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20 de Enero del 2020
Historias
Lectura: 15 minutos
20 de Enero del 2020
Susana Morán
Jarrín y Valencia se enfilaron contra Carrión ante una descuidada comisión
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Foto: Luis Argüello / PlanV

El canciller José Valencia llevó voluminosas carpetas con documentos reservados para afirmar que se han cumplido los protocolos en relacióna los sobrevuelos norteamericanos. 

 

En tres horas el ministro Oswaldo Jarrín y el canciller José Valencia buscaron echar abajo la denuncia del exembajador Francisco Carrión sobre la falta de un convenio para la operación de los aviones radares norteamericanos. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales los recibió con preguntas complacientes, repetitivas o fuera de tema. Mientras tanto, una alta fuente diplomática aseguró que el tema central de la preocupación es Galápagos y su participación en la estrategia de seguridad.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el canciller José Valencia empapelaron a los seis asambleístas que escucharon sus comparecencias, el pasado jueves 16 de enero. Los altos funcionarios fueron recibidos por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral que los convocó por la renuncia del exembajador en Estados Unidos, Francisco Carrión. El diplomático afirmó que su principal discrepancia con el Gobierno era la falta de un marco normativo bilateral para las operaciones de los aviones radares norteamericanos en Ecuador. Pero Jarrín y Valencia llegaron con cientos de documentos reservados para enterrar la versión de Carrión. 


Los asambleístas correístas Augusto Espinosa y Lexi Loor se levantaron de la sesión de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales porque no estuvieron de acuerdo en escuchar solo las versiones de Jarrín y Valencia. El exembajador Carrión había dicho que no fue convocado. 

Los ministros se presentaron con voluminosas carpetas, acompañados con entre cuatro y cinco de sus colaboradores más cercanos, con equipos de comunicación y su seguridad personal. Cada uno expuso sus argumentos con diapositivas. Citaron normas, cifras, cronologías, comunicados y hasta un mapa. Una preparación que claramente contrastó con las preguntas generales y repetitivas de los asambleístas. La sesión duró cuatro horas, pero la atención de los legisladores no tanto. Inmersos en sus celulares la mayoría, solo a dos se los vio tomando apuntes de las declaraciones de los funcionarios. Hasta el presidente de la Comisión, Fernando Flores, salió al baño en plena intervención del Canciller sobre seguridad nacional y soberanía. En ese clima laxo, Jarrín y Valencia expusieron sus argumentos holgadamente. Solo al primero se lo vio incómodo, cuando el asambleísta Fabricio Villamar le preguntó sobre los radares Alpha y Beta. Jarrín tuvo que reconocer -después de casi media hora de hablar de los beneficios de los sobrevuelos norteamericanos- que el radar, ubicado en Manabí, seguía dañado. 


El canciller José Valencia tuvo la intervención más larga de casi hora y media en la Comisión. 

Según el canciller, la decisión de cambiar embajador en Estados Unidos fue tomada a mediados de diciembre por el Presidente. Pero para no dañar la Navidad del embajador Francisco Carrión, recién se le comunicó a inicios de enero.

Pero el primero en hablar fue el Canciller. Empezó con una lámina para señalar las dos afirmaciones erróneas, a su criterio, que Carrión expuso en su renuncia. Acerca de que no existe un marco legal para la cooperación, Valencia respondió que las operaciones sí tienen normas vigentes que las sustentan. “El marco normativo específico, actualmente en negociación, no es indispensable”, decía su presentación. Tanto Valencia como Jarrín minimizaron el polémico convenio. El Ministro de Defensa se refirió a este como “el nivel más bajo” en cuanto a normas: el de operación. Valencia, en cambio, puso como ejemplo el apagón de un incendio. Imaginémonos -dijo- un país con incendios forestales y ese país no se da abasto y pide colaboración internacional. “No nos vamos a poner ese rato a firmar un convenio para que envíen aviones cisternas, la cooperación internacional se da sobre la base de los parámetros globales”. 

El Canciller informó que aún se sigue trabajando en el convenio. El 12 de diciembre pasado, llegó la última respuesta de los Estados Unidos al documento borrador con observaciones. Defensa  convocó a una reunión de evaluación del programa para el 8 de enero pasado, donde se preparó la respuesta. Los aspectos que aún se discuten tienen que ver con la organización de la cooperación y los permisos, el flujo de recursos y la tripulación que estará en la aeronave, dijo Valencia. Estas últimas están cobijadas por el Acuerdo General para la Ayuda Económica y Técnica y para propósitos afines entre Ecuador y Estados Unidos de 1962. 

Francisco Carrión informó por redes que no se fue convocado a la sesión de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La Secretaria de la comisión dijo que envió la convocatoria a su correo personal y por whatsapp.

Pero si algo molestó al ministro Jarrín fue la referencia de Carrión a la soberanía. “Se ha pretendido empañar la soberanía nacional por un impase interno burocrático”, sentenció Jarrín antes de señalar al narcotráfico como “la principal violación” de esta. 

Eran “conceptos infundados” que el Gobierno de Lenín Moreno no podía dejar pasar, dijo antes el Canciller. Una de las láminas de su presentación decía: “la soberanía no se vulnera al combatir el narcotráfico”. Tanto así que Valencia enumeró los leyes y los artículos correspondientes. Se apoyó en siete normas entre ellas la Constitución, tres convenciones internacionales, dos planes nacionales y el acuerdo general de 1962. 

El triángulo de seguridad 

Mientras Jarrín hablaba ante la Comisión de Soberanía, el P-3 volaba sobre mar territorial. “Este Ministro de Defensa -disculpen que hable en primera persona- diseñó, implementó y está tratando de complementar todo lo que corresponda al triángulo de seguridad”. Jarrín llegó a la Comisión para volver a defender su plan o su invento, como él mismo lo llamó. Es una estrategia se seguridad marítima que incluye a Galápagos y los cuatro puertos del perfil costanero ecuatoriano. La punta del triángulo es la capitanía de la isla San Cristóbal. Es un espacio que representa cinco veces el territorio nacional y por lo tanto las Fuerzas Armadas no tienen capacidades de control sobre toda esa zona. El narcotráfico es una amenaza regional y por lo tanto se debe aplicar la cooperación internacional, sostuvo el ministro. 

Según la Cancillería, el programa de aviones radar con EE.UU. comprende el uso de los Lockheed Martin P-3 Orion, que tiene un costo de USD 45 millones y de los E-3 Sentry (AWACS) que valen USD 270 millones. El costo estimado de las operaciones es de USD 50 millones al año. En cada vuelo va personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que coordinan con la Fiscalía en los casos donde se hayan detectado ilícitos. El principal resultado es la cantidad de droga incautada. Según Valencia, hasta el momento se han decomisado 30 toneladas de droga fruto de la operación de los aviones radar. Pero Jarrín dio otra cifra: 13.4 toneladas. Solo un día después Jarrín dejó entrever en Radio Visión que las 30 toneladas incluyen las operaciones en aguas internacionales. Las embarcaciones sospechosas se han detectados hasta en 800 millas. 


El Ministro de Defensa expuso sus argumentos durante 50 minutos. Fue consultado solo por tres legisladores. Foto: Asamblea Nacional

El Ministro de Defensa informó que durante 2019 ha avanzado en un 98% las compras para mejorar las capacidades operativas de las FF.AA. Ha adquirido 14 lanchas para la frontera, aviones de entrenamiento, seis helicópteros para la FAE, equipos de protección personal y de comunicaciones para la Fuerza Terrestre y para la Fuerza Naval un buque multipropósito que está en construcción.

Otro dato que no encajó en las dos intervenciones fue el número de vuelos. Valencia habló de 53 pedidos desde septiembre de 2018. De los ellos, tres no fueron autorizados por la falta de un requisito y tres fueron cancelados. Mientras que Jarrín citó 44 operaciones y 215 vuelos. 

Jarrín sostuvo que los procedimientos son rigurosos. La solicitud de Estados Unidos llega con tres semanas de anticipación y este pedido se envía a un centro de mando y control conformado por la Cancillería, el Comando Conjunto, un representante de la Fuerza Naval y uno de la Policía. Allí se establece el área al que irá la aeronave y la duración de los vuelos. Ellos procesan -dijo el ministro- los datos que se obtiene de la exploración del avión. El sistema de radares nacionales complementan la información, aunque Jarrín reconoció que un radar en Manabí sigue dañado y ya no es susceptible de reparación porque es muy antiguo. Defensa busca sustituirlo. Anunció que la opción que analizan para cubrir esta área es el uso de radares en la lanchas guardacostas. 

Galápagos, el olvido de los legisladores

Una alta fuente diplomática contó a Plan V que existe preocupación por Galápagos y su papel dentro de los sobrevuelos norteamericanos, así como cuáles serían los beneficios para Ecuador de esta cooperación más allá de la seguridad nacional. El exembajador Francisco Carrión, consultado por Plan V el pasado viernes, afirmó que Ecuador tiene que tomar una decisión política sobre qué puede obtener de los EE.UU. al concederle esta colaboración antidrogas. Eso en un escenario donde, al parecer, el mayor beneficiario de esta cooperación sería Norteamérica. Valencia, en una reunión de medios un día después de la comparecencia, dijo que la Cancillería no quiere securitizar la relación con EE.UU. y admitió que con ese país hay mucho más que hacer. Pero la política de Donald Trump de cerrar acuerdos bilaterales afecta a todos, agregó el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

Galápagos es una inquietud que volvió a surgir desde que el archipiélago fue mencionado como parte de la estrategia marítima. Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en julio de 2019, Lenín Moreno salió a negar la posibilidad de una base militar extranjera en las islas.

Los aviones radar aterrizarán en Galápagos cuando estén listas algunas obras como el ‘taxyway’, según Defensa. Pero una alta fuente diplomática asegura que se requiere una mini Base de Manta para su operación.

Jarrín, en su comparecencia, reiteró que el papel de Galápagos sería para el abastecimiento de las naves. En Radio Visión, el ministro ahondó este tema. “Si estamos operando sobre las Galápagos y en aguas internacionales no hace falta que regrese a Guayaquil a recargarse y regresar. No tiene lógica”. Confirmó que el P-3 hasta el momento solo tiene autorización para operar desde Guayaquil.

Por eso se busca usar la pista de la Capitanía de la Isla San Cristóbal. Según Jarrín, allí puede operar cualquier avión. Pero falta una pista de rodaje que conecte el hangar con la pista de aterrizaje. En inglés esta zona se llama ‘taxyway’. El hangar fue transferido por la Dirección de Aviación Civil a Defensa para que se guarde el avión. Pero hay otro limitante, según el ministro. La Capitanía solo opera desde 06:00 a 18:00. El objetivo es que funcione 24 horas para lo cual debe ser equipada de tecnología, sistemas de navegación e iluminación. “La posición de Galápagos es estratégica para el país y la región”. 

Pero la alta fuente diplomática consultada afirmó que el tema no es tan sencillo. Para este tipo de aviones se requiere una pista de 3 kilómetros y un grupo mínimo de apoyo, además de la tripulación. Por ejemplo, necesita personal en tierra para que la aeronave sea atendida, para que se dirijan las operaciones con sofisticados equipos tecnológicos y de otras tareas como el abastecimiento y la logística del avión y hasta equipos de bomberos. Además, la permanencia de la tripulación en la isla requerirá infraestructura. La fuente lo calificó como “una mini base de Manta”. Plan V conoció que el AWAC, un avión radar más sofisticado que el P-3, requiere de 100 personas.

De este tema, ningún legislador hizo una consulta. Tampoco advirtieron las diversas cifras que presentaron los ministros sobre incautaciones de droga y vuelos. De los 10 legisladores con los que comenzó la sesión, solo se quedaron seis. El asambleísta correísta Augusto Espinosa fue el último en llegar y el primero en irse porque Carrión no compareció. Se fue con su coidearia Lexi Loor. Quienes se quedaron fueron los asambleístas Henry Yánez y René Yandún, quienes dijeron no entender el problema y preguntaron qué es lo que estaba pasando con el convenio polémico. Eso después de la hora que duró la explicación del Canciller. César Carrión preguntó a Valencia si habrá un convenio definitivo y a Jarrín solo le hizo un comentario a favor de la lucha contra el narcotráfico. Yánez felicitó la labor de Defensa y Yandún se preocupó del presupuesto para las Fuerzas Armadas. Mientras que la asambleísta Encarnación Duchi consultó si en octubre pasado, durante el paro nacional, hubo más sobrevuelos norteamericanos porque durante las manifestaciones “se vieron más aviones”.

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