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27 de Julio del 2015
Historias
Lectura: 8 minutos
27 de Julio del 2015
Redacción Plan V
La comisión que quiere resucitar el combate a la corrupción

Los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción se reunieron en el Colegio de Abogados de Pichincha, para notarizar su estatuto. 

 

Las organizaciones sociales nombraron a un grupo de personalidades para que integren una Comisión Nacional Anticorrupción, que pretende reeditar la gestión de las comisiones anticorrupción establecidas entre la caída de Bucaram y el advenimiento de Correa. La Comisión anuncia que no piensa confrontar con el Gobierno.

En el vestíbulo de la casa del Colegio de Abogados de Quito, frente al Palacio Legislativo y ante las ruinas del viejo Palacio de Justicia, varios personajes se han dado cita el pasado 23 de julio de 2015. Ahí está el veterano periodista y escritor Simón Espinosa, el economista y crítico del Gobierno Jorge Rodríguez y el abogado penalista Ramiro Román, entre otros. 

En el vestíbulo, en la zona donde se hacen trámites del gremio, se ha colocado una mesa y sillas de plástico. En pocos minutos está previsto que se anuncie, con la presencia del notario primero del Cantón, Jorge Machado, el inicio de las labores de la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales.

Poco a poco, algunas de las figuras mencionadas, junto a otros abogados y catedráticos, como Maria Arboleda, Julio Cesar Trujillo, Fernando Vega, David Rosero, Isabel Robalino, Germán Rodas, Bayron Celi y Gustavo Cedeño se han sentado en la mesa principal.

Poco a poco, algunas de las figuras mencionadas, junto a otros abogados y catedráticos, como Maria Arboleda, Julio Cesar Trujillo, Fernando Vega, David Rosero, Isabel Robalino, Germán Rodas, Bayron Celi y Gustavo Cedeño se han sentado en la mesa principal. 

Toma la palabra un abogado que anuncia, en tono solemne, que el notario primero procederá a receptar las firmas para protocolizar su estatuto. Uno a uno, los comisionados estampan su firma en el documento. Se trata de una serie de normas para el funcionamiento de una Comisión que pretende reeditar los tiempos de las luchas de la llamada "sociedad civil" contra la corrupción, como cuando al poco tiempo del derrocamiento de Abdalá Bucaram el presidente interino Fabián Alarcón creó un organismo que debía desentrañar los hechos ilícitos de que se consideraba uno de los periodos menos honestos de la historia reciente. 

La Comisión original fue creada el 4 de Marzo de 1997 con un decreto ejecutivo del presidente interino, y luego, en la Constitución de 1998, se convirtió en un organismo del Estado, llamado Comisión de Control Cívico de la Corrupción, organismo autónomo, con independencia económica y administrativa.

Aquella comisión, creada sin un marco legal específico por Alarcón y su mayoría en el Congreso, reivindicó con el tiempo varios informes sobre hechos polémicos, como la Red Peñaranda (1997), caso Filanbanco (1997-2001), caso “Fondo Visión” (1999), Convenios de la AGD cometiendo peculado bancario (2002), Delitos Aduaneros (2003), peculado y abuso de poder durante la elección de Miss Universo (2004), Incumplimientos en la “Pichi” Corte (2005), Corrupción Judicial (2006), entre otras denuncias.

Luego, la Comisión fue convertida en parte del Estado, con presupuesto y empleados públicos, y su misión fue la de investigar los casos que le llegaban para luego remitirlos a la Contraloría o la Fiscalía según de qué se tratase. Con el adveniemiento del correísmo, la Secretaría de Transparencia, un ministerio del Ejecutivo, tuvo funciones similares, que finalmente fueron asignadas al Consejo de Participación y Control Social. 

Es a esa trayectoria que apeló el coordinador de la Comisión, Jorge Rodríguez, durante la presentación del nuevo grupo de notables. Con la diferencia de que, esta vez, la Comisión Nacional Anticorrupción está totalmente fuera del Estado, opera sin un centavo de dinero público y, de alguna manera, superpone sus tareas con las de las instituciones creadas por la Constitución correísta.

La Comisión tenderá la mano al Gobierno 

Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión, reivindica el derecho ciudadano a presentar denuncias. 

Jorge Rodríguez, quien fue parte de las antiguas comisiones, recuerda que el organismo, todos los viernes, daba ruedas de prensa presentando por lo menos dos casos. Pero en 2007, con la toma del poder por parte del correísmo, este organismo fue eliminado. 

"En el país los ciudadanos no podemos ni abrir la boca", dice Rodríguez, quien cuestiona que de los 60 empleados del Estado que pasaron al Consejo de Participación se haya aumentado la planilla a 400 personas. Para Rodríguez, el Consejo se conformó con "individuos opacos" que se han dedicado a seguir las consignas del Gobierno. "Esta es una comisión eminentemente social, a diferencia de las anteriores". 

Pero esa no es la única diferencia. Para Rodríguez en tiempos de Fabián Alarcón había todavía en el país división de poderes, y la Comisión lograba ser independiente de los funcionarios públicos cuyas acciones pretendía fiscalizar. Ahora, dice, "el Estado en manos de una sola persona", y hay muchos funcionarios "encadenados al estómago" que no están dispuestos a cuestionar al Estado.

¿Se trata de una nueva comisión de notables? A Rodríguez no le incomoda el término, pues asegura que, en contraste, los actuales encargados de la lucha anticorrupción son "empleados designados a dedo por el Ejecutivo en remedos de concursos".

¿Se trata de una nueva comisión de notables? A Rodríguez no le incomoda el término, pues asegura que, en contraste, los actuales encargados de la lucha anticorrupción son "empleados designados a dedo por el Ejecutivo en remedos de concursos".

La comisión pretende llenar lo que consideran es un vacío: la lucha ciudadana contra la corrupción, que no se ha podido concretar en la actualidad. La Contraloría, en criterio de Rodríguez, tampoco está cumpliendo a cabalidad sus tareas, pues muchos de sus dictámenes no son suficientemente investigados en la Fiscalía.

No obstante del rechazo habitual del Gobierno a las denuncias que provienen de la sociedad civil o la prensa, la Comisión, cree Rodríguez, podría colaborar con el Estado en varios casos investigativos.

"Vemos enriquecerse una gran cantidad de personas a nuestro alrededor. Hay opacidad en los proyectos del Estado. Es evidente que hay corrupción", sostiene Rodríguez, quien sostiene que, a pesar de antecedentes como la persecusión judicial a los veedores del caso del Gran Hermano, no temen represalias legales. "Queremos plantear al propio Gobierno trabajar de forma conjunta", aegura, y afirma que no temen una reacción "violenta" del Gobierno en su contra. "No vamos a entrar a confrontar ni a discutir con el Gobierno, nos financiaremos con fondos propios y de organizaciones como los gremios y los trabajadores", anticipa Rodríguez. 

La Comisión, según explica Rodríguez, empezará a tratar, debido a sus limitados recursos, algunos casos importantes, y no descarta concurrir tanto ante la Fiscalía cuanto a las autoridades que sean necesarias, para presentar sus expedientes, que anticipa se preocuparán por mantener la honra ajena. Se busca implementar una contraloría social que fiscalice las acciones de la Contraloría del Estado y la Fiscalía. 

Las denuncias serán recibidas por la Comisión, que todavía no define su protocolo para ese procedimiento. "No vamos a ser un buzón de quejas, sino que buscaremos hechos de corrupción que realmente conmocionen al país".

 

 

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