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4 de Abril del 2023
Historias
Lectura: 17 minutos
4 de Abril del 2023
Redacción Plan V
Juicio político: los puntos clave de las posturas en la Comisión de Fiscalización
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La Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, avocó conocimiento de la solicitud de juicio político contra el presidente Lasso. Foto: Asamblea Nacional.

 

Gobierno y oposición alistan sus argumentos para el proceso político que se ventilará en la Comisión de la Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuyo informe no es vinculante. La acusación constitucional, en lo referente al supuesto peculado en la Flopec, será el único eje que debería ser analizado, según anticipó Fernando Villavicencio. Se espera para el 4 de mayo la entrega del informe.


 

La Comisión  de Fiscalización tuvo sus primeros roces internos esta semana, cuando avocó conocimiento del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que inició con formalidades como la notificación al mandatario y a los legisladores interpelantes. 

La Comisión aprobó un cronograma que, de cumplirse, significaría que la Cámara podría conocer el informe sobre los argumentos y posturas del juicio político este 4 de mayo, a diez días de que concluya el periodo de la directiva de la Asamblea (se debe elegir presidente y vicepresidentes para un periodo de dos años) y también se renueve la conformación de las comisiones legislativas, entre ellas, la propia mesa de Fiscalización.

La notificación, que es la etapa inicial del proceso, se realizará esta semana, cuando el país se acerca al feriado religioso católico de Semana Santa. Se espera que el presidente Lasso sea notificado en estos días en Palacio de Carondelet.

Según el cronograma aprobado por la Mesa legislativa, que se reunió en el Salón José Mejía del Palacio Legislativo este lunes, luego de la notificación se dará paso a la respuesta a la notificación, así como la presentación de pruebas de descargo, de pruebas de cargo y a lo que en derecho se llama la "actuación de la prueba" que consiste en comparecencias y pedidos de información por parte de los legisladores que integran la Comisión. 

El anuncio de las pruebas se realizaría hasta este 14 de abril, mientras que la actuación de las pruebas se extendería hasta el 24 de este mes. Entre el 25 de abril y el 4 de mayo tendría lugar la preparación y presentación del informe, que podría ser aprobado o rechazado dependiendo de sus conclusiones y de los votos en la Comisión.

Sin embargo, el informe no es vinculante, sino que se considera un insumo del debate legislativo e, inclusive, muchas de las pruebas de cargo y de descargo se repetirán en el juicio político en el pleno de la Asamblea Nacional, donde en general se vuelven a retomar los asuntos planteados en la Comisión.

Aún si la Comisión decide el archivo del juicio, una resolución de la Asamblea con 70 votos permitiría retomar el caso en el pleno, explicó el jurista Mauricio Alarcón en la Mesa de Análisis de Revista PlanV y Radio Sucesos. Un informe de una comisión especial, que analizó el caso Encuentro, obtuvo un apoyo de 104 legisladores, y según la Constitución, la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso requeriría de por lo menos 92 votos.

La primera polémica

Pero aun cuando no se ha notificado todavía a las partes y el proceso, que podría durar hasta 45 días, está en su etapa más inicial, varios de los legisladores de la Comisión han marcado sus posiciones. El presidente de la Mesa, Fernando Villavicencio, anticipó que no permitirá que en el informe que entregue la Comisión consten temas distintos a los que la Corte Constitucional consideró pertinentes, es decir, lo relacionado al supuesto peculado con contratos de fletamiento de buques tanqueros por parte de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

La advertencia de Villavicencio se refiere a la intención de los legisladores de oposición de volver a discutir en la Mesa los otros cargos contra Lasso, como son dos supuestas tramas de concusión que involucran a Hernán Luque, ex presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, el fallecido cabildero Rubén Chérres, asesinado hace pocos días en Santa Elena, y Leonardo Cortázar, también supuesto operario de una red de facilitadores de contratos en las empresas públicas.

Ante los reclamos de los legisladores correístas, Villavicencio se mantuvo en que si bien no puede impedir que los legisladores hablen de lo que quieran, el informe debe restringuirse a la causal aprobada por la Corte Constitucional, es decir, al contrato con una empresa off shore llamada Amazonas Tanker, que proveía de hasta 14 buques tanqueros a la Flopec, una empresa estatal que solamente tiene cinco naves, y no posee los medios para el transporte del crudo ecuatoriano.

Los hechos de la acusación constitucional

La Corte Constitucional, en un dictamen aprobado con seis votos, hizo un análisis de la acusación presentada con 58 firmas de respaldo por parte de la oposición legislativa. Tras analizar los tres cargos que se planteaban, desechó dos de una supuesta concusión en la que Lasso aparecía relacionado con Hernán Luque y dos ex gerentes de Petroecuador, que supuestamente cobraban dinero a cambio de cargos públicos. La mayor parte de la fundamentación de estas supuestas concusiones eran grabaciones, al parecer clandestinas, en donde se escuchaban voces que sería de Luque, del cuñado del presidente, Danilo Carrera y del fallecido cabildero Rubén Chérres, en donde se hablaba de repartos de dinero, gestiones para contratos y venta de cargos, entre otros temas.

Pero la Corte centró su atención en la acusación que aparece en el apartado 7 de la acusación constitucional. Según sostienen los interpelantes, buscan determinar la responsabilidad política de Lasso en la conformación de una estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales.

La acusación de peculado se centra en nueve hechos: el primero se remonta a febrero de 2022, cuando el entonces gerente de la Flopec, Jhonny Estupiñán, envió un oficio a la asambleísta de UNES Mireya Pazmiño con copia al presidente Lasso, en donde relataba las condiciones lesivas para la Flota del contrato con Amazonas Tanker, pues buena parte de las ganancias del transporte de crudo se quedaban con los contratistas, y se había pagado en ocasiones fletes más altos que los del mercado para esos mismos buques. El gerente mencionaba también un informe de la Contraloría al respecto. 

Un segundo hecho fue la destitución de Estupiñán de su cargo el 9 de marzo de ese mismo año, por proponer la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tanker, al que consideraba lesivo para los intereses nacionales. Estupiñán fue destituido por el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que presidía Hernán Luque, y el día 22 de marzo envió una carta a Palacio de Gobierno relatando los hechos y pidiendo una audiencia con el presidente Lasso. Estupiñán nunca fue atendido.

El tercer hecho sobre el que versarán los argumentos de los interpelantes en la Comisión se refiere al informe emitido por la Contraloría en 2021, sobre el contrato de fletamiento de buques tanqueros que Flopec había realizado entre enero y diciembre de 2020. La Contraloría observó algunas falencias, como los altos precios de los fletes de tanqueros extranjeros, así como las condiciones desfavorables para el país con relación a cómo la Flopec repartía las ganancias con las varias empresas extranjeras asociadas a multinacionales como Gunvor y a algunas firmas norteamericanas.

El cuarto hecho se refiere a cómo Estupiñán, quien había planteado una acción de protección ante la justicia de Esmeraldas (la sede principal de la Flopec está en la capital de esa provincia) logró recuperar su cargo en la Flopec, cuando la Corte Provincial le concedió la acción.

En una entrevista, que constituye el quinto hecho, Estupiñán había declarado que recibió una llamada de Luque, quien le habría acusado de darle "una puñalada por la espalda" al querer terminar el contrato con Amazonas Tanker.

En el sexto hecho, se destaca como el Directorio de la Empresa Coordinadora, presidido por Luque, le dispuso a Estupiñán que contrate dos asesores: Oswaldo Rosero y Oscar Panchi. 

El séptimo hecho es que, en julio de 2022 y ya en esta administración, se firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker, con lo que se desechó la propuesta de dar por terminado el contrato que había realizado Estupiñán.

En el octavo hecho, se hace referencia a una grabación clandestina en la que el difunto Rubén Chérres sostiene que es él quien ha hecho nombrar a Oswaldo Rosero, y que harán "los negocios bien hechos".

El noveno hecho se refiere a una cita del informe de Luis Verdesoto, antes de renunciar a la Secretaría, en el que se cuestionaba la amplia discresionalidad y poco orden con el que se llevaba el manejo de los buques tanqueros.

Los argumentos de los interpelantes 

De estos hechos, los legisladores interpelantes plantearon por lo menos cuatro argumentos, en torno a los cuales debería girar el proceso en la Comisión de Fiscalización.

El primer argumento sostiene que el ex gerente de la Flopec puso en conocimiento del presidente Lasso por lo menos en dos ocasiones las supuestas irregularidades en la Flota con relación a los contratos de fletamiento de barcos extranjeros para transporte de crudo y derivados. Además, el Gobierno ignoró el informe de la Contraloría sobre los perjuicios que ocasionaba el esquema de arrendamiento internacional firmado durante el gobierno de Lenin Moreno e inclusive continuó la relación comercial, con un nuevo contrato con Amazonas Tanker de julio de 2022, ya en esta administración.

El segundo argumento sostiene que el presidente Lasso sabía que la remoción de Estupiñán de la gerencia de la Flopec había tenido relación con los cuestionamientos al contrato con Amazonas Tanker, pero no hizo nada al respecto.

En el tercer argumento, se sostiene que Lasso debió conocer, pues Luque era un hombre de su entorno, de la supuesta trama para continuar el contrato con Amazonas Tanker, aunque ello signifique perjudicar a la Flopec. Y que a pesar de que conocía de ello, no hizo nada para impedirlo.

El cuarto argumento sostiene que Luis Verdesoto emitió una advertencia sobre un posible riesgo en la Flopec, que no fue atendida por el Gobierno en general y por el propio presidente Lasso.

En resumen: la acusación sostiene que se cometió un peculado cuando Lasso, por intermedio de Hernán Luque, mantuvo el contrato con Amazonas Tanker que había heredado del régimen de Lenin Moreno, y no solamente lo mantuvo, sino que la ratificó en julio de 2022, nombrando inclusive asesores para que lo mantengan e intentando destituir al ex gerente de la Flopec que lo había cuestionado.

Los argumentos del Gobierno

En una reciente cadena nacional, el presidente Lasso ha anticipado algunos de los argumentos que el Gobierno esgrimirá en el juicio político. El mandatario enfatizó que se le acusa de algo que no ha cometido, pues el contrato original con Amazonas Tanker y la modificación cuestionada datan de 2018 y 2020, cuando gobernaba Lenin Moreno.

En el segundo documento que la defensa del presidente, encabezada por el secretario jurídico, Juan Pablo Ortiz Mena, envió a la Corte Constitucional, se tratan algunos aspectos de fondo para responder a los legisladores y su relación de los hechos.

El documento hace referencia a las declaraciones de Jhonny Estupiñán y precisa que el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y se pregunta si Lasso, en su calidad de presidente, se ha apropiado de dineros públicos o privados; ha abusado de dineros públicos o privados o ha causado un perjuicio económico al Estado, a lo que el mandatario responde enfáticamente que no.

El presidente rechazó también la supuesta omisión dolosa de su parte de acciones para combatir el supuesto peculado, algo que solo aplica, según el artículo 28 del COIP, a delitos relacionados con la vida, salud, libertad e integridad personal.

En el documento se consigna también lo que el presidente ya mencionó en la cadena nacional: los hechos observados por la Contraloría en la Flopec se produjeron entre 2018 y 2020, cuando aún no se había posesionado de su cargo, es decir, durante la administración de Lenin Moreno.

La defensa del presidente argumentará también que el informe de la Contraloría no tiene indicios de responsabilidad penal ni por ello se podría hablar de un peculado del que haya una responsabilidad política. 

La defensa del Gobierno enfatiza también sobre los delitos de omisión, explicando que la llamada omisión impropia, u comisión por omisión, cabría en el caso de la muerte de un niño al que su madre no ha alimentado, pero es aplicable a un delito como el peculado.

El Gobierno sostiene también que se debe verificar la relación causal entre la omisión y el resultado producido, así como la obligación jurídica de actuar, pero en el caso de posible peculado, la Asamblea no ha identificado en qué momento el presidente violentó la obligación jurídica de actuar. La Asamblea, dice la defensa, no ha podido determinar qué debió hacer el presidente y no lo hizo, y cómo esa omisión produjo un resultado punible.

Para desvirtuar el supuesto conocimiento de las comunicaciones del ex gerente de la Flopec, Jhonny Estupiñán, la defensa del presidente argumentará que el mandatario no llega a recibir todas la comunicaciones que se entregan en Palacio de Carondelet. Según la defensa, hay un "amplio equipo que distribuye las comunicaciones a las autoridades responsables", por lo que muchas de las comunicaciones no llegan a las manos del mandatario. Así, la defensa del presidente dice que la carta de Estupiñán nunca le llegó: la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia la remitió al gerente de Flopec y al de la Empresa Coordinadora el 12 de abril de 2022, por lo que nunca se conoció en el despacho presidencial. 

Villavicencio anticipó otro argumento que, seguramente, se sumará a los de la defensa de Lasso: la primera gerente de la Flopec en esta administración, Pilar Ferri, había puesto una denuncia en septiembre de 2021 en la Fiscalía sobre el contrato con Amazonas Tanker, lo que ocurrió antes de que la Contraloría notificara su informe. Ferri denunció penalmente al ex gerente de la Flopec en tiempos de Lenin Moreno, Jaime Condoy, por los contratos de arrendamiento de buques, señalando algunos aspectos que también constan en el informe de la Contraloría, tales como las altas tarifas de los fletes y posibles pérdidas por el contrato de hasta USD 112 millones en cuatro años. 

Los argumentos de los acusadores y la defensa del acusado se ventilarán en la Comisión durante los siguientes 30 días. 

 

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