide colaboró con una unidad de Inteligencia para la captura de seis u ocho miembros de esa organización. ¿Entonces por qué se ponían en contacto con él? Mantilla responde que, según pobladores de la zona, “el Mayor entregaba su número de teléfono a mucha gente para que directamente tomen contacto con él y ayudar en el tema de seguridad”. Sin embargo, Zaldumbide está siendo sometido a una investigación. “Él ha pedido que le hagan pruebas de confianza, para que vean que nada tiene que ver”, afirma la máxima autoridad de la Policía.

Sucede que, por ejemplo, siete días después de aquella llamada, el 27 de febrero, el Jefe de la Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo redactó otro informe en que expone que recibió mensajes de WhatsApp desde un número colombiano escritos por una persona que se identificó como Andrés Sinisterra y también se autodenominó integrante de las FARC. En el chat mencionó que es un delegado de Guacho para iniciar un proceso de negociación en que se favorezca “a las partes”.

Días después, hacia el 5 de marzo, alias Sinisterra buscó nuevamente a Zaldumbide. Esta vez advirtió que “los días han pasado y no se tiene ningún resultado”.

La investigación sigue abierta y en manos del fiscal Wilson Toainga. La Fiscalía General del Estado informó que lleva adelante investigaciones relacionadas con las acciones de Guacho por terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Existen expedientes que se manejan desde la Fiscalía General (planta central Quito) y otras causas que se encuentran en Esmeraldas.

Algunos cabos sueltos

En este rompecabezas hay piezas sueltas. Por ejemplo, en un informe reservado de la Policía, que integra la investigación a Los Guachos, se confirma que Antonio Enrique Proaño Rueda fue secuestrado el pasado 31 de enero en San Lorenzo. Algo desconocido públicamente hasta ahora. El ecuatoriano, de 58 años, registra antecedentes legales por robo que datan de 2003.

Según información de la Dinased-Unase, proporcionada por el comandante Ramiro Mantilla, luego de que Proaño terminó el recorrido del personal de la empresa Palmeras de los Andes, un hombre de unos 19 años le pidió un aventón. Él accedió y a los pocos minutos el joven lo apuntó con un arma y le ordenó que detenga el vehículo. En ese momento subieron dos hombres más y obligaron que “conduzca por caminos desconocidos”.

Después, se comunicaron telefónicamente con la esposa del secuestrado y le exigieron 20 000 dólares para liberarlo. En ese momento, la mujer denunció la situación ante la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase). En la noche, Simbaña recibió una nueva llamada. Esta vez, se le informó que Antonio fue liberado; sin embargo, advirtieron que la contactarían al día siguiente para entregar el dinero acordado.

El 1 de febrero, cuando la mujer iba a entregar la plata a los secuestradores, se habría realizado un operativo policial en San Lorenzo, en el cual se detuvo a los ecuatorianos Andrés Jair Castillo Cortez y Líder Manuel Castillo Cortez, de 18 y 23 años, respectivamente. A ellos se responsabiliza del secuestro.

Cuatro meses después, el siete de mayo del 2018, Proaño, dice un informe revelado por Mantilla, recibió una “misiva extorsiva” en la cual textualmente le exigieron entregar 15 000 dólares. El monto supuestamente fue acordado entre el secuestrado y los delincuentes mientras estaba en cautiverio. “La Unase se encuentra brindando el respectivo asesoramiento y continúa investigando”.

Otro punto que falta por investigar es el de las fuentes humanas que entregan información a la Policía. El Comandante Mantilla reconoce que hay quienes han trabajado para la Fuerza Pública, como fuentes de información. “A veces les detectan, asesinan y les botan al río”. De hecho, informa que hace un tiempo -no recuerda hace cuánto- apareció un cadáver en el río Mataje, “pero no estoy tan seguro de si lo recogió Colombia o nosotros”.

Algo que también preocupa a la Policía y la Fiscalía son las amenazas a las autoridades políticas esmeraldeñas, que incluso llegaron a las autoridades de San Lorenzo. En uno de los mensajes de WhatsApp que dirigieron al oficial Alejandro Zaldumbide se le exige que se avise al “Alcalde de San Lorenzo que esos 20 000 que ofreció por el viejo, él lo mandó a duplicar para la cabeza del Alcalde vivo o muerto (…) Como policías y soldados de Ecuador se metieron a intervenir en una guerra que es de ustedes y, para que vean, tenemos gente en su país y ya no hay tregua”.

¿Quién es el patrón? ¿Quién es el viejo? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Intentamos entrevistar a Gustavo Samaniego, alcalde de San Lorenzo, pero su encargado de Relaciones Públicas no dio paso a un contacto.