Jorge Yunda se aferra al cargo, pero lo que parece tozudez es parte de una estrategia: agotar recursos internos en busca de presentar una demanda en instancias internacionales. No en vano, desde el primer momento, Yunda y sus abogados han citado el caso del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido del cargo por la Procuraduría de su país y apeló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando una sentencia favorable.

Aunque la diferencias entre el caso de Petro y el de Yunda han sido ya señaladas, la fundamental, que Petro no fue destituido en un acto de control político por el equivalente bogotano del Concejo Metropolitano, sino por un ente administrativo en una decisión dudosa, los abogados de Yunda le juegan a no dejar ningún cartucho sin quemar.

Mientras tanto, la ciudad avanza en piloto automático. Para este martes 13 de julio, Yunda ha convocado una nueva sesión del Concejo, esta vez, en el Salón del Concejo del Palacio Municipal, pues mientras la semana anterior intentó una reunión en un barrio del sur capitalino, la mayoría de los concejales se instalaron en el salón del Concejo.

Yunda ha recurrido a la justicia de Pichincha para mantenerse en el cargo  y ha obtenido dos resoluciones favorables de jueces que le han concedido amparos constitucionales. Pero el accionar de los jueces ha sido criticado por el propio Consejo de la Judicatura, que ha denunciado irregularidades. Inclusive, la Fiscalía allanó las casas y oficinas de los togados y de sus asistentes.

Yunda ingresó también un escrito al Tribunal Contencioso Electoral, poniendo en duda la legalidad de la resolución de su consulta, y su nuevo abogado -el ex presidente del TSE, Jorge Acosta, ya dejó el caso-alega que la resolución no parece una sentencia, pues no tiene la fórmula que dice “administrando justicia”.

Entre los integrantes de la mayoría de concejales que destituyeron a Yunda, está claro que el alcalde quema tiempo para impedir la posesión del vicealcalde, Santiago Guarderas, por lo que no van a asistir a ninguna de sus convocatorias. Pero también saben que las medidas dictadas a favor de Yunda no pueden ser revocadas sino por el propio sistema judicial y pasarían a consulta de la Corte Provincial de Pichincha, lo que alargará el drama entre una y dos semanas más.

Los recursos de Yunda

Luego de que el pasado 3 de junio de 2021 el Concejo Metropolitano de Quito votara a favor de la moción para la destitución del alcalde metropolitano, Jorge Yunda, con 14 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra, el sábado 19 de junio su defensa presentó una acción de protección en contra del vicealcalde Santiago Guarderas, las concejalas Mónica Sandoval y Analía Ledesma y el concejal Fernando Morales, cuatro de los integrantes de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito.

El martes 22 de junio, la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María Belén Domínguez, realizó la audiencia de acción de protección presentada por Yunda y la suspendió para su reinicio el 25 de junio. En la diligencia la defensa de Yunda señaló que no se atendió el pedido de recusación en contra del vicealcalde Santiago Guarderas, así como una supuesta vulneración a la seguridad jurídica. No obstante, la defensa de los accionados manifestó que la recusación del vicealcalde fue presidida por el mismo Yunda y la normativa del proceso fue cumplida.

La jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente el recurso presentado por la defensa de Yunda, argumentando que no se cumplió con los criterios de imparcialidad que garantizan la transparencia del proceso. La decisión dejó sin efecto lo actuado por la Comisión de Mesa en lo que respecta al informe emitido.

De su lado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la mañana del 1 de julio, ratificó la remoción de Yunda y respondió cuatro cuestionamientos planteados por su defensa de Yunda.

Al día siguiente, 2 de julio de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral notificó a la Secretaría del Concejo Metropolitano de Quito sobre la absolución de la consulta hecha por Yunda en lo que refiere a su proceso de remoción, a lo que, el martes 6 de julio, la defensa de Yunda contestó con el recurso de ampliación y aclaración, que fue contestado y con un nuevo escrito poniendo en duda la legalidad formal de la resolución.

Yunda insiste en convocar al Concejo capitalino pero no tiene quórum. 

Ese mismo día, Yunda convocó la sesión semanal del Concejo Metropolitano de Quito en la plaza central del barrio Ciudadela Ejercito uno, al sur de la capital. Con la asistencia de apenas siete concejales y pese a esperar los 20 minutos que corresponden para la instalación del quórum municipal, la sesión no pudo iniciarse. La concejala Blanca Paucar afirmó sentirse “triste y decepcionada” por la ausencia de sus homólogos concejales. Mientras tanto, el concejal Bernardo Abad, vía Twitter, indicó que los concejales que acataron el dictamen del TCE se estaban reuniendo en la sala de sesiones del Concejo de Quito, en el Palacio Municipal. “Realizaremos una mesa de trabajo, para tratar temas de importancia para solucionar los problemas de la ciudad”, concluía el concejal.

Yunda obtiene una nueva resolución

Lejos de concluir con la pugna por el cabildo de Quito, el 7 de julio el juez de Pichincha, Carlos Enrique Soto, concedió medidas cautelares a Yunda para anular la sentencia que lo removía de la Alcaldía. El juez sostuvo que la resolución seguirá en suspenso hasta que la Corte Provincial de Pichincha emita su veredicto en lo atinente a la acción de protección presentada en contra del informe realizado por la Comisión de Mesa.

Poco después, Yunda declaró a través de su cuenta de Twitter que la justicia, nuevamente, le ha dado la razón. “Se han otorgado medidas cautelares, ordenando al Concejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas que quiere entrar por la ventana”, publicó el removido alcalde de Quito. A todo esto, se sumó el sorpresivo nombramiento de la abogada Gabriela Obando como Procuradora Metropolitana de Quito. Su designación la oficializó Yunda, aunque hace pocas semanas Obando fue destituida como  supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por el propio Yunda, luego de que la funcionaria ingresara, según dijo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de manera abusiva a un estadio en donde se jugaba un partido internacional.

Los jueces al banquillo

Pero las decisiones judiciales a favor de Yunda tienen graves dudas sobre su legalidad.  El 8 de julio el Concejo de la Judicatura suspendió a dos jueces y cuatro funcionarios judiciales que tramitaron los dos recursos constitucionales presentados por Yunda. La presidenta del organismo judicial, María del Carmen Maldonado, aseguró que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por el delito de interceptación de datos y otras irregularidades. Maldonado añade que uno de los primeros indicios de irregularidades fue el ingreso de la acción de protección solicitada por la defensa de Yunda como un caso de violencia, con lo que el número de juzgadores se redujo a cinco. Aunado a esto, se evidenció que no se registraron sorteos en los sistemas del Consejo de la Judicatura, por lo que la designación de los jueces se efectuó de manera directa.

“El CJ tiene un sistema fuerte con las debidas seguridades. Aquí no se trata de un posible defecto del sistema, de lo que se trata aquí son ciertas acciones de carácter inusual, presumiblemente irregular de los servidores, para jugar con ciertas partes del sistema. No es defecto, ni debilidad, ni vulnerabilidad de sistema” explicó la titular de la Judicatura. 

El  vocal del Consejo de la Judicatura, Juan JoséMorillo, dijo que las irregularidades se presentaron en el momento mismo de la recepción de la acción de protección en la unidades judiciales de Quitumbe y Veintimilla. “Se vulnera el procedimiento en el momento de registrar la causa y, peor aún, atarla a una causa del 2020 para que la asignación sea directa a la jueza Domínguez”, apuntó el vocal.

Esto se repite en el segundo recurso presentado por la defensa de Yunda; en lugar de que el caso sea ingresado como una causa constitucional, es registrado como una causa civil. De esta manera, se vuelve a reducir el universo de juzgadores que analizan las acciones de Yunda. En otras palabras, de alrededor de 215 juzgadores en el cantón Quito, en la acción de protección presentada por Yunda, se redujo el número a un aproximado de 4 jueces. Lo mismo ocurrió con las medidas cautelares concedidas recientemente, al disminuir el número de jueces a 37.

Los dos jueces fueron sancionados y están siendo investigados, pero sus decisiones no pueden ser revertidas sino por la Corte Provincial. Los abogados de Yunda pueden ser sancionados por una presunta participación en las irregularidades en el Concejo de la Judicatura, bajo los cargos de abuso del derecho, mala fe profesional, entre otras imputaciones.

“Quienes somos abogados jamás hemos tenido la suerte de que una medida cautelar sea resuelta en tres horas”, enfatizó Santiago Guarderas, al tiempo que presentaba un pedido de revocatoria a las medidas cautelares conferidas a Yunda. Este último recurso presentado por Yunda retrasó la posesión de Guarderas en la alcaldía que estaba prevista para el viernes 9 de julio.

A estas medidas legales, se sumaron los allanamientos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en las oficinas de los jueces suspendidos por irregularidades. Se empezó la jornada de investigaciones en las oficinas del juez Carlos Soto, en el Complejo Judicial Norte, ubicado en el sector de Iñaquito. Allí se encontraron indicios documentales, además de dos computadores, uno portátil y un ordenador de escritorio. En la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, en la calle Veintimilla, se incautó el teléfono y el computador de Gabriela B. quien es oficinista de la dependencia. La marcha de indagaciones continúo en las oficinas de la jueza María Belén Domínguez, en el Complejo Judicial Sur en el sector de Quitumbe. Se recabaron expedientes de causas contra el Estado y borradores de resoluciones de otros litigios. Los allanamientos concluyeron en la casa de Daniela A., ayudante de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia en donde se encontró su celular para ser ingresado en la cadena de custodia.

Yunda dice que no se le juzgue en Twitter, pero se defiende en Twitter

Yunda  convocó a la sesión No. 155 del Concejo  para el martes 13 de Julio a las 09h00 en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, espacio que perdió la semana anterior ante los concejales de mayoría. Su convocatoria no tardó en promover una serie de respuestas en Twitter.

Una de estas reacciones fue la difundida por Jessica Jaramillo, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito quien afirmó que “el día de hoy 10 de julio, la secretaría del Concejo Metropolitano se hace la loca con la notificación del Tribunal Contencioso, que ratifica la remoción de Yunda como alcalde de Quito. Y como si no pasara nada, convoca a sesión de Concejo Metropolitano”. A esto último añadió que “Yunda a la fecha es exalcalde de Quito pues con la notificación de la consulta del TCE, se confirma la remoción”.

A la vorágine de tuits se sumaron Bernardo Abad y la concejala Luz Elena Coloma; “¿Qué parte no entiende de que está removido por el Concejo de Quito? Esa es la sentencia. Y el órgano competente (TCE) al revisar y recibir su consulta dice que todo se hizo apegado a la ley. #Exalcalde es resolución del órgano competente. No usurpe el cargo”, escribió la concejala Coloma. Más tarde, Eduardo del Pozo comentó a en su cuenta de Twitter: “Jorge Yunda debe entender que ya no es el Alcalde de Quito. El artículo 287 del COIP establece que la usurpación de funciones públicas es penada con cárcel”.
Frente a un panorama de completo rechazo a su permanencia en la alcaldía, Yunda señaló en su cuenta de Twitter: “Aquí se hace un llamado a no juzgar en redes ni medios de comunicación, el debido proceso”.

Mientras adjuntaba una publicación de la Asociación de Jueces del Ecuador a propósito de las sanciones impuestas a ambos jueces, a lo que añadió: “Si bien la medida está contemplada en el artículo 269.5 del Código Orgánico de la Función Judicial, debe ser aplicada conforme los principios constitucionales de proporcionalidad, debido proceso y presunción de inocencia, de lo contrario, se convertiría en un prejuzgamiento disciplinario”.