El impacto de las investigaciones sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht llegó al Ecuador. El  Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó en un dictamen publicado el 21 de diciembre de 2016 y presentado como una demanda ante una Corte de ese país, que el grupo brasileño Odebrecht pagó por sobornos a funcionarios por los menos USD 439 millones en unos doce países, entre esos el Ecuador. En nuestro país, la constructora brasileña habría pagado por lo menos USD 33,5 millones en algún momento en el periodo comprendido desde 2007 a 2016 por contratados valorados en USD 116 millones.

Según el apartado 56 de la demanda en inglés, la constructora brasileña habría pagado los sobornos "a oficiales del Gobierno" del Ecuador. Según el apartado 57, cuando entre 2007 y 2008 la empresa tuvo problemas con un contrato de construcción en nuestro país, hizo pagos en efectivo a un funcionario para resolver esos problemas. Dicho funcionario actuó como negociador con las autoridades del Gobierno de Rafael Correa. Los dos párrafos referidos al Ecuador no revelan la identidad del o los funcionarios involucrados.

Según el diario Folha de Sao Paulo, que publica el documento de la demanda por la cual Odebrecht ha sido multada por Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países, ese sería el presunto monto de los pagos irregulares en el Ecuador.

La práctica indiscriminada de sobornos a funcionarios por parte de Odebrecht le produjo no menos de  USD 12 mil millones en contratos en unos 100 proyectos en doce países como Ecuador, Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Por su parte, la  Fiscalía General del Estado dijo en redes sociales que pidió a Brasil información relacionada con el Caso Odebrecht y que hará lo propio con el Departamento de Justicia de EE.UU.

El fiscal Galo Chiriboga calificó como "coincidencia entre comillas" a la presentación de la demanda, justo en momentos en que se desarrolla la campaña electoral en nuestro país. A pesar de dichas comillas, ofreció iniciar una indagatoria. 

Según las autoridades estadounidenses la red de corrupción funcionó entre el 2001 y el 2016 (en el caso ecuatoriano de 2007 a 2016, aunque da un solo ejemplo entre 2007 y 2008). La Procuraduría General de Brasil que receptó las delaciones de los funcionarios de Odebrecht nunca había divulgado esas informaciones ni esas cifras.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sung-hee Suh, dijo que "Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios de Odebrecht, oculta y funcional, que podríamos llamar 'Departamento de Sobornos', que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes".

Solo en su propio país, la empresa habría pagado  USD 599 millones de dólares en sobornos para servidores públicos, abogados y políticos.

Los contratos 

En 2008, Odebrecht tuvo cuatro contratos: el Proyecto Multipropósito Baba, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, el sistema Carrizal-Chone y el aeropuerto de Tena.

En mayo de 2013, se acreditó la construcción de un poliducto y obras adicionales para el transporte de combustibles en el sur de Ecuador con Petroecuador.

En septiembre del 2013, se adjudicó los trabajos de construcción del acueducto que llevará agua desde la represa La Esperanza, en el cantón Bolívar, hasta la Refinería del Pacífico, ubicada entre Manta y Montecristi, Manabí.

Otras obras en nuestro país han sido la construcción del Trasvase Santa Elena en la provincia de Guayas, el Ocipse (obras complementarias para península de Santa Elena) para darle acceso a agua potable y alcantarillado sanitario a 16 poblaciones urbanas y rurales de Guayas; el Trasvase Daule-Vinces en el río Daule, de 93 m³/s, la Refinería del Pacífico, con movimientos de tierra y oros trabajos para la futura refinería; el Trasvase Manabí, desde la presa La Esperanza, para abastecimiento de agua; el Proyecto Carrizal-Chone para manejo hídrico en Manabí; la Central hidroeléctrica del Proyecto Manduriacu; la Ruta Viva, fase 1 y fase 2; tres tramos de la vía Interoceánica Norte; la Central de Pucará, con la construcción de un túnel By-Pass de 900 metros; la Central San Francisco, que aprovecha el caudal de agua proveniente de la Central Hidroeléctrica Agoyán, entre otros. 

Actualmente, la brasileña sigue ejecutando algunas obras en el país, como la Fase I y II de la Línea 1 del Metro de Quito, el Acueducto La Esperanza,  y el Poliducto Pascuales-Cuenca.

Reacción del Gobierno

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, insinuó que los pagos podrían haber sido hechos a un intermediario que no sería funcionario público, y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos en nuestro país. 

Asambleístas de oposición, por su parte, responsabilizaron al vicepresidente de la República y actual candidato a la reelección, Jorge Glas, de posibles actos de corrupción relacionados con el hecho. Glas había realizado en el pasado declaraciones justificando algunos de los contratos que la empresa brasileña obtuvo en nuestro país. 

800 documentos en Brasil

Mientras tanto, en Brasil, la oficina del Procurador General entregó, al ministro juez relator del caso Lava Jato, Teori Zavascki, las declaraciones hechas por 77 ejecutivos de Odebrecht. Esta documentación —con alrededor de 800 documentos— fue guardada en un caja de seguridad en el Tribunal Supremo de Brasil y fue declarada como secreto judicial. La justicia brasileña se tomará todo el mes de enero del 2017 para hacer las comprobaciones derivadas de las declaraciones, y se espera que en febrero haya las primeras informaciones concretas de casos de corrupción en Brasil y demás países de América Latina.