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28 de Agosto del 2017
Historias
Lectura: 12 minutos
28 de Agosto del 2017
Redacción Plan V
Galo Lara: ¿preso político?

Galo Lara ingresa a una de las audiencias y es conducido por agentes de seguridad. Fue condenado a 10 años por complicidad por un triple crimen en Quinsacocha. Su defensa pidió a la CNJ la revisión de la sentencia.

 

Galo Lara guarda prisión en la cárcel de Guayaquil, sentenciado a diez años por complicidad de un triple crimen ocurrido en la comunidad de Quinsacocha, Los Ríos, presuntamente cometido por su conviviente y madre de dos de sus hijos, Carolina Llanos, quien también está presa. Ahora, sus abogados adjuntan nuevas pruebas que demostrarían que la investigación fiscal fue un montaje dirigido a detener y castigar la actividad fiscalizadora de este opositor al gobierno de Rafael Correa.

Juan Vizueta, el abogado guayaquileño debió sortear el paro de buses en la capital de la República para llegar a las diez en punto a la Corte Nacional de Justicia, para presentar el recurso de revisión de la sentencia de su defendido, Galo Lara Yépez. No solo eso le pasó a él y a su grupo de otros tres abogados del Puerto Principal que lo acompañaron. Al llegar hasta la Secretaría de la Corte para ingresar el escrito de 35 páginas con sus anexos, el funcionario judicial —y Vizueta— se topó con que el campo Recurso de Revisión no estaba instalado en el sistema informático de la Corte. Esto hacía imposible recibir el escrito. Una hora después el problema seguía sin resolverse; la mayoría de los pocos medios a los cuales interesó el tema optaron por irse y solo dos reporteros subieron hasta el segundo piso del edificio situado en la zona bancaria y ahora judicial del centro norte de Quito. Al final, luego de dos horas de paciencia de los abogados y de los reporteros,  y de las malas caras de las funcionarias judiciales, los técnicos de la Corte lograron resolver el tema. 

Es el último recurso de Galo Lara y por eso la tolerancia de Juan Vizueta tuvo que extremarse. En el escrito se adjuntan nuevas pruebas y se insiste en otras que no fueron tomadas en cuenta durante el proceso que sentenció a Lara. 

Los abogados del exasambleísta Galo Lara consideran que durante el gobierno de Rafael Correa se montó una falsa acusación contra su defendido, como retaliación por los más de 30 casos de presunta corrupción que denunció durante su mandato como asambleísta por Los Ríos. Para demostrar sus afirmaciones, Galo Lara señaló en su escrito a la Corte que los argumentos de la sentencia del 27 de agosto del 2013 en su contra son espurios. Esta sentencia fue producto de una apelación a la sentencia previa de otra Sala de lo Penal de la Corte —compuesta por los jueces Vicente Robalino, Lucy Blacio y Johnny Salcedo— que ratificó la inocencia de Lara, sentencia que fue notificada el 2 de enero del 2013. Esta sentencia fue apelada por las acusadoras particulares Clemencia Avendaño y Libia Parco. 

"Se había evidenciado una negociación entre la Fiscalía y Alex Cedeño Molina; la misma consistía en que Cedeño tenía que culpar a Galo Lara y la Fiscalía le prestaba su colaboración dentro del proceso penal en el que Cedeño se encontraba procesado por el asesinato de un campesino en San Juan de Puebloviejo".

Los elementos de convicción que adujo la Sala Especializada de los Penal del Corte Nacional —conformada por la jueza nacional Ximena Vintimilla y los conjueces Zulema Pachacama y Édgar Flores— para aceptar la prueba actuada por la Fiscalía General del Estado —dirigida entonces por Galo Chiriboga Zambrano— fueron: el testimonio de Alex Vicente Cedeño Molina, quien dijo ante el tribunal que "Carlos Llanos, antes de que sea asesinado le ha manifestado que Carolina Llanos y Galo Lara le han amenazado de muerte". En el recurso de revisión puesto por la defensa de Lara señala que el primer tribunal penal de la Corte, que declaró la inocencia de Lara motivaron de manera suficiente las razones por las que no acogieron los testimonios (...) y que el tribunal dio suficientes razones para no aceptarlo "al señalar que dicho testimonio fue descalificado —no solo— por manifiesta odiosidad en contra de Galo Lara, sino que además se había evidenciado una negociación entre la Fiscalía y Alex Cedeño Molina; la misma consistía en que Cedeño tenía que culpar a Galo Lara y la Fiscalía le prestaba su colaboración dentro del proceso penal en el que Cedeño se encontraba procesado por el asesinato de un campesino en San Juan de Puebloviejo, en el cual, pese a existir suficientes pruebas que lo incriminaban,  la Fiscalía no se opuso a que se le otorgue su libertad". 

Para demostrar sus asertos sobre Cedeño, la defensa de Lara pide, en calidad de prueba, el testimonio del abogado y exlegislador, Luis Almeida Morán, "con el que se evidenciará que el testimonio de Alex Cedeño Molina en contra del compareciente obedeció a una negociación entre la Fiscalía y Cedeño Molina, la misma que consistía en que Cedeño tenía que culpar a Galo Lara y, a su vez, la Fiscalía le prestaba su colaboración dentro del proceso penal en el que Cedeño estaba procesado, por el asesinato de un campesino y el que, pese a existir suficientes pruebas que lo incriminaban, la Fiscalía en audiencia no se opuso a que se le otorgue la libertad". Respecto a este testigo en contra de Lara, cuyo testimonio fue clave para justificar la condena, la defensa de Lara presentó a la Corte también un informe criminalístico del 14 de julio del 2012, presentado en la fiscalía de Puebloviejo, referente a la muerte de Caludo Cortez. En este informe se afirma que las balas encontradas en el cuerpo del occiso corresponden al arma registrada a nombre de Alex Cedeño.

La Sala Penal que sentenció a Lara también recogió como válidos los testimonios de dos testigos, quienes dijeron en el proceso que Carlos Llanos, días antes de su muerte les "ha comentado que está siendo amenazado por Carolina Llanos y Galo Lara". En el recurso de revisión presentado, la defensa del exasambleísta no da por serios estos testimonios pues se trata de "testigos de oídas", es decir testigos que relatan lo que escuchan de terceras personas; es decir, supuestas amenazas que no fueron verificadas. 

El otro punto que para la Sala Penal fue determinante fue "la relación que existía entre Lara y Carolina Llanos". Y ahí aparecen varios depósitos desde la cuenta de la esposa del socio de Lara en el negocio de venta de vehículos refaccionados. La corte dice que desde la cuenta de la esposa del socio se hicieron depósitos el 3 y 4 de agosto del 2011, "es decir, un día antes de ocurrido los hechos", o sea el triple crimen, y el día mismo de los hechos se realizaron dos transferencias de 1000 y 2600 dólares a la cuenta de Carolina Llanos. Estos, dijo la Sala Penal en la sentencia, "son indicios de su participación en el ilícito materia del presente proceso penal; el hecho de que existan depósitos en su cuenta por 3600 dólares el día anterior y el día después después de ocurridos los hechos, son indicios ciertos de la participación del acusado, más si tomamos en cuenta que el homicidio de la familia Llanos Parco se habría hecho mediante promesas de pago, y quien ha ofrecido pagar ha sido Carolina Llanos, según se desprende de la versión del sargento Ernesto Aguilar Macías, y que ha se habría pagado 5.000 dólares de un total de 30.000 a los autores materiales del asesinato, según versión de Bolívar López Santana y que quien pagaba ese dinero era Carolina Llanos. La defensa —dijo el tribunal— no ha justificado el destino que se ha dado a los montos trasladados a la cuenta de Carolina Llanos (...) por pedido de Tito Galo Lara Yépez. Consta además que existen cheques girados por el acusado y cobrados por Gilbert Gualberto Llanos Romero, uno por 3500 dólares, cobrado el 4 de agosto del 2011 y otro por 5.000 dólares cobrado el día 5 de agosto del 2011, sin que tampoco se haya podido justificar el destino de esos dineros. Llanos Romero, hermano de Carolina Llanos, también ha sido acusado en este proceso penal, pero por encontrarse prófugo, su tramitación en esta causa jurídica está suspendida".

Juan Vizueta entregó, como anexos al recurso de revisión dos facturas de Omni Hospital a nombre de Carlina Llanos por el alumbramiento de gemelos, por un total de 1.489 dólares. Carolina Llanos dio a luz el 2 de agosto del 2011 y fue dada de alta el 4 de agosto.

Sobre la frase del tribunal de que "la defensa no ha justificado el destino que se ha dado a los montos de dinero", el recurso de revisión apela a la presunción de inocencia, pues "resulta repudiable y hasta escandaloso (...) aberrante y ofensivo a la hermenéutica el que la Sala que sentenció a Lara haya desconocido principios fundamentales del derecho procesal penal, como es el principio de presunción de inocencia  o estado jurídico de inocencia", mientras no se pruebe con debida certeza la atribución del delito al acusado, fuera de toda duda.

Para ello, Juan Vizueta entregó, como anexos al recurso de revisión dos facturas de Omni Hospital a nombre de Carlina Llanos por el alumbramiento de gemelos, por un total de 1.489 dólares. Carolina Llanos dio a luz el 2 de agosto del 2011 y fue dada de alta el 4 de agosto.  Entre esos días ocurrió el triple asesinato. Con estas pruebas documentales, la defensa busca demostrar la relación que existe entre Lara y Llanos, "por la cual el compareciente efectuaba habitualmente depósitos bancarios a la cuenta de la señora Llanos Romero, más aún por los gastos generados por el preparto, parto y posparto de sus gemelos".

Galo Lara ha pedido se fije día y hora para que un tribunal conozca este recurso, y que si este ratifica su inocencia como ocurrió por la primera Sala que juzgó su participación en los hechos, pues "se ha condenado a una persona que no es responsable del delito por el que se la condenó". Lara Yépez también pide reparación integral por sus años en prisión. Para Juan Vizueta, su abogado, este es el momento de presentar el recurso, pues confía en la palabra del presidente Lenín Moreno de que no meterá las manos en la justicia, y recuerda que en el gobierno anterior, durante las audiencias "funcionarios del Ministerio del Interior llegaron a la sala a presionar a los jueces".

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