La democracia ecuatoriana, con sus imperfecciones y limitaciones, ha sido el escenario histórico ideal para el desarrollo del movimiento indígena, a pesar de que sus voceros y aliados la hayan desdeñado por formal e institucional y, por supuesto, por burguesa…  Su desvalorización de la democracia les ha impedido históricamente reconocer el aporte de aquella, no solo porque la rechazan, sino porque varios de sus dirigentes han mantenido estrategias populistas, amigables con sus ambiciones particulares.

Una fecha clave en ese recorrido fue abril de 1977 cuando el Instituto Indigenista Ecuatoriano (IIE) llevó a cabo en Conocoto, parroquia rural del suroriente de Quito, el primer encuentro de poblaciones indígenas del Ecuador. Participaron 50 delegados de las comunidades cofán, siona, secoya, shuar, achuar, quijos y canelos de la Amazonía; cayapas de la costa; saraguro, chibuleo y cañari de la sierra.

También intervinieron los miembros del IIE, conforme lo registra el investigador Hugo Burgos, en su publicación titulada La autodeterminación de las poblaciones indígenas del Ecuador. Nuevo rumbo del indigenismo ecuatoriano, y editada en 1977. Una particularidad de esa cita fue el destaque al principio de la autodeterminación, para que la lucha de los indígenas en los procesos de cambio social, político y económico se sustentara en tal noción. Ello implicaba superar las visiones paternalistas que había implantado y practicado el indigenismo tradicional, y que se habían alimentado de perspectivas marxistas y católicas. Con ello aludo a que en la década de 1930 se efectuó el “primer congreso nacional de organizaciones indias”, al que siguió, en 1944, la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), cuya primera secretaria fue la dirigenta Dolores Cacuango. En 1972 y con apoyo de la iglesia católica y del obispo Leonidas Proaño se constituyó la Ecuarunari, en la comunidad de Tepeyac, en Chimborazo.   

Aquel momento histórico —abril de 1977— estuvo cruzado por el proceso de reestructuración jurídica que Ecuador comenzó a vivir en 1976, en el cual se produjo el debate sobre el voto a los analfabetos, que en su mayoría provenían de las zonas indígenas de la serranía. Este derecho fue incorporado en la nueva constitución, aprobada por referendo en 1978, y vigente desde el 10 de agosto de 1979 con la restauración de la democracia. Es destacable esta vinculación de la democracia con la ampliación de un derecho que favoreció a los ciudadanos indígenas.

Otro suceso importante en procura de la inclusión y el reconocimiento político y social de los indígenas fue la constitución de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en 1986, cuyo antecedente fue el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas (CONACNIE), propuesto en 1980. La conformación de estas organizaciones acrecentó la influencia y el poder del movimiento indígena, visibles en el levantamiento de 1990 durante el gobierno del presidente Rodrigo Borja. Entonces reclamaron el “derecho a la defensa y recuperación de tierras, territorios y recursos naturales”, el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional y la adopción de legislación que permita su “derecho a la auto­determinación” como lo consignó el dirigente Luis Macas en 1992.

El primer levantamiento indígena se dio durante la presidencia de Rodrigo Borja, del 4 al 11 de junio de 1990, en siete provincias del país. Aquí en una "toma" del Congreso Nacional. Foto: El Universo

La movilización de 1990 evidenció el carácter de actor social del movimiento indigena. Y aunque poco difundidas, en ella hubo indígenas que cometieron acciones de violencia como saqueos y ataques a personas en ciudades, poblaciones y propiedades en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, como lo registró el general Richelieu Levoyer en su artículo titulado Los militares y el levantamiento indígena, parte del libro Indios, publicado por el ILDIS y AbyaYala en 1991.

Su poderío fue refrendado en 1992, cuando los indígenas, en la marcha de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, recorrieron más de 500 kilómetros desde la Amazonía y aguardaron en Quito a que el gobierno les entregara los títulos de propiedad de las tierras que reclamaban y con ello obtuvieran su legalización. La creación del movimiento político Pachakutik, en 1995, trocó a los dirigentes indígenas, en actores políticos. Justamente en 1995 plantearon la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta política, demanda que fue satisfecha años más tarde.

El peso adquirido por el movimiento indígena llevó a que el presidente Abdalá Bucaram creara el Ministerio Etnico Cultural, que produjo una división en la CONAIE. El organismo fue cuestionado por el presidente de la organización, en ese entonces, Miguel Cabascango, y por dirigentes como Nina Pacari y Luis Macas, pues afirmaban que el apoyo electoral a Bucaram no fue por un interés de alcanzar cargos burocráticos. Con el apoyo de los indígenas de la Amazonía, Bucaram designó al líder Rafael Pandam como cabeza de ese ministerio. Estadísticas de la época indicaban que la población indígena oscilaba entre el 35 y el 45 por ciento de la población total.

En la movilización para echar del poder a Bucaram, la CONAIE participó como una organización relevante, al ser parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) en la cual también militaba el movimiento Pachakutik-Nuevo País. Su participación se reflejó en el bloqueo de las vías y carreteras ecuatorianas, desde los días previos al paro cívico del 5 de febrero de 1997. Esta fecha fue clave para la caída del mandatario: más de dos millones de ecuatorianos manifestaron contra el presidente Bucaram en todo el país aquel día, sobre todo en las zonas urbanas.

Tras la sustitución del Presidente elegido en las urnas, por un Jefe de Estado apoyado por la mayoría congresal y avalado por las Fuerzas Armadas, la CONAIE alcanzó otro logro en 1997: el llamamiento a una asamblea constituyente. La nueva carta política resultante reconoció los derechos colectivos demandados por los indígenas, y promovió la partipación electoral y la lucha por la representación política a escala nacional, provincial, local y en el poder legislativo.

Los indígenas también fueron protagonistas en la defenestración del presidente Jamil Mahuad, en enero del 2000. Su salida estuvo precedida por un proceso en cuyo desarrollo los dirigentes de la CONAIE tampoco mantuvieron una posición única. El presidente de la organización, Antonio Vargas, emprendió conversaciones con los militares desde noviembre de 1999. Sus postulados apuntaban al descabezamiento de la institucionalidad democrática vigente. Pacari, conforme lo anota en su libro Todo puede ocurrir, editado en 2007, se muestra preocupada por los acercamientos con los militares no solo de los dirigentes indígenas sino de los representantes de la CMS. Según Pacari, “golpear las puertas del ministerio de Defensa significa golpear las puertas de los militares. Y golpear esa puerta implica un llamado a la dictadura. Sería grave que el movimiento indígena dé ese paso en falso”. La actitud de Vargas, lo señala Pacari, era entendida por la sociedad ecuatoriana como propia de un etnocentrismo populista. ¿Hubo otras posiciones más emparentadas con la democracia?  Es posible.

Militares e indígenas se juntaron para provocar la crisis que llevó a la caída del gobierno de Jamil Mahuad, en el año 2000. Foto: El Universo

Los primeros días de enero de 2000 la CONAIE y la CMS convocaron a un parlamento popular que resolvió ejecutar un levantamiento y la toma de Quito para el 15 de enero, para revocar el mandato de los tres poderes del Estado. También decidió asumir los plenos poderes, es decir conformar un gobierno de facto: una dictadura. Este anhelo lo refrendaron los dirigentes indígenas en sus reuniones con los militares a quienes les propusieron formar parte de una junta de salvación nacional para la “refundación de la república”. El 20 de enero los indígenas lograron cercar el Palacio Legislativo y el edificio de la Corte Suprema de Justicia. A algunos transeúntes que encontraron en el sector, en especial a los que vestían traje y corbata, les tiznaron sus rostros y les obligaron a bailar. En la mañana del 21 de enero se produjo la toma de la legislatura y de la Corte de Justicia; al mediodía, la ocupación de la casa de gobierno por el alto mando militar y la consiguiente salida del presidente Mahuad. Le siguió la conformación de la llamada junta de salvación nacional, integrada por el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas; el coronel Lucio Gutiérrez, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, propuesto como representante de la CMS, por los comerciantes de las bahías guayaquileñas. Este triunvirato tuvo corta vida. A la medianoche su integración fue modificada y el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, sustituyó al coronel Gutiérrez. Casi de inmediato Mendoza renunció; este segundo triunvirato se debilitó y pudo efectivizarse la sucesión constitucional con el vicepresidente electo, Gustavo Noboa. La CONAIE acusó de traidor a Mendoza y a otros generales y almirantes.

Luego del conflicto se advirtió un distanciamiento entre la CONAIE y la CMS y con la sociedad mestiza. El articulista de El Comercio, Enrique Ayala, consideraba en ese entonces que la posición de los indígenas en la movilización que condujo al golpe civil militar estuvo asentada en una visión etnocentrista y excluyente, que contribuyó a despertar el racismo. Por ello la simpatía inicial que despertó la causa indígena, en sectores medios y populares, se convirtió posteriormente en recelo y rechazo.

Tras el golpe del 21 de enero de 2000 y el fracaso de la CONAIE y de la CMS en convertirse en gobernantes sin pasar por los comicios, las críticas a la prensa se desplegaron desde los indígenas y sus voceros. Los periodistas fueron tildados de ser “cómplices y traidores” y de no visibilizar los hechos del contencioso. La CONAIE denominó a la prensa independiente de “oficial” y de “vendida” y la convirtió en su enemiga, por informar con pluralismo sobre la realidad y no haberse limitado a difundir sus proclamas e interpretaciones. En análisis posteriores sus dirigentes lamentaron no haber controlado a los medios de comunicación y haber permitido que los canales de televisión trasmitieran a las audiencias los hechos que se estaban sucediendo. También sostuvieron que les faltó una estrategia comunicacional que articulara la interacción entre la CONAIE, los militares y la CMS. Percibieron que necesitaban de medios de comunicación y de periodistas militantes, no de profesionales.

La alianza que la CONAIE y la CMS entablaron con el coronel Lucio Gutiérrez fue decisiva, según diversos puntos de vista citados por Pacari en el libro mencionado, para que Gutiérrez llegara a la Presidencia de la República. Pero producido el triunfo del exmilitar, la CONAIE pronto fue dejada de lado. Aunque sí formó parte del gobierno de Gutiérrez y mantuvo la cercanía del movimiento Pachakutik con el partido Sociedad Patriótica, en el congreso, rompió con el régimen en agosto de 2003.  De inmediato, la CONAIE recuperó el control político de Pachakutik. 

En febrero de 2004 el dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, sufrió un atentado, de cuya responsabilidad acusó al gobierno. En las movilizaciones que sectores de la sociedad civil emprendieron desde diciembre de 2004, por la injerencia del gobierno en la función judicial, la CONAIE participó en una marcha por la democracia, en febrero de 2005 y en las movilizaciones contra la llamada Pichi Corte en abril del mismo año.  Pero no tuvo el protagonismo ni la iniciativa que en los dos desplomes presidenciales anteriores. Le pesó el auspicio que otorgó al coronel.

El trajinar de la CONAIE en los tres conflictos que he examinado está cruzado por una misma variable: su presentación como la verdadera voz del pueblo, de todo el pueblo, y por asegurar que representa los auténticos intereses nacionales. En este objetivo, no obstante, no perdió ocasión para juntarse con actores políticos autoritarios y populistas y en coincidir con ellos en sus ataques a los sectores críticos y autónomos de la sociedad civil, uno de ellos la prensa.

Sus acercamientos a cada uno de los gobiernos, incluido el de Mahuad, con cuyo partido trabajó en ciertos momentos en alianza en el Congreso, se inscribieron en las prácticas de los partidos políticos tradicionales y populistas, sobre todo por su anti pluralismo.  Extraño, dada su reivindicación de la diversidad cultural y su cuestionamiento retórico al etnocentrismo. Digo retórico, porque en la historia reciente el movimiento indígena ha mostrado dificultades para interactuar con quienes mantienen perspectivas distintas a las suyas.  Quizá por ello los aprietos por los que ha pasado cuando compite electoralmente con los actores políticos mestizos. Si menosprecia las otras formas de ser y de hacer, que eso es una cultura, difícilmente podrá alcanzar sus objetivos electorales, que les exige comprender al otro y no subestimarlo.

Quienes disienten de sus propuestas no son admitidos como opositores, sino definidos como enemigos. Las dosis de autoritarismo y de intolerancia que han mostrado los dirigentes indígenas los acerca demasiado a los populismos. Su etnocentrismo sería, entonces, el principal obstáculo para la consecución de los propios intereses de la CONAIE, pues les impide comprender al otro y frente a ello solo alcanzan a ofuscarse e imponer. Estas aficiones, y la cercanía que promueve desde hace más de 10 años con la izquierda de raigambre bolchevique debilitó la imagen de la CONAIE en amplios espacios ciudadanos.

El transcurrir develará si la CONAIE y el movimiento indígena logran remontar la distancia que acrecentaron desde el pasado 3 de octubre, cuando emprendieron en sus primeras acciones de destrucción en las ferias y mercados campesinos de Saquisilí  y ampliaron con la arremetida a agroindustrias y productores agrícolas en Cotopaxi e Imbabura el 7 de octubre .