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3 de Octubre del 2017
Historias
Lectura: 11 minutos
3 de Octubre del 2017
Redacción Plan V
Guía rápida para entender la consulta popular de Moreno

Foto: Luis Argüello

La consulta popular podría tener lugar en diciembre de 2017 o máximo en enero de 2018, si se cumplen los plazos legales e institucionales. 

 

Siete preguntas remitió el Ejecutivo a la Corte Constitucional para su calificación, divididas en una consulta y un referéndum. Algunas recogen aspiraciones de sectores sociales que fueron bloqueadas durante el Gobierno de Rafael Correa, otras algunas propuestas que circularon durante la anterior campaña presidencial.

Lea aquí el texto completo remitido a la Corte Constitucional.

El presidente Lenin Moreno hizo el anuncio de su propuesta de consulta popular y referéndum en cadena nacional. La consulta tiene siete preguntas, y cinco se refieren a reformas constitucionales, por lo que se habla de un referéndum, mientras que dos incluyen la derogatoria de una Ley Orgánica y la modificación de la zona intangible del Yasuní.  

Las preguntas fueron remitidas a la  sala de admisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Tatiana Ordeñana, Wendy Molina y Ruth Senque, quienes deberán emitir un dictamen favorable, y, de ser totalmente aceptadas, el Consejo Nacional Electoral deberá organizar una nueva votación, que podría tener lugar a finales de este año o a principios del próximo. 

Segun el pliego oficial de preguntas, que fue difundido por la Secretaría de Comunicación, la consulta tiene dos tramos: un referéndum, pues se consulta sobre aspectos que modifican la Constitución, y una consulta propiamente dicha, que se refiere a temas que no constan en la Carta Magna actualmente. 

El artículo 441 de la Constitución establece que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución se realizará por medio de un referéndum, de ahí la distinción jurídica. 

  Primera pregunta:   muerte civil para los corruptos

La primera pregunta dice:

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

En su alocución, Moreno explicó que lo que se busca es que las personas que han sido condenadas por delitos de corrupción en el manejo de dineros del Estado no tengan derechos políticos de por vida. Es decir, que no puedan elegir ni ser elegidos para ninguna dignidad de elección popular. En la práctica, significaría una suerte de muerte civil para todos quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos, lo que sacaría de la escena política a cualquier persona sobre la cual se emitan sentencias por delitos como peculado o mal manejo de fondos públicos. En un momento en que el Gobierno ha declarado que combatir la corrupción de su antecesor, Rafael Correa, es su tarea prioritaria, muchos de los políticos que sean procesados por delitos cometidos en la última década podrían ser condenados a esta suerte de muerte civil. 

El presidente dijo también que empresas "corruptas y corruptoras" no podrán contratar con el Estado. El adjetivo fue usado con frecuencia en el Gobierno anterior contra algunas multinacionales, a las que el correato declaró como faltas de ética. Se ha usado también recientemente contra Odebrecht, constructora brasileña que ha admitido haber pagado sobornos millonarios en toda la región. 

El Gobierno propone la incautación de los bienes de estas personas para que el Estado recupere lo que ha perdido por corrupción, pero este tipo de medida podría tener efecto solo sobre los recursos y bienes que estén disponibles dentro del territorio nacional. 

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  Pregunta dos:   la reelección indefinida

La segunda pregunta dice:

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

La reelección indefinida fue una de las propuestas más polémicas del correísmo, que logró imponerla con vigencia desde 2021. Según el argumento del ex presidente, era el pueblo el que debía decidir si un funcionario podía o no continuar de manera indefinida en el cargo, por lo que se enmendó la Constitución para permitir esa figura. La propuesta generó el rechazo de la oposición, que se movilizó contra las enmiendas. Sin embargo, la pregunta no elimina todas las quince enmiendas de diciembre de 2015, dejando vigente, por ejemplo, la que estableció que la comunicación es un servicio público similar al agua o la luz, lo que posibilita el control del Estado sobre los contenidos de los medios. Otros temas que se incluyeron en la Constitución mediante las enmiendas fueron las atribuciones de la Contraloría, la seguridad social, la política laboral, la educación y la salud, la edad de 30 años para ser candidato, la misión de las Fuerzas Armadas, entre otros.  En países de la órbita bolivariana como Venezuela y Nicaragua está vigente la reelección indefinida, aunque en países africanos, como Guinea Ecuatorial, ha permitido la presencia en el poder del mismo presidente durante casi 50 años. 

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  Pregunta tres:   La eliminación del Consejo de Participación y Control Social

La pregunta tres dice:

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?

La pregunta recoge una propuesta del ex candidato presidencial Guillermo Lasso en la campaña presidencial: eliminar el llamado "Quinto poder" y crea un "Consejo transitorio" con la potestad de remover de sus cargos a las actuales autoridades de control. De esta forma, se podría destituir a funcionarios como el fiscal general del Estado, el contralor, los superintendentes, entre otros. La reforma se complementa con la elección popular de los integrantes del Consejo, pero no contempla ni su supresión ni la devolución de sus atribuciones al Legislativo, que había realizado tradicionalmente tales designaciones. 

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  Pregunta cuatro:   delitos sexuales imprescriptibles

La pregunta cuatro dice: 

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Esta pregunta fue propuesta por el bloque de Alianza PAÍS. Consiste en que todo delito sexual contra menores de 18 años se convierta en imprescriptible. Según explicó el presidente Moreno, la reforma es necesaria porque en muchos casos los menores abusados no denuncian las agresiones sexuales por temor. Aunque no se han producido casos en el país, en otros países los casos de pedofilia o de violaciones a menores por parte del clero católico han sido especialmente mediáticos, y en Estados Unidos, la justicia ha concedido millonarias indemnizaciones económicas a los demandantes. 

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  Pregunta cinco:   la prohibición de la minería

La pregunta cinco dice:

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Los conflictos sociales relacionado con la explotación minera, en especial, en la región amazónica, fueron constantes durante el Gobierno de Rafael Correa. Indígenas de las comunidades shuar del sur de la amazonía rechazaron la presencia de mineras chinas en las cercanías de sus comunidades, mientras que se denunció que la minería a cielo abierto es una causa de contaminación de ríos, de la destrucción de bosques y, en general, del ambiente cercano. Recienmente, el pueblo minero de Zaruma, en la provincia de El Oro, sufre las consecuencias de cientos de túneles excavados bajo el casco mismo del poblado, caso al que hizo referencia el presidente en su alocusión. 

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  Pregunta seis:   La polémica Ley de Plusvalía

La pregunta seis dice: 

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

La única Ley Orgánica de todas las aprobadas por el correísmo que el Gobierno propone derogar es la de Plusvalía. Según el presidente Moreno, la Ley ha afectado negativamente al sector de la construcción, que ha decrecido en un ocho por ciento. 

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  Pregunta siete:   la polémica por el Yasuní

La pregunta siete dice:

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

La lucha por la defensa del Yasuní movilizó a colectivos ecologistas como Yasunidos, quienes intentaron recoger firmas para una consulta popular que prohibiera la explotación en la zona. Según el Consejo Nacional Electoral no lograron, pero el colectivo mantuvo reuniones con casi todos los candidatos a la presidencia de la República durante las pasadas elecciones. La reducción del aérea petrolera, se dice desde el Gobierno, servirá para proteger el Parque Nacional Yasuní. 

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