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27 de Octubre del 2023
Historias
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27 de Octubre del 2023
Redacción Plan V
La Conaie entra a disputar el modelo de desarrollo energético del Ecuador
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Leonidas Iza, por entonces joven dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, en el ágora de la Casa de la Cultura durante el paro nacional y levantamiento de octubre del 2019. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

 

Desde los paros de octubre de 2019 y junio del 2022, la Conaie entró a cuestionar el modelo económico y de desarrollo del Ecuador, sobre todo en el plano energético. Es un tema pendiente, pues a pesar de sendas mesas de negociación luego de cada levantamiento, la agenda sigue intacta.


¿Cuál es el modelo contra el que el Consejo Ampliado de la Conaie resolvió luchar, tras su reunión durante la primera semana de septiembre del 2023? El que definen como "modelo extractivista, monopolizador e injusto, que ha hecho del Estado y las instituciones públicas estructuras que sustentan y fomentan negocios privados desconectados de la realidad de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano".

La Conaie se ha propuesto "replantear un modelo de desarrollo (que) obliga a buscar la participación y acuerdo con las grandes mayorías de ecuatorianos. Un modelo democrático y participativo donde estén integradas todas las visiones y realidades que conforman nuestro país". Y por lo tanto, su lucha es "contra el neoliberalismo, el FMI, el capitalismo extractivista y en defensa de los intereses de las mayorías populares y la madre naturaleza".

En su Consejo Ampliado, la organización indígena planteó 19 puntos, que tuvieron como sustento las plataformas de reclamos y exigencias que se generaron al calor de los levantamientos de octubre del 2019 (gobierno de Lenín Moreno) y junio del 2022 (gobierno de Guillermo Lasso). Es una plataforma donde se han acumulado reinvindicaciones coyunturales e históricas; alguna apuntan a situaciones presentes y otras a golpear la estructura misma de lo que su dirigencia considera discriminatorias y excluyentes.

Junto con otras organizaciones, el movimiento indígena ha planteado los puntos de un "plan de gobierno fortalecer un proceso de construcción de un plan de gobierno desde las organizaciones sociales para una salida de la crisis desde una perspectiva antineoliberal, no extractivista y plurinacional, definir líneas de acción unitarias en la coyuntura poselectoral" y para garantizar la aplicación del resultado de las consultas populares donde 6 de cada 10 votantes se decidieron en favor de parar la explotación petrolera en el Yasuní e impedir la minería en la zona protegida del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, durante la inauguración del Consejo Ampliado, el 6 de septiembre de 2023. A su lado las presidentas y presidetes de las principales organizaciones. Foto: EFE

A la par, exigieron  la moratoria de las concesiones mineras en el país, la auditoria integral a todas las concesiones mineras; la desmilitarización inmediata de los proyectos mineros en Palo Quemado (provincia de Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar); la derogatoria de los Decretos 604 y 754 sobre la Consulta Ambiental.

Este último es un tema estratégico para la Conaie, un punto en el que cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas la simpatía de las jóvenes generaciones que empujaron la victoria de las propuestas antiextractivistas de las consultas poulares en las elecciones del 20 de agosto. 

El tema tiene la mayor parte de exigencias, doce, respecto a otros como la seguridad, que solo tiene una mención generalista: Elaborar un plan nacional de seguridad pública. El Estado debe combatir la delincuencia organizada sin afectar la democracia ni los derechos humanos, fomentar programas preventivos para contrarrestar la delincuencia, generar políticas públicas efectivas de re inserción a las personas privadas de libertad. Y promover la organización popular barrial y comunitaria para la seguridad. 

La inseguridad, las extorsiones y la acción del crimen organizado es lo que más preocupa a los ciudadanos en el Ecuador. 

Respecto a la agenda antiextractivista, las organizaciones se declararon en estado de emergencia "en los territorios afectados por la militarización que protege los intereses de las empresas transnacionales dedicadas a la mineria a gran escala, y están afectando la paz en los territorios del Estado".

A la par, exigieron  la moratoria de las concesiones mineras en el país, la auditoria integral a todas las concesiones mineras; la desmilitarización inmediata de los proyectos mineros en Palo Quemado (provincia de Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar); la derogatoria de los Decretos 604 y 754 sobre la Consulta Ambiental, pues según ellos "vulneran el derecho constitucional a la consulta previa en los territorios invadidos por las empresas mineras bajo tutela estatal";  amparados en el Derecho a la Resistencia -artículo 98 de la Constitución- exigen la suspensión inmediata de las actividades mineras en territorios indígenas, zonas de recarga hídrica, áreas protegidas, zonas de protección arqueológica y zonas de producción agrícola, en particular, en economías campesinas pobres. Y por el tema minero, se exige, adicionalmente, "invalidar la firma del Tratado de Libre Comercio con China, que presionará, entre otros aspectos, la frontera minera de las grandes transnacionales en el país, como ya ha ocurrido con Chile y Perú que firmaron TLCs con este país aumentando significativamente sus niveles de explotación y comercialización minera con el gigante asiático".

El 9 de septiembre del 2022, hace más de un año, las organizaciones indígenas y sociales, junto con representantes del gobierno de Guillermo Lasso (el Estado), terminaron la Mesa de Energía y Recursos Naturales, en el marco de negociaciones luego del levantamiento indígena y popular de junio del 2022.

La agenda antiminera de las organizaciones campesinas e indígenas ha cobrado fuerza en los últimos cinco años. Paradojicamente, entre enero y agosto del 2023, las exportaciones de oro del Ecuador llegaron a USD 917 millones, un crecimiento del 74% respecto al mismo periodo del año anterior. Y la exportación de otros productos mineros fue de USD 489 millones en este año, con un incremento del 11,2% respecto al 2022. La mayor parte con destino a China.

El 9 de septiembre del 2022, hace más de un año, las organizaciones indígenas y sociales, junto con representantes del gobierno de Guillermo Lasso (el Estado), terminaron la Mesa de Energía y Recursos Naturales, en el marco de negociaciones luego del levantamiento indígena y popular de junio del 2022. El primer acuerdo de esa Mesa fue en torno a la moratoria temporal de al menos 12 meses —o hasta que la Ley de consulta previa esté publicada en el Registro Oficial—de la exploración en 15 bloques petroleros ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, incluyendo los bloques de la Ronda Sur Oriente. 

El Gobierno de Lasso y las organizaciones indígenas suscribieron el Acta de Cierre de la Mesa de Energía y Recursos Naturales, el 9 sept 2022. Foto: recursosyenergia.gob

También se acordó que el Gobierno no entregaría nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la consulta previa. Sin embargo, esta normativa debía ser corresponsabilidad de la Asamblea Nacional, que fue disuelta en mayo del 2023. El Gobierno también se comprometió a no otorgar licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras, hasta contar con la normativa de consulta previa.

Sin embargo, el gobierno de Lasso también permitió a la Conaie que tenga voz y voto en la evaluación integral, de carácter vinculante, para la revisión de los expedientes de procedimientos de: licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; sobre los impactos socio ambientales, legales y operacionales; y a la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación , reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión. Esta evaluación integral estaría a cargo en una mesa técnica, que debía haberse instalado en octubre del 2022. La mesa definiría la prioridad de los temas a tratar: evaluación de las licencias e impactos socioambientales, legales y operacionales de los Bloques petroleros de la Ronda Intracampos II, de la Ronda Sur Oriente y de otros 12 bloques petroleros.

A los pocos días de confirmarse el triunfo electoral de Daniel Noboa Azín, el presidente de la Conaie insistió en el cumplimiento por parte del Estado, y del nuevo Gobierno, de los compromisos que se dieron en las mesas de diálogo. Señaló, entre otros dos puntos, especialmente la suspensión o moratoria y auditoría integral de las concesiones mineras.

En cuanto a la minería se haría la evaluación  a la forma de operativizar el Acuerdo de Paz —firmado entre el gobierno y la Conaie para terminar con el paro— con relación a al menos dos proyectos de minería industrial a gran escala, que estén en curso, y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma larga, La plata y Curipamba. 

El gobierno de Lasso también aceptó conformar mesas técnicas para que la Conaie y los movimientos sociales, junto a delegados del Gobierno, elabores los proyectos de ley de reformas a la Ley de Petroecuador, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería y Ley Orgánica de la Planificación Integral dela Circunscripción Especial Territorial Amazónica.

La presión sobre Noboa y el factor Dahik

A los pocos días de confirmarse el triunfo electoral de Daniel Noboa Azín, el presidente de la Conaie insistió en el cumplimiento por parte del Estado, y del nuevo Gobierno, de los compromisos que se dieron en las mesas de diálogo. Señaló, entre otros dos puntos, especialmente la suspensión o moratoria y auditoría integral de las concesiones mineras. La disputa por el modelo energético es un factor estratégico para la dirigencia indígena.  En el acto de clausura de las Mesas de Diálogo, el presidente de la Conaie reconoció que en el tema minero "no hay acuerdo" con el Gobierno. La delegación encabezada por el entonces ministro Francisco Jiménez se sostuvo en que la seguridad jurídica de los contratos y las concesiones debía primar por sobre las exigencias indígenas y gremiales. Iza sostuvo que "nosotros vamos a defender y sostener la seguridad jurídica de nuestros derechos colectivos en los territorios. Los gobiernos, entonces, tendrán a la gente defendiendo los territorios. Desde 1994 se ha instalado una política de Estado en favor del extractivismo. Algunos economistas han salido a decir: «estos están contra el desarrollo». No pueden seguir sosteniendo la economía de este país en el dolor y la sangre de los territorios de los pueblos indígenas. Necesitamos pensadores, economistas, cientistas, genios, para dar un salto cualitativo al tipo de economía que necesitan el Ecuador y el mundo. No nos pueden culpar de que la defensa de los territorios de los pueblos indígenas incrementa el riesgo país. Toda la vida han venido a violentar nuestros territorios; por lo menos exigimos, en el tema del extractivismo, el derecho a la consulta previa, libre e informada; por que si no, seguiremos defendiendo nuestros territorios. No es una amenaza ni mucho menos, pero garanticen los procedimientos para la consulta. Esa es la realidad". 

Sixto Durán Ballén, presidente del Ecuador entre 1992 y 1996. A su lado el vicepresidente Alberto Dahik, qe ocupó el cargo hasta 1995, cuando huyó de una orden de prisión por presunto peculado con el uso de gastos reservados. Foto: Observatorio Anticorrupción.

En 1994, año en el que Leonidas Iza dice que se instaló una política de Estado en favor del extractivismo, el gobierno de ese entonces estaba presidido por Sixto Durán Ballén, y Alberto Dahik era el vicepresidente de la República, encargado de los política económica y energética. En ese año se decretó el Reglamento para la Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. Desde entonces a la fecha se han derogado y decretado cuatro reglamentos más. Dahik, el artífice de esa normativa, será el principal asesor económico del nuevo presidente, Daniel Noboa.

 

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