Back to top
10 de Noviembre del 2020
Historias
Lectura: 25 minutos
10 de Noviembre del 2020
Redacción Plan V
La Asamblea Nacional censuró a María Paula Romo y la destituyó del Ministerio de Gobierno
0

María Paula Romo, acompañada del alto mando policial, compareció ante la Comisión de Fiscalización desde Palacio de Gobierno.  Foto: Ministerio de Gobierno

 

En una larga sesión virtual de nueve horas y tras las intervenciones de la ex ministra de Gobierno, dos asambleístas interpelantes y de 25 legisladores en el debate, la Asamblea Nacional resolvió la censura y destitución de Romo con una holgada mayoría de 104 votos. El mínimo requerido era de 91 votos, que son los dos terceras partes de la Cámara. Romo definió como "una condecoración" a su destitución. El presidente Moreno nombró al general de Policía (r) Patricio Pazmiño como nuevo ministro de Gobierno.

 

Nota actualizada el 24 de noviembre de 2020

Con 134 legisladores conectados a la sesión virtual de la Asamblea Nacional, y tras nueve horas de debate, el Legislativo censuró y destituyó a María Paula Romo del cargo de ministra de Gobierno y Policía. La votación final fue de 104 votos por la destitución de la ex secretaria de Estado (se necesitaban 91) 18 en contra, 12 abstenciones y ningún voto en blanco.

Vea la lista completa y los votos de los legisladores aquí

Bloques legislativos como PSC, CREO, Revolución Ciudadana, parte de los ex correístas de Alianza PAÍS, algunos independientes, entre otros, votaron para la salida de Romo, quien, sin embargo, no queda inhabilitada para ocupar otro cargo en el actual gobierno. 

Romo compareció ante el pleno desde el Salón de Banquetes de Palacio de Carondelet, escoltada nuevamente por el alto mando de la Policía, para reiterar su tesis de que el juicio en su contra significaba una crítica al trabajo de la fuerza pública durante las protestas de octubre de 2019. En su intervención dio a conocer algunas cifras relacionadas con su gestión en esa cartera de Estado: "La Policía ha superado su récord histórico en incautación de drogas. Hasta lo que va del 2020, se han decomisado más de 111 toneladas, en un año complicado para la población, por causa de la pandemia", precisó. 

Anticipándose a su inminente salida del cargo, Romo dijo en su comparecencia: "Si la Asamblea, hoy, se pronuncia como lo hizo la Comisión de Fiscalización, ¿cuál es el mensaje para la Policía, para los violentos, para todos los ciudadanos? ¿La Policía debe usar más fuerza o debe permanecer indiferente ante la violencia?". Romo dijo en otra parte de su intervención que "No podemos permitir que se instale en nuestro país la idea de que cualquier tipo de protesta implica un enfrentamiento con este nivel de protesta" y precisó que “Estoy lista para que me censuren (...) La censura será una condecoración para mí”. 

La ex ministra dijo también que "Disciplina, profesionalismo, el no caer en provocación, y actuar con mesura, fue lo que primó por parte de la Policia durante la crisis violenta de octubre de 2019". 

Tras la lectura del informe, empezó debate con la participación de 25 asambleístas en donde se dejaron claras las posturas de varios bloques. Homero Castanier, de CREO, anunció que la bancada -que supuestamente se inclinaba a votar en contra- votaría por la censura. En la misma línea estuvieron políticos del Partido Social Cristiano, como César Rohon y Henry Cucalón, quienes criticaron la gestión de Romo y también las prácticas políticas de su movimiento Ruptura. 

A las críticas se sumaron los asambleístas del correísmo más ortodoxo, del bloque de la Revolución Ciudadana, que destacaron las consecuencias de la represión de octubre de 2019, encabezada políticamente por Romo, y su saldo de muertos y mutilados (mencionaron en especial a las personas que perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas). En el debate se destacó tanto la violencia de los manifestantes, con el incendio del edificio principal de la Contraloría General del Estado cuando el ataque con bombas lacrimógenas contra las universidades de la Iglesia Católica que acogían a los indígenas en sus patios, aulas y coliseos. El debate se centró también en el uso de miles de bombas de gas lacrimógeno caducado durante la represión. 

Mientras tanto, otros bloques, como SUMA (que tiene tres votos) anunciaron su abstención, y algunos integrantes de la Alianza PAÍS más cercana al Gobierno alegaron en términos jurídicos sobre las razones por las cuales no se debía censurar a la ex ministra. El BADI, encabezado por Franco Romero, dijo que votaría en contra. 

Al final, tales argumentos solo  convencieron a 30 de los integrantes de la Cámara, de los 134 conectados a la sesión virtual. En una ocasión anterior, cuando intentó alcanzar la vicepresidenta de la República, Romo consiguió solo 36 votos. 

Como es habitual en estos procesos, tanto la interpelada cuanto los interpelantes reiteraron sus argumentos presentados y recogidos en la Comisión de Fiscalización en donde el régimen intentó lograr el archivo del proceso como había hecho en un intento anterior. 

A los pocos minutos, en una cadena nacional, el presidente Lenin Moreno agradeció la gestión de Romo, su "defensa a la policía" y lamentó la pérdida de la funcionaria. Aseguró que el régimen continuará la investigación de la presunta estaba en ISSPOL y nombró ministro de Gobierno al general de Policía en servicio pasivo Patricio Pazmiño, ex viceministro del Interior. El oficial tendrá "un especial enfoque en los temas de seguridad que se verán agravados por la crisis" y reiteró su respaldo a las acciones de la Policía durante las protestas de octubre de 2019. El presidente no indicó si Romo ocupará otro cargo en la actual administración. 

La votación en la Comisión se replicó

De los once miembros de la Comisión, siete votaron a favor, uno en contra y otra se abstuvo de que el tema pase al Pleno de la Asamblea, en donde el Gobierno no parece tener el control de más de 40 votos. A favor del envío del proceso votaron  Dennis Marín, Bairon Valle y Esteban Melo (RC); Mercedes Serrano (PSC); Jaime Olivo y Elio Peña (PK-BIN); José Serrano (AP); y, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña (CREO). En contra Franco Romero del BADI, un grupo de independientes que se mantiene tiene parcialmente alineado con el régimen, y Noralma Zambrano (AP- morenista), se abstuvo.

La ministra de Gobierno dijo que la "mayor preocupación" del asambleísta Roberto Gómez, su principal crítico, es "su postura feminista" y ha descartado que esté cabildeando para quedarse en el cargo. Pero nada impide, según juristas consultados, que Romo ocupe otro cargo en el Gobierno de Moreno en el tiempo que le queda hasta mayo de 2021, cuando deberá entregar el poder al nuevo presidente. El efecto de la censura es la destitución del cargo, y el envío a la Fiscalía de un expediente en caso de posibles delitos, pero no hay ninguna inhabilidad para continuar trabajando en el Gobierno. "En la Comisión de Fiscalización se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo, seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre", precisó en su cuenta de Twitter. 

La ministra de Gobierno dijo que la "mayor preocupación" del asambleísta Roberto Gómez (foto) es "su postura feminista" y ha descartado que esté cabildeando para quedarse en el cargo. Pero nada impide, según juristas consultados, que Romo ocupe otro cargo en el Gobierno de Moreno en el tiempo que le queda hasta mayo de 2021, cuando deberá entregar el poder al nuevo presidente.

Una comparecencia por Zoom

Romo había anunciado públicamente que los asambleístas interpelantes, entre ellos, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, debían enfrentarle "personalmente" en una inusual sesión presencial, pero esto finalmente no se produjo, pues ninguna de las comisiones legislativas está trabajando de esa forma, sino por medio de conferencias en la plataforma Zoom. De ahí que la Comisión negó el pedido, mientras Gómez y Cuesta le contestaron que podía hacerse en el terreno vacío del hospital de Pedernales, en alusión a la trama de corrupción del ex asambleísta manabita Daniel Mendoza, condenado a 50 meses de cárcel. 

Al final, la secretaria de Estado compareció desde los salones de Palacio de Gobierno, "escoltada" por el alto mando de la Policía, aunque no son las acciones operativas de los uniformados sino las responsabilidades políticas las que se discuten. Además de Cuesta y Gómez, quienes se apartaron del bloque de CREO por su alianza política con el actual Gobierno, se sumó a la interpelación Amapola Naranjo (RC-correísta). 

El informe que fue votado por los integrantes de la Comisión recomendó la censura y destitución de Romo del cargo de ministra de Gobierno. El caso deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional en donde —también de manera virtual— los asambleístas interpelantes y la interpelada repetirán como es habitual los argumentos planteados ante la Comisión. Al final, se someterá a votación la moción de censura y destitución, que, en este caso, requiere de 91 votos, las dos terceras partes de la Cámara. 


La estrategia de Romo pretendía plantear el caso en su contra como un ataque de los asambleístas a la Policía, pero no dió resultado en la Comisión de Fiscalización. 

El caso deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional en donde -también de manera virtual- los asambleístas interpelantes y la interpelada repetirán como es habitual los argumentos planteados ante la Comisión. Al final, se someterá a votación la moción de censura y destitución, que, en este caso, requiere de 91 votos, las dos terceras partes de la Cámara.

La Comisión acogió dos de las tres causales que los interpelantes lograron sumar al proceso: que Romo habría incumplido funciones al autorizar el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes y el lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y acogida humanitaria a los indígenas establecidos en dos universidades de la Iglesia católica. Esto último se refiere a un incidente durante las protestas de octubre de 2019, denunciado por las universidades Católica y Salesiana, que afirmaron que policías en motos lanzaron contra los campus de ambos centros —que acogían a los indígenas— bombas lacrimógenas. 

Los interpelantes habían sostenido también que Romo había convocado de manera "tardía" al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, esto luego de que en el marco de esas mismas protestas de octubre la policía protagonizara golpes y arrestos contra reporteros de prensa. Esto último fue desechado por la Comisión de Fiscalización. 

El informe consignó que recibió testimonios y documentos sobre un posible uso excesivo de la fuerza desde el Estado contra los manifestantes de octubre de 2019, en donde murieron varias personas y otras tantas resultaron heridas, con pérdidas de ojos que atribuyen al uso por los policías de las bombas lacrimógenas como proyectiles contra la cara de las personas. 

¿Censura a la Policía?

En su comparecencia desde Palacio Nacional, Romo sostuvo que una posible censura a su gestión implicaría "una censura a la Policía Nacional y un mensaje de respaldo a grupos políticos violentos, antidemocráticos y que actuaron al margen de la Ley, en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019".

Ello obligó a la Comisión a declarar en su informe que "el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político es en contra de la Ministra de Gobierno, no de la Policía Nacional; y que se trata de establecer su responsabilidad política en referencia a las tres causales contenidas en la mencionada solicitud, en el contexto del paro nacional de octubre de 2019". Sin embargo, la Fiscalía investiga denuncias por las presuntas agresiones policiales que darían lugar a posibles responsabilidades de uno o varios de los uniformados. 

La Comisión, ante el planteamiento de Romo, consignó su "respaldo a la Policía Nacional en el marco del respeto al derecho a manifestarse de la ciudadanía en forma pacífica y de la aplicación progresiva de la fuerza y del respecto al debido proceso y a los derechos humanos", sin perjuicio de las acciones legales que puedan presentarse por posibles violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios o lesiones producidas. 

La Comisión de Fiscalización aclaró que "el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político es en contra de la Ministra de Gobierno, no de la Policía Nacional; y que se trata de establecer su responsabilidad política en referencia a las tres causales contenidas en la mencionada solicitud, en el contexto del paro nacional de octubre de 2019".

A pesar de estas precisiones, el informe agregó que "la Comisión rechaza de forma enérgica toda manifestación violenta, antidemocrática y desestabilizadora, venga de donde venga; y conmina a la Fiscalía y al Sistema de Justicia, a que realicen las investigaciones y sancione a los violentos, a fin de que estos hechos no vuelvan a repetirse, resguardando así la paz ciudadana y la defensa de la vida y de los bienes, tanto públicos como privados".

La Comisión acogió las conclusiones y recomendaciones del "Informe de los hechos relacionados con el Paro Nacional del 02 al 13 de octubre de 2019", del 10 de diciembre de 2019, preparado por la Comisión Especial Ocasional Multipartidista que fue aprobado el 18 de diciembre de 2019. En ese informe se reconoció la presencia de grupos violentos durante las protestas, pero no se mencionó a ningún responsable. 

Bombas caducadas: ¿inofensivas o mortales?

En el caso de las bombas lacrimógenas caducadas, la Comisión determinó que la Policía sí las usó en octubre de 2019. Mientras los interpelantes presentaron dos vídeos de sendos expertos extranjeros, que aseguraron que las bombas caducadas sufren "cambios químicos que las convertirían en 'armas letales', tanto para los manifestantes como para los miembros de la Policía Nacional", Romo, en su defensa desde el Salón de Banquetes de Carondelet, presentó un informe de la empresa estatal Santa Bárbara E.P. (parte de las empresas de las Fuerzas Armadas) y una certificación emitida por una de las empresas proveedoras de los proyectiles lacrimógenos, en donde se consignó que el uso de bombas lacrimógenas caducadas no causa daño a la salud de las personas, aunque sí podrían perder eficacia o presentar mal funcionamiento. Romo agregó también que, a pesar de haber caducado las bombas, si son almacenadas en buenas condiciones, no estarían en "mal estado" con lo que rechazó el cuestionamiento por su uso a pesar de haber pasado la fecha de caducidad, uno de los argumentos de los interpelantes. Romo dijo también que "no conoció" de la utilización de las bombas caducadas (el uso operativo es atribución de la Policía), pero afirmó que si le hubieran consultado habría autorizado su uso para evitar  "el uso de armas letales o dejar sin protección a la ciudadanía".


Las bombas usadas en octubre de 2019 por la Policía sí estaban caducadas, según se admitió. 

Según Romo en el caso de las bombas que cayeron en las universidades católicas "el haber pedido disculpas y manifestado de que estos hechos no se volverían a repetir, no implica un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos hechos, sino una estrategia de comunicación para reducir las tenciones y facilitar un ambiente de diálogo". 

Sobre el lanzamiento de las bombas contra los patios de las universidades Católica y Salesiana, hecho que fue denunciado la noche del incidente, el 9 de octubre del 2019, en las redes sociales y también por ambos centros de estudio de la Iglesia, tanto Romo cuanto el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, sostuvieron que "no existe evidencia de que hayan sido miembros de la Policía Nacional los que habrían arrojado bombas lacrimógenas al interior de la Universidad Salesiana y de la Universidad Católica de Quito; y que, el haber pedido disculpas y manifestado de que estos hechos no se volverían a repetir, no implica un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos hechos, sino una estrategia de comunicación para reducir las tensiones y facilitar un ambiente de diálogo; o que, en estos centros no operaban centros de paz, por cuanto este terminología sólo aplica a una situación de guerra". Esto a pesar de que fue la propia Romo quien presentó una "disculpa" en su momento a las universidades católicas por el lanzamiento de los artefectos, la noche del 9 de octubre de 2019. 


La noche del 9 de octubre de 2019, cayeron bombas lacrimógenas en los campus de las universidades de la Iglesia católica donde se alojaban los indígenas. Fotos: Redes sociales

Sobre la "convocatoria tardía" al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, otro de los reparos políticos presentados por los tres interpelantes, la Comisión sostuvo que Romo "no es la autoridad responsable de convocar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación; por lo que no tiene responsabilidad política en los hechos planteados por los asambleístas interpelantes en su solicitud de juicio político". Y que quien ejerce la secretaría del Comité y en teoría debió de haberlo convocado, es la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Johanna Pesántez. La Comisión recomendó, sin embargo, que "la Asamblea Nacional exhorte a las diferentes instancias estatales, a fin de que se proceda a implementar todas las acciones necesarias que lleven a una efectiva protección de los periodistas y trabajadores de la comunicación".

Las cuentas en el pleno 

Pero aunque algunos abogados sostiene que el "juicio político", como cualquier otro, debería de basarse en pruebas similares a las de los procesos judiciales, lo cierto es que se trata de un proceso en donde se valoran cuestiones de confianza política más que otra cosa. 

La capacidad de maniobra de Romo en el Pleno de la Asamblea es muy reducida. Esto se evidenció durante la elección para la Vicepresidencia de la República, en donde a pesar de encabezar la terna enviada por el Ejecutivo solo obtuvo 36 votos. Hubo 99 legisladores que no apoyaron a Romo: 87 votaron por el no, 11 se abstuvieron y uno fue blanco. Ahora se requieren 91 para su censura y destitución. 

La capacidad de maniobra de Romo en el Pleno de la Asamblea es muy reducida. Esto se evidenció durante la elección de vicepresidenta de la República, en donde a pesar de encabezar la terna enviada por el Ejecutivo solo obtuvo 36 votos. Hubo 99 votos que no apoyaron a Romo: 87 votaron por el no, 11 se abstuvieron y uno fue blanco. Ahora se requieren 91 para su censura y destitución.

Por otro lado, a la moción de censura del ex legislador Daniel Mendoza —quien ha sostenido en sus declaraciones judiciales, junto con su asesor de despacho, que el archivo del primer juicio político contra Romo fue parte de un acuerdo político que incluyó cargos en la provincia de Manabí, entre ellos, la gobernación para Tito Nilton Mendoza—, se le sumó el pedido de los legisladores de que el presidente Moreno pida la renuncia a Romo, lo que en ese momento obtuvo 123 votos de los 137 que conforman la Asamblea Nacional. 

En este nuevo caso, por lo menos 30 votos de la bancada correísta de la RC y 15 del Partido Social Cristiano serían seguros para su destitución, pues ambos bloques han criticado duramente la gestión de Romo. En el caso de CREO, que cuenta con 18 legisladores, los dos integrantes de la mesa de fiscalización votaron por el informe, pero el jefe de la bancada, Luis Pachala, ha matizado la posición del bloque de Guillermo Lasso.

Lasso, quien se ha expresado en los mejores términos de Romo e inclusive llegó a un entendimiento político con el morenismo —a pesar de afirmar en 2017 que se trataba de un gobierno que le ganó las elecciones con fraude— podría haber asumido la postura de desmarcarse de la acción de sus legisladores Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña en la Comisión de Fiscalización, según teme el interpelante, Roberto Gómez.

En su cuenta de Twitter, Gómez arremetió contra Pachala —las fricciones con el asambleísta indígena fueron una de las causas de su salida del bloque de CREO— y advirtió que Pachala "intenta mantener la alianza con el Gobierno, repite el mensaje de la ministra para intentar salvarla del juicio político. Camuflado en la oposición blinda a los ministros incompetentes de este gobierno". De esa forma, cómo votaría el bloque de CREO es aún difícil de decir. 

Según Roberto Gómez, Luis Pachala (foto) "intenta mantener la alianza con el Gobierno, repite el mensaje de la ministra para intentar salvarla del juicio político. Camuflado en la oposición blinda a los ministros incompetentes de este gobierno".

En el bloque morenista, entre tanto, hay 33 votos, pero el Gobierno no tiene control de buena parte de ellos. José Serrano, quien es miembro de la Comisión de Fiscalización y ex ministro del Interior de Correa, votó a favor del informe y mantiene todavía un importante ascendiente sobre la bancada de ex correístas. 

Otro bloque en la Asamblea es el BIN, conformado por indígenas, que podría alinearse por la censura contra Romo, pues la dirigencia de la Conaie ha pedido la salida de Romo y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, desde los sucesos de octubre de 2019. También está el BADI, con ocho votos, cuestionados por las supuestas negociaciones ilicítas con Daniel Mendoza y por el procesamiento penal del asambleísta amazónico Eliseo Azuero. 

Hay 18 independientes, algunos de los cuales, como Fabricio Villamar, y los interpelantes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, se han manifestado en contra de Romo. 

Mientras se fija la fecha para la interpelación en el Pleno, Roberto Gómez insiste en Twitter: "Esa Ministra, la que según el comunicado de FGE entregó una gobernación para salvarse del juicio político, la que repartió ANT y hospitales para aprobar leyes y subir impuestos, la que dejó vapulear al gobierno nacional, la que cooptó a la oposición. La cara del gobierno del 3%".

 

 

 

 

GALERÍA
La Asamblea Nacional censuró a María Paula Romo y la destituyó del Ministerio de Gobierno
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Waoranis de Orellana denuncian militarización
Redacción Plan V
Mientras Correa "pide cacao", el correísmo prepara el contraataque
Redacción Plan V
El Coca está en shock, sus comunidades sin agua y a nadie le importa
Susana Morán
Lo que significa la victoria de la derecha neoliberal
Fernando López Romero

[MÁS LEÍ DAS]

Correa contra Manuela Picq: ¿quién dice la verdad?
AGENCIA DE NOTICIAS INVESTIGATIVAS DE PLAN V
Las muertes sin aclarar de la década correísta
Mariana Neira
Guerra de epítetos entre Jaime Vargas y Yaku Pérez
Redacción Plan V
Jaime Costales: el populismo se aprovecha del síndrome de desamparo de los ecuatorianos
Redacción Plan V