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16 de Julio del 2020
Historias
Lectura: 26 minutos
16 de Julio del 2020
Carlos Chamorro Arturo
¿Hacia dónde va la democracia moderna?
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El ex presidente Rafael Correa llega al Palacio Legislativo, el 24 de mayo de 2017, para la transmisión del mando a Lenin Moreno.  Foto: Presidencia de la República

 

El correísmo, como todo autoritarismo, prefirió la opacidad y el silencio a la transparencia y la multiplicación de las voces, indispensables para la democracia. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación de las ideas fueron objeto de acciones escabrosas, promovidas dentro y fuera del país. No hubo derecho humano que no fuera pisoteado.

   I   
 

La democracia moderna surgió con el capitalismo, al calor de las ideas que gestaron la Revolución francesa y a tono con los desafíos planteados por la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas han dado forma al capitalismo actual, dominante en el mundo, gracias a la globalización neoliberal y a la desaparición de los países socialistas. En este capitalismo globalizado la democracia liberal parece agotarse, asediada en el Norte y en el Sur, por la desigualdad social y el descontento que esta genera.

El “mejor gobierno posible” está en jaque, porque en verdad dista mucho de ser lo que se esperaba que fuera. Es que, cabe reconocer, la democracia no ha llegado a ser completamente liberal, ni siquiera en los países donde surgió. Es obvio que aún está pendiente la construcción de una democracia en la cual sean efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos; en la cual la participación política esté exenta de manipulaciones; en la cual el Estado de derecho tenga plena vigencia. Una democracia, en definitiva, en la que se encarne aquello de “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Abraham Lincoln).

No en vano, Freedom House y The Economist, han señalado que la democracia está en peligro, a pesar de que la participación política “ha aumentado  de forma significativa”. Esto porque el “desencanto con las instituciones políticas formales ha hecho que la gente actúe”. Desencanto muy ostensible tratándose de la representación y de los partidos políticos. La realidad exige que la democracia sea objeto de profundos ajustes; sin ellos avanzará hacia su caducidad, con derivaciones harto peligrosas para las sociedades actuales.

Freedom House y The Economist, han señalado que la democracia está en peligro, a pesar de que la participación política “ha aumentado  de forma significativa”. Esto porque el “desencanto con las instituciones políticas formales ha hecho que la gente actúe”.

¡Sociedades enfrentadas a tantas crisis! (demográfica, alimentaria, energética, social, económica, política, ambiental), las que en conjunto amenazan la supervivencia de la humanidad. El cambio climático, la gran crisis ambiental que envuelve a todas las demás, amenaza con llevar a los habitantes del planeta, ricos y pobres, a una hecatombe final -si no hay acciones globales responsables-. Si, como señalara Amartya Sen, la democracia ha permitido un manejo adecuado de situaciones calamitosas, es dable pensar que ella, renovada y globalizada, coadyuve a la superación de las crisis antes mencionadas.

Quizá como un anticipo de peores catástrofes, la pandemia del covid-19 ha estremecido al mundo, causando terribles efectos económicos y sociales, muy difíciles de resarcir. Ha producido millones de contagiados y miles de decesos, con lo cual ha desvelado la fragilidad humana y la inconsistencia de sus modos de organización social y política. Ha transparentado la desigualdad social y ha mostrado los estrechos límites de la democracia, inclusive ahí donde se la consideraba más consolidada. Pero también ha descubierto los riesgos que entraña el autoritarismo, dispuesto a asumir formas insospechadas de represión y control social, un autoritarismo que no se detendría ante el dilema de a quiénes favorecer y a quiénes descartar respecto de la salud y la vida.

En el futuro, tendrá carácter determinante la capacidad que tengan o adquieran las clases subordinadas para, sin estados de excepción y sin privación de la libertad, hacer de la solidaridad y la confraternidad las bases inquebrantables de sociedades democráticas y desarrolladas, en las cuales, por ejemplo, la salud para todos esté garantizada, más allá de cualquier consideración de mercado.
 

   II   
 

En América Latina, la democracia liberal no ha logrado echar raíces profundas. En la mayoría de los casos no ha ido más allá de lo electoral. Esto, primero, porque fue trasplantada sin que hubiesen existido o madurado sus condiciones de posibilidad (estado-nación, mercado nacional, sociedad civil, estado de derecho etc.), y, segundo, porque desde sus inicios ha sido instrumento de dominación de oligarquías rapaces. Por lo demás, no cabe olvidar que nuestras democracias, primordialmente durante el siglo XX, operaron bajo la tutela de los EE.UU.

En nuestra región, la democracia ha carecido y aún carece de una auténtica representación política. Puesto que la calidad de los partidos políticos depende de la calidad de la democracia, el hecho es que a democracias endebles como las de este lado del mundo, corresponden partidos de análoga condición. En muchos casos, más que partidos, han existido “movimientos”, algunos duraderos, los más efímeros, por lo general forjados y mantenidos bajo la égida de algún caudillo. 

Por tales condiciones, a lo largo y a lo ancho de América Latina han proliferado regímenes autoritarios y corruptos. En tiempos recientes, muchos países fueron asolados por estos males, algunos todavía lo son, con efectos perniciosos sobre la economía, la ciudadanía, la institucionalidad democrática, la calidad de vida de la población, etc. Gobiernos autocalificados como “progresistas”, especialmente los del mal llamado “socialismo del siglo XXI” han brillado por ser enormemente propensos a la corrupción y al autoritarismo.


Hugo Chávez dejó instalado en el poder en Venezuela a Nicolás Maduro, quien endureció la represión chavista. 

Gobiernos autocalificados como “progresistas”, especialmente los del mal llamado “socialismo del siglo XXI” han brillado por ser enormemente propensos a la corrupción y al autoritarismo.

Provistas de descarnados Estados de derecho, en estas democracias, nunca ha existido equilibrio de poderes; en la práctica, ha sido usual la supremacía del ejecutivo sobre el legislativo y el judicial. Desgraciadamente, este último siempre ha resultado el más menoscabado. Reiteradamente, jueces y fiscales, han sido, de una u otra manera, sometidos a inconfesables designios. La justicia, pues, ha estado obligada a actuar sin venda en los ojos y con una balanza inclinada, sin considerar el “bien común”.

En el futuro inmediato, en América Latina gravitará, respecto de la democracia, la gestión que realicen en sus respectivos países —los más grandes de la región— los gobiernos denominados “populistas” de Andrés Manuel López Obrador, México; Jair Bolsonaro, Brasil; y, Alberto Fernández (más la sombra de Cristina Fernández) en Argentina. También gravitará y mucho la correlación de fuerzas a nivel global.

Las diversas características de las democracias latinoamericanas, así como los diferentes grados de desigualdad social, se han puesto de manifiesto, ahora, frente a la pandemia del covid-19, cuyos efectos negativos, económicos y sociales, han resultado especialmente penosos para los pobres, dada la inhabilidad de la mayoría de gobiernos y dada la precariedad de los descuidados y pésimamente manejados sistemas de salud. Las afectaciones a la democracia guardan relación, además, con las declaratorias de estados de excepción, por sus implicaciones en materia de suspensión del ejercicio de los derechos humanos.
 

   III   
 

La inestabilidad de los gobiernos ha sido característica predominante de la democracia ecuatoriana. Después de que entre 1997 y 2005 fueran defenestrados tres Presidentes (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez), llegó al poder, en el 2007, Rafael Vicente Correa Delgado. Identificado con el “Socialismo del Siglo XXI”, iba a llevar al país a una desastrosa situación, de la que aún no termina de salir.

Correa lo tuvo todo: tiempo, poder, incontable dinero, aparte de una oposición infructuosa, para elevar al país a niveles de desarrollo nunca antes registrados. Para liderar, en definitiva, la construcción de un país diferente, minimizando la pobreza y fortaleciendo la justicia. Pero no fue así.
Implantó un “régimen autoritario de delincuencia organizada”, capaz de devastar la incipiente democracia. Con arrogancia, el caudillo, sin dudarlo, lanzó a los cuatro vientos la diatriba según la cual él (grotesco aprendiz de Luis XIV) era el Estado mismo, pues era –dijo- el jefe de todas las funciones, de todas las dependencias del Estado. La práctica corroboraba esta convicción.

El correísmo, como todo autoritarismo, prefirió la opacidad y el silencio a la transparencia y la multiplicación de las voces, indispensables para la democracia. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación de las ideas fueron objeto de acciones escabrosas, promovidas dentro y fuera del país. No hubo derecho humano que no fuera pisoteado, porque la Justicia estaba supeditada a los caprichos del caudillo. Pruebas fehacientes de esto pueden observarse en “Sobrevivientes”, “Una bitácora – de PLAN V- que pone rostro a las violaciones a los DDHH en Ecuador entre 2007 y 2017”. 

El autoritarismo, por la opacidad y el silencio que le son consustanciales, se hermana con la corrupción, transgrede la ética y la moral, y acarrea funestas consecuencias de toda índole. Setenta mil millones de dólares, fueron robados y despilfarrados durante los dos períodos del correismo, según el BID, o sea el equivalente al 70% del PIB de un año, o también, el equivalente a más de dos presupuestos estatales anuales. Por eso, el gobierno de Correa ha sido catalogado como el más corrupto de la historia nacional. Muy ilustrativo es, al respecto, el Museo de la corrupción de PLAN V. “Este es un recuento de los casos más emblemáticos de funcionarios e infraestructura envueltos en denuncias de corrupción. Es un trabajo contra el olvido y un aporte a la memoria colectiva”.


Un joven Rafael Correa llegó al poder con grandes expectativas. Foto: Presidencia de la República

Correa lo tuvo todo: tiempo, poder, incontable dinero, aparte de una oposición infructuosa, para elevar al país a niveles de desarrollo nunca antes registrados. Para liderar, en definitiva, la construcción de un país diferente, minimizando la pobreza y fortaleciendo la justicia. Pero no fue así.

Lenin Boltaire Moreno Garcés, asumió la Presidencia de la República, el 24 de mayo de 2017, con notables visos de ilegitimidad, con una supuesta “mesa servida”, con una agenda trazada y con un Vicepresidente atado a Correa. Al pronunciar su discurso de posesión, marcó distancia con su mentor político y antecesor, a quien había secundado fervorosa e incondicionalmente. Sin embargo, extrañamente, al iniciar su gestión, se rodeó de connotados correístas. Las contradicciones entre las proclamas y las acciones serán recurrentes en toda la gestión de Moreno.

Como “de transición” (¿entre una virtual  dictadura y una democracia remozada?), ha sido calificado el gobierno de Moreno. Pero no, no lo ha sido, porque ha permitido la persistencia de aparatos, prácticas, y mañas propias del correismo. Esto a pesar de que, seguramente por la lectura de la situación hecha por sus asesores del momento, Moreno, optó por dejar a un lado las prácticas autoritarias de Correa. Sí, no correspondían a su talante, de “hombre democrático”, pero tampoco podía proceder de otra manera, dada su irremediable debilidad política y el repudio que tales prácticas habían suscitado. 

Quiso ir más allá de los gestos y las formas. Convocó entonces a una Consulta popular (celebrada el 4 de febrero de 2018). Logró por esta vía la prohibición de la reelección indefinida de Presidente, cara aspiración de Correa. Un logro democrático, sin duda.

Pero la ambigüedad de Moreno, hizo que se negara a aprovechar la oportunidad para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un engendro correísta, antidemocrático, que permitió al caudillo supeditar las entidades de control del Estado. La Consulta sirvió para renovar la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral,  el Tribunal Contencioso Electoral y nombrar un nuevo Procurador General del Estado; por diversos motivos no se renovó la Corte Nacional de Justicia, lo que habría posibilitado que la Justicia adquiriera independencia, algo indispensable para la democracia.

Al privilegiar la atención de los temas políticos, el Gobierno postergó un manejo firme de la crisis fiscal y económica heredada. Consecuentemente, ésta se profundizó. Tal vez, la postergación respondía a la necesidad coyuntural de remover los bloqueos derivados de las contradicciones y a las ambiciones existentes entre los grupos económicos “aliados”.  Al fin, en marzo del 2019, se firmó un acuerdo con el Fondo Económico Internacional, acuerdo que, como era de esperarse, fue saludado por los empresarios e importantes medios de comunicación y rechazado por las centrales sindicales y otras organizaciones populares. 

Como era previsible, los costos del ajuste iban a recaer sobre las espaldas de los trabajadores, públicos y privados. Los sectores pudientes, representados por las Cámaras, no estaban dispuestos a realizar concesiones. Cabía esperar conflictos laborales y sociales, los cuales llegaron en el mes de octubre de ese año, envueltos en una ola de ruidosa violencia y caos. Bastó la inconsulta expedición del Decreto 883, que subía los precios de las gasolinas extra y eco país y del diésel, para que indígenas, obreros, transportistas y otros actores sociales, se lanzaran a las calles.

La revuelta asoló, durante doce días, al país y particularmente a la ciudad de Quito. Correa estuvo detrás de esta revuelta, por medio de sus fanáticos, con el protervo fin de derrocar a Moreno. Este se echó para atrás y derogó el malhadado Decreto. Carente de popularidad y de credibilidad no claudicó porque a nadie, excepto a los correístas, interesaba que esto sucediera. Luego, equívoco, como casi siempre, Moreno, diría que la democracia había salido fortalecida. Nada que ver: un país profundamente lesionado lo desmentía.


Las medidas tomadas por Moreno provocaron una violenta jornada de protestas en todo el país. 

La ciudad de Guayaquil fue cruelmente castigada por la enfermedad, por la muerte, por el pánico y por la inoperancia del Gobierno.

Aparentemente, sin haber asimilado las lecciones del triste mes de octubre, el gobierno, presentó proyectos de ley urgentes a la Asamblea; uno fue rechazado rotundamente por mal concebido y mal presentado; un segundo fue aprobado; no han sido claramente identificadas las motivaciones a las que habrían respondido los asambleístas que hicieron mayoría. Se publicó entonces la Ley de simplificación y progresividad tributaria. A pesar de esto, el gobierno de Moreno arribó al año 2020, desprestigiado y maniatado. El país, en cambio, veía incrementarse la incertidumbre.

Cuando habían transcurrido más de dos meses del nuevo año, mientras Moreno exasperaba por su pasividad, la pandemia del covid-19 se precipitó sobre el país. De entrada, la ciudad de Guayaquil fue cruelmente castigada por la enfermedad, por la muerte, por el pánico y por la inoperancia del Gobierno. Este reaccionó el 16 de marzo, declarando el estado de excepción, por calamidad pública, en todo el territorio nacional, dentro del cual casi todas las actividades quedaron paralizadas.

En contraste con la información oficial, plagada de inexactitudes, la pandemia se ha ensañado con la gente pobre, en todos los rincones del país. Para colmo de males y para sorpresa de nacionales y extranjeros, a la par que se contabilizaban contagiados y muertos, empezaron a multiplicarse las denuncias de corrupción en los hospitales públicos, ¡en todos! Moreno, no solamente que no había realizado la cirugía mayor a la corrupción, sino que la había dejado crecer impunemente.
Él conocía, desde hace rato, que en el Ministerio de Salud imperaba la corrupción, pero no la frenó.

Para acrecentar la sorpresa, al escándalo de los hospitales siguió el de los carnets de discapacidad, entregados por este Ministerio, a cambio de dinero, a miles de pícaros, inclusive a algunos conspicuos “representantes populares”, quienes han utilizado estos documentos para obtener beneficios ilícitos.

Entretanto, las personas que con legítimo derecho han solicitado estos documentos han sido reiteradamente postergadas. La avalancha de hechos de corrupción ha sido demoledora, pero frente a ella, el gobierno de Moreno, si no se ha felicitado por lo poco efectuado, se ha mostrado imperturbable; quizá con las dos conductas ha pretendido dar a entender que nada ha tenido que ver con esos hechos. Vana aspiración, porque nadie sensato puede avalarla.   

El coronavirus, hay que decirlo, por más doloroso que sea, ha desvelado un país en el que se ha enseñoreado la corrupción, la que ha sacado del fondo del pozo las más inconcebibles miserias humanas.  Estremece constatar que entre más pobre se ha vuelto el Estado más se ha extendido la podredumbre, en todos los niveles de la administración pública: nacional, cantonal, parroquial. Indigna confirmar que la descomposición ética y moral, que parece irrefrenable, se ha propagado como nunca durante los últimos tres gobiernos. Exaspera saber que la impunidad, sembrada y cultivada por Correa y sus fanáticos, se ha vuelto permanente. Difícil acabar con ella, pues la Justicia no ha dejado de estar viciada desde que fue intervenida por él. Se salva, en alguna medida, la Fiscalía General del Estado, dado el afán de su titular, por investigar y sancionar la infinidad de delitos cometidos, desde el 2007,  por facinerosos de camisas bordadas o cuello blanco. 

El 19 de junio pasado, la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, propuesta por Moreno para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria. Las medidas planteadas han sido impugnadas, en la Corte Nacional de Justicia, por empresarios y trabajadores. Vale destacar el gran paso dado por el equipo económico del gobierno de Moreno, hacía una conveniente renegociación de una parte de la cuantiosa deuda externa contraída por Correa. Quedan diez meses más para la gestión de este gobierno. Difícil saber qué sorpresas, desagradables a lo mejor, se presentarán aún.


Quedan diez meses más de gestión de Moreno y el panorama es incierto. Foto:presidencia de la República

Perspectivas:

Lenin Boltaire Moreno Garcés, tampoco entregará a su sucesor la mesa servida. Todo lo contrario, puesto que dejará al Ecuador en una situación deplorable, copado por la corrupción, con una crisis fiscal y económica aguda (a pesar de que llegue a convertirse en logro real lo anunciado respecto de la renegociación de bonos), un clima social tempestuoso y una incertidumbre política sin precedentes.

Quien sea que se convierta en sucesor de Moreno, luego de las elecciones previstas para febrero del 2021, deberá enfrentar aquella deplorable situación, de manera inmediata, cuidando que las tensiones sociales acumuladas no desemboquen en una réplica ampliada del octubre-19, y procurando dar un golpe de timón que saque al país del marasmo en el que lo encontrará después de catorce años de gobiernos de Alianza País. Todo un cúmulo de tareas impostergables, que demandarán ingentes esfuerzos, no solamente del gobierno sino de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

Antes de que avance el proceso electoral, es preciso que se resuelva la cuestión atinente a la poca credibilidad de la que hoy goza el Consejo Nacional Electoral, CNE, la que hace y hará dudar sobre su idoneidad para llevar a cabo este proceso, con resultados incuestionables.   

Con todo eso, el corto plazo estará marcado por lo que todavía pueda hacer, Moreno, antes de irse, respondiendo a compromisos nunca dilucidados; por los efectos económicos y sociales de la pandemia, y, por lo que resulte del proceso electoral en ciernes, el que desde ya tiene su propia impronta: la enorme dispersión de las “fuerzas” políticas. En su momento, el CNE, dio cuenta de la existencia de 279 organizaciones registradas, de las cuales: 8, son partidos políticos; 15, movimientos nacionales; 71, movimientos provinciales; 164, movimientos cantonales; 21, movimientos parroquiales.

Lenin Boltaire Moreno Garcés, tampoco entregará a su sucesor la mesa servida. Todo lo contrario, puesto que dejará al Ecuador en una situación deplorable, copado por la corrupción, con una crisis fiscal y económica aguda, un clima social tempestuoso y una incertidumbre política sin precedentes.

¿Puede creerse que esas 279 organizaciones son representativas? Seguramente nadie responderá con una venia. Lo que parece cierto es que si no se constituyen alianzas programáticas fuertes (algo improbable), o si no surge un inesperado “Mesías” (más que improbable), de las esperadas elecciones saldrá un Presidente casi desnudo de legitimidad. Tendría que ser muy hábil para remontar este problema y abocarse a la realización exitosa de las cruciales tareas pendientes, para lo cual deberá lidiar con una Asamblea Nacional altamente fraccionada. El accionar de Gobierno y Asamblea, debería ser consecuente con los mandatos de la muy cuestionada Constitución del 2008 ¿será esto permanentemente factible? Por supuesto, nadie debe olvidarse de Rafael Vicente Correa Delgado y su desesperación por volver. En virtud de sus funestos antecedentes, nada bueno se derivará de esta malsana obsesión.

Para bien o para mal, el mediano plazo se configurará fatalmente según lo que suceda en el corto plazo. Perdurarán, a no dudarlo, los efectos económicos y sociales de la pandemia, que han incrementado la pobreza y por ende la desigualdad social. Un manejo adecuado de la crisis fiscal y económica, que contrarreste lo que se acaba de decir, favorecerá la estabilidad de la democracia existente. A esto pueden y deben abonar los grupos más poderosos. Lo visto en los últimos meses no permite aspirar a que esto suceda. Para ellos no existe el dilema de mayor o menor democracia; lo único que realmente los motiva es obtener para sus capitales –los que tienen aquí, desde luego- las mayores ganancias posibles.

Alguien, que apostó siempre por el desarrollo de este, su país, solía decir, refiriéndose a los integrantes de estos grupos, “ellos no son empresarios sino únicamente negociantes” y un ex vicepresidente de la república, añadía: “lo único que tienen de ecuatorianos es la cédula de ciudadanía”. Las clases subordinadas, cada vez más desposeídas, carecen de poder social como para alterar esta situación, que mientras subsista hará que la democracia sea simplemente la fachada de un orden enteramente injusto.

En bien de una democracia sustentada en amplias y vigorosas bases sociales y políticas, urgen cambios en la estructura social y en la estructura de poder, pero no se los avizora. Como están las cosas, resulta aventurado hacer previsiones para el largo plazo. Pero sí cabe enfatizar que sin una democracia real (con libertades y derechos efectivos) no habrá un desarrollo capaz de sustentar, por siempre, el completo bienestar de las mayorías.

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