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7 de Octubre del 2019
Historias
Lectura: 23 minutos
7 de Octubre del 2019
Redacción Plan V
Las historias de la represión en Quito durante el paro
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Foto: EFE / José Jácome

Violentos choques tienen lugar en el Centro Histórico de Quito, mientras Palacio de Gobierno es custodiado por fuerzas especiales del Ejército. 

 

El Gobierno se trasladó a Guayaquil, mientras miles de indígenas llegaron a Quito en una jornada de protesta. Activistas de derechos humanos y abogados cuestionan las detenciones, al parecer arbitrarias, de manifestantes en las protestas.

La represión de las protestas en Quito, que iniciaron el 3 de octubre y se prolongan hasta el cierre de esta edición, ha dejado decenas de personas detenidas. La Policía, según varios testimonios, actuó con inusitada violencia deteniendo a personas que, según alegan, no estaban manifestándose de manera violenta. Varios testimonios recogen también las amenazas de policías de sombrar evidencias en las mochilas de los jóvenes, como es el caso de colocarles piedras para alegar que eran manifestantes. Para la noche del 7 de octubre, cuando miles de indígenas llegaron del norte y del sur hacia la capital, el Gobierno anunció su traslado a Guayaquil, amparado en el estado de emergencia que rige en el país. La Asamblea Nacional, entre tanto, tenía prevista una reunión de jefes de bloques, pero ésta no se pudo realizar. 

Los choques entre estudiantes de varias universidades, pero sobre todo, de la Universidad Central, y la Policía, se produjeron sobre todo en el Centro Histórico, en calles como la Guayaquil y en el sector de La Marín. La Policía, con caballos, carros antimotines de color negro, y lanzagranadas de gas lacrimógeno, se empeñó a fondo en evitar que los manifestantes se acerquen al Palacio de Gobierno. 

Pero los sucesos se complicaron la tarde del 7 de octubre, lo que motivó la evacuación de los periodistas y el personal civil de la Presidencia, ante la presencia de grandes grupos de manifestantes que se dirigían a la Plaza de la Independencia desde prácticamente todos los accesos al Centro Histórico. 

En torno de la Plaza de la Independencia, en particular, de han colocado vallas y concertinas de alambres de púas, mientras que la seguridad ha sido reforzada con vehículos militares. Según pudo establecer este portal, los carros blindados ligeros tipo Urutu del Ejército que fueron vistos la noche del 6 de octubre resguardan Palacio de Gobierno, aunque no parecen estar artillados. El Urutu es un carro blindado de transporte de tropas fabricado en Brasil y puede ser armado con ametralladoras. 

Los carros blindados ligeros tipo Urutu del Ejército que fueron vistos la noche del 6 de octubre resguardan Palacio de Gobierno, aunque no parecen estar artillados. El Urutu es un carro blindado de transporte de tropas fabricado en Brasil y puede ser armado con ametralladoras.


Vehículos blindados  militares tipo Urutu rodean la Casa de Gobierno.


Estudiantes, choferes y ciudadanos se han enfrentado con las fuerzas del orden. Foto: Infobae

La Policía logró durante el jueves y en la mañana del viernes evitar que los manifestantes llegaran a las cercanías de Palacio, mientras el Municipio informó que por lo menos 500 mil dólares en daños se produjeron en la infraestructura del Centro Histórico. 

Los cierres y barricadas se han vuelto habituales en la capital desde el pasado jueves.

Los principales focos de protestas están concentrados en los barrios populares del norte y sur de Quito, y, por supuesto, en el Centro Histórico capitalino. En el caso del norte, se ha visto mucha actividad de manifestantes en sectores como Carapungo, Calderón y el Comité del Pueblo. En el sur, sectores como el Pintado, Morán Valverde, la Ecuatoriana, Guamaní, Guajaló y Quicentro Sur han sido el epicentro de fuertes choques entre policías y manifestantes. Otro punto neurálgico de la ciudad que fue bloqueado es la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Puengasí, otro barrio popular. La Ruta Viva, el puente del Chiche, la vía Collas, y otros accesos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre también fueron bloqueados durante las protestas. Aunque el Aeropuerto no detuvo sus operaciones, cientos de pasajeros quedaron varados en la terminal durante el 3 de agosto, y las principales aerolíneas de Europa desviaron sus vuelos hacia Bogotá. Las tripulaciones que debían retornar al Viejo Continente no pudieron llegar al aeropuerto y eso motivó las cancelaciones. 

El lunes fuertes choques se produjeron en el sector de El Ejido, mientras que se denunciaron saqueos en el sector de La Mariscal, en especial, en el Mercado Artesanal. 

Agresiones a granel

Aunque durante el fin de semana disminuyó el impacto de las protestas en Quito, al iniciarse la semana se han reanudado los enfrentamientos. La noche del domingo, el Gobierno admitió por lo menos 477 detenciones en todo el país, pero dijo -sin precisar cifras- que la mayoría estaban involucrados en saqueos y, en por ende, en robos.

Mientras tanto, la organización Fundamedios, hasta el fin de semana, había documentado 26 ataques contra equipos periodísticos, muchos de ellos cometidos por la Policía. Comunicadores de medios como Teleamazonas, Ecuavisa, TVC, El Comercio, Primicias, entre otros, fueron agredidos tanto por manifestantes cuanto por policías. En el caso de los ataques policiales, el interés de los uniformados fue evitar que se grabe con teléfonos y se hagan transmisiones en vivo de los arrestos en las calles. 


Fotoperiodistas fueron agredidos, a propósito, por la Policía. Foto: Asociación de Cronistas Gráficos

Comunicadores de medios como Teleamazonas, Ecuavisa, TVC, El Comercio, Primicias, entre otros, fueron agredidos tanto por manifestantes cuanto por policías.

La situación sobre el paro es incierta, mientras Quito amaneció el lunes 7 de octubre sin buses. Aunque el fin de semana la Agencia Nacional de Tránsito "dispuso" a los municipios un incremento de hasta 10 centavos en el pasaje urbano (lo que en Quito significaría que suba hasta los 35 centavos), el Municipio de Guayaquil anunció que "suspendía" su competencia de revisar los pasajes. La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que el Gobierno, en pleno estado de excepción, puede tomar la medida. 

En Quito, entre tanto, la sesión del Concejo Metropolitano para analizar el tema, que estaba prevista para el lunes, se suspendió hasta este miércoles. Una fuente confiable del Palacio Municipal anticipó que el bloque correísta del Concejo votará en contra de cualquier elevación, así como varios de los ediles no correístas. El propio alcalde Jorge Yunda sería partidario de tomar una postura similar a la de Guayaquil y dejar que el Gobierno suba las tarifas, apelando a las facultades extraordinarias del estado de excepción que rige en el país. 

El resguardo militar y policial en la capital es más intenso, ante el anuncio de marchas de los indígenas de las provincias del centro y norte de la Sierra hacia la capital, mientras las clases siguen suspendidas. 

Una fuente confiable del Palacio Municipal anticipó que el bloque correísta del Concejo votará en contra de cualquier elevación, así como varios de los ediles no correístas.

Las horas más duras en la Unidad de Flagrancia

Sin embargo, hay dudas sobre los procedimientos empleados por la Policía en la represión de las protestas. Para el decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Farith Simon, "O María Paula Romo manda un mensaje claro de que no tolerará más abusos y excesos policiales, que una vez pasada la emergencia investigaran a quienes cometieron abusos, o se convierte en cómplice de los abusivos". Simon agregó que "este es un momento para alejarse del maniqueísmo, exigir el respeto a los derechos humanos es la base, pero no se puede tolerar los abusos y excesos sin importar de donde provengan".


Familiares, defensores públicos y activistas de derechos humanos se concentraron en la Unidad de Flagrancia.

Para Farith Simon "este es un momento para alejarse del maniqueísmo, exigir el respeto a los derechos humanos es la base, pero no se puede tolerar los abusos y excesos sin importar de donde provengan".

El abogado Juan Pablo Albán, ex vocal del Consejo de la Judicatura, comentó que "Aún si la Corte Constitucional avala (con retardo en mi opinión) la constitucionalidad del estado de excepción, los excesos de la Policía y las FFAA ya han generado responsabilidad por violación de DDHH. El control de la protesta violenta no puede justificar el abuso de la fuerza". 

En un informe conjunto, organizaciones de derechos humanos Cedhu e Inredh destacaron casos como el de Luis V, un joven que asegura que estaba con su madre a quien cuida y fue arbitrariamente detenido. El joven presentaba golpes. Otro testimonio recogido es el de Gloria N y José C, una pareja que fue cercada por la Policía en las cercanías del intercambiador de Carapungo y arrestada en una gasolinera del sector. Sus hijas dijeron que solo estaban pasando por el sitio y no participando en los disturbios. Mercy M. es una transportista que también fue detenida en las protestas que aseguró que no había actuado de manera violenta. Las organizaciones de derechos humanos destacaron los casos de los jóvenes Justin y Erick, quienes afirmaron haber sido detenidos sin causa. 

Este portal recogió el testimonio de la estudiante de la Universidad Católica Nicole Villafuerte, quien estuvo encarcelada por 30 horas, y consultó el criterio del abogado de derechos humanos Alejandro Ponce Villacís, quien estuvo en la Unidad de Flagrancia observando el procedimiento con los detenidos en las manifestaciones. 

  TESTIMONIO  

Nicole Villafuerte: "Fueron 30 horas de maltrato sin ninguna prueba"

Nicole Villafuerte tiene 20 años y estudia derecho en la PUCE. 

Yo soy parte de la plataforma digital Voces. Ese día salimos a hacer coberturas y transmisiones en vivo. Soy estudiante y me he movilizado desde que se anunció el acuerdo con el FMI. Me estaba retirando de la marcha el día jueves 3 de octubre a las 20:30. Junto con mi pareja estábamos bajando de La Tola hacia La Alameda. Mi novio Mateo Flores es radiodifusor y él estaba haciendo una transmisión en vivo. De repente, empezaron a bajar muchos policías en moto, a caballo y a pie. Nos asustamos y buscamos rutas para salir del lugar. Empezamos a caminar hacia el norte por Diez de Agosto, pero empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Debimos cambiar de ruta. Los policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden y policías a caballo nos detuvieron la Diez de Agosto y Santa Prisca. No nos dijeron nada ni por qué nos arrestaban. A mi compañero lo botaron al piso y le golpearon con toletes, usaban los caballos para que lo pisaran.

"Yo iba gritando en la moto y para que me calle me pateaba el policía que iba atrás. Tomaron nuestras mochilas y empezaron a sacar piedras de nuestras mochilas, piedras que ellos pusieron, porque no teníamos. Ahí nos detuvieron cuatro horas, hasta que reunieron un grupo de 30 personas, de las que dos éramos mujeres".

Yo me puse a gritar y a pedir que no nos hagan daño. Se llevaron a mi compañero y me detuvieron a mi también, me acusaron de lanzar piedras, me lanzaron gas en los ojos, me subieron entre dos en una moto y me llevaron al cuartel de Policía Manuela Sáenz. Yo iba gritando en la moto y para que me calle me pateaba el policía que iba atrás. Tomaron nuestras mochilas y empezaron a sacar piedras de nuestras mochilas, piedras que ellos pusieron, porque no teníamos. Ahí nos detuvieron cuatro horas, hasta que reunieron un grupo de 30 personas, de las que dos éramos mujeres. Entre esas personas habían vecinos del Centro, indigentes, todos fuimos atropellados. Nos llevaron a Flagrancia en la madrugada del viernes, nos colocaron en un espacio en el parqueadero del subsuelo. Las dos chicas que estábamos ahí no fuimos custodiados por ninguna mujer policía, solo había hombres, no había dónde dormir un rato, estaba helado. Las condiciones fueron terribles. Tras 19 horas se nos hizo un chequeo médico, un joven estaba sangrando del ojo y parecía que lo iba a perder.

La Defensoría del Pueblo nos brindó patrocinio legal. Luego, antes y después de la audiencia, nos pusieron en los calabozos de Flagrancia con delincuentes comunes. En una sola celda había 30 personas. Esperamos cinco horas más luego de la audiencia. Nos llevaron a la audiencia ante el juez y el fiscal y ahí nunca se justificó la detención. Creo que no hubo partes, no nos dijeron qué delitos cometidos, nos amenazaban diciendo que debíamos pagar todos los daños. El fiscal dijo luego que no había evidencias. Fueron 30 horas de maltrato. Fui liberada la madrugada del sábado. La Defensoría del Pueblo nos mandó unos panes con queso y bebidas la tarde del viernes y de ahí en los calabozos nos dieron en la noche una tarrima de arroz.

"La Defensoría del Pueblo nos mandó unos panes con queso y bebidas la tarde del viernes y de ahí en los calabozos nos dieron en la noche una tarrima de arroz".

Unas 15 horas nos tuvieron sin comer y sin agua. Los policías justificaban su maltrato diciendo que estaban estresados, pero luego se fueron calmando y luego nos devolvieron las mochilas y se olvidaron lo de las piedras. Sin embargo, nos quitaron nuestros celulares, y aunque estábamos sin saldo y sin batería yo pude comunicarme con mi familia, que estuvo esperando afuera. Me considero crítica de este Gobierno aunque no soy correísta. He militado con Pachakutik, pero mantengo mi postura como estudiante, joven y feminista y apoyo a varios sectores de izquierda. No creo en sectarismos". 

  ENTREVISTA  

Alejandro Ponce Villacís, abogado de DD.HH.: "la gran mayoría de los detenidos estaban golpeados" 

Alejandro Ponce denunció actos "ilícitos" de la Policía. 

¿Qué es lo que pudo ver en la Unidad de Flagrancia sobre supuestas irregularidades en las detenciones en las protestas?

El viernes 4 de octubre estuve como observador de derechos humanos en la audiencia de flagrancia contra 52 detenidos en el marco de las protestas. La primera cosa que fue evidente en es que la audiencia se instaló a las 16:30 de ese día, cuando ya habían superado las 24 horas de detención, esa fue una primera irregularidad. La segunda que se apreciaba era que la gran mayoría de los detenidos, que eran en su mayoría hombres de entre 18 y 58 años, estaban golpeados. Eso llama la atención porque los golpes podrían verse en los casos en que haya habido enfrentamientos físicos, pero en la gran mayoría de personas. Mi opinión es que esto es una muestra de que existe una práctica por parte de la Policía Nacional que consiste en atentar contra la integridad personal. No solo es una apreciación mía, sino del juez de la causa, quien ha dispuesto que se investigue las razones por las cuales se habían producido las lesiones. 

Entonces, ¿se notaba que muchos habían sido desmesuradamente golpeados? Usted dijo en Twitter que hubo "prácticas ilícitas" de la Policía, ¿se puede hablar de abuso de autoridad o de tortura?

La gran mayoría de detenidos presentaban golpes, eso es altamente irregular. De acuerdo con los testimonios de ese día, todos relataban que habían sido golpeados por la Policía, otra persona dijo que le pegaron aunque no se resistió. Hubo una práctica de la Policía destinada a maltratar y a violar los derechos de éstas personas. 

¿Hubo una orden a la Policía de actuar así?

No se trata de si hubo una orden o no, sino de algo más grave. Es una práctica institucionalizada, no dudan los periodistas en golpear, en afectar la integridad de las personas. 

Pero hace pocos meses vimos un policía pateando en el suelo a un detenido esposado y el Gobierno simplemente lo justificó...

Esas son las pequeñas muestras de que esta es una práctica institucionalizada. Atentar contra la integridad personal es algo que se está justificando. En ese caso hasta se condecoró a ese policía. Son fórmulas para promover que esto persiste. 

"La obligación de la Policía es informar a quién detuvo y detallar qué estaba haciendo y por qué la detuvo. Se debe determinar qué hacía cada uno. Mi impresión es que la Policía fue a detener a quién no corría suficientemente rápido".

En redes sociales se dijo que se estaban acomodando los partes y alterando las horas, ¿qué pudo constatar usted?

Se dijo que iba a dar la audiencia a las 13:00, pero empezó pasadas las 16:30. Se decía que estaban tratando de cambiar los partes, pero al final no lo pudieron hacer. Se presentó un parte muy general, en donde informaron que detuvieron a 52 personas, daban los nombres y decían que participan de protestas. La obligación de la Policía es informar a quién detuvo y detallar qué estaba haciendo y por qué la detuvo. Se debe determinar qué hacía cada uno. Mi impresión es que la Policía fue a detener a quién no corría suficientemente rápido. 

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que se había puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo un informe detallado de quién era el detenido y qué había hecho. ¿Pudo constatar que existan esos informes?

No existen tales informes. El propio fiscal dijo en la audiencia que el parte policial carecía del detalle suficiente como para poder calificar la flagrancia. 

¿De qué delitos se acusaba? El delito preferido del correato fue el de ataque y resistencia. ¿Se aplicó el mismo criterio?

Exactamente ese mismo delito. Eso pretendió hacer la Policía. Debo reconocer que el fiscal a cargo actuó bien al decir que no tenía elementos de convicción  para calificar la flagrancia. 

¿Usted conoció de alguien que haya sido acusado por vandalismo, robos o saqueos, pues el Gobierno dice que "la mayoría" de las detenciones son por esa causa?

En la audiencia en la que yo estuve presente no hubo nadie a quién se acuse de eso. Conversé con personas de organizaciones de derechos humanos, que me contaron que en la audiencia de la mañana no hubo esa acusación. No se han acusado a nadie en Quito, que yo conozca, por saqueos. No conozco de la situación en Guayaquil. 

¿Hay una clara diferencia entre resistirse a la Policía y ser un ladrón y un saqueador?

Son dos delitos distintos. En el ataque y resistencia hay una afectación al bien jurídico de la autoridad, mientras que los saqueos son afectaciones a la propiedad privada. 

Se ha dicho que las condiciones de detención fueron pésimas. ¿Tiene el edificio de la Unidad de Flagrancia instalaciones adecuadas?

Ese edificio no tiene la capacidad física para albergar al número de detenidos que llegaron. Entiendo que hay celdas en el subsuelo y un parqueadero muy grande. Ahí hicieron dormir a las personas y les tuvieron buena parte del día hasta las 16:30 que fue la audiencia. La mayoría fueron liberados por inexistencia de elementos de convicción, ese es el término técnico. El parte policial no daba suficiente información sobre los supuestos delitos. 

"Una ministra de Gobierno no puede tolerar que a pretexto de mantener el orden se produzcan más violaciones al ordenamiento jurídico. Se debe garantizar que, a pesar de la excepción, el Estado de Derecho siga respetando los derechos de las personas".

¿Tenía la consigna la Policía de agredir a quien se cruzara, aunque fueran periodistas?

La consigna es parecer que son eficientes cuando no lo son. 

¿Debe haber responsabilidades políticas en este caso?

Ciertamente deberían haberlas. Una ministra de Gobierno no puede tolerar que a pretexto de mantener el orden se produzcan más violaciones al ordenamiento jurídico. Se debe garantizar que, a pesar de la excepción, el Estado de Derecho siga respetando los derechos de las personas. 

Un estudiante ha perdido un ojo por una bomba lacrimógena, ¿quién debe responder?

Habrá la responsabilidad de la persona que efectivamente lanzó la bomba. Ya sabemos que es una práctica habitual usar las bombas como proyectiles. Esa persona debe ser sancionada. Pero hay que preguntarse cuál es la responsabilidad política de la ministra de Gobierno frente a estas prácticas sistemáticas que afectan los derechos de las personas. 

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