La oposición legislativa afina los detalles de un proceso político cuyo objetivo sería la censura y destitución de Guillermo Lasso, tomando como elementos los denunciados hasta el momento en el Caso Encuentro. Este sábado, el pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe de la Comisión especial creada para el efecto. 

La Comisión especial, que fue integrada para analizar el caso y está conformada por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (ID), Diego Esparza (PSE), Augusto Guamán (independiente) y Gruber Zambrano (BAN), se reunió este 1 de marzo a partir de las 08:00 para el debate y aprobación del informe.

El informe fue aprobado con seis de siete votos y será el pleno de la Asamblea el que lo conozca y resuelva si lo envía a la Corte Constitucional, para un examen de admisibilidad, según el artículo 129 de la Constitución, que regula el juicio político al presidente de la República. 

Pero el borrador ya se hizo público. En 222 páginas, los legisladores, la mayoría de ellos de oposición, analizaron el Caso Encuentro y las denuncias sobre presunta corrupción en el entorno del presidente Lasso, así como un informe de la Policía que fue desechado por la Fiscalía de Manabí, en una causa que ha sido reabierta por orden de la Fiscalía General.

Los legisladores llamaron a comparecer a varios actores en el caso, como el ex secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, y a algunos agentes de la Policía que investigaron al entorno del presidente, en especial, las de Rubén Chérres, un amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado de Lasso, con varios empresarios de origen albanés presuntamente involucrados con una trama de narcotráfico hacia el país balcánico y otras naciones europeas. La Comisión destaca en el informe que el 30 de septiembre de 2022, el actual Gobierno eliminó de la lista de paraísos fiscales a Albania, país natal de varios empresarios cuestionados por supuestas operaciones de narcotráfico hacia Europa.

El informe relata que en enero de este año, el medio digital La Posta, en el programa de Andersson Boscán, hizo públicas una serie de grabaciones que comprometerían al entorno del presidente Lasso, mientras que el 16 de enero, la Fiscalía anunció el inicio de una indagatoria en el caso llamado Encuentro.  Para el 18 de enero, la Asamblea aprobó la creación de una Comisión ocasional, y para el 21 de febrero, se le extendió el plazo para la entrega de su informe. Según la Comisión, sus fuentes de información fueron lo entregado por Boscán en su comparecencia, así como la entregada por otras personas e instituciones.

Las gestiones de la Comisión

La Comisión tuvo en total 21 sesiones, en las que recibieron declaraciones de varios funcionarios públicos, en un total de 37. Además, solicitaron información específica al Servicio de Rentas Internas, en especial, declaraciones de renta, IVA y salida de divisas de varios de los investigados y empresas relacionadas. También pidieron información a la CELEC sobre el manejo del directorio, decisiones administrativas y contratos, mientras que a CNEL y FLOPEC también se les pidió información relacionada con si habían recibido observaciones de la Contraloría en su gestión y en algunos contratos específicos mencionados en la trama. También recibieron pedidos similares empresas como la Coordinadora de Empresas Públicas y Petroecuador.

En el caso de la Presidencia de la República, se lo solicitó más detalles sobre el informe elaborado por Luis Verdesoto, en especial, si fue entregado oficialmente al Gobierno. Además, se pidió a la Casa Militar de Palacio que informe quiénes han visitado Carondelet desde el 25 de mayo de 2021 hasta la fecha.

La Comisión se reunió en el Salón de la Libertad del Palacio Legislativo para aprobar el informe. Foto: Twitter Asamblea Nacional

La Superintendencia de Compañías también fue consultada, en especial, sobre las empresas que aparecen a nombre de Rubén Chérres y su socio, un empresario de origen albanés, radicado en nuestro país. Por su parte, la Comisión solicitó a la Unidad de Análisis Financiero un informe de movimientos injustificados de hasta diez mil dólares de Hernán Luque, Rubén Chérres y otros, pero esa entidad no los envió, alegando que solo puede dar esa información a la Fiscalía. De su lado, la Superintendencia de Bancos certificó que Hernán Luque fue funcionario del Banco Guayaquil desde 1996 hasta 2012, mientras que Danilo Carrera, cuñado del presidente, ejerce como presidente del Directorio del banco desde 1995 hasta la fecha.

Consultada la Fiscalía sobre investigaciones contra Danilo Carrera y Xavier Vera, la entidad respondió que se investigan delitos como peculado, concusión y oferta de tráfico de influencias, pero se trata de indagatorias en las que se mantiene la reserva.

Otras entidades consultadas fueron la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, el SERCOP. Pero por lo menos 97 personas llamadas a la Comisión no fueron, entre ellos, el propio presidente Guillermo Lasso, algunos de sus ministros y funcionarios de la Presidencia, la mayoría de ex funcionarios en las empresas públicas, y ninguno de los oficiales de la Policía que investigaron el caso Encuentro y estuvieron relacionados con él, pues alegaron que no son objeto de control político y no quisieron concurrir a la Asamblea.

Las hallazgos del informe

En la parte referente a la enumeración de hechos, el borrador del documento establece que en diciembre del año pasado, el presidente Lasso decía desconocer por qué renunció Hernán Luque, el ex alto ejecutivo del Banco Guayaquil,  a cargo en el Gobierno de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, aunque luego admitió en entrevistas posteriores que debió pedirle la renuncia por temor de que cayera en actos de corrupción.

Destacan también una conversación entre Danilo Carrera y Rubén Chérres, en la que sostienen que presentarían la hoja de vida para colocar a un ministro, y afirman que se trataría de Xavier Vera, quien llegó al ministerio de Energía no como ministro, sino como subsecretario de Minas.

La Comisión menciona también un audio filtrado en se escucharía a una abogada llamada María José Romo, supuestamente prima de la ex ministra de Lenin Moreno, María Paula Romo, en una presunta  gestión para pedir dinero a cambio de agilitar pagos a contratistas en Petroecuador.

Aunque 37 personas comparecieron ante los legisladores, por lo menos 97 más, entre ellos el presidente Lasso y varios policías, no fueron.  Foto: Twitter @ElGranPadrinoAN

Para los legisladores, el hecho de que Guillermo Lasso haya modificado la integración de los directorios de las empresas públicas, y nombrado en la Empresa Coordinadora a Hernán Luque, un ex funcionario de su banco durante décadas, evidenciaría que los hechos de corrupción contaban con el respaldo del presidente. El informe destaca también la participación de Iván Correa, ex gerente de Mercadeo del Banco Guayaquil, y ex secretario de la Administración, en la trama del manejo de las empresas públicas.

El informe se sustenta en buena parte en el documento preparado por Luis Verdesoto antes de su renuncia y en la transcripción y análisis de las grabaciones presentadas por Boscán en su programa. Se evidencian pocos datos nuevos de la investigación de los legisladores. 

En el caso de Flopec, se destaca el caso del contrato con Amazonas Tanker, un proveedor que la flota usaba para que los barcos de bandera nacional no regresen vacíos luego de transportar petróleo al exterior.

El informe contiene varios organigramas en donde, por regla general, aparece el presidente Lasso como la cabeza de las supuestas tramas de corrupción, lo que lo justifican sobre todo con las designaciones de funcionarios que ha hecho.

Tras 118 páginas de sustentación, en donde se transcribe generosamente las grabaciones filtradas por Boscán y sus afirmaciones sobre la supuesta trama en el Gobierno, así como el informe de Luis Verdesoto, los integrantes de la Comisión plantean que "Los hechos analizados anteriormente se enmarcan en presuntos delitos contra la administración pública, específicamente, en peculado y concusión, además del presunto delito de tráfico de influencias". La vinculación principal del presidente Lasso, según el documento, tendría que ver con la presencia de Danilo Carrera, su cuñado y mentor en el mundo de las finanzas de Guayaquil.

El informe de la Comisión cita el dictamen que la Corte Constitucional emitió en 2017 para dar luz verde al juicio político contra el entonces vicepresidente Jorge Glas, quien había llegado al poder como binomio de Lenin Moreno.

La Comisión cita el dictamen de la Corte, que explica que no se trata de un proceso penal ni se requiere de uno previo, es decir, se puede actuar sobre la mera presunción de que se habría cometido un delito, y precisa que "Se trata de determinar el cometimiento de "delitos políticos", hechos cuya antijuridicidad radica en el incumplimiento por parte del funcionario en cuestión de sus deberes básicos, y cuya consecuencia más evidente es el cese del encargo público".

La Comisión concluye de la jurisprudencia de la Corte Constitucional existente (que no es obligatoria, pero debería ser tomada en cuenta por la actual Corte) que "en referencia a los delitos contra la administración pública, como causal de juicio político, debemos afirmar que la Corte Constitucional ha determinado que no es necesaria la existencia de una sentencia ejecutoriada, sino que basta con que los elementos probatorios de la petición de juicio político sustenten los hechos".

Los cargos contra Lasso: corrupción, omisión y "traición a la patria"

Como resultado de su investigación, la Comisión concluye que "Con base a la información, los elementos recabados, lo manifestado por los comparecientes en las sesiones de la presente Comisión, así como, del análisis de la documentación que ha sido entregada por las instituciones y organismos requeridos, se llega a enlazar al Presidente de la República, Guillermo Lasso, en una presunta estructura de corrupción, que mantiene niveles jerárquicos de ejecución, gestión, control, dirección y planificación de manera permanente, reiterativa con acciones que buscan obtener réditos económicos y laborales para sí mismo o terceras personas".

Pero además de eso, en el borrador la Comisión se aventuraba en acusar a Lasso de traición a la patria, pues su conducta supuesta de no atender las advertencias de Luis Verdesoto, o recibir constantes visitas en Palacio de Hernán Luque, evidenciaría para la Comisión que habría cometido ese delito, pues al conocer que su entorno era investigado por la Policía, en especial, sobre las relaciones de Rubén Chérres, no hizo nada para denunciarlo.

El rebuscado cargo de traición a la patria contra Lasso se explicaba así: "Los argumentos expuestos y los hechos descritos nos conducen a colegir que se configura el presunto delito de traición a la Patria, ya que cumplen en su estructura fáctica con la hipótesis penal del artículo 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, pues, aunque el Presidente de la República, Guillermo Lasso tuvo conocimiento de actos delictivos, no denunció ni informó de circunstancias que repercutían directamente en contra de la población civil, como resultado de la corrupción y lo más grave, del narcotráfico". Que esa norma se refiera a una situación de peligro en guerra no parece haber sido tomado en cuenta por los legisladores, hasta el debate de este 1 de marzo, cuando aprobaron con cinco de siete votos eliminar la polémica causal, que podía poner en peligro que la Corte Constitucional emita un informe de admisibilidad. 

La Comisión arremete contra Fernando Villavicencio, de quien dice conocía este caso desde hace varios meses pero, en lugar de denunciarlo en la Comisión de Fiscalización que preside, habría estado guardando información con fines de maniobra política frente al Ejecutivo.

"El análisis y motivación expuesto es suficiente para que la Corte Constitucional, debido a su función de órgano de control formal, emita un dictamen de admisibilidad favorable, tal como sucedió en su pronunciamiento del año 2017 en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, Caso No. 0001-17-DJ. Todo esto, en el hipotético escenario de que las bancadas parlamentarias resuelvan plantear una solicitud de juicio político debidamente calificada por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional", explica la Comisión ocasional.

Una gran cantidad del informe de la Comisión se dedica a analizar el documento policial que recoge los seguimientos a Rubén Chérres, los albaneses y el ex general Víctor Arauz, quien afirmó que buscaba llegar al presidente para cabildear sobre su ascenso en la Policía.

Aunque cita al respecto de la trama de los albaneses a otros medios, incluyendo un artículo de este portal,  así como a reportajes de portales como GK y Primicias, la mayor parte del informe se limita a replicar las afirmaciones de Boscán en su programa matinal sin aportar datos nuevos, ampliarlos o por lo menos verificarlos. 

Las conclusiones

Tras el largo documento, que a ratos se enreda en una redacción redundante y salta de una cuestión a otra, evidenciando poco cuidado en la edición, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Para la Comisión, es evidente que Lasso habría cometido algunos delitos, si bien de naturaleza más política que penal en este momento.

Al respecto, señala que "cabe destacar las declaraciones del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y su ratificación ante la Asamblea Nacional, quien manifestó que el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no se presente el informe a las autoridades pertinentes, constituyendo esto un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también aquella que compete a la Función Judicial". Otros testimonios sobre los que la Comisión pretende construir su caso son los de Víctor Arauz y Andersson Boscán, así como las afirmaciones de Fernando Villavicencio, al respecto de que el presidente conocía de estos hechos y no actuó al respecto.

"Los testimonios expuestos por los comparecientes nos permiten sostener que el Presidente de la República, omitió su deber de denunciar, en este y en los otros casos antes señalados, lo cual constituye un delito. Presionar para que se cierren las investigaciones policiales y la posible injerencia en el archivo de la causa, ante los órganos judiciales competentes, violentó el artículo 147.1 de la Constitución, que ordena al primer mandatario el “deber primordial de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley”. Es por ello, que resulta inadmisible que, siendo el más alto servidor público del país, evite denunciar delitos que afectan el orden jurídico, atentan contra la seguridad del Estado y socavan los cimientos de la democracia, todo ello, con la única finalidad de ocultar las potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera Drouet, y de sus funcionarios más cercanos".

Las recomendaciones del informe establecen, básicamente, un cargo contra Lasso para iniciar un juicio político, según lo prescrito en el artículo 149 de la Constitución y se refiere a la comisión por omisión de delitos como cohecho, concusión y peculado, por lo que piden su censura y destitución. Pero es el CAL el que debe calificar si esas interpretaciones legales tienen asidero o no, antes de pasarlo a la Corte Constitucional. 

¿Qué puede pasar con el informe?

Una vez que el informe fue aprobado por la Comisión, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ha convocado para este sábado 4 de marzo a las 08:00 a una sesión del Pleno para conocer y resolver sobre el informe. Si es aprobado, se deberá enviar el expediente a la Corte Constitucional, que tendrá seis días para emitir su dictamen de admisibilidad. Si la Corte autoriza el proceso, se dará inicio a un juicio político que en tres días deberá resolver con los descargos del presidente. Si se le censura y destituye, asumiría la presidencia de la República el vicepresidente Alfredo Borrero, hasta concluir el periodo en 2025. La destitución requiere de por lo menos 92 votos, que equivalen a los dos tercios del pleno del Legislativo.

El único antecente de un proceso como este es el juicio político que significó la destitución de Jorge Glas como vicepresidente de Lenin Moreno en 2017. En aquella ocasión, la Corte Constitucional estableció que no es necesario, como indica la Constitución, que haya ni proceso ni mucho menos condena por los supuestos delitos, sino que se trata de un proceso sobre delitos políticos. La Corte dio luz verde al proceso que llevó a la destitución de Glas. Roberto Gómez, entonces legislador de CREO, fue quien presentó el pedido de destitución, apoyado por el actual ministro Henry Cucalón, entonces en las filas del PSC.

Para el constitucionalista Salim Zaidán, "El borrador de informe que circula refiere un "allanamiento y complacencia que otorgan altos funcionarios del Estado a los miembros del crimen organizado" pretendiendo encuadrarlo como un delito contra la seguridad del Estado. En el Código Orgánico Integral Penal no está prevista esta categoría de delitos".

El experto en derecho constitucional sostuvo también que "la traición a la patria es una causal muy forzada, dudo pase el filtro de la Corte Constitucional, es muy probable un dictamen de inadmisibilidad y el archivo de la solicitud de enjuiciamiento. El enjuiciamiento no solo requiere de votos, requiere argumentos en torno a la causal. En el informe no se singulariza la infracción que se le imputa al Presidente de la República, como lo exige el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el borrador de informe no se determina el grado de participación de la autoridad en la infracción por la que se lo acusa", explica Zaidán, quien sostiene que la Corte Constitucional no hubiera dado paso al supuesto delito. 

El Gobierno alista sus argumentos

Este medio digital pudo conocer que tan pronto se hizo público el informe, empezó en Carondelet la preparación de argumentos jurídicos para la defensa. El informe menciona el delito de "traición a la patria" mutilando el artículo 353 numeral 7 del COIP, se explicó en Palacio. 

Según pudimos conocer, en Palacio se argumenta que el artículo no se refiere a una difusa amenaza como el narcotráfico, sino a una guerra: "este tipo penal requiere la existencia previa de un conflicto armado declarado (dice expresamente “en conflicto armado”) y de la presencia de un enemigo relativo a dicho conflicto", en cuyo caso el delito consiste en “no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta en el conflicto o en la población civil", lo que no ha ocurrido en la actualidad pues no estamos en guerra.

Pero como es evidente que no estamos en guerra, la "traición" de la que hablan los legisladores de la comisión, sería "al interés público" lo que en el Gobierno es considerado como una interpretación extensiva prohibida por la ley.

El otro cargo tiene que ver con la comisión por omisión de varios delitos. Los asesores jurídicos del Palacio han establecido que, por ejemplo, el peculado no se comete por "omisión" sino que se requiere una acción directa de un funcionario que se beneficia del dinero público. Tampoco cabría la omisión en el cohecho, dicen desde la Plaza Grande, porque se requiere que un funcionario público reciba dinero para hacer o no algo. Lo mismo se puede alegar sobre la concusión, pues alguien debe recibir un soborno y no sería posible hacerlo por omisión. 

Ahí se habrían identificado varios hechos falsos, como por ejemplo, que el actual gobierno no ha reformado la conformación del Directorio de la Empresa Coordinadora, sino que esto fue decretado por Correa y Moreno. También se considera que los ministros y funcionarios tienen responsabilidad personal y no le corresponde al presidente hacerlo por ellos. También se alegará que el Consejo Nacional Electoral no ha encontrado recursos de la supuesta mafia albanesa en la campaña de Guillermo Lasso.

Se va a reiterar que el ex general Víctor Araus no solo que no obtuvo ningún rédito de su cabildeo, sino que fue cesado dos veces por la actual administración. Otro argumento que el Gobierno piensa repetir es lo que ya se dijo sobre el informe de Luis Verdesoto: que se trata solamente de hipótesis que no han sido comprobadas y no de ninguna constatación que haya realizado el ex secretario. 

Sobre por qué Albania fue retirada de la lista de paraísos fiscales, el Gobierno alegará que esa fue una resolución del SRI aplicando las normas que al respecto había dejado la administración de Rafael Correa.

Como es habitual, la defensa del presidente se prepara para alegar varios aspectos formales: que el caso debió ir a la Comisión de Fiscalización y no a una ad hoc, que está parcializada por estar conformada por opositores, y utilizarprueba ilícita, como serían las grabaciones de La Posta (algunas de las cuales son clandestinas) y el informe de la Policía, sobre el que pasa una reserva legal, por haber sido realizado para una indagatoria previa realizada por la Fiscalía de Manabí, que lo archivó. 

De su lado, Fernando Villavicencio dijo en un comunicado que el informe oculta la participación de Leonardo Cortázar y Rubén Chérres así como sus vínculos con la mafia albanesa. Villavicencio precisó que UNES trata de proteger a Cortázar por haber sido un supuesto financista de las campañas de Lenin Moreno y Andrés Arauz.  Villavicencio negó también haberse callado o guardado información sobre el caso Encuentro, sobre el que ha ido a declarar a la Fiscalía, y relató que desde el 26 de enero, dos días después de conocer el caso del informe policial sobre Chérres, inició su propia investigación con pedidos de información. "Un investigador serio no filtra la información", dijo el legislador, quien dijo que se debe hacer un trabajo serio de contrastación, búsqueda de fuentes y garantía del derecho a la defensa de los investigados. 

Villavicencio dijo que es "irresponsable" que la comisión "tome papelitos" e información sin contrastar para hacer "un auténtico reallity show". El legislador destacó que la "ciudadanía universal" propuesta por Rafael Correa fue la que "abrió la frontera a criminales". 

Sobre la polémica por la supuesta traición a la patria, Villavicencio comparó la cita incompleta que hace la Comisión con el texto del artículo 353 del Código Penal, que se refiere claramente a un caso de guerra y no al de una confrontación con organizaciones de narcotraficantes. 

Finalmente, Villavicencio suscribió la tesis según la cual los delitos contra la administración pública no pudieron hacer sido cometidos por una "omisión" de Lasso.