La incertidumbre reina en la Corte Nacional de Justicia, luego de que el Consejo de la Judicatura inició ya el proceso de evaluación de los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte. Se estima que la evaluación, que tiene varios elementos, permitirá conocer la calidad de las sentencias que ha emitido el actual grupo de jueces, así como también realizará una nueva revisión sobre sus bienes, cuentas y recursos económicos. Quienes no superen el 80 sobre 100 en la evaluación podrían ser removidos de sus cargos y eso abre espacio para especulaciones. 

La magistrados del alto tribunal serán evaluados durante es mes de septiembre en aspectos cualitativos y cuantitativos. En lo que se refiere a la calidad de las sentencias, se ha realizado una etapa de evaluación oral, que debe concluir en este semana. Ante una comisión especial, los jueces deberán explicar por qué razón fallaron en determinada forma. La evaluación oral ha tenido lugar entre el 7 y el 10 de septiembre en las distintas materias que llegan a la Corte, que es la última instancia de la justicia del país. Además de la evaluación oral, se realizará una evaluación de los fallos emitidos por parte de un Comité Evaluador nombrado por el Consejo de la Judicatura.  

También está previsto que los jueces sean evaluados en aspectos como su productividad, así como en el nivel de cumplimiento de sus horarios y su asistencia a sus despachos. 

Finalmente, se analizará el patrimonio de los magistrados, para determinar si hay o no alguna irregularidad en los bienes y recursos de los jueces que pueda hacer presumir actos de corrupción. 

En el sexto piso de la torre del Consejo Nacional de la Judicatura está funcionando el Comité de Evaluación, que está presidido por el ex ministro de Jamil Mahuad, Vladimiro Álvarez. El Comité tiene 13 integrantes, de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se han dividido el trabajo según las distintas materias y especialidades legales, y cuentan con el apoyo de un equipo del Consejo.

Juan Carlos Mejía forma parte del Comité de Evaluación de los jueces nacionales. 

Para Juan Carlos Mejía, quien es parte del Comité de Evaluación, se hará un estudio técnico de cada sentencia que han emitido los magistrados. Se tomarán en cuenta aspectos como el uso de la ley y la jurisprudencia, pero el análisis de la Evaluación no va a significar, en ningún caso, una modificación de las sentencias. Lo que se busca, explica Mejía, es analizar si se ha cumplido con la metodología jurídica recomendada al analizar los casos. 

Mejía explica también las tres etapas del proceso: cualitativa, cuantitativa y de transparencia y legitimidad, elementos que se analizarán de forma paralela. En la evaluación oral que ha tenido lugar esta semana, el Comité de Evaluación va a aplicar la metodología que determinó el Consejo de la Judicatura. Además se analizarán las sentencias escritas por los jueces, fallos que también fueron obtenidos por medio de un sorteo. Entre las sentencias están algunas que han sido cuestionadas por la ciudadanía, se explica desde el Comité. 

En lo referente a la transparencia y legitimidad, el Comité tiene previsto analizar el patrimonio de los jueces, con la intención de determinar si se puede detectar algún cambio injustificado. 

Las decisiones que se deban de tomar, con base en este informe, pasará al Consejo de la Judicatura. 

Roberto Salgado, otro de los integrantes del Comité Evaluador, destaca que varios de los jueces y conjueces que se opusieron a entregar el detalle de su patrimonio, alegaron que cada dos años ya presentan su declaración de bienes, pero precisa que la metodología acordada por el Consejo de la Judicatura exige que sea una declaración actualizada. 

Según Salgado, el plazo preliminar que se ha fijado según el cronograma, establece que hasta el 30 de septiembre se podría entregar el informe definitivo. 

Mejía precisa que que el fin último del Comité es realizar un informe objetivo, pero quien debe tomar las decisiones al respecto debe ser el Consejo de la Judicatura, aunque no se descarta que algunos de los jueces o conjueces puedan ser removidos. 

Roberto Salgado, quien también integra el Comité, cree que es prematuro decir qué jueces saldrán. 

Salgado cuestionó al abogado Rafael Oyarte, quien se ha mostrado excéptico sobre el proceso y ha sostenido que ya hay listas de quiénes se quedan y quiénes se van, a pesar de la evaluación. Pero ambos integrantes del Comité destacan que no han escuchado ninguna consigna de que se saque a alguno de los integrantes de la Corte Nacional, sino que su intención es realizar un informe lo más objetivo posible. 

"Todavía no terminamos ni la revisión, no se puede anticipar quiénes se quedan ni quiénes se van", enfatiza Salgado. 

Oyarte ha sido crítico con el proceso desde lo conceptual y también en lo procedimental. Así el abogado sostiene que "Si la actividad del juez es deficiente, usted tiene los recursos y allí le pueden revisar judicialmente el fallo y  determinar la incorreción del juez, incluso para fines de destitución. Esto no puede salir de un órgano administrativo". Para Oyarte, "la Corte Interamericana ha indicado que solo se puede revisar el contenido de un fallo a través del correspondiente recurso ante el órgano jurisdiccional competente y la revisión de los contenidos de la sentencia no puede servir para destituir a un juez". "Cuando se trata de la evaluación a los jueces es la unidad de talento humano el órgano de apoyo. Hay que evaluar, pero bien, respetando los estándares internacionales", finalizó el abogado. 

Sobre la similitud entre este proceso y otros cambios de la Corte Nacional, los dos comisionados toman distancia. Salgado precisa que esta evaluación consta en la Constitución del 2008, que establece evaluaciones periódicas de los jueces. En la Constitución, precisa, consta también el verbo "remover" a los magistrados de la Corte como un escenario probable. 

Para Juan Carlos Mejía, en cambio, en los ultimos años se ha atropellado la independencia judicial, mientras que en el caso de la Pichicorte, se destituyó desde el Congreso a la Corte. Ahora, dice, la situación es totalmente distinta y se trata de una evaluación totalmente legal. 

La reacción de los jueces: "calificar deslegitima las sentencias" 

No todos los magistrados han estado contentos con el proceso de evaluación. Las jueces María del Carmen Espinoza y Rosa Merchán Larrea se acogieron al derecho a la resistencia en una carta y anunciaron que no asistirán a la evaluación. Las dos magistradas invocaron el artículo 98 de la Constitución que concede tal derecho. 

Para la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, los casos de corrupción en la justicia deben ser identificados, y está en contra de que se generalice la imagen de que los operadores de justicia son propensos a comer actos de corrupción. La magistrada hizo un llamado a respetar las decisiones de los jueces, y recordó que el propio sistema prevé varias instancias para la apelación y revisión de los fallos. 

La presidenta de la Corte aseguró que hay "muchos jueces independientes" que solo se deben "a la Constitución y a la ley". La magistrada aclaró que la Corte Nacional "nunca se ha opuesto a la evaluación", pues reconocen que en el artículo 187 de la Constitución está prevista una evaluación para "mejorar el desempeño y promover la carrera judicial". Sin embargo, explicó que los jueces de la Corte Nacional no forman parte de la carrera judicial, y la única evaluación que cabía, en su criterio, es la que se ya realizó a la Corte en 2014. La próxima renovación de la Corte cabría solo en enero de 2021, explica, pero llama a revisar qué competencias tiene el Consejo de la Judicatura. En su opinión, el actual proceso no está respetando los procedimientos y estándares internacionales. La magistrada cuestionó la prueba oral, porque la sentencia ejecutoriada ya es cosa juzgada y no está de acuerdo con que se deslegitime de esa forma las resoluciones al ponerles una nota, pues podría abrir la puerta a reclamos de los demandantes. 

Aguirre afirma que al calificarlos, los deslegitiman y que aunque no se revisen las sentencias, eso podría quitarles fuerza. "Para un juez que resuelve la prueba no es difícil. El tema es que se va a deslegitimar la decisión del juez con un criterio subjetivo", explicó la magistrada, quien también rechazó que se analice hasta la forma de "persuadir" con la que hable el juez. 

La presidenta de la Corte, si bien calificó como "muy respetable" al Comité Evaluador, rechazó la forma en la que está previsto que trabaje. Para Aguirre, la evaluación no es "para remover", aunque reconoce que el Consejo de la Judicatura sí tiene la potestad de remover o destituir.

La magistrada también la "transparencia y legitimidad" aunque no tengan calificación, no forman parte de las normas previstas en la ley y la Constitución. Aguirre aseguró también que si la Corte Constitucional ha declarado la nulidad de una de sus sentencias, eso sería tomado como un demérito para el juez, lo que en su opinión viola los estándares internacionales. 

Sobre el patrimonio de los jueces, la magistrada recordó que el órgano competente es la Contraloría General del Estado y que cada dos años han autorizado todos los jueces la revisión de sus patrimonios y sus cuentas. 

Otro de los reparos de la titular de la Corte es que el Consejo de la Judicatura estaría delegando en el Comité su potestad de evaluar, pues solo recibirán un informe del Comité. La evaluación de desempeño, explica, no puede ser un motivo para destituir a los jueces del alto tribunal, y cuestionó que el mínimo sea el 80%. "Eso es un peligro", explicó la jueza.

La magistrada no sabe cómo se reemplazaría a los jueces que eventualmente salga de la Corte, pues también podrían ser removidos los conjueces en el marco de la misma evaluación.