Durante ocho días, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) David Kaye se reunió con periodistas, abogados, activistas de libertad de expresión y con las autoridades del Gobierno, lo que incluyó una audiencia en Palacio de Gobierno con el presidente Lenin Moreno. Las citas se centraron en establecer un diagnóstico de la libertad de expresión en el país, que arrojó algunos resultados preliminares. 

Para el relator, hay que poner la lupa en el marco legal heredado de los gobiernos correístas. No solo la Ley de Comunicación, sobre la que el Gobierno ha formulado algunas propuestas de reforma, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, sino en otras normas como el Código Penal, que mantiene los delitos contra la honra. Estas normas pueden ser utilizadas contra la prensa, destacó el funcionario internacional, quien, sin embargo, prefirió no comentar si es o no necesaria la derogatoria de la Ley de Comunicación del correato, que todavía está vigente, así como el andamiaje institucional que creó, cuyo eje es la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

El relator resaltó el compromiso del Ejecutivo de Lenin Moreno de respetar la libertad de expresión en el Ecuador, pero hizo un llamado a "identificar dónde están las barreras para la libertad de expresión" en la legislación ecuatoriana. Kaye cuestionó el legado del correato en esa materia: "durante 10 años el anterior Gobierno creó una represión a la libertad de expresión y los medios en el Ecuador".

Para Kaye, hay otros problemas en el esquema mediático del país, por lo que llamó a un concurso para la renovación de frecuencias de radio y televisión, que se mejore la situación laboral de los periodistas, se promueva medios comunitarios y  que se creen"medios públicos genuinos", en relación al aparataje mediático del Estado. Sin embargo, el informe del relator no se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas antes de junio del próximo año.

Pero el relator se mostró escéptico sobre que las mejoras de la libertad de expresión se produzcan en el corto plazo, pues en su experiencia, son procesos que toman años. Destacó, sin embargo, la propuesta de eliminar la Supercom. Kaye se enfocó también en otros temas de libertad de expresión, como la de las organizaciones sociales que fueron fuertemente controladas durante el correato. Sin embargo, llamó a reconocer que el impacto de un gobierno de diez años como el de Rafael Correa en la sociedad y en su idiosincracia puede ser significativo y perdurar en el tiempo. Por otro lado, el relator encontró similitudes entre la retórica correísta y el discurso antimedios del actual presidente de su país, Donald Trump, como declarar a los medios enemigos del pueblo y recurrir a ataques individuales contra los periodistas. 

El marco de control mediático, reconoció también el relator, está en la propia Constitución, que obliga a rectificaciones de los medios, y que al estar en la Ley Suprema deja poca maniobra al Gobierno. En el Código Penal, por ejemplo, recordó Kaye, cualquier expresión pública puede ser considera un insulto digno de ser criminalizado. El relator propuso, finalmente, instancias de autorregulación de los medios conformadas por periodistas, que podrían reemplazar el esquema legal punitivo que impera en el Ecuador. 

La Secretaría de Comunicación, bajo la lupa

Mientras tanto, el presidente Lenin Moreno hizo efectivo un cambio que ya se había anticipado: se suprimió la Secretaría de Comunicación (Secom), considerada como uno de los más temibles operadores del Estado de propaganda del correato, y se la convirtió en una secretaría adjunta al Palacio de Gobierno. En noventa días se decidirá qué personas de las que actualmente trabajan en la dependencia oficial se mantendrán en sus cargos. Por lo demás, la nueva Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República seguirá teniendo más o menos las mismas atribuciones que su institución antecesora. En un diálogo con editores de los principales medios del país, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, había anticipado cuál es la idea: crear una "secretaría de información" adscrita a la Presidencia que simplemente canalice la información oficial del Ejecutivo. El transfondo, se estima en medios periodísticos de la capital, es reorganizar una entidad fuertemente infiltrada por el correísmo de línea dura.

Una muestra de que el esquema mediático del Gobierno anterior sigue vigente en las oficinas de la flamante Secretaría General de Comunicación presidencial es la carta que recibió este portal la semana pasada. En ella, el subsecretario Juan Fernando Carranza Tenorio, excoordinador de Comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la época del correísmo, ex gerente de diario El Tiempo (en poder del gobierno) y, ahora, subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación en el gobierno de Lenín Moreno, cuestionó el reportaje en donde este portal publicó, en exclusiva, la transcripción completa de las grabaciones de las conversaciones entre el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, y el ex policía Rául Chicaiza, sobre el supuesto apoyo del Gobierno para los policías enjuiciados en Colombia por el secuestro de Fernando Balda. Lejos de responder las interrogantes clave,  el tono que usa Juan Fernando Carranza es el mismo al que está habituado desde las mejores épocas de ataque a la prensa, en la era de Rafael Correa.

Varios otros medios han recibido aclaraciones en similar tono del subsecretario, lo que evidencia que el estilo correísta de confrontar con la prensa sigue en vigencia.

LEA: Caso Balda, el audio que involucraría al presidente Moreno

"Talibanes" en la Asamblea

De su lado, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos, ha advertido que la clase política se resiste a derogar la Ley de Comunicación. 

Según Rocha, "es un año y medio de este gobierno y reconozco que ha tenido una actitud distinta, son 75 sábados que no nos insultan,  estos no es para irles a agradecer pero si hay un cambio de actitud. Yo soy de los que piensa que no se necesita una Ley de Comunicación, pues para las cosas que puedan ocurrir en el ejercicio de la libertad de expresión está la legislación hecha ahí hay más de 60 leyes en dónde se han incluido puntos que tienen relación con la comunicación".

Pero Rocha muestra cierta preocupación sobre la forma en la que la Asamblea está tratando las reformas a la Ley propuestas por el Ejecutivo. De hecho, cree que hay un marcado contraste entre la actitud oficial del Gobierno y la que tienen algunos legisladores en la Asamblea Nacional. 

"Tenemos una Ley de Comunicación en donde la adjetivacion se mantiene como por ejemplo en esto de que sea "una información de calidad" ¿Quién va a definir qué es la calidad?" se pregunta Rocha y agrega "que no sea pornografía por ejemplo, una de las cosas que siempre recuerdo es la fotografía de un día de elecciones de una señora vestida con un vestido transparente y ejercía su derecho al voto.  La foto fue publicada por un periódico y decía "transparencia en las elecciones", entonces se dijo que eso era pornografía y el medio fue juzgado y multado".

Rocha cuestionó también que se ha instalado en la clase política el tópico de que la Ley es necesaria, sin considerar que son los políticos quienes deberían autorregular lo que dicen, en lugar que la prensa sea lo que se abstenga de publicar sus declaraciones. En ninguna parte del Código de la Democracia hay regulaciones sobre qué dicen los políticos, pero éstos creen que es necesaria una ley que controle a los medios. "Hay tabalines en la Comisión que creen en la necesidad de una ley punitiva", señaló Rocha.