Clemente Piedrahita es el nombre de una angosta calle en el centro de Quito, que corre de este a oeste junto a las ruinas del Palacio de Justicia. Lo que alguna vez fue la sede del Poder Judicial es actualmente un edificio a medio demoler, testimonio de las demoras en la construcción del complejo de la Asamblea Nacional. 

En esa calle, la Función Judicial conserva todavía un pequeño edificio, en donde se encuentra la sala de sorteos de los juzgados capitalinos. Ahí estaban, poco después de las 10:00 del 4 de febrero de 2015, unas 15 activistas acompañando a dos de los principales críticos de los recientes concursos de méritos organizados por el Quinto Poder, como se conoce al Consejo de Participación, una instancia creada en la Constitución de Montecristi para realizar algunas de las designaciones que en su momento hacía directamente el Congreso Nacional, en especial, de los organismos de control.

Solanda Goyes revisa la docmentación previo al acto de entrega del recurso en la Sala de Sorteos.

Son un hombre y una mujer. Fausto Camacho, ex vocal del desaparecido Tribunal Supremo Electoral en representación del también desaparecido Movimiento Popular Democrático, y Solanda Goyes, dirigente feminista. Ningún canal de televisión, ni público ni privado, ha concurrido a la invitación que los dos críticos han hecho a los medios. Tampoco están las radios. Hay apenas dos reporteras, al parecer, de prensa escrita y un fotógrafo de un diario de Guayaquil. 

La dupla  Goyes-Camacho llegó ante el pequeño edificio de la Sala de Sorteos en medio de las consignas de las activistas feministas. Todas, en su mayoría, mujeres de mediana edad, con carteles. Gritan muy alto porque, en ese momento, una máquina de reparación de calles pasa por la Clemente Piedrahita haciendo mucho ruido.  

Los dos opositores concurrieron a presentar recursos legales en contra de las acciones del Consejo de Participación. Goyes y Camacho van juntos. Camacho no va a presentar ninguna demanda, pero está mostrando su apoyo a la feminista. El recurso, formulado en contra de las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se debe a que, en criterio de Goyes, hubo una "decisión inconstitucional e ilegal del Consejo al dictar una irrisoria resolución en la que la ubica como cuarta suplente en el último concurso de selección de consejeras/os del CNE, pese a tener el mejor puntaje para ser primera suplente y sin que exista norma legal que lo sustente, en un acto arbitrario y abusivo".

Goyes y Camacho han seguido de cerca la situación tanto del Consejo Nacional Electoral (al que aspiraban a pertenecer, pues participaron en un reciente concurso para su renovación parcial) cuanto del propio Consejo de Participación. Goyes ya presentó un acción de protección en contra de la calificación de sus méritos en el concurso para la renovación parcial del CNE, que fue negada en la primera instancia, pero ha apelado ante la Corte Provincial. Ahora, sin embargo, presentó una nueva acción en contra de la designación del reemplazo de Gloria Toapanta en el Pleno del CNE.

En criterio de Goyes, las acciones de ambos consejos son ilegales. Tras la renuncia de Gloria Toapanta al pleno del CNE, ella estima que debió ocupar ese puesto. Pero el CNE prefirió principalizar a Ana Marcela Paredes.  Para la feminista, hay varios indicios de que el CNE no está actuando en forma adecuada: "se están incumpliendo las reglas del juego democrático", considera.

Pero a pesar de lo que ella estima son evidentes irregularidades cometidas por ambos consejos, Goyes defiende el diseño institucional, producto de la Constitución de Montecristi, que creó el Consejo de Participación. "El problema de fondo es la cultura no jurídica de quienes son actores en estas instituciones. Deben llegar los mejores perfiles a las instituciones públicas. No es el sistema el equivocado, sino los actores", afirma la dirigente. 

Y es por ello que sostiene que hay que "atacar con nombres y apellidos a los funcionarios" y por ello menciona a los integrantes de ambas instituciones.

En el caso el concurso para renovar el CNE, Goyes piensa que se debió hacer una calificación más objetiva, pues el reglamento era muy claro. "Pero muchos de los documentos parecían ser falsos según las fechas, son temas de ética pública", asegura. 

Pero aunque defiende el esquema actual en lo conceptual, Goyes admite que hay "trampas, ilegitimidades y fraudes" en las acciones del Consejo de Participación, prácticas estas que han reemplazado a los acuerdos políticos del pasado. 

"Le voy a pedir cita al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, que se ha ganado mi respeto, y quiero ver si es que hay una transformación de la justicia. Debe haber una presión social suficiente. Seguiremos con todas las instancias nacionales y luego iremos a acciones internacionales. El hecho de que los ecuatorianos vayamos al exterior para resolver nuestros problemas significa que no hemos cambiado nada", cree Goyes. 

Mientras Goyes habla, Fausto Camacho escucha con atención. De su lado, él ha presentado una denuncia penal sobre los hechos del mismo concurso en el que participó con Goyes para la renovación del CNE. 

En noviembre de 2014, Camacho presentó una acción de protección también en contra de la calificación que había realizado el Consejo de Participación de sus méritos para integrar el CNE. Pero esta acción desechada y también la apeló ante la Corte Provincial. Ahí denunció que hubo discrimen y trato desigual en su contra. 

Fausto Camacho, ex consejero electoral presentó una demanda de investigación penal en contra de los miembros de la comisión veedora del proceso de renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral.

Luego presentó una denuncia penal: está denunciando los posibles delitos cometidos por siete postulantes en ese mismo concurso. Según Camacho, tras agotar todos los procedimientos administrativos, presentó una denuncia porque, en su criterio, hubo falsedad ideológica en muchos documentos de los presentados en aquel concurso. La denuncia menciona el documento presentado por el embajador en Venezuela, Ramón Torres, quien habiendo ejercido la misión en Caracas, presentó papeles de que estaba en el país. 

Para Camacho, no importa que las personas denunciadas no hayan ganado el concurso, como en efecto no ocurrió, pero se debe buscar castigo contra quienes ha cometido esos presuntos delitos, entre los que se habría cometido perjurio para empezar. 

Camacho concuerda con Goyes en que no hay un problema de diseño constitucional en el funcionamiento del Consejo de Participación. "El CNE principaliza a Ana Marcela Paredes, suplemente del concurso de hace tres años, para reemplazar a un principal del concurso del año pasado. Se debió nombrar al suplente mejor puntuado del respectivo concurso. Se repitieron las prácticas de la aplanadora de la partidocracia".

Camacho, quien fue vocal del TSE, sostiene que, tras un "concurso tramposo" hubo en el actual CNE una lucha por la presidencia entre Juan Pablo Pozo y Paúl Salazar. Los dos nuevos consejeros, ante la eleccion, "se reunieron con dos bandos", y eso produjo la elección de Paúl Salazar, quien apenas estuvo ocho días en el cargo. El hecho de que la ex vocal Gloria Toapanta era afiliada a PAIS, que fue denunciado por Camacho, fue en su criterio la causa de la crisis que obligó a una nueva elección del presidente del CNE. Camacho descarta, en esa medida, que la designación de Juan Pablo Pozo como presidente del CNE se haya producido por alguna presión externa a las propias pugnas internas en la Función Electoral.

"Así fue como el señor Salazar se da cuenta de que no era idóneo, luego pidió permiso hasta el 9 de febrero. Pero debería explicarle al país porqué cambió de opinión sobre si podía o no presidir el CNE. Ellos no renunciaron pero propusieron la reconsideración. Qué nos expliquen qué fue lo que pasó ahí", dice Camacho.

Para el ex vocal del CNE, la "crisis de las firmas" sobre la que la Contraloría emitió un informe, es responsabilidad de los partidos que presentaron firmas duplicadas. Aunque, en muchos casos, eso haya podido ocurrir de buena fe. "Hay pragmatismo de los dirigentes de base que sacan los carnets de afiliación del color que les interesa", dice Camacho. Aunque no está prohibido ser solo adherente a varias organizaciones políticas, Camacho recordó que fue el propio CNE el que tomó una decisión que cambió las reglas del juego en medio de la crisis. 

Pero hay un nuevo escenario que complicará la ya polémica gestión del Quinto Poder: la designación de nuevos integrantes. La renovación de los nuevos siete consejeros será convocada por el CNE, y ese nuevo consejo debe nombrar al nuevo Fiscal General, al nuevo Contralor, entre otras autoridades de control. Y, al mismo tiempo, ese nuevo Consejo de Participación deberá convocar a una renovación parcial del CNE. Para Camacho hay un claro conflicto de intereses que, tarde o temprano, se evidenciará. 

Por lo pronto, la jueza María Elena Cevallos admitió a trámite el recurso presentado por Goyes y convocó a las partes a la audiencia oral pública,para este lunes 9 de febrero.