La caída del contralor Carlos Pólit, un hombre que pasó de ser secretario de la Presidencia de Lucio Gutiérrez al contralor de confianza del aparato correísta, evidencia el golpe de timón que el presidente Lenin Moreno pretende darle al Gobierno de Alianza PAÍS. Tras varias semanas de silencio, Pólit renunció al cargo la tarde del 20 de junio. 

El golpe ha sido sentido por el propio ex presidente Rafael Correa, quien no escatima puyazos en redes sociales contra su ex vicepresidente, quien toma cada vez más distancia de las políticas de su antecesor. La caída de Pólit, quien obtuvo las más altas notas para continuar como contralor, en el concurso organizado por el Consejo de Participación y Control Social, es asociada a la publicación de los primeros nombres de la lista de Odebrecht, entre los que aparece el de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, tal como había denunciado en la pasada campaña electoral el abanderado de FE, Dalo Bucaram.

Pero, ¿quién es Pablo Celi, el contralor subrogante que le rompió en la cara los papeles a los abogados que fueron a sacarlo de su oficina? Hombre cercano a Gustavo Larrea, se desempeñó como subsecretario de Sandra Correa en el Gobierno de Abdalá Bucaram, y luego pasó a ser asesor personal del presidente Lucio Gutiérrez. Nombrado luego representante del Ecuador ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) de Unasur en Buenos Aires, pasó a ser la mano derecha de Carlos Pólit, el abogado guayaquileño que encabezó la terna para contralor que Rafael Correa presentó al Congreso al inicio de su administración. Desde 2010 fue subcontralor administrativo de la Contraloría. 

Celi también fue asesor de Fabián Alarcón cuando el presidente interino fue presidente del Congreso Nacional, y tras la salida del país de Carlos Pólit, se negó a ser destituido del cargo del contralor subrogante. Más aún: desconoció la acción de personal dejada por Pólit y tomó posesión del despacho de la Contraloría, para lo que tuvo el apoyo de la Policía, y, claramente, del Palacio de Gobierno y del presidente de la Asamblea, José Serrano. 

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, el trámite para el juicio político contra el contralor avanza rápidamente, y bloques de oposición como los de CREO-SUMA ha anunciado que van a votar por la censura del funcionario, un hecho inédito en la década correísta previa, en la que la mayoría de juicios políticos contra ministros y funcionarios han sido archivados por la mayoría oficialista, que nunca encontraba méritos en las acusaciones. 

Pablo Celi destituyó a 20 funcionarios de libre remoción, entre ellos, los que fueron a sacarlo de su despacho. 

Pero ahora es el propio bloque de PAÍS, que cuenta con 74 votos, el que está dispuesto a reemplazar al contralor, lo que no se produciría antes de un año, creen analistas consultados por PLANV.

En efecto, si Pólit, quien se mantiene en Estados Unidos hasta nuevo aviso, es censurado, lo más probable es que Celi continúe como contralor subrogante, hasta que el Consejo de Participación y Control Social, el llamado "quinto poder", respetando la cuestionada normativa vigente, convoque a un nuevo concurso para nombrar a su reemplazo. Esto podría significar que Celi podría quedarse en el cargo varios meses más, posición en la que cuenta con el apoyo, al parecer del Ejecutivo de Lenin Moreno y de la mayoría legislativa a las órdenes de José Serrano. 

¿Qué se esconde tras el cambio de mando en la Contraloría? Una fuente cercana al conflicto dijo a PLANV que es posible que el presidente Lenin Moreno busca tomar las riendas de los organismos de control, y, en especial, de la Fiscalía del Estado, la Contraloría, y la mayoría en la Asamblea Nacional, así como lograr reducir el poder de los correístas de línea más dura, actualmente concentrados en torno a la figura del vicepresidente Jorge Glas. 

Correa denuncia "torpeza y deslealtad"

Las intenciones de Moreno han motivado las públicas quejas del ex presidente Rafael Correa, quien escribió en redes sociales el fin de semana: "La orden de detención contra el ex ministro Walter Solís no es por el caso Odebrecht, como falsamente afirma la prensa. Es por un caso que él mismo denunció y que llevaba cuatro años en indagación fiscal. Sólo se busca humillar. ¿Recuerdan que lo mismo hicieron con Lula?

¡Qué lástima que desde ciertos funcionarios del Ejecutivo, autoridades de control y hasta jueces, se esté siguiendo el discurso de la oposición, a la cual le importa un bledo la lucha anticorrupción, tan solo buscan "trofeos políticos", que, si no hay, habrá que inventarlos! El frente externo no me preocupa, sí el interno, donde, por torpeza o deslealtad, se habla de marcar "distancia" con mi Gobierno. Mientras tanto, Alianza País calla. Sólo se han escuchado voces valientes desde la Asamblea. La verdad prevalecerá, y...¡venceremos!".

La "torpeza y deslealtad" que denuncia el ex presidente, se verifican en una operación política en la que, al parecer, está perdiendo el control del aparataje verticalmente disciplinado de Alianza PAÍS, que ahora parece responder más a las motivaciones del nuevo mandatario que a los de la "vieja guardia" de la Revolución ciudadana. 

Pero esa misma "vieja guardia" tiene todavía poder suficiente, para, por ejemplo, bloquear cualquier intento opositor de que Jorge Glas comparezca ante la Asamblea Nacional. La mayoría de PAÍS ha descartado totalmente tal posibilidad, a pesar de que Glas dijo en Radio Quito que si lo llaman iría, y, además, se anticipó a descalificar cualquier información preveniente de la constructora brasileña, tras revelar que echó de su oficina a Marcelo Odebrecht, el principal de esa empresa, por hacerle una "insinuación grosera" que no precisó.

Las declaraciones de Glas tienen sentido en la medida en la que la Fiscalía, comandada por Carlos Baca Mancheno, un hombre que también tendría relaciones con el nuevo círculo de poder en Carondelet, ha logrado un acuerdo con Odebrecht para que la empresa brasileña revele, con datos de su propia contabilidad, a qué personas hizo pagos indebidos en Ecuador, acuerdo similar al que el gigante de la construcción ha logrado con los ministerios públicos de países  vecinos como Perú, lo que facilitaría información de primera mano sobre con quiénes hablaron y a quiénes presuntamente sobornaron para facilitar sus contratos y operaciones en nuestro país.

De su lado, desde las redes sociales del correísmo más duro se apunta contra el Municipio de Quito, y se destaca que el contrato más grande que ha firmado Odebrecht recientemente en Ecuador es el del metro de la capital, que aunque fue negociado por Augusto Barrera, fue finalmente firmado por el alcalde Mauricio Rodas. Las fiscalías de Ecuador y Colombia anunciaron públicamente una reunión conjunta con la intención de intercambiar información, se presume, sobre supuestas acciones ilegales del consorcio Odebrecht-Acciona, que construye el metro de Quito y también tiene una obra en el río Magdalena en Colombia. Los resultados de estas reuniones podrían conducir a nuevas detenciones, aunque la Fiscalía, por razones obvias, no ha anticipado nuevas diligencias. 

  ENTREVISTA  

Jorge Acosta, abogado de Carlos Pólit

Usted ha dicho que no descarta concurrir a la Asamblea Nacional para representar al contralor Pólit. ¿Cree que hay la intención de cesar al contralor de todas formas?

La intención de censurarlo está dada. Los actores políticos ya han hecho las cuentas de cuántos votos se necesitan para censurarlo al doctor Pólit. Es la crónica de una destitución anunciada.

¿Por qué se busca destituir al contralor que fue elegido hace pocos meses con la más alta puntuación en el concurso y sin reparo alguno del oficialismo que ahora capitanea el juicio político?

No me sorpende, cada grupo político quiere tener alguien afín a sí mismo, el actual gobernante está marcando su propio ritmo y su propia agenda, a diferencia de quienes pensaban que quien iba a gobernar era el anterior presidente de la República. Ese marcaje está dando rumbo a los acontecimientos políticos. El señor Pólit es una ficha extremadamente importante, porque es el censor de cuentas, ha mandado a la Fiscalía casi dos mil informes con responsabilidad penal, que no han sido evacuados por la institución requerida. Eso no se ha visto que haya hecho la Fiscalía. Se ha convertido en un hombre molesto para todos los grupos en cuestión, que tienen el Gobierno nacional, los seccionales, los cantonales. y todos tienen algo sobre lo cual rendir cuentas y sobre lo que han rendido cuentas ya con responsabilidades. Me atrevo a especular que quieren sacar a Pólit por esto y poner alguien un poco más afín al ritmo actual de las cosas. 

¿Qué opina de la sucesión de Pólit por Pablo Celi?

No he seguido ese tema administrativo, estoy en el ámbito de la situación legal de Carlos Pólit. Los temas administrativos deben ser analizados previa consulta de la Contraloría a la Procuraduría, quien debería pronunciarse sobre quién debe quedarse ahí. Los dictámenes de la Procuraduría son de obligatorio cumplimiento. 

Los indicios que tiene la Fiscalía tendrían relación con la forma en que Odebrecht volvió al país a pesar de las fallas en las obras de la Central de San Francisco ¿Habría responsabilidad del contralor en ese tema?

La Contraloría produjo un informe con responsabilidad penal, se envió el informe a la Fiscalía General del doctor Washington Pesántez, este lo remitió al ministerio público de la provincia de Tungurahua y se inició un proceso, hubo acusación particular, personas involucradas. Después se produjo un pronunciamiento indignado de los mandatarios, y luego, por medio del señor Lula Da Silva, hubo un acercamiento, se hizo una mediación en la Procuraduría. La Contraloría no intervino en ninguna parte en el regreso de Odebrecht, eso estaba más allá de las facultades de la Contraloría, que envió el informe a la Fiscalía en su momento. Fue la Procuraduría la que aprobó un acuerdo, y ahora el único investigado es el doctor Carlos Pólit, no se ha llamado a nadie más, como por ejemplo, a los que hicieron la licitación, los que contrataron, los que fiscalizaron, no asoma nadie. Solo el señor Pólit y la Contraloría.

Se ha dicho que podría haber responsabilidad política del vicepresidente Jorge Glas, debido a que manejaba los sectores estratégicos. ¿Qué opina usted sobre que ni a nivel político, en la Asamblea Nacional, ni judicial, se ha involucrado al vicepresidente?

Es el problema de la conveniencias políticas. No hay ninguna investigación al respecto, solo la que hay en contra del tío de ese funcionario, el señor Ricardo Rivera, que se dice que ha recibido 13 millones. Hay un proceso por asociación ilícita, no hay una intervención integral de las cosas y eso preocupa y llama la atención.

¿El doctor Pólit va a renunciar al cargo o esperará su censura en la Asamblea Nacional?

La Ley preveé varios escenarios, debe ser notificado, presentar sus descargos. Lo llamarán a comparecer ante el pleno de la Asamblea y ahí se produce el juicio político propiamente dicho. Hay varias normas de procedimiento, tanto de la Legislatura como las supletorias civiles y penales. Está previsto que cuando alguien no puede comparecer lo haga por vídeoconferencia, personalmente, o por medio de una apoderado. Sino comparece se hace el juzgamiento en rebeldía y se sanciona o no según corresponda. Pero también puede mandar por escrito sus argumentos. Él se mantendrá en Estados Unidos hasta cuando los abogados le recomendemos, tiene una licencia de 60 días completos, salió por una atención médica y ahí se mantendrá. No le aconsejo volver porque no veo un apego estricto al debido proceso ni a las posibilidades de su defensa. 

La concusión de la que sospecha la Fiscalía implica que se habría beneficiado de alguna manera. ¿Qué indicios hay al respecto?

La concusión es aquello que se produce cuando el funcionario público exige un pago, por hacer o no hacer algo de su función. La diferencia con el cohecho es cuando un tercero ofrece dinero para hacer o dejar de hacer. Yo he revisado el tema en la Fiscalía y en la Corte Nacional y no hay una grabación, ni fotografías que evidencien que el doctor Pólit esté exigiendo dinero. Mi cliente me ha dicho que como contralor recibió a contratantes y contratistas públicos, si alguien tiene alguna grabación de esas reuniones que las presentes, y no van a encontrar una palabra o frase que signifique que ha exigido dinero a cambio de favores. Luego de San Francisco hubo quince contratos para Odebrecht, manejados por el poder Ejecutivo, a los que se hicieron exámenes especiales y hay responsabilidades civiles, penales y administrativas en ese paquete. Nadie en su sano juicio va a pagar para que le pongan esas responsabilidades, hubieran pagado para que no les pongan. En la web de la Contraloría están los exámenes especiales, las responsabilidades penales van en informe reservado y privado a la Fiscalía.