“La Corte es la institución judicial que en ocasiones debe dirimir, en derecho, conflictos de connotación política”, dijo Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional (CC), como un guiño a la actual coyuntura marcada por un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esa frase fue parte de su discurso, de este martes 21 de marzo, durante la rendición de cuentas de la gestión del organismo.

En los próximos días se espera que la Asamblea remita a la CC el pedido de juicio político para su análisis. La CC tendrá que pronunciarse acerca del cumplimiento o no de los requisitos formales para este tipo de proceso, pero sobre todo deberá manifestarse acerca de si las infracciones imputadas a Lasso corresponden con los hechos denunciados.

“Las juezas y juezas de la Corte podemos garantizar que en cumplimiento de esas tareas, arduas tareas institucionales, continuaremos dictando decisiones independientes, imparciales, transparentes, argumentativamente sólidas y céleres, conscientes que los avances y retos de hoy deben ser afrontados con prudencia y valentía”, continuó Lozada en su disertación que coincide con uno de los momentos políticos más agitados que ha tenido que enfrentar el actual Régimen.

La independencia fue uno de los temas que abordaron tanto Lozada como la jueza Carmen Corral, vicepresidenta de la CC, en el evento público. Ella hizo un recuento breve de los pilares que rigen la gestión del organismo, entre ellos la independencia. “Un tribunal de justicia no puede hacer justicia sino mantiene la debida independencia de los actores del Estado, así como de la sociedad. Para ello, debe ser posible tomar decisiones y deliberar con libertad en un espacio sin presiones de ningún tipo”, manifestó.

“La Corte ha fallado en derecho y ha demostrado transparencia en las decisiones que ha adoptado”, dijo Carmen Corral, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Foto: Twitter Corte Constitucional

Corral sostuvo que la Corte ha fallado en derecho y ha demostrado transparencia en las decisiones que ha adoptado. “La Corte ratifica la decisión de mantenerse independiente, no obstante, no significa que no cumpla con un deber mínimo de coordinación, así como estar conscientes e imbuidos en la realidad que vive el país”, agregó la magistrada

Sin referirse directamente a la coyuntura actual, sino en una evaluación general de la labor de este alto tribunal, Lozada reiteró que la Corte es la intérprete máxima de la Constitución. Un trabajo que se pondrá a prueba nuevamente con uno de los casos de mayor relevancia política que tendrá que dirimir este organismo en los últimos tiempos. En sus pasillos, sus funcionarios están conscientes de que no se trata de un caso más y que el rol que la CC juega será decisivo para el futuro del país.

Alí Lozada es presidente de la Corte Constitucional desde febrero de 2022. Su período terminará en 2025. Foto: Corte Constitucional

El papel de la Corte en un juicio político

Para la jurista Pamela Aguirre, la Constitución de 2008 reforzó el procedimiento para juicio político para presidente y vicepresidente y por eso estableció dos filtros: el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la CC. Esta competencia de la CC, dice la experta, es inédita en el constitucionalismo ecuatoriano. “Antes no se le había otorgado a un órgano jurisdiccional la capacidad de clarificar las pretensiones que plantea el Legislativo”.

Para Aguirre, esta es una de las competencias más políticas que tiene la CC. “Ahora esto no quiere decir que la CC deba alejarse de su rol jurídico. Es un rol que se le entregó para evitar excesos de la legislatura (que puede) argumentar cualquier asunto para un juicio”.

Si bien los actuales jueces de la CC evitan referirse, por lo general, a la coyuntura política del país, sí hay voces que conocen bien el rol que la Corte tendrá en ese caso. Agustín Grijalva, quien fue juez de este organismo hasta hace un año, explicó que el análisis de la Corte tendrá dos momentos.

El primero será verificar si el pedido de juicio político cumple con los requisitos formales como lo establecen tanto el artículo 129 de la Constitución como el 148 de la Ley de Garantías Constitucionales. Por ejemplo, que al menos la tercera parte de los asambleístas apoyen el juicio. En este caso, 59 legisladores firmaron el pedido (se requerían mínimo 46 rúbricas).  También es necesario que esta solicitud haya pasado por el CAL.

El pasado 20 de marzo, el CAL dio luz verde al juicio político contra Lasso, después de que calificara el cumplimiento de los requisitos formales para el inicio de este proceso como el número de firmas necesarias, así como puntualizar los presuntos delitos en los que habría incurrido el Primer Mandatario. Pero el texto que presentaron los proponentes -encabezados por Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana- tenía errores.

Un día después de esa decisión, el CAL -conformado por una mayoría de legisladores de oposición- resolvió reconsiderar su votación y permitir que los solicitantes ‘completen los requisitos’. Pero se puso en duda la legalidad de esa ‘reconsideración’ y asambleístas como Johana Moreira y Nathalie Arias afirmaron que en el fondo se trata de la corrección de errores, algo que no está en la norma. De esa manera, se retrasó el envío del documento a la CC posiblemente para la próxima semana.

El segundo momento del análisis de la CC es el más complejo, según Grijalva. El artículo 148 de la Ley de Garantías Constitucionales establece que el juez ponente de la CC -a quien le haya tocado el caso por sorteo- deberá presentar una resolución que determine si en la solicitud se ‘singulariza’ la infracción que se le imputa al Presidente. Es decir, que estén identificados con claridad los delitos por los cuales se le está llevando a juicio político.

Para dar paso al juicio político del Presidente, al menos seis de los nueves de la Corte deben votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político. Foto: Twitter de la Corte Constitucional.

Pero además la Corte tendrá que contrastar la descripción de los hechos que se imputan a Lasso con las infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. En la solicitud presentada, los legisladores acusan a Lasso de concusión y peculado, que son dos de los 10 delitos por los cuales un mandatario puede ser llevado a juicio político.

En este momento, la Corte tendrá que hacer un examen jurídico para ver si hay correspondencia entre los hechos denunciados y el tipo penal, que en el caso de concusión y peculado corresponde a los artículos 281 y 278, respectivamente, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los legisladores acusan a Lasso de tres delitos políticos: montar un esquema de concusión con Hernán Luque; la concusión que se habría cometido con los pagos de facturas en Petroecuador; y peculado en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Pero Grijalva aclara que la CC no tiene la competencia para pronunciarse acerca de la responsabilidad del Presidente en dichas infracciones. “Es una visión preliminar de carácter lógico y argumentativo”, afirmó.

En esto coincide el abogado constitucionalista Emilio Suárez, quien aclara que la CC no hace un análisis penal, pero sí debe revisar que los hechos que se le acusan al Presidente se adecúen a los tipos penales, en este caso concusión y peculado. Cree que Ecuador es el único país que tiene un filtro previo en la Corte Constitucional para un proceso de juicio político.

En su opinión, la solicitud de juicio político tiene una mejor redacción que el informe que presentó la Comisión Ocasional de la Asamblea que investigó el caso El Gran Padrino. Pero Suárez dice que no encuentra que la actuación del presidente Lasso incurra en los delitos que se le acusa. En el documento, hay se citan funcionarios en presuntos actos de corrupción, pero -según su criterio- no hay un nexo con el Primer Mandatario. “Por ese lado, la petición de juicio tiene una debilidad”, afirma.

El informe que presente el juez o jueza ponente de la CC conseguirá la aprobación con el voto de los seis de los nueve jueces constitucionales.

El caso de Jorge Glas no sería un precedente

El 21 de diciembre de 2017, la CC admitió el pedido de juicio político contra el entonces vicepresidente Jorge Glas. José Serrano, quien ese momento presidía la Asamblea, remitió la solicitud a la CC, que tuvo el apoyo de 63 legisladores. Acusaron a Glas de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito en los casos Odebrecht y Singue. La Corte aseguró que el trámite cumplía con los requisitos y declaró la constitucionalidad de lo actuado en una resolución de 22 páginas.

“La Corte tendrá necesariamente que partir de allí”, dice Grijalva respecto a este antecedente de pedido de juicio político contra un mandatario. Para el exjuez constitucional, las cortes tienen que ser coherentes con sus propias sentencias previas. “No se puede decidir de una manera y luego de un tiempo de otra”, agrega. 

Pero aclara que esa resolución solo puede ser una partida para el nuevo análisis que realice la Corte y aseguró que la CC sí se puede apartar de ese antecedente, pero con argumentos.

Cuando la Corte Constitucional aprobó el pedido de juicio político, Jorge Glas había sido condenado en primera instancia por el caso Odebrecht. Foto: Archivo AFP

A criterio de Suárez, existe diferencias entre el caso de Glas y ahora el de Lasso. Primero, los miembros de la CC de 2017 fueron cesados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahora, los nuevos jueces son muy respetables del ordenamiento jurídico -asegura- y por eso la ciudadanía tiene altas expectativas de que esta Corte falle alejada de presiones políticas y sociales. Además de los actores políticos de oposición que apoyan el juicio político contra Lasso, la Conaie ha anunciado movilizaciones hacia CC para que admita el juicio político.

Otra diferencia tiene que ver con la situación legal de Glas. Cuando llegó el pedido a la CC, Glas ya estaba preso y había sido sentenciado en primera instancia por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. “Ahora, la relación del Presidente con los delitos que se le acusan son meras conjeturas”, sostiene el jurista.

Aguirre coincide en que el juicio político contra Glas no sería un precedente en sentido estricto porque su caso estaba en la justicia penal. “Ahora no tenemos ningún enjuiciamiento. La Constitución señala que no es necesario una sentencia penal para iniciar un juicio político y viceversa. Pero cuando hay un proceso penal, los indicios son muchos más fuertes”, explica.

Suárez dice que la Corte se ha alejado de algunos precedentes que fijó la anterior CC y se ha destacado por resolver los conflictos políticos de mayor connotación. Un ejemplo, fue la pugna que hubo entre el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Corte Nacional de Justicia para la designación del titular de la Consejo de la Judicatura. La entidad tuvo un presidente encargado hasta que la Corte emitió un fallo que terminó con la destitución de los miembros del CPCCS por demorar el proceso.