El 22 de mayo de este año, el periodista cubano, residente en Miami, Carlos Alberto Montaner, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, IID (por sus siglas en inglés), y su director ejecutivo, el boliviano Carlos Sánchez Bersain, pidieron una cita al presidente de la República. La carta es una de las acciones del IID en favor de la causa para la liberación del ex asambleísta, Galo Lara Yépez, detenido en la cárcel de Guayaquil, por una sentencia de diez años de prisión por complicidad en un triple asesinato. 

Semanas antes, el 7 de mayo, dos ejecutivos de esa entidad internacional, el cubano Armando Valladares y el ecuatoriano Marcel Feraud lograron autorización para hacer una "visita humanitaria" a la celda de Galo Lara, y de esta visita elaboraron un informe. El pedido de audiencia al presidente Moreno es para presentarle en persona los resultados de ese informe. 

Mientras tanto, el Gobierno nacional ha dado señales de que toma en serie los pedidos de diversos sectores políticos y sociales para que se revea la condena a Galo Lara. Su defensa ha mamtenido siempre que el ex asambleísta fue víctima de un montaje policial y fiscal para acusarlo de un crimen que no cometió, todo esto a instancias —dice su defensa— de autoridades del gobierno de Rafael Correa. El motivo, dice la defensa, es "una venganza" del ex presidente por las constantes denuncias que Galo Lara hiciera desde su curul —de la cual fue despojado— de casos de corrupción durante el gobierno de Correa. 

En efecto, el secretario de Comunicación del gobierno, Andrés Michelena, adminitió en una entrevista televisiva en Canal Uno, el 27 de mayo, que "El caso de Galo Lara es motivo de preocupación para el presidente Lenín Moreno, por ese motivo recibirá información de la delegación humanitaria del Instituto Interamericano para la Democracia, que lo visitó en la cárcel, para tomar la mejor decisión. Para rever la decisión judicial, que en tercera instancia condenó a Galo Lara, sus defensores están pidiendo un indulto presidencial, debido no solo a lo que consideran un caso de indebido proceso y abuso judicial, sino además por la deteriorada salud del exasambleísta, que padece una diabetes avanzada. 

En febrero del 2018, la Corte Nacional de Justicia negó un recurso de revisión, interpuesto por su defensa. Según los jueces de la Corte, la defensa de Lara no presentó pruebas suficientes que permitan a los jueces cambiar la sentencia. Para Juan Vizueta, abogado de Lara, su defendido había presentado a la CNJ dos pruebas esenciales para tal efecto: la una, que el dinero que según la Fiscalía fue usado para pagar a los sicarios fue transferido por Lara a su conviviente, Carolina Llanos, para pagar el parto de sus gemelos.  Llanos está sentenciada por el mismo triple crimen de Quinsaloma, en calidad de autora intelectual. La otra prueba era que el teléfono de Lara con el cual se hicieron las llamadas con las que se habría ordenado el hecho de sangre, fue comprado por el ex asambleísta días después de las supuestas llamadas. Por tanto, resultaba imposible que Lara lo haya usado. 

Vizueta presentó siete documentos y un testimonio, el del ex diputado Luis Almeida, quien en declaración ante los jueces afirmó que una persona vinculada a las víctimas le había dicho que la acusación de Lara fue parte de un montaje policial. Nada de esto convenció a los jueces. 

Lara había permanecido en Panama, prófugo de la justicia, luego de que recibiera sentencia condenatoria en segunda instancia. Antes de ello, había sido declarado inocente por falta de pruebas, pero a instancias de la Fiscalía se apeló la sentencia. Para acusarlo, el fiscal general de entonces, Galo Chiriboga, usó el testimonio de un ciudadano de Los Ríos, enemistado con Lara, el cual cumplía a su vez una condena por asesinato. Alex Cedeño se acogió a un proceso de colaboración eficaz y denunció que una de las víctimas del crimen de Quinsaloma se le había acercado y le confesó que Galo Lara lo había amenazado de muerte.  Ese testimonio fue la prueba objetiva para condenar a Lara. 

Lara obtuvo asilo político en Panamá, cuando probó que sufría de persecución del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en un proceso obscuro e inédito en la historia de asilos de Panamá, la protección de Lara fue revocada. Finalmente fue detenido en diciembre del 2014 y trasladado a Ecuador con un gran despliegue por parte del aparato de propaganda del gobierno de Correa. La cuenta de Twitter del Ministerio del Interior difundió constantemente imágenes de Lara con cadenas en manos y pies y con chaleco antibalas. Luego cambiaron sus cadenas por esposas. Desde entonces permaneció detenido en la cárcel de Latacunga, y en agosto del 2015 fue trasladado a la cárcel de Guayaquil.

La defensa de Lara y sus familiares han difundido constantemente cartas del exasambleísta, en las cuales denuncia que el sistema carcelario del país le niega acceso a medicinas e insumos para combatir su enfermedad crónica, las condiciones en que permanece detenido y las dificultades para recibir visitas por parte de su defensa y su familia. 

Ahora, los ejecutivos del Instituto Iberamericano para la Democracia esperan la audiencia solicitada al presidente Moreno; mientras tanto, personajes públicos como Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción; Fabricio Correa, el expresidente Lucio Gutiérrez; el excandidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, al igual que Emilio Palacio —quien hizo un informe periodístico de los antecedentes del caso— y organismos de Derechos Humanos, han abogado públicamente por el indulto presidencial para Galo Lara.