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9 de Mayo del 2023
Historias
Lectura: 16 minutos
9 de Mayo del 2023
Redacción Plan V
Juicio político: la interpelación a Guillermo Lasso se aprobó con 88 votos
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La Asamblea resolvió continuar con el juicio político de forma inmediata. Fotos: Asamblea Nacional

 

La mayoría opositora aprobó una larga moción (en realidad su informe alternativo) con la que dió paso al juicio político contra Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. El proceso deberá realizarse en los próximos días y se encuentra condicionado por las elecciones de la mesa directiva del Legislativo que está agendada para este domingo. El oficialismo se mostró triunfalista y dijo que "el juicio está caído" y la votación fue (una victoria) pírrica". Las cuatro bajas en el PSC fueron decisivas.


 

Guillermo Lasso será el primer presidente, desde la restauración de la democracia en el Ecuador en 1979, que comparezca ante la Asamblea Nacional como consecuencia de una interpelación. En los años 80, la oposición de izquierdas intentó llevar a juicio político al ex presidente León Febres Cordero tras su secuestro por elementos de la Fuerza Aérea en la Base de Taura, pero no obtuvo los votos suficientes. 

La mayoría opositora dio paso al proceso político la mañana de este 9 de mayo, luego de que la Comisión de Fiscalización no pudo aprobar un informe en el cual se recomendaba archivar el proceso político en contra del mandatario.

Una larga moción, presentada por Viviana Veloz (UNES) recogió las ya conocidas acusaciones de la oposición contra Lasso, que centra la supuesta responsabilidad política del presidente en la designación de un ex empleado suyo en el Banco Guayaquil, como Hernán Luque, en una presunta trama de corrupción que habría permitido que el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y un consorcio off shore llamado Amazonas Tanker siguiera teniendo un contrato que podría ser lesivo a los intereses nacionales, al permitir, en la actual administración, que una claúsula de renovación automática (conocida en inglés como evergreen o siempre verde) no fuese oportunamente denunciada para evitar el supuesto perjuicio.

Viviana Veloz mocionó la continuación del juicio político contra Lasso. 

En un documento de 13 páginas, leído como parte de la moción presentada por Veloz (algo que ya había revelado que haría) se sinterizaron las acusaciones del correísmo y el PSC, la mayoría de las cuales se fundamentan en grabaciones clandestinas filtradas a un medio digital.

Otro de los argumentos presentados tiene relación con las continuas visitas de Luque al Palacio Nacional, así como su calidad de alto ex ejecutivo del Banco Guayaquil, que fue de propiedad del presidente Lasso. 

Buena parte de los elementos de la moción presentada por Veloz recogen las conclusiones de la comisión especial sobre el caso, que fue presentado meses atrás por un grupo de legisladores de oposición, y que ahora parece haber si desempolvado como insumo. 

Juan Fernando Flores de CREO dijo que se evidencia que no hay los 92 votos para censurar a Lasso 

El expediente de Fiscalización será la base del proceso 

Esteban Torres (PSC) sostuvo que el proceso político sí tiene un fundamento, y que ese fundamento será el expediente que la Comisión de Fiscalización ha levantado sobre el proceso político, que incluye documentos, testimonios y otros elementos que deberán ser analizados por todos los legisladores. Torres atajó así las críticas sobre que no se está contando con un informe motivado, y el pedido del expediente levantado por Fiscalización consta en la moción aprobada. 

Desde el oficialismo, se señaló que aunque no se aprobó el informe de la Comisión, un dictamen emitido por el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, sobre una consulta del propio presidente Lasso, establece que el informe, aún improbado, era lo que se debía discutir en el pleno.

Tanto oficialistas cuando opositores coincidieron en que el caso debía pasar al Pleno, pues reformas de 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa impedieron que los temas sin aprobarse se queden simplemente en las comisiones, como ocurría en el pasado.

Villavicencio se sale del Pleno

Al tomar la palabra en el pleno legislativo esta mañana, el asambleísta nacional Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización hasta este domingo, reiteró que se debería conocer el informe del grupo de asesores de la Comisión, que recomendaba archivar el proceso político por falta de pruebas, aun cuando no fue aprobado por la Comisión, siguiendo la respuesta del procurador a una consulta de Lasso.

Fernando Villavicencio denunció como ilegal al proceder de la mayoría y abandonó la sesión. 

Villavicencio insistió en que no se ha firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker en este gobierno sino solo se ha mantenido el que se firmó en la administración de Lenin Moreno y que no hay elementos para el supuesto peculado.

Al final, molesto, se retiró del pleno diciendo "hagan lo que les dé la gana" tras lo cual se fue, quedando 116 legisladores en el hemiciclo. 

¿Saquicela le apuesta a la reelección?

Pero desde la convocatoria, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, marcó su posición: declaró que el informe de la Comisión, al no haber sido aprobado, carece de valor jurídico, por lo que convocaba al pleno para hoy, con la intención de analizar el tema. Además, haciendo una lectura cuestionada del artículo 8 de la Ley Orgánica, dispuso que la decisión se tome con mayoría simple, es decir la mitad más uno de los 116 legisladores registrados.

Esta decisión de Saquicela fue interpretada como que la oposición no tenía seguros por lo menos 70 votos, que era la mayoría que se debía aplicar en este caso según juristas, pero finalmente logró levantar 88 apoyos, quedando a cuatro de los 92 necesarios. 

En junio de 2022, durante un proceso de destitución planteado por la oposición en medio del estallido social y el paro nacional, la oposición solo logró 87 votos para intentar la salida de Lasso, pero se quedó a cinco legisladores de la destitución.

Virgilio Saquicela fijó una postura que pavimentó el camino para los opositores. 

En términos reales, parecen tener la misma cantidad de votos que entonces, pero sin los 92 votos, el proceso político podría quedarse sin la posibilidad de censurar a Lasso.

La resolución adoptada hoy establece que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá convocar "de inmediato" para continuar con el proceso de interpelación, pero el domingo los legisladores estarán ocupados en la designación de nuevas autoridades de la Asamblea y en la conformación de las comisiones -lo que debe hacerse cada dos años- y esto podría significar que los apoyos iniciales al juicio político se puedan ver complicados por nuevos repartos, relacionados esta vez, con las comisiones legislativas.

Antes de abandonar el pleno, Villavicencio acusó a Saquicela de estar actuando de esa forma para asegurar su reelección como presidente de la Asamblea, algo que el ex alcalde de Azogues no ha negado. Por el contrario, en declaraciones en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo, Saquicela sostuvo que cuenta con el apoyo de la mayoría opositora del PSC y UNES, para seguir hasta 2025 como presidente de la Cámara. 

Aunque desde el oficialismo se especulaba sobre que legisladores del bloque correísta iban a votar en contra, lo cierto es que en donde se produjo una crisis fue en el PSC, en donde el controvertido jefe de bloque, Esteban Torres, perdió a cuatro de sus legisladores. La última fue Geraldine Weber, quien se declaró independiente hoy y arremetió contra Pablo Muentes, a quien acusó de tomarse el nombre de Jaime Nebot. Todos hablaron de imposiciones y presiones por parte del partido de Nebot y hoy no fueron a la sesión. Si los cuatro ex integrantes de la bancada amarilla hubieran votado a favor, la resolución pudo haber obtenido 92 votos, por lo que las bajas en el PSC, que la dirigencia amarilla denunció como obra del Gobierno, fueron clave. 

Flores insiste en que "el juicio está caído" 

Desde el bloque de CREO la lectura fue triunfalista. El jefe del bloque del Gobierno, Juan Fernando Flores, apuntó contra Virgilio Saquicela, sin mencionarlo, quien habría asegurado al correísmo que ya en este sesión se podría obtener por lo menos 92 votos. Según él, en el correísmo se esperaban hasta 107 votos, algo que no se materializó. Flores dijo que la presidencia de Saquicela estaría cuestionada al no poder cumplir el ofrecimiento que asegura hizo, y destacó que no habrán los 92 votos para censurar y destituir a Lasso. Reiteró que la moción adoptada es ilegal: "¿dónde están los 92 votos?" se preguntó Flores y dijo que se está adelantando el juicio como parte de las conversaciones para la releección de Saquicela. En esa lectura, no descartó que el supuesto acuerdo para favorecer a Saquicela se haya esfumado y calificó como "pírrica" a la votación de hoy: "el juicio político está caído" insistió Flores, aunque solo faltarían cuatro votos para lograr la destitución de Lasso. 

De su lado, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, también reaccionó en la red social Twitter. "La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al Presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales", dijo Cucalón. "Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia", anticipó el ministro.

El oficialismo logró 23 votos por el no, hubo cinco abstenciones y 21 legisladores, incluyendo a Villavicencio, no fueron. Entre quienes no fueron se cuentan Mario Ruiz y Ricardo Vanegas de PK, así como los cuatro ex PSC: Giselle Molina, geraldine weber, Javier Ortiz y Karen Noblecilla. 

Entre quienes votaron por el sí estuvieron algunos de ID, como Wilma Andrade o Marlon Cabrera, todo el correísmo incluyendo a Marcela Holguín y Viviana Veloz, lo que queda del PSC encabezado por Esteban Torres, como Pedro Muentes o Luis Almeida, entre otros.

Los votos del no subieron en cinco legisladores con relación a la última votación relacionada con el proceso político, en donde solo obtuvieron 18 votos. Encabezaron la postura por el no legisladores oficialistas como el propio Juan Fernando Flores, Ana Belén Cordero o Guido Chiroboga, así como Pedro Velasco, entre otros independientes y oficialistas que forman el bloque del régimen.

Otros militantes de la ID se fueron por la abstención, como es el caso de Dalton Bacigalupo, Alejandro Jaramillo o Johanna Moreira, por lo que sus votos podrían ser claves en la próxima votación.

El oficialismo obtuvo 23 votos por el no y cinco abstenciones 

Los siete momentos que se vienen

En la moción aprobada, se establece que se debe seguir el trámite previsto en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el proceso de juicio político al presidente de la República. Hay por lo menos siete momentos en lo que queda del proceso de interpelación al presidente, que aunque se realizarán de manera rápida, no podrían implementarse hasta antes de ocho días, con lo que el juicio político quedará mediatizado por las elecciones de la nueva directiva legislativa y el reparto de comisiones. 

El primer paso que dispone la Ley es la difusión del informe, pero a falta de informe, la oposición decidió suplirlo con la difusión del expediente. Aunque para esto están previstos tres días, Saquicela podría disponer que se haga de inmediato, lo que llevaría al siguiente paso.

El segundo paso, según el artículo 92, tiene relación con dar por lo menos dos días a los legisladores para analizarlo, y cinco días más para ponerlo en el orden del día. Estos plazos, sin embargo, podrían cumplirse en el mínimo, es decir, un día para lo uno y otro para la convocatoria. Ha sido una práctica común de Saquicela el convocar a las sesiones de manera rápida, cumpliendo el mínimo de los plazos.

El tercer paso es que el presidente de la Asamblea pedirá a los cuatro proponentes que solo dos se conviertan en interpelantes en el pleno legislativo, lo que implica que ellos deberán decidir quién sustentará las acusaciones. Estos dos nombres se notificarán al presidente de la República.

Un cuarto momento está descrito en el artículo 93: ya en la sesión convocada, las acusaciones contra el presidente se deberán ventilar, por parte los interpelantes, en máximo dos horas. La base serán las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización durante el plazo probatorio. Tres horas tendrá el presidente Lasso, para defenderse, también con base en las pruebas del expediente de la Comisión de Fiscalización. Una hora de réplica podrá ser concedida tanto al acusado cuando a los acusadores.

El presidente Lasso deberá comparecer personalmente ante el pleno de la Asamblea Nacional Foto: Presidencia de la República

Un quinto elemento es que la presencia del presidente en el proceso es obligatoria, pues no podrá enviar abogados que lo representen. "Finalizada la intervención de la Presidenta o el Presidente, o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República, se retirará del Pleno y la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica", señala el artículo 93. 

Un sexto elemento es el debate, en donde deberán intervenir todos los asambleístas por diez minutos máximo. Luego, en un plazo de entre uno y cinco días de ese debate, se dará una nueva convocatoria, para la votación, en donde sino se presenta una moción de censura y destitución se archivará el proceso.

El séptimo paso tiene relación con la votación: la norma pide una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara, es decir, de 92 votos, y sino se logran, se archivará el caso. Además, se establece claramente que no se podrá hacer otro juicio político por los mismos hechos, lo que significa que sino hay los 92 votos, la trama del supuesto perjuicio en Amazonas Tanker estará desechada para siempre.

Por el contrario, si se logran los 92 votos, Lasso sería inmediatamente destituido, lo que abriría dos escenarios adicionales: que Lasso entregue el poder al vicepresidente Alfredo Borrero y este termine su periodo presidencial en 2025, o que Lasso disuelva la Asamblea Nacional, y gobierne por decreto durante seis meses, mientras se convocan nuevas elecciones tanto presidenciales cuanto de legisladores. Quienes resulten electos en esos comicios anticipados deberán terminar el periodo de los actuales funcionarios hasta 2025. 

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