La trama de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) un sistema de seguridad social que sirve a los uniformados y sus familias, continúa sin resolverse. Una cooperación enviada por la justicia de Estados Unidos reveló una serie de cheques girados por Jorge Chérrez, el financista que manejaba buena parte de las inversiones policiales, contra una cuenta del TD Bank  de ese país. Ahí empezaron a aparecer nombres de personas del entorno del ex ministro del Interior, José Serrano, así como ex funcionarios civiles del propio ISSPOL como John Luzuriaga, quien ha admitido ante la justicia de Estados Unidos haber recibido sobornos de Chérrez para favorecerlo en las inversiones de los recursos del ISSPOL.

El Instituto tiene buena parte de sus inversiones, que alcanzan varios cientos de millones de dólares, en una situación incierta, luego de que operaciones riesgosas relacionadas con, por ejemplo, bonos de deuda externa ecuatoriana, resultaran en que la seguridad social policial no haya podido cobrar los rendimientos respectivos desde noviembre de 2019.

Las inversiones del ISSPOL alcanzan aproximadamente mil 550 millones de dólares, de los que por lo menos 600 millones de dólares fueron entregados en préstamos a los afiliados policiales, que lo están pagando normalmente, mientras que los otros 950 millones son los que están en medio de la polémica.

Buena parte de la cuantiosa cantidad de dinero estaba invertida en bonos de corto plazo, en deuda interna y en deuda externa ecuatoriana, pagada por el propio Estado ecuatoriano. Al producirse la renegociación de la deuda externa ecuatoriana en mayo de 2020, el ISSPOL debió sumarse al proceso como acreedor del Ecuador, con por lo menos USD 162 millones, pero esto no se pudo ejecutar debido a irregularidades en la custodia de los bonos.

Paralelamente, varios procesos judiciales se han abierto en el país por esta causa, no solamente  contra Chérrez y ex funcionarios del ISSPOL así como ex generales de la propia Policía que habrían participado en el ilícito, sino también contra funcionarios de otras entidades que debieron controlar qué ocurría con las inversiones y los bonos.

Por lo menos 30 procesados

El coronel Renato González es el actual director del ISSPOL. Según el oficial, hay por lo menos 30 procesados en el Ecuador, mientras el ISSPOL está contratando un estudio jurídico en Estados Unidos para poder comparecer ante la justicia del Estado de Florida, en donde se tramitan procesos contra otros de los involucrados. En el ISSPOL se admite que había una red al interior del propio Instituto que recibía sobornos, pero se destaca también que había otras personas coludidas en entidades como Decevale, las bolsas de valores, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, las Superintendencias de Bancos y Compañías, la Contraloría General del Estado y otras instituciones que debieron supervisar lo que ocurría con los fondos policiales. “Aquí está metido lo más excelso del poder ecuatoriano, la política ecuatoriana en su conjunto”, dijo, enfático, el coronel González, quien habló con Fermín Vaca en la Mesa de Análisis de PLANV.

En el país, hay por lo menos 20 investigaciones en la Fiscalía, de las que seis ya están en instrucción fiscal. Se investigan delitos como peculado, por el manejo de USD 216 millones en un pacto de recompra de bonos, caso para el que está prevista una audiencia este 16 y 17 de diciembre. En este caso se procesa a diez personas ante la justicia de Pichincha.

En Guayaquil se siguen dos procesos, contra por lo menos 16 personas más. Otras cuatro personas como Enrique Huerta y Carlos Mendez también fueron vinculados la semana anterior, con lo que los judicializados en este caso alcanzan los 30. Algunos de ellos se encuentran en el exterior, en Estados Unidos y en España, mientras contra otros se dictó prisión preventiva y fueron recluidos, como es el caso de John Campusano, quien estaba en el área de detención provisional de la Penitenciaría de Guayaquil y fue asesinado en la reciente masacre.

La justicia de Florida investiga

En Florida, Luis Álvarez Villamar, quien era funcionario del Decevale, una entidad de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil que debía certificar la inversión,  ha aceptado haber recibido USD 3.2 millones de dólares por parte de Chérrez, así como un departamento en Miami.

También está detenido en una cárcel de Miami  John Roberts Luzuriaga, quien fue  director de riesgos del  propio ISSPOL y quien en varios mensajes de texto, le agradecía a Chérrez por los sobornos que había recibido.

Contra Chérrez también se han tomado medidas, según explicó González: la justicia norteamericana solicitó la confiscación de aproximadamente 176 millones de dólares en activos  y le ha formulado por lo menos ocho cargos, como  lavado de activos, complicidad para delinquir y otros establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas que sanciona, sobre todo, el uso del sistema financiero norteamericano para lavar dinero obtenido de manera ilícita fuera de Estados Unidos. Procesos similares se hicieron en Florida contra ex funcionarios y ex contratistas de Petroecuador, quienes habían llevado el dinero obtenido de sobornos y comisiones a Florida.

Chérrez estaría en Cancún, sus abogados negocian en Quito

Pero, ¿dónde está Jorge Chérrez? Según la Policía, desde septiembre de 2020 que vive en México, la mayor parte del tiempo, en el lujoso balneario de Cancún. Se conoce que también viaja con frecuencia a la Ciudad de México. Aunque Chérrez tenía visa norteamericana, esta le fue cancelada, pero se teme que haya obtenido la nacionalidad mexicana, pues se conoce que su pareja es de ese país. Para el coronel González, la situación de Chérrez, quien presume de ser ciudadano mexicano, todavía sería incierta. Destacó que el personaje carece de títulos registrados en el Ecuador.

Aunque no se conoce el paradero del financista, este ha continuado en acercamientos con el ISSPOL por medio de sus abogados. Chérrez propuso un proceso de mediación que no fue aceptado, pues pedía que se realice en la Universidad San Francisco. Luego, se han mantenido conversaciones en la Procuraduría General del Estado. Entre mayo y noviembre de 2021, según explica González, tuvo lugar un proceso con la presencia de los abogados de Chérrez que no concluyó en ningún acuerdo, tras cinco meses. El director del ISSPOL sostiene que la participación del Instituto en el proceso fue, sobre todo, para “desnudar” las mentiras de Chérrez. El financista ha dejado de pagarle al ISSPOL los rendimientos de las inversiones por lo menos desde noviembre de 2019.

En agosto de ese año, un cambio de director motivó la salida de funcionarios presuntamente relacionados a Chérrez, y empezaron los atrasos en los pagos. Chérrez alegó que los bonos de deuda externa en los que habían invertido los policías ecuatorianos no estaban siendo pagados. El financista decía que tenían un portafolio bajo su custodia de por lo menos USD 693 millones, por medio de empresas off shore constituidas en Panamá, pero que según la administración de ese país, no tenían licencia para operar.

El cheque de Christiansen y la cuenta de sobornos de Chérrez

Durante las comparecencias en la Comisión de Fiscalización, relacionadas con el juicio político contra el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, el ex ministro del Interior José Serrano, acusó a María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de haber autorizado cuantiosas inversiones entre 2018 y 2020, sobre todo, con los papeles de deuda externa. Al respecto, González sostiene que se refiere a inversiones por bonos por USD 216 millones, con irregularidades que fueron reportadas a la Contraloría General del Estado y que, inclusive, fue el origen de las denuncias penales contra algunos funcionarios del propio ISSPOL. Adicionalmente, González explicó que la supuesta negociación con bonos de deuda externa nunca se ejecutó, a pesar de que fue aprobada por el directorio presidido por Romo.

Más allá de la polémica, la Comisión también conoció un cheque de una cuenta de Chérrez en  el TD Bank, el séptimo banco de Estados Unidos, firmado a favor de María Paula Christiansen, una persona de confianza del ex ministro Serrano. El cheque, por USD 230 mil dólares, tiene en la referencia una alusión a un spa en Quito. Christiansen tiene por lo menos dos spa, uno en Miami en el exclusivo sector de Coral Gables y otro en Quito, en Cumbayá.

Pero más allá del pago a Christiansen, llama la atención una serie de cheques de la misma cuenta, que al parecer estarían relacionados con la red de sobornos de Chérrez. En los documentos enviados a la Fiscalía ecuatoriana por las autoridades de Estados Unidos aparecen cheques a nombre de otras personas, como Freddy Corrales, Ruston Rodríguez, Joseph Negrete, César Auquilla y sobre todo, a favor de John Luzuriaga, el ex funcionario del ISSPOL que habría recibido por lo menos un millón 300 mil de Chérrez, divididos en 400 mil en efectivo, 300 mil en la tarjeta de crédito y el resto en transferencias a sus familiares.

Algunos de los cheques de Chérrez a favor de John Luzuriaga, ex funcionario del ISSPOL.

Algunos de los nombres que aparecen en otros cheques estarían vinculados al mercado de valores ecuatoriano. 

La documentación remitida por Estados Unidos evidencia que Luzuriaga recibió por lo menos USD $ 269.226 entre junio de 2018 y abril de 2019  en cuatro cheques de esa cuenta.  La justicia de Estados Unidos cree que la red de sobornos de Chérrez, desde 2014,  gastó por lo menos 2,6 millones en pagos irregulares a funcionarios de varias entidades, para que facilitaran las operaciones con recursos del ISSPOL.

Auquilla, quien se presentó en la Comisión de Fiscalización en el marco del proceso contra el superintendente, tenía en el ISSPOL el cargo de jefe de inversiones y a su nombre aparecen por lo menos dos cheques de USD 100 mil cada uno, es decir, USD 200 mil en total. En la comparecencia el ex funcionario del ISSPOL negó cualquier responsabilidad.