El ex presidente del Brasil, Lula Da Silva y su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, están en el ojo de un huracán político y judicial, mientras la justicia de su país investiga una red de corrupción que, según habría declarado un senador, fue protegida por ambos políticos, quienes inclusive habría maniobrado para obstruir su investigación.

El titular de la mayor constructora de Brasil, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel el 8 de marzo de 2016, tras ser procesado en el marco de la operación Lava Jato, que investiga manejos ilícitos entre empresas privadas, la estatal petrolera Petrobras y políticos brasileños.

El juez Sérgio Moro declaró a Marcelo Odebrecht culpable de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Según el juez, Odebrecht formó un "club" con otras compañías para conseguir licitaciones fraudulentas con Petrobras. En la sentencia, el togado precisa que "Los contratistas acordaban previamente quiénes se llevarían los contratos, manipulando los precios durante la licitación. Conseguían, sin competición real, contratos al precio más alto posible".

Según la sentencia, el sistema de lavado de dinero que usaba Marcelo Odebrecht era "sofisticado", con cuentas en el exterior de Brasil, y se habrían pagado sobornos por un valor de 108 millones de reales y USD 35 millones a empleados de Petrobras. Estos sobornos permitían que los funcionarios de Petrobras "no obstaculizaran el funcionamiento del cártel y los ajustes fraudulentos de las licitaciones".

Entre 2001 y 2014, Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras, de los que se llevó el 10%, y la firma capitaneaba un "club de constructoras" conformado por 23 empresas que ganaban las licitaciones de manera fraudulenta. Odebrecht tiene 168.000 empleados y opera en 28 países, entre ellos el Ecuador. 

La situación de Lula Da Silva 

La verdadera novela política que es la vida de Lula agregó un nuevo capítulo, con una operación policial que incluyó allanamientos a su residencia, a las de varios de sus familiares, empresarios allegados y la sede del instituto que dirige, todo vinculado a las colosales corruptelas en la estatal Petrobras, el pasado 4 de marzo de 2016. 

Tras el allanamiento Lula Da Silva fue acusado el 9 de marzo por la Fiscalía de lavado de dinero y otros delitos, lo que complica su situación legal, si bien hasta el momento no se han dictado órden de captura en su contra. 

El expresidente fue trasladado desde su casa, en Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo, a una comisaría para prestar declaración, bajo sospechas de que se ha enriquecido ilegalmente con la corrupción petrolera, que salpica a importantes líderes del Partido de los Trabajadores (PT), que él fundó en 1980 y le llevó al poder por primera vez en 2003 y a la reelección en 2006.

El hijo más renombrado del paupérrimo noreste de Brasil dejó la Presidencia en 2011 tras ocho años en el poder con una popularidad del 87% y se la entregó a Dilma Rousseff, casi una desconocida hasta que él la impuso como su sucesora para las elecciones de 2010.

Tras dejar la presidencia, fundó un instituto político con su nombre y se dedicó a dar conferencias pagadas por grandes empresas multinacionales, las cuales también son investigadas por la Policía, que sospecha sobre la transparencia de esas actividades.

Rousseff, su heredera, no ha podido reeditar su carisma y hoy, tras cinco años en el poder, está amenazada por la posibilidad de un juicio con miras a su destitución por irregularidades fiscales que se le atribuyeron a su Gobierno en 2014 y 2015.

El Instituto Lula reaccionó hoy a la operación policial, y la calificó como una “agresión al Estado de Derecho”, “arbitraria, ilegal e injustificable”.

También afirmó que la “violencia de hoy será repudiada por todos los demócratas, por todos los que tienen fe en el Estado de Derecho en Brasil y alrededor del mundo, pues Lula es una personalidad internacional que dignifica al país” como “símbolo de paz, de combate al hambre y de la inclusión social”.

La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff (C) visitó y dio su respaldo a Lula en su casa en  Sao Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo. REUTERS/Paulo Whitaker

Las acusaciones contra Lula

Según un reporte de la Agenda DPA, la Fiscalía indaga una serie de presuntas prebendas que habrían recibido el ex presidente por parte de la red de corrupción de Petrobras. Entre estas están: 

El Tríplex en Guarujá: Se sospecha que Lula es dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que habría sido reformado por la constructora OAS, en obras valuados en al menos un millón de reales (unos USD 260 000), y equipado con muebles de lujo por un valor de 250 000 reales (unos USD 75 500). Según el Ministerio Público Federal (Fiscalía), aunque Lula afirma que el apartamento no le pertenece, sino que es de OAS, existen prueban que indican que sí le pertenece, tales como los testimonios del vigilante, la portera y el síndico del condominio, y dos ingenieros de OAS.

La chacra en Atibaia: La sospecha es que Lula compró la quinta en 2010 por 1,5 millones de reales (unos USD 390 000) mediante testaferros. Las reformas de la residencia habrían sido pagadas por el empresario y amigo de Lula José Carlos Bumlai y las constructoras OAS y Odebrecht, por un valor de 747 378 reales (unos USD 196 600). Las empresas y Bumlai habrían equipado además la casa con muebles valuados en 170 000 reales (unos USD 44 700). Además, los propietarios formales de la quinta son Jonas Suassuna y Fernando Bittar, socios del primogénito de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, quien también fue llevado a declarar ante la policía. El Instituto Lula, que fue registrado por la policía al igual que todas la propiedades que pertenecen o utiliza regularmente el ex presidente, rebatió las acusaciones relativas a ambos inmuebles. "Es de pleno conocimiento (...) que ni el apartamento ni la quinta de Atibaia pertenecen o pertenecieron, directa o en forma velada, al ex presidente Lula".

Las conferencias impartidas por Lula y pagadas por las constructoras:  La Fiscalía investiga "pagos voluminosos" realizados por constructoras beneficiadas por la trama de corrupción en Petrobras en favor del Instituto Lula, a través de donaciones, y de la empresa LILS Palestras, a través del pago de honorarios por conferencias impartidas. La mayor parte del dinero que ingresó en ambas empresas entre 2011 y 2014 provino de empresas involucradas en la red en Petrobras: Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y UTC.

Un informe difundido este domingo por el diario brasileño O'Globo detalla que Odebrecht, la empresa involucrada en el escándalo de corrupción y coimas de la petrolera estatal Petrobras, fue la que más contribuyó con donaciones al Instituto Lula.

Entre 2011 y 2014, el conglomerado desembolsó un total de 7.678 millones de reales (USD 2.042.731.900), de los cuales 4,6 millones fueron asignados al Instituto y 3.013 le se pagaron a LILS Conferencias y Eventos, por discursos del ex presidente.

Mientras que Odebrecht fue el que más dinero aportó entre ambas instituciones, Camargo Correa encabeza la lista de donantes del Instituto Lula con 4.750 millones de reales en el período entre 2011 y 2014.

Según la defensa de Lula, el pago de honorarios recibidos es "semejante al de instituciones vinculadas a otros ex presidentes de Brasil y en otros países, excepto por jamás haber recibido donaciones de empresas públicas".

La mudanza y acervo de Lula: La Fiscalía sospecha que existen "fuertes indicios de pagos disimulados de aproximadamente 1,3 millones de reales (unos USD 342 000) realizados por OAS en favor de Lula, entre enero de 2011 a enero de 2016, para guardar objetos retirados del Palacio del Planalto (sede de la Presidencia brasileña) cuando acabó su mandato". La contratación del servicio de almacenamiento fue realizada por OAS y la empresa de depósitos, "falsificándose el documento para que constara que se trataba de 'almacenamiento de materiales de oficina y muebles de escritorio pertenecientes a la constructora OAS'". También se sospecha que OAS pagó el traslado de esos objetos desde Brasilia a Sao Paulo, donde vive Lula. Según el ex mandatario, él fue el presidente que recibió más regalos en la historia y que llegó a crear un acervo personal. Por su parte, el Instituto Lula alega que la mudanza desde Brasilia fue realizada por la Presidencia de la República, "de la misma forma como se hizo con sus antecesores".

Los hijos de Lula y conferencias:  Las investigaciones apuntan a que existen pagos realizados por el Instituto Lula y la empresa LILS Palestras a empresas de los hijos de Lula, una nuera del ex presidente, uno de los dueños de la quinta de Atibaia, entre otras personas.

Tras la acusación de la Fiscalía, Lula Da Silva replicó que esta tiene motivaciones políticas. 

La presunta confesión de un senador 

Un medio de comunicación brasileño, la revista Istoé reveló también una supuesta filtración judicial en la que el senador del oficialismo brasileño Delcido do Amaral, detenido en noviembre por obstrucción a la justicia, llegó a un acuerdo con fiscales que implica a la presidenta Dilma Rousseff y al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el escándalo de corrupción de Petrobras.

El senador Delcidio Amaral, exjefe del oficialismo brasileño en el Senado e investigado por las corruptelas en la estatal Petrobras, dijo que no confirma las denuncias que le atribuyó una revista contra la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.

Según una nota firmada por el senador, “en principio, ni el senador Delcidio ni su defensa confirman el contenido del reportaje” publicado por la revista Istoé, según la cual Amaral acordó cooperar con la Justicia a cambio de una futura reducción de pena e hizo graves acusaciones contra Rousseff y Lula.

La versión en internet del diario brasileño O Estado de S.Paulo dijo que Amaral, que fue liberado de la cárcel en febrero con algunas restricciones, entregó un testimonio preliminar a los fiscales públicos que podría ser revelado si se le concede indulgencia en un acuerdo formal de delación compensada.

O Estado no identificó a las fuentes de su información pero dijo que Amaral nombró a Lula y que podría revelar sórdidos tratos en la compra de la refinería estadounidense Pasadena por parte de la estatal Petrobras.

La petrolera brasileña ha estado en el centro del escándalo de sobornos y cobros excesivos por servicios que los fiscales han estado investigando durante dos años.

El abogado de Amaral había dicho previamente que su cliente no accedería al acuerdo para reducir penas. 
La revista IstoE también señaló  que el senador testificó bajo los términos del acuerdo con la fiscalía y dijo que Rousseff empleó su influencia para mantener en sus cargos a gerentes de Petrobras acusados de corrupción.

La revista también dice que Amaral reveló que Rousseff intervino directamente en el nombramiento de miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer “la liberación” de algunos empresarios detenidos por el caso Petrobras.

Sobre Lula, Istoé afirma que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le “pidió expresamente” que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborara con la justicia.

Según las leyes brasileñas que regulan las llamadas “delaciones premiadas”, que pueden representar una reducción de pena, esas declaraciones deben ser homologadas por el Tribunal Supremo antes de tener valor legal y garantizar esos beneficios.

En el caso de la declaración atribuida a Amaral por Istoé, aún no ha sido homologada y ello obliga al delator a mantener silencio sobre su contenido e incluso le impide confirmar que ha llegado a un acuerdo de cooperación.

La reacción de la presidenta y el apoyo de Rafael Correa

Ante la denuncia publicada por la prensa, la presidenta Rousseff reaccionó. Para la mandataria, hay un “uso abusivo” de las filtraciones de casos de corrupción “como arma política”, tras conocerse una supuesta declaración de un delator que la implica en el escándalo de Petrobras. Aécio Neves, líder de la oposición, pidió a Rousseff que renuncie por el contenido de la supuesta declaración.

En un comunicado oficial, la mandataria brasileña sostuvo que las filtraciones, como la realizada por la revista Istoé, “no contribuyen para la estabilidad del país”.

“Las filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales deben ser repudiadas y su origen tiene que ser rigurosamente investigado, ya que dañan la ley, la justicia y la verdad”, afirmó Rousseff.

La jefa de Estado también defendió que el Poder Judicial autorice la divulgación completa de la supuesta declaración si esta ocurrió y si decide aceptarla como una prueba en el proceso del caso Petrobras.

El Gobierno negó la veracidad de las informaciones y el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, las calificó como “inverosímiles”.

El senador Aécio Neves, uno de los más reconocidos dirigentes de la oposición brasileña, le sugirió hoy a Rousseff que renuncie por el contenido de la supuesta declaración.

“¿Será que no es el momento para que la presidenta, en un gesto de grandeza, pensando no en su partido sino en el país, renuncie a su mandato?”, preguntó Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) desde la tribuna del Senado.

De su lado, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, dio su apoyo a los políticos brasileños. Sobre la detención para que declare de Lula dijo: "Estoy seguro que no tiene nada que ver en los supuestos escándalos de los que se lo acusa, pero si lo quieren interrogar, que lo hagan con el debido proceso. Todo eso es parte del ataque contra los Gobiernos progresistas".

El mandatario agregó que "a mí también me están haciendo algunas cosas que en su momento se las diré” y advirtió que es impresionante la persecución que tienen los líderes progresistas que no agachan la cabeza ante los imperios ni la burguesía. “Que vivan líderes históricos mundiales como Lula da Silva, el sencillo betunero que llegó a Presidente de la Economía más grande de nuestra América”.

La presidenta desbordada

Para el analista Josías de Souza, "el acuerdo de delación firmado por el senador Delcídio Amaral con la Fiscalía General ha dejado al gobierno noqueado. Arrastrada por vez primera al epicentro del escándalo de Petrobras, Dilma Rousseff tuvo un primer impulso para descalificar al informante. Un colaborador le recordó a la presidenta que, antes de su detención, Delcídio era el jefe de su Gobierno en el Senado. ¿Cómo explicar au elección para ejercer como representante del Gobierno? Planalto (presidencia) se dio cuenta de que su reacción no podía ser improvisada".

Según el analista, "Dilma mantuvo la decisión de tratar de desacreditar a Delcídio, atacando su reputación. No quedaba alternativa. Después de pasar la mañana dándole vueltas a los términos del acuerdo de delación del ex-jefe parlamentario, pendiente del Tribunal Supremo, los colaboradores de Dilma comenzaron a manifestarse. Califican a Delcídio como un bocazas. Afirman que sus declaraciones no surten efecto. El Ministerio Público Federal piensa de otra manera, tanto, que sometió la delación al crieterio del ministro Teori Zavascki, ponente del Caso Lava Jato en el Tribunal Supremo".

Aunque la mandataria ha defendido su honor en varias ocasiones, "el problema de la presidenta es que ningún delator del caso Lava Jato sale de un convento. Y la calidad de las revelaciones crece en proporción directa a la disminución de las biografías"

Para el analista, el testimonio del senador Delcídio tiene varias aristas importantes:  "1) Es el primer miembro del PT que mete el dedo en el caso Lava Jato, 2) Su proximidad con la Presidencia hace de él un personaje con un arsenal de información que permite reescribir el cuento del “yo no sabía” ya bastante debilitado. Además de Dilma Rousseff, el senador se refirió a Lula".

"La noticia escandalosa de la delación de Delcídio llegó en pésima hora, el mismo día en que los titulares de prensa aireaban la dimensión de la ruina económica producida bajo Dilma: el PIB de 2015 cayó un 3,8%… El miedo más grande del Gobierno es que la coincidencia del estancamiento económico con el fango de Petrobras produzca una especie de marejada que de nuevo llene a la calle en las manifestaciones previstas para el 13 de marzo. Oficialistas y oposición están de acuerdo en un punto: el impeachment tendrá posibilidades de prosperar si la calle avala la solicitud que está pendiente de votación en la Cámara", señala. 

El analista cree que  "de hecho, la presidenta intenta mantener el equilibrio en medio del choque de dos fenómenos: el desastre de gestión en que se ha convertido su gobierno y las investigaciones que sacan a la luz las cloacas de la corrupción con una voracidad histórica".

"Al olor del calabozo, la oligarquía envuelta en el caso Lava Jato ha comenzado a soltar la lengua. Ejecutivos de las empresas como OAS, Andrade Gutiérrez y hasta Odebrecht, la mayoría de ellos se han convertido en delatores haciendo cola a ver qué pasa" apunta. 

"Dilma ya no controla los hechos que determinan el futuro de su gobierno. Está dominada por ellos. Hasta el momento, la presidenta se limitaba a perseguir dos objetivos estratégicos: no caer y dar la sensación de que mandaba. El segundo objetivo ya está perdido. Dilma se mantiene como puede. Revela un enorme deseo de permanecer al volante, incluso carece de un itinerario", finaliza el analista brasileño. 

Cronología del caso que sacude a Brasil

2014

17 marzo.- La Policía Federal desarticula una banda acusada de haber lavado cerca de 10.000 millones de reales (unos 4.350 millones de dólares) de valores y dinero de origen ilegal.

En la operación “Lava-jato” eran detenidas 28 personas, acusadas de formar una banda dedicada al lavado de dinero, desvío de recursos públicos, evasión de divisas, corrupción, contrabando de piedras preciosas y tráfico de drogas, entre otros delitos.

21 marzo.- Es detenido el exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

6 septiembre.- En plena campaña electoral, Costa desvela un sistema de corrupción que compromete a diputados, senadores y políticos del PT y sus aliados PMDB y Partido Progresista (PP).

El caso se refiere al supuesto pago de sobornos millonarios a decenas de políticos por parte de constructoras que ganaron contratos con Petrobras entre 2004 y 2012.

26 octubre.- Dilma Rousseff, que es reelegida como presidenta de Brasil, se compromete a combatir la corrupción.

11 diciembre.- Un total de 35 personas, entre ellas 22 ligadas a seis grandes constructoras de Brasil, son denunciadas por la Fiscalía del estado de Paraná por su supuesta implicación en el caso.

22 diciembre.- Rousseff admite que la corrupción en Petrobras dificulta la formación del Gabinete de Gobierno. Rousseff renueva su confianza en Graça Foster.

27 diciembre.- La presidenta Rousseff, el saliente ministro de Hacienda, Guido Mantega, y la presidenta de Petrobras, Graça Foster, figuran entre los catorce nombres que deberán responder en un proceso adelantado por la Justicia de Estados Unidos contra Petrobras.

2015

1 enero.- Rousseff inicia su segundo mandato.

28 enero.- Petrobras publica sus resultados, en los que excluyó las pérdidas causadas por desvíos de su balance en el tercer trimestre de 2014.

4 febrero.- Graça Foster y otros cinco directivos renuncian a sus cargos en Petrobras.

5 febrero.- Es detenido el tesorero del PT Joao Vaccari Neto.

6 febrero.- Aldemir Bendine, banquero cercano al PT, es nombrado presidente de Petrobras.

3 marzo.- El fiscal general Rodrigo Janot, que investiga la participación de políticos con fueros en la trama de corrupción, pide abrir nuevas investigaciones contra 54 personas, entre ellas políticos protegidos.

6 marzo.- La Corte Suprema autoriza la investigación de 49 políticos y autoridades, incluidos 22 diputados y 12 senadores en ejercicio, entre ellos, el presidente del Senado y del Congreso, Renán Calheiros, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB.

18 mayo.- La Justicia brasileña imputa a cuatro exdiputados por su presunta implicación en el caso Petrobras.

1 octubre.- El Congreso de Perú acuerda formar una comisión legislativa que investigará los presuntos vínculos de autoridades de ese país con el caso.

17 diciembre.- La Policía brasileña desmantela otra red que habría desviado recursos de Petrobras desde 1997.

2016.

29 enero.- La Fiscalía de Sao Paulo cita a declarar en calidad de investigado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero, a raíz de la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá.

30 enero.- El exmandatario y candidato a la Presidencia de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011) declara como testigo.

22 febrero.- La Policía Federal pone en marcha una nueva fase de la operación, con la ejecución de 51 nuevos mandatos judiciales.

29 febrero.- El expresidente Lula presenta por escrito su defensa ante la fiscalía de Sao Paulo.

2 marzo.- El Consejo de Ética de la Cámara Baja brasileña aprueba proseguir el proceso que le puede costar el cargo al presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, implicado en casos de corrupción en Petrobras.

3 marzo.- El Supremo acepta por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

4 marzo.- Un juez decreta la prisión preventiva de los publicistas João Santana y su esposa, Mônica Santana, responsables de las campañas electorales de los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y la República Dominicana, Danilo Medina.

8 marzo.- Se dicta sentencia contra Marcelo Odebrecht, principal ejecutivo de la constructora de ese nombre, por pago de sobornos para obtener licitaciones en Petrobras. 

Con información de Infolatam, El País y DPA