Galo Lara logró la libertad tras una lucha legal de varios años en la que siempre alegó su inocencia. El ex asambleísta, condenado como cómplice de un triple homicidio, había sido sentenciado a diez años de prisión y al cumplir el 41% de la pena se pudo acoger a los beneficios de la prelibertad, tal como había planteado el Ministerio de Justicia. Aunque se había propuesto un indulto presidencial para Lara, este finalmente no se concretó. 

Pero las dudas sobre si Galo Lara fue involucrado en el crimen por órdenes del Gobierno de Rafael Correa, al que fiscalizaba como asambleísta de oposición en el Poder Legislativo, se hacen cada vez más profundas. Había tres escenarios en la búsqueda de libertad del político fluminense: la declaratoria de nulidad del juicio, la prelibertad que ofrecería el Gobierno por medio del Ministerio de Justicia y la reducción de pena que ha planteado su defensa. 

Las conclusiones de la misión humanitaria: el juicio es nulo 

La semana pasada, en una rueda de prensa en un hotel del Centro Histórico de Quito, el embajador cubano americano Armando Valladares y el abogado Marcel Feraud, del Instituto Interamericano por la Democracia, una entidad con sede en Miami, presentaron las conclusiones de la visita humanitaria que realizaron a Galo Lara en la cárcel de Guayaquil, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2018. 

Según los delegados del Instituto, el ex asambleísta, quien huyó a Panamá en donde obtuvo asilo político, que luego le fue retirado y fue entregado a la justicia ecuatoriana, "presenta claras evidencias de maltrato físico y sicológico". Los delegados aseguraron que vieron cicatrices en los talones de Lara "producto de grilletes" y lo encontraron con lesiones en los pies de origen diabético. 

Además, aseguran que Lara ha perdido la visión en el ojo derecho y la audición en el oído izquierdo, además de un acúfeno en los oídos, insomnio, ansiedad y depresión. Las complicaciones de salud de Lara incluyen problemas cardíacos, tensión arterial alta, problemas renales y dependencia a la insulina. 

Armando Valladares y Marcel Feraud (centro) del Instituto Interamericano por la Democracia, estuvieron acompañados del ex presidente Lucio Gutiérrez y de Fernando Balda, entre otros. 

Según el Instituto, los informes médicos del Ministerio de Justicia son falsos, pues a pesar de que se informó que recibía atención médica, se descartó que se le haya brindado efectivamente. 

Para el Instituto, hay prueba "evidente y abundante" de que la persecución del Gobierno de Correa y su aparato judicial contra Lara tenía relación con sus tareas de fiscalización política desde la Asamblea Nacional. 

El Instituto señala que Juan Vizueta, abogado defensor de Lara y actual director del Consejo de la Judicatura, publicó un libro sobre el tema. 

Para Valladares y Feraud, es evidente que el juicio debe ser anulado, pues el Instituto cree que el triple asesinato de Quinsaloma fue cometido por otra persona y no por orden de Carolina Llanos, la conviviente de Lara a quien la justicia condenó como autora intelectual. Por haber facilitado dinero a Llanos, se condenó a Lara como cómplice. 

Pero el Instituto sostiene que la Fiscalía y los jueces ecuatorianos actuaron de una manera que "no resiste el más elemental análisis jurídico". A pesar de que en primera instancia fue absuelto, la apelación de los familiares llevó a la condena de Lara, sin que se presentara prueba nueva que motivara el cambio del fallo. 

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Si Galo Lara y su conviviente no ordenaron el asesinato ni estuvieron detrás de los sicarios -quienes inclusiven ultimaron a un bebé de tres años y quemaron la modesta casa de las víctimas- ¿qué pasó en Quinsaloma?

Los voceros del Instituto creen que la Fiscalía no investigó un primer crimen, ocurrido el 6 de junio de 2011, en el que se asesinó en el mismo pueblo de Los Ríos a David Romero. El autor del asesinato habría sido Carlos Llanos, quien luego perecería ultimado a su vez junto a su mujer y su hijo. Según la información obtenida por el Instituto, Romero fue asesinado por Llanos y su cuerpo fue incinerado en un colchón. Un hermano de Romero, llamado Kléver habría jurado venganza y sería el autor del triple crimen contra los Llanos, pero "la Fiscalía ni investigó y Romero fue beneficiado con un sobreseimiento a su favor". 

Otra pieza que no cuadra para el Instituto es que el testigo de cargo contra Galo Lara, llamado Álex Cedeño, tenía a su vez pruebas en su contra como un informe de balística que lo involucraba en el crimen. Pero la Fiscalía no solo que no lo acusó, sino que lo liberó y luego lo presentó como testigo contra Lara.

Un testigo de la Fiscalía, de apellido Veliz, aseguró que la Policía le ofreció USD 20 mil para que incrimine a Lara, lo que tampoco fue investigado. 

Según la Fiscalía y los jueces, otra de las pruebas contra Lara fue un cheque de USD 3500 que emitió a favor del hermano de Carolina Llanos, que supuestamente habría sido usado para pagar a los sicarios. Pero el Instituto cree que Lara dice la verdad al afirmar que el dinero fue entregado a los Llanos para pagar la cuenta del nacimiento de dos hijos gemelos que Lara tuvo con Llanos y que nacieron en una clínica de Guayaquil. 

La Fiscalía también sostuvo que los sicarios tenían un número de teléfono de Galo Lara, pero el Instituto sostiene que dicha línea perteneció en fecha posterior al crimen a Lara. Aunque se admite que Lara y Llanos hablaron por teléfono el día del crimen, el Instituto sostiene que fueron para asuntos familiares. 

Para el Instituto, no hay un móvil que justifique que Lara y su conviviente hayan ordenado el asesinato, aunque admite que se ha planteado que Carlos Llanos habría tenido un romance con Carolina Llanos -con quien tenía parentezco- hace 17 años. El Instituto sostiene que no habría un movil para que Llanos y Lara mandaran a asesinar al bebé de tres años que murió en Quinsaloma. Tanto Valladares como Feraud destacan la falta de independencia de la Fiscalía y los jueces durante el correato, que se evidenciaron en violaciones al debido proceso. 

Otro aspecto que llamó la atención de la misión humanitaria fue la forma en la que el Gobierno correísta logró que Panamá revoque el asilo de Galo Lara en ese país. Huyendo por Colombia tras la orden de prisión en su contra, Lara había llegado a Ciudad de Panamá, en donde obtuvo asilo político. Según el Instituto, la revocatoria del asilo a Galo Lara tuvo relación con un acuerdo político, y se le canjeó por un buque panameño, el Doria, capturado por el Ecuador con droga.

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La misión del Instituto tuvo cuatro conclusiones: en primer lugar, la serie de violaciones procesales cometidas por la Fiscalía y los jueces ecuatorianos serían motivo suficiente para declarar la nulidad del proceso. Hubo una "evidente manipulación judicial al involucrar al ex asambleísta, sin pruebas, en un triple crimen", estimó el Instituto. Se habrían violado principios como la independencia judicial, así como normas tanto de la Constitución ecuatoriana y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial las que garantizan "el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de igualdad jurídica e independencia de los jueces". 

Otras conclusiones son que Galo Lara es un perseguido político, y que ha sido sometido a tratos inhumanos y crueles, que han afectado sus salud. Por ello, el Instituto ha pedido la libertad inmediata del ex asambleísta. 

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La postura del Gobierno: prelibertad en vez de indulto

La misión del Instituto obtuvo una fría recepción del Gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno y en especial de la ministra de Justicia, Rossana Alvarado, conocida por su militancia con el correísmo. 

Aunque Valladares y Feraud se reunieron con la ministra, criticaron que la encontraron muy a la defensiva. Al respecto, la secretaria de Estado declaró que una de las salidas al caso de Lara sería la prelibertad, lo que hace pensar que el indulto presidencial podría no estar siendo analizado por el Gobierno morenista. 

Alvarado dijo que Lara ya podría salir en libertad, pues ha cumplido más del 40% de la pena de diez años de prisión que le fue impuesta.  Para la política cuencana, el informe del Instituto “Está plagado de faltas de ortografía, inconsistencias y falsedades... Es un informe que tiene muy poco de cierto, muy muy poco”, y dijo que nunca se han producido maltratos contra Lara en las cárceles que regenta el Ministerio de Justicia.  “El Ministerio arma el expediente, da fe de cuál es el porcentaje de cumplimiento de la pena, que en este caso, del señor Galo Lara, es de alrededor del 41%”, dijo la ministra, quien aseguró que enviará el documento para consideración de los jueces. Se aplicaría en este caso el Código Penal antiguo, que establecía la prelibertad luego de cumplir el 40% de la pena.  Pero la ministra arremetió contra Lara :“es rarísimo que una persona que dice ser torturada, maltratada, agredida, que no tiene zapatos... se niegue a salir libre”, pues el reo debe aceptar el trámite y Lara no lo habría hecho.  “Lo que no se hace visible en el documento es que es la persona privada de libertad la que no quiere firmar para obtener sus beneficios de prelibertad”, cuestionó la ministra Alvarado. 

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De esta forma, el Gobierno podría estar buscando otra salida distinta a la del indulto, que había sido planteado por su defensa. 

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Las nuevas acciones de la defensa

En febrero del 2018, la Corte Nacional de Justicia negó un recurso de revisión, interpuesto por su defensa. Según los jueces de la Corte, la defensa de Lara no presentó pruebas suficientes que permitan a los jueces cambiar la sentencia. Para Juan Vizueta, entonces abogado de Lara,  presentó siete documentos y un testimonio, el del ex diputado Luis Almeida, quien en declaración ante los jueces afirmó que una persona vinculada a las víctimas le había dicho que la acusación de Lara fue parte de un montaje policial. Nada de esto convenció a los jueces.

En el libro "El precio de fiscalizar al correísmo", el ex abogado de Lara y actual director del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta, realiza un alegato por la inocencia de su cliente. En el libro de 163 páginas, Vizueta reseña las ocho denuncias más importantes de Lara como asambleísta en contra del correato. Así, recuerda la deuncia de Lara sobre los servicios exequiales que brindaba Seguros Sucre, en la cual acusó al actual funcionario del Palacio de Gobierno Santiago Cuesta. Habla del caso de la Narcovalija, en donde la policía de Italia encontró droga en unos jarrones que fueron enviados por la valija diplomática del Servicio Exterior ecuatoriano. Recuerda sus denuncias contra Pedro Delgado, primo del ex presidente Correa que fue nombrado como administrador del Fideicomiso No más impunidad y presidente del Banco Central del Ecuador. La denuncia de Vialmesa, una empresa vinculada a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, que recibió contratos para el transporte de úrea en la Costa. El caso de los radares chinos, equipo comprado para la Fuerza Aérea para el control del cielo nacional que resultó inservible. El caso de la Cervecería Nacional, en donde se denunció una red de coimas en la Corte Constitucional. Los sobreprecios en las carreteras del correato y, finalmente, los casos de ventas de crudo a Petrochina. Según se explica en el libro, Lara, quien fue representante de Los Ríos entre 2007 y 2012, realizó por lo menos 30 denuncias de corrupción del Gobierno correísta. Esto motivó que Correa lo demande por injurias y que se pidiera en tres ocasiones el retiro de su imnuminidad parlamentaria, así como el uso del aparato de propaganda del Estado en su contra, que le habría dedicado 307 cadenas de televisión. 

En el segundo capítulo del libro, Vizueta recuerda el juicio por el crimen de Quinsaloma, en el que defendió a Lara y por el que fue sentenciado a prisión. Denuncia también la agresión que sufrió en la cárcel Carolina Llanos, la conviviente de Lara acusada de ser la autora intelectual del triple crimen y califica como injusta la sentencia de 20 años de cárcel en su contra. Llanos, según se relata en el libro, fue golpeada por otras internas y esto le produjo un aborto. En el libro, escrito con abundante metalenguaje jurídico, Vizueta recuerda que en primera instancia se declaró inocente a Lara, pero luego la sentencia fue revocada por la Corte de apelación y cambiada por otra de diez años de prisión. La prueba que se usó para condenar a Llanos fueron testimonios de personas que dijeron que ella acosaba y amenazaba constantemente a la víctima del crimen, su esposa y su hijo. 

El capítulo final del libro recoge el escape fallido de Lara hacia Panamá, país que le concedió asilo político y luego lo revocó, en el marco de una negociación por la devolución de un buque de ese país capturado con droga. 

La defensa de Lara, en cambio, insistió la semana anterior en la presentación de recursos. Una nueva línea de acción de la defensa de Lara es pedir la reducción de la pena, una vez que otros recursos han sido negados por el sistema judicial. Tras conocerse el fallo de la justicia, Lara anunció que quien irá a la cárcel será Rafael Correa. En la audiencia estuvo acompañado por los ex presidentes Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, y por políticos como Lourdes Tibán.