A las seis de la mañana del 9 de febrero, un cordón policial cercó la sede del Consejo de Participación Social y Control Social, CPCCS, para permitir la entrada de cuatro consejeros, la mayoría, que iban a sesionar, en vista de que el presidente encargado, David Rosero, no quizo reiniciar una sesión ordinaria suspendida. Fue la gota que rebosó la copa, al menos por el momento, porque podían venir cosas peores. Y vinieron: en una sesión, los cuatro consejeros destituyeron del cargo de presidenta a Sofía Almeida y de vicepresidente a David Cordero. 

Un día antes, el bloque de Pachakutik había anunciado en la Asamblea Nacional que encabezaría la ofensiva en contra de cuatro vocales, que son la mayoría, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, los cuales apuntaban, a su vez, a sacar de la presidencia a Sofía Almeida, sobrina del legislador socialcristiano Luis Almeida (ex PSP) y cabeza visible del (ahora) bloque minoritario en el organismo colegiado de siete vocales. A la cruzada de los bloques legislativos, donde PK pondrá la cara, su sumaron el PSC, subordinado ahora al correísmo; UNES, que es el correísmo y los legisladores que quieran apalancar este proceso "fiscalizador".  El argumento de la legisladora de PK, Mireya Pazmiño, fue que los cuatro vocales a los cuales se les dedica el anuncio de juicio político (los otros tres vocales son coidearios y por tanto no entran en el mismo saco) modificaron el reglamento para elegir Contralor General del Estado, proceso que por ley lleva adelante el Consejo de Participación. El elaboración del reglamento y su eventual modificación es potestad exclusiva del Pleno del Consejo.

Pero hay otro argumento: supuestos audios en los cuales una de las consejeras habría establecido un diálogo con una de las posibles candidatas al cargo de Contralor. La asambleísta aseguró tener audios y conversaciones, que una de esas consejeras ya se ha reunido con los candidatos para ocupar una de esas entidades de control"; agregó que "nosotros hemos visto cómo han estado eligiendo las autoridades de control de una manera ilegal, lo están haciendo a dedo, lo quieren hacer saltándose el debido proceso que ya está instaurado en el Consejo". La denunciante, que dijo tener 72 firmas de apoyo para el juicio político, no precisó nombres, ni de las dos consejeras ni de los presuntos postulantes de concursos en los cuales aun no se ha propuesto un solo nombre.

En un poco menos de cinco meses, Pachakutik cambió de postura. El 23 de septiembre del 2021, los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo, de esa tienda política, presentaron una solicitud de juicio político a los vocales del Consejo de Participación, por la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado y la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, quien fue restituido luego en sus funciones y ahora es el director encargado del CNJ. Y una tercera causa para el juicio fue el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial, por un presunto conflicto de intereses.

Un novelón judicial

La reacción legislativa de PK, ahora con el apoyo del correísmo y el socialcristianismo, surge como respuesta a las decisiones judiciales que a través de acciones constitucionales han puesto en riesgo el manejo autónomo de la institucionalidad del Consejo. El 28 de enero del 2022, Sofía Almeida Fuentes, su presidenta, puso una Acción Constitucional de Medidas Cautelares Autónomas ante Karly Vargas Alvarado, Juez Titular de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas. Fue en contra de los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. 

El hecho por el cual Almeida Fuentes presentó la acción constitucional se refieren a la sesión del  27 de enero del 2022 cuando los cuatro consejeros demandados presentaron al vicepresidente David Rosero la moción y resolución de remoción de su cargo, moción que fue puesta en el orden del dia en la reinstalación de la sesión ordinaria. Los argumentos para ese pedido fueron:

Los incumplimientos y abuso de funciones de la presidenta Sofía Almeida, entre ellos: haber convocado a las sesiones con 24 horas de antelación, sin considerar lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento del Pleno del CPCCS que dispone que sea mínimo 48h. La falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades, pues no se había subido la información total de la documentación al portal Web del CPCCS, como el reglamento de designación a pesar de que se aprobó el 25 de enero. Por haber suspendido sesiones de forma arbitraria: ocho sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias (desde octubre de 2020). Algunas sesiones se han reinstalado, otras
siguen en suspensión, se dijo en la moción. Pero en otras ocasiones la presidenta había alegado que se suspendían por fallas técnicas o por atender asuntos administrativos. Los consejeros denunciantes dijeron que la ausencia de convocatorias y sus suspensiones arbitrarias ha causado la ausencia de reglamentación en los procesos de designación de autoridades. En el proceso para elegir al titular de la Superintendencia de Compañías, se dijo que la ley da 30 días para la presentación de la terna del presidente. Esto vencía el 7 de enero del 2022, pero no se aprobó el Reglamento dentro de este plazo; lo cual llevó a que se haya remitido una terna sin reglamentación. También que la presidenta Almeida presentó la terna sin mayor información de requisitos y prohibiciones. También se la denunció porque las convocatorias a último minuto habían llevado al retraso en la aprobación del Plan Anual de Contratación, el Plan Anual de Operaciones y el Presupuesto General del Consejo de Participación.

Sin embargo, en la misma sesión el Presidente encargado de esa sesión, David Rosero, indicó su rechazó a dicha moción, al asegurar que dicha sesión y el intento de remoción de una autoridad pública sin tener competencia constituía una infracción penal y política. 

La jueza Karly Vargas concedió la acción constitucional a la presidenta del CPCCS, con el argumento de que se violentaba la seguridad jurídica de la accionante, pues el Pleno del Consejo no tenía la atribución de destituir a la máxima autoridad del Pleno, que solo podía hacerlo a través de un juicio político en la Asamblea Nacional.

Dijo la jueza en su resolución que "conforme a los fundamentos y motivación realizada en la presente acción encontramos que los hechos relatados fueron acreditados de la configuración de la grave e inminente amenaza de que se vulnere el derecho a la seguridad jurídica por parte del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social", encabezado por los cuatro consejeros demandados. Y que el debate de la moción de destitución viola lo dispuesto en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana.

El 1 de febrero, la jueza Vargas dispuso "la suspensión provisional de todos los actos que emita el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los cuales se pretenda tratar moción y resolución de remoción del cargo de la Presidenta o alguno de los Consejeros de la institución, por no estar dentro de su competencia conforme lo determina la ley. Y que la medida cautelar "tendrá vigencia mientras dure la posible afectación del derecho constitucional a la seguridad jurídica amenazado en los términos de la presente resolución".

¿Por qué la jueza Vargas admitió el pedido de medidas cautelares en Samborondon, Guayas, si los hechos denunciados se dieron en la sede del CPCCS, que es Quito?  La jueza dijo al respecto que "se deja sentado que la accionante ha señalado que su domicilio se encuentra en la Urbanización Isla del Rio Km 6.1, y si bien es cierto los hechos podrían haberse originado en la sede del CPCCS, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional permite presentar la medida en el lugar donde se producen los efectos de los actos lesivos que corresponden al domicilio de la accionante. En este caso por cuanto se presume que el lugar del domicilio de la accionante se encuentra en la urbanización Isla del Rio en la vía Samborondón que es donde se producen los efectos personales lesivos contra la accionante, esta Autoridad es competente para resolver el presente pedido de medidas cautelares autónomas".

El Art. 7 mencionado por la jueza dice que: "Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. (...)". En este caso, la jueza consideró que los efectos se producían en la casa de la presidenta del Consejo de Participación y que eran de carácter personal.

Pero esto no se quedaría así. El consejero Hernán Ulloa presentó, a su vez, una acción de protección en contra de las medidas cautelares, ante el mismo juzgado de Samborondón. Pero era una nueva jueza, Larissa Ibarra, quien determinó la revocatoria de la medida cautelar presentada por Sofía Almeida, y dijo en el fallo del 7 de febrero que la presentación de una moción por parte de miembros de un órgano colegiado para que se tramite y decida la remoción de una persona en el cargo que ejerce, “es una conducta legitimada por la Constitución, y la ley para hacerlo es un procedimiento constitucional y legal que no tiene la apariencia de buen derecho que se exige para dictar una medida cautelar constitucional”.

“El artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina, en forma precisa, que procede la revocatoria de la medida cautelar dictada cuando se demuestre que no tenía fundamento, lo que en este caso sucede, pues no se cumple con la exigencia que prescribe el artículo 33 de la misma ley que, para dictarla, debe “por la sola descripción de los hechos” evidenciarse que se pueden violar derechos”, se dijo en el fallo.

Este fallo contenía una polémica referencia a que el accionante, Ulloa, había presentado al juzgado una declaración juramentada respecto a no haber presentado otra acción de protección sobre la misma materia sobre la misma materia y con el mismo objeto, ante otro juez o tribunal. Esta decisión judicial obligaba a la presidenta del CPCCS a convocar a la sesión que había quedado suspendida —objeto de la medida cautelar— para tratar la moción presentada por los cuatro consejeros para su remoción del cargo. Y las partes fueron convocadas para una audiencia el 10 de febrero.

Lo extraño también, que hizo notar la presidenta Almeida en un comunicado, es que el consejero Ulloa había hecho público el fallo el mismo 7 de febrero, cuando ella, la parte involucrada no había sido notificada por ningún medio, ni electrónico ni físico. ¿Como tuvo acceso a esa información?, se preguntó. Para Almeida, toda esta disputa estaba en el hecho de que cuatro consejeros se querían "tomar ilegalmente" el Consejo de Participación. Para los consejeros disidentes, se trata de que la presidenta Almeida y los consejeros que la apoyan: David Rosero y Francisco Dávalos, intentan de cualquier modo mantener el control del Consejo para impedir la reforma al reglamento para la elección del nuevo contralor, que según observadores de la sociedad civil ya tiene nombre y apellido y cuenta con el respaldo del correísmo y el Partido Social Cristiano. 

Según la presidenta Almeida, este revocatoria no era aplicable porque la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales prohíbe expresamente interponer una acción de medidas cautelares constitucionales en contra de otra medida similar. 

En medio de esta disputa, y una vez que las medidas cautelares obtenidas por Almeida fueron revocadas, una de las consejeras de la nueva mayoría pidió al Presidente encargado de la sesión la reinstalación de la Sesión Ordinaria 03, que fue declarada permanente por Rosero, pero cuya continuación no se ha concretado. Entonces, los cuatro consejeros entraron y tomaron la mesa de reuniones y empezaron una sesión, aunque sin internet ni luz, porque se los quitaron.

"Estos cuatro golpistas": Sofía Almeida

Estos cuatro consejeros han boicoteado la designación de las autoridades del Estado, dijo la presidente Almeida, en una conferencia de prensa, como reacción a "la toma" del Consejo. Meses atrás, dijo, vengo denunciando a estos consejeros, que ponen acciones de protección por medio de ciudadanos independientes, para paralizar los procesos. Han desacreditado los concursos para poder hacer lo que están haciendo: tomarse el Consejo de Participación, para elegir a la medida de sus intereses y patrocinadores, estos cuatro golpistas, a las autoridades. 

Almeida reveló que los cuatro consejeros han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, porque querer beneficiar a postulantes para los organismos de control y concursos a realizar. 

Cada vez que quiero avanzar en los concursos de designación, estos consejeros, dijo Almeida, o no asisten o se salen de las sesiones. No quieren avanzar y están boicoteando los procesos de designación de las autoridades para (ellos) elegir a dedo, a su conveniencia y de sus patrocinadores. 

En delito flagrante, este día han ingresado al Consejo de Participación, dijo Almeida, "destruyendo bienes públicos, sin autorización de la máxima autoridad, que soy yo, con la ayuda aparente de la Policía Nacional que acordonó la sala desde las seis de la mañana. ¿Es o no injerencia de otras funciones del Estado? Estamos ante una crisis instucional generada por grupos de poder y por estos cuatro consejeros y por la Policía Nacional, que ha dado pie al ingreso sin notificación", dijo. Aseguró que ella habló con el oficial a cargo, coronel Juan Carlos Soria, y le dijo que se trataba de una disposición verbal, sin notificación escrita.

Almeida solicitó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que ponga orden y que verifica que haya institucionalidad en el país. Se está vulnerando la Constitución y el marco legal. No puede ser posible "que estos cuatro golpistas han realizado un delito flagrante con el aparente apoyo de la Policía Nacional", dijo.

¿A quiénes quieren beneficiar los cuatro consejeros? se le preguntó a la presidenta. Ella dijo que eso la ciudadanía lo puede verificar con las evidencias. "Quiero llamar a la cordura a las autoridades, a que se respete la constitución, la ley y el Estado de Derecho, las instituciones y el país. Esto no debe convertirse en un circo, si quieren desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana háganlo en las urnas, no mediante shows mediáticos ni contra el Estado de Derecho", dijo. Hizo también un llamado a la Asamblea Nacional para que estén pendientes de la acción de los cuatro consejeros, y que "aceleren cualquier proceso de fiscalización, porque quieren tomarse el Consejo, revocarme como su presidenta, apoderarse del Consejo y elegir las autoridades a dedo.

¿El gobierno tiene que ver en todo eso?, se le preguntó. Almeida dijo que la Policía depende del Gobierno Nacional, y estuvo acordonando el CPCCS de ese 9 de febrero desde las 6 de la mañana. ¿Por qué la Policía estuvo desde las seis de la mañana sin un solo documento legal?, preguntó a su vez.  "Los cuatro consejeros, con un cerrajero, irrumpieron en el edificio del Consejo y se tomaron la sala de sesiones e intentan sesionar cuando hay una medida cautelar vigente a mi favor y cuando está convocada una audiencia. No respetan las leyes y parecería que el Gobierno, con la Policía, los está apoyando, porque si no es así la Policía debería retirarse, dijo.

Si el Gobierno no está detrás de esto, pido a la Policía Nacional que saque a estos cuatro consejeros, dijo. Yo soy la presidenta,  y pido que los saquen, dijo.

No los sacaron, y los cuatro consejeros la destituyeron. Almeida dijo desconcoer lo actuado y anunció que acudirá a instancias judiciales, nacionales e internacionales.