El anuncio lo hizo el presidente Lenin Moreno el 18 de febrero de 2019. Fue una de sus ofertas de campaña: crear una Comisión Internacional, con el auspicio de las Naciones Unidas, que realice una tarea similar a la que ya han ejecutado en el país organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales y la que teóricamente debe realizar el Consejo de Participación: luchar contra la corrupción en el Estado y presentar investigaciones y denuncias de posibles delitos para que sean investigados por la Fiscalía.

Pero aunque funcionarios del Gobierno como el actual ministro de Inclusión Social, Iván Granda, destacan que se ha trabajado mucho más rápido que en otros países en el proceso, este aún no se concreta. 

La entidad se inspira en la Comisión que funcionó en Guatemala, conocida como la CICIG que funcionó por 12 años en ese país. Esa Comisión, que contó con la participación directa de la Organización de las Naciones Unidas, fue creada en el país centroamericano para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno que asoló a ese país, pero sobre la marcha, fue reintepretando su misión, al extremo de dedicarse a investigar el cometimiento de delitos de varios tipos: desde el tráfico de personas hasta el contrabando, pasando por el peculado, las coimas en obras públicas, el financiamiento irregular de las campañas electorales y la participación de grandes grupos de presión en el control del Estado guatemalteco. 

La CICIG, cuyas investigaciones lograron la caída de un presidente de la República, Otto Pérez,  funcionó en Guatemala por  medio de un acuerdo entre el Estado guatemalteco y la ONU. Estuvo conformada por ex jueces y ex fiscales de los países vecinos, que llegaron a tener gran influencia en la Fiscalía, la política y la Policía guatemaltecas.

El actual Gobierno, que preside el ex comico de televisión Jimmy Morales, terminó por denunciar el tratado y no renovar la acción de la Comisión. Morales dijo que la Comisión había violado la soberanía guatemalteca y se había prestado para juegos políticos internos. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue encarcelado por una investigación abierta por la CICIG, aunque luego fue exculpado, y ha apoyado el fin de la Comisión. 

En el caso ecuatoriano, la Cancillería y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia lideraron el proceso de negociación de la conformación de una comisión que operaría en el Ecuador con un esquema similar. 

El 13 de mayo de 2019, el presidente Moreno anunció que la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción (CEICCE) sería un evento significativo para el país y la región. A cargo del tema quedó el entonces secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, y el canciller José Valencia, quien se encargó de la negociación con los diplomáticos internacionales. 

Al acto  en la Capilla del Hombre asistieron las principales autoridades del control del Estado ecuatoriano 
Foto: Presidencia de la República

Un plazo de 180 días que se acaba

Por medio del decreto ejecutivo 731, el Gobierno dio vida jurídica a la Comisión, por un plazo de 90 días, que podían ser prorrogados. Esta prórroga se realizó, y el plazo vence este 13 de noviembre de 2019. En ese tiempo, la Comisión debía avanzar en sus preliminares, entre ellos, la preparación de un estatuto para ser puesto en consideración del Gobierno del Ecuador. 

Cinco abogados extranjeros fueron nombrados como integrantes de la Comisión y se les confirió el cargo de consejeros presidenciales, cargo público ecuatoriano que, según explica Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrolllo, nunca aceptaron. 

Los integrantes de la Comisión son Stacy De la Torre, de Estados Unidos; Nicolás Rodríguez-García, de España; Claudia Escobar, de Guatemala; Vladimir Aras, de Brasil; y Carlos Hernández, de Honduras.

Según sus hojas de vida publicadas por el Gobierno, De la Torre es experta en cooperación internacional en materia penal anticorrupción y fue Fiscal en el Departamento de Justicia de EE.UU. y también en el Tribunal de Guerra de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.

Rodríguez, en cambio, fue presentado como experto en investigación y persecución de delitos de corrupción, con título de Doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Salamanca, con experiencia en decomiso y recuperación de activos.

Sobre Escobar se informó que es doctora en Derecho (Ph.D.), docente en Georgetown University, denunció el caso de corrupción del expresidente guatemalteco Otto Pérez frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por su parte, Aras fue Fiscal Federal de la Corte de Apelaciones de Brasil, con experiencia en casos de extradición, narcotráfico y corrupción

Finalmente, Hernández fue Director ejecutivo del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional y secretario Técnico de la Comisión de Selección Anticorrupción. 

Pero varios meses después, el trabajo de los expertos aún no se concreta, sobre todo, porque el Gobierno no ha decidido cuál debería ser el mecanismo para oficializar el funcionamiento de la entidad.

El Ecuador abonó, el 3 de julio de 2019, a la Organización de las Naciones Unidas, un millón de dólares para los gastos iniciales de la Comisión, pero según Alarcón, hasta el momento no se ha tocado ese dinero. Inclusive, los abogados extranjeros estarían cubriendo sus gastos durante sus visitas al Ecuador. 

"El Gobierno está fallando" 

En un principio, el Gobierno anunció que la secretaría estaría a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero hasta el momento, no se ha definido cuál de las instancias de la ONU sería la que ejerza esa coordinación, aunque se piensa que podría depender directamente de la oficina del Secretario General de la ONU, tal como ocurría con su similar de Guatemala. 

En un reciente comunicado, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Esquel, la Corporación Participación Ciudadana, el Observatorio de Derechos y Justicia y San Francisco Global indicaron que "han transcurrido cinco meses y medio y el plazo de funciones de los miembros de la Comisión está a punto de finalizar. El Gobierno Nacional está fallando en su proyecto "histórico" de luchar contra la corrupción, pues no basta con crear la CEICCE, sino en brindarle el apoyo necesario para que funcione de manera autónoma e independiente". 

Las organizaciones instaron al Ejecutivo "a dar trámite expedito al proceso de aprobación del Estatuto de la CEICCE, cumpliendo con las normas constitucionales previstas para el efecto, así como a resolver la forma en la que la ONU apoyará a la Comisión".

Aunque en julio de este año la Comisión entregó al vicepresidente Otto Sonneholzner su estatuto, el Gobierno no ha logrado determinar la forma en la que la Comisión podría ser oficializada. 

El estatuto tiene 28 artículos y sostiene que la comisión deberá asesorar y fortalecer la institucionalidad ecuatoriana, así como lograr una cooperación técnica. 

El proyecto de estatuto menciona la posibilidad de lograr  acuerdos de cooperación, también con terceros países, así diseñar protocolos, canalizar información que suministren personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Un Colegio de comisionados de entre tres y siete integrantes, sería el máximo órgano de la Comisión, pero solo dos de ellos vivirían permanentemente en el país. La presencia de los otros podría ser virtual, en un esquema similar a como trabajaba la Comisión Gestora de Yachay. El resto de comisionados podrían venir al Ecuador en temas puntuales, y se destaca que en Guatemala la CICIG también trabajó con comisionados residentes y comisionados de apoyo. 

La acción de la CICIG en Guatemala, aunque efectiva en sus propósitos, causó un quiebre entre la clase política, la cual, finalmente impuso el relato de que esta era una violación a la soberanía nacional.

Los comisionados durarán dos años en sus funciones y contarán con inmunidad diplomática de acuerdo con la Convención de Viena, por lo que no podrán ser demandados en el Ecuador, ni sus residencias o vehículos allanados o detenidos. Además, no deberán pagar impuestos en el Ecuador. Para el abogado Marcelo Espinel, la inmunidad descrita en el estatuto se refiere a sus acciones de investigación y sería una institución similar a la inmunidad parlamentaria que ya existe en el Ecuador. 

El estatuto propuso también que la dirección técnica estará a cargo de un administrador, un director técnico, y equipos de apoyo administrativo, financiero y de gestión.

A finales de septiembre, Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, declaró que el estatuto aún está en discusión en el Gobierno y la ONU. Según el diplomático francés, los integrantes de la Comisión han dado algunas sugerencias sobre la forma en la que deben afrontarse los casos, pero el Gobierno debe definir si su funcionamiento se legaliza " una ley o un acuerdo internacional".

Un acuerdo internacional que debe pasar por la Asamblea

Para Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es importante destacar que cuando se publicó el decreto 731, los miembros de la Comisión rechazaron ocupar el cargo de consejeros presidenciales, y no han recibido ningún ingreso por parte del Gobierno del Ecuador. Alarcón explica que el millón de dólares que el Ecuador abonó a las Naciones Unidas está intacto en la oficina de las Naciones Unidas contra el Delito. Ese dinero debería ser trasladado a la Secretaría General de las Naciones Unidas, explica Alarcón. El tema del millón de dólares sería una de las razones de la demora en las negociaciones entre el Ecuador y la ONU. 

Sobre el mecanismo para la implementación, Alarcón cree que se debe firmar un acuerdo internacional entre el Estado del Ecuador y la ONU, que deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea deberá tramitar el tema y ponerlo en consideración del pleno, explica el abogado. 

El Gobierno, en esta semana, podría emitir un nuevo decreto que extienda el plazo hasta lograr que el acuerdo internacional sea plenamente implementado. "Reclamamos que este tema no se ha implementado de manera seria, todo se ha quedado en palabras. Los comisionados han puesto de sus propios recursos para venir al Ecuador", destaca Alarcón. 

La ola de comisiones anticorrupción y el papel de las fiscalías

Pero la experiencia guatemalteca ha sido replicada no solamente en el Ecuador, sino en países centroamericanos como El Salvador y Honduras. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció hace pocos días la comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador (CICIES), que, en cambio, funcionaría con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La OEA nombró rápidamente al abogado guatemalteco Ronalth Ochaeta como vocero interino de la comisión, mientras se prepara un convenio definitivo. El presidente salvadoreño, considero un político millenial que gobierna por Twitter, no perdió tiempo en anunciar que la Comisión, aunque está en el papel todavía, ya había abierto sus primeros casos, relacionados con obras cuestionadas de sus antecesores y adversarios políticos, como Mauricio Funes. 

Para el portal colombiano especializado en lucha contra el crimen y la corrupción, Insight Crime, "más allá de los anuncios políticos, ni Bukele ni sus funcionarios han respondido a la pregunta más importante sobre la CICIES: cuál será la relación de la comisión con la Fiscalía General de la República (FGR), el único organismo al que la Constitución concede autoridad sobre la investigación criminal y la acusación penal".

Este tema, el de la relación entre las fiscalías de cada país y la comisión internacional, llama la atención del portal, que señala que "La participación de los ministerios públicos ha sido crucial en los casos de las comisiones internacionales anticorrupción que precedieron a la CICIES en el Triángulo Norte de Centroamérica, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)".

"En el caso de la CICIG, un acuerdo entre Naciones Unidas y el Ejecutivo que fue ratificado por el Congreso y avalado por el Poder Judicial permitió a la comisión tener independencia en sus investigaciones y acompañar a la fiscalía guatemalteca como querellante, aunque siempre fueron los fiscales quienes ejercieron la acción penal", destaca el portal, mientras que en Honduras la comisión internacional puede "acompañar a los fiscales hondureños en el litigio penal, pero no tiene independencia para decidir qué casos investigar".

En el caso ecuatoriano, Alarcón destaca que los expertos de la Comisión ya han firmado un acuerdo con la Fiscalía para apoyar en la investigación de las causas, aunque la Fiscalía ecuatoriana es por ley la titular de la acción penal. 

La decisión del Gobierno

Sobre las críticas a que este tipo de comisión podría violar la soberanía del Estado, Alarcón recuerda que el convenio de la CICIG sí le facultaba a hacer investigaciones "caiga quien caiga". El abogado cree que una comisión de este tipo debe contar con el apoyo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, "de tal forma que su trabajo no esté sujeto a manipulaciones políticas". 

Hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta formal del Gobierno sobre si suscribirá un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ni tampoco se clarificó si habrá un decreto reformatorio que extienda una vez más el plazo de trabajo de los comisionados. "Si hasta el día 13 de noviembre no hay un anuncio formal, la Comisión desaparece", advierte Alarcón.