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16 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 13 minutos
16 de Agosto del 2021
Fermín Vaca Santacruz
La crisis en el Municipio de Quito entra a un nuevo compás de espera
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Jorge Yunda ganó el primer round: se mantiene en el cargo por el momento. Foto: El Universo

 

Tras el retorno de Jorge Yunda y la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, el conflicto político en el Concejo Metropolitano entra en una nueva etapa de espera. Yunda retomó el control de la administración municipal y los concejales críticos están a la espera de una salida legal, ante la imposibilidad de concretar un proceso político.

La sesión del Concejo convocada por Jorge Yunda para et 17 de agosto de 2021, en el coliseo de San José de Minas, una parroquia rural del Distrito Metropolitano, contará con la presencia de la mayor parte de los miembros del Concejo, aún de quienes votaron por la remoción del alcalde. 

La crisis política en el Concejo entró en un nuevo compás de espera, pues ante la falta de una salida política, los ediles cayeron en la tentación de las demandas judiciales. Varios frentes, sobre todo en tribunales, se han abierto contra Yunda, ante la ausencia de posibilidades de solución política.

El primer frente judicial está en lo penal: para el 29 de septiembre está convocada la audiencia de juzgamiento contra el alcalde metropolitano y varios funcionarios y ex funcionarios, como la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca, o el ex secretario Lenin Mantilla. En este caso, Yunda está siendo procesado por un supuesto peculado en la compra de pruebas moleculares para covid, que, según sostiene la Fiscalía, fueron distintas de las que se pidieron en el contrato. Además, ex funcionarias como Linda Guamán, están también siendo procesadas por lo que ocurrió luego de que se constató que el contrato no se había cumplido: la terminación de mutuo acuerdo que, siempre según la Fiscalía, perjudicó los intereses del Estado. 

Por este proceso penal, Yunda tiene medidas cautelares, como el uso de un grillete electrónico, pero no se ha dictado en su contra una prisión preventiva, debido a que justificó sus arriagos. Aunque Yunda sea declarado culpable en primera instancia del supuesto peculado, aun podría ejercer su cargo si es que no se le dicta prisión preventiva y recurre a la apelación. 

El segundo frente tiene que ver con la justicia electoral, pues contra Yunda se ha presentado ya una acción el Tribunal Contencioso Electoral. Se acusa en ese ámbito al alcalde de haber "incumplido" la decisión del Tribunal sobre su remoción, aunque su retorno fue amparado en una sentencia constitucional de la Corte Provincial de Pichincha. Yunda ha señalado, al respecto, que la decisión del Tribunal fue cumplida por él, cuando entregó su oficina a Santiago Guarderas, quien se posesionó como alcalde el 19 de julio, pero la sentencia constitucional de la Corte Provincial fue la que permitió su regreso y la salida de Guaderas diez días después. 

La crisis política en el Concejo entró en un nuevo compás de espera, pues ante la falta de una salida política, los ediles cayeron en la tentación de las demandas judiciales. Varios frentes, sobre todo en tribunales, se han abierto contra Yunda, ante la ausencia de posibilidades de solución política.

El tercer escenario legal es la propia justicia constitucional, en donde el concejal Santiago Guarderas presentó una acción extraordinaria de protección para intentar anular la sentencia de la Corte Provincial, lo que significaría la validez del proceso de remoción y, por tanto, la vuelta a la Alcaldía de Guarderas. 

Concejales a la espera

Pero como es habitual en el sistema judicial, cualquiera de los tres escenarios legales se tomará su tiempo. Mientras tanto, los concejales se preparan para el escenario de un Yunda ejerciendo la Alcaldía por un tiempo aún indefinido. 

Para la concejala Luz Elena Coloma, el trabajo en el Concejo debe retomarse mientras se aclaran algunos aspectos. En primer lugar, se debe esclarecer las estructuras que dentro del sistema judicial actúan de manera irregular. En segundo lugar, Coloma cree que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre si correspondía o no lo resuelto por la Corte Provincial. Sobre lo que ocurre en el Tribunal Contencioso Electoral, Coloma sostiene que también se debe analizar si hubo o no un incumplimiento de decisión de la justicia electoral. "¿De qué sirve que en el COOTAD esté la posibilidad de remoción si un juez la puede anular?" se pregunta Coloma. 

Sin embargo, Coloma destaca que el alcalde en funciones va a continuar convocando sesiones del Concejo, por lo que la gestión de los ediles debe concentrarse en el debate de temas de interés para la ciudad y para soluciones concretas. 


La mayoría que removió a Yunda anunció que asistirá a las reuniones de concejo que convoque Foto: criteriosdigital.com

La concejala sostiene que sí se han presentado proyectos de ordenanza, y anunció que pedirá información concreta a la Alcaldía, pues Yunda con frecuencia "no sabe" cuando se le consulta de temas particulares. 

"Yunda deberá responder a los concejales sobre la información que requerimos, pues es necesario hablar de los temas de la ciudad", enfatizó la concejala. Los nombramientos realizados por la administración de Yunda también deberán ser analizados a fondo, en especial, para determinar si se ha considerado la capacidad de los funcionarios.

Coloma no descarta que se reordenen la fuerzas al interior del Concejo, pues "hay personas que votaron por la remoción que ahora están cerca del alcalde" y eso se verificará en aspectos como una eventual redistribución de las comisiones que integran los concejales y también en nuevos temas que lleguen al Concejo.

Luz Elena Coloma no descarta que se reordenen la fuerzas al interior del Concejo, pues "hay personas que votaron por la remoción que ahora están cerca del alcalde" y eso se verificará en aspectos como una eventual redistribución de las comisiones.

Sobre la situación de la vicealcaldía, Coloma destaca que ese es otro tema pendiente, pues la decisión de la Corte Provincial podría haber anulado la elección de la concejala Brith Vaca. "Yunda no puede acatar los pedacitos que le convienen de una resolución", dijo Coloma, por lo que se debería debatir qué ocurre con la vicealcaldía. "No descataría que Yunda quiera volver a elegir una vicealcaldesa", anticipa Coloma. 

Mientras tanto, ella y la mayoría de concejales seguirán concurriendo a las sesiones del Concejo. Yunda no ha planteado todavía la posibilidad de realizar una nueva elección de vicealcaldesa. 

El largo trámite en la Corte Constitucional: por lo menos seis meses

Salim Zaidán, constitucionalista

Pero no será tan rápido como esperan algunos sectores que la Corte Constitucional resuelva este tema. Para el constitucionalista Salim Zaidán, en diálogo con PLANV, es evidente la "astucia del señor Yunda y sus abogados" y también que Guarderas "ha demostrado ser novato en política". Aunque Zaidán considera como "impresentable" a la gestión de los abogados de Yunda, menciona también la lentitud y pasividad de Guarderas y su bloque. "Se confiaron en que Guarderas ya estaba consolidado en el cargo y no contaron con que la Corte les concedería más de lo pedido".

Para Zaidán tanto Mauricio Rodas cuanto Jorge Yunda llegaron al cargo sin proyecto político o visión de la ciudad y hasta sin concejales, como es el caso de Yunda que solamente tenía dos: René Bedón y el propio Santiago Guarderas. 

Zaidán explicó que la Corte Constitucional ha anunciado cómo será el procedimiento y si este caso tendrá o no prioridad, pues en teoría la Corte debe analizar los casos en orden cronológico. Zaidán destaca que según la resolución 003 del 21 de abril de 2021 se establecimieron las reglas y excepciones para el tratamiento de las causas.

La jueza ponente, que es Karla Andrade, podría solicitar que se trate el tema con prioridad. Entre las excepciones está que el asunto sea de interés nacional, que remedie situaciones estructurales o que tenga urgencia para evitar una vulneración de derechos constitucionales que ocasionen un daño grave o irreversible. 

El constitucionalista precisa que "no es cierto que tengamos dos alcaldes. Yunda es el alcalde en funciones" y estima que antes de cuatro o seis meses la Corte Constitucional no resolverá este tema. Una vez que la Sala de Admisión revisa que se han cumplido las condiciones necesarias, el pleno de la Corte debería expedir la sentencia en 30 días. "Pero eso no se cumple. La Corte Constitucional resuelve en cinco años. En dos o tres meses podríamos tener una decisión de la Sala de Admisión y en dos o tres meses se podría tener la decisión de la Corte. Hay la posibilidad de convocar una audiencia constitucional, pero no es obligatoria", explica el jurista.

"En dos o tres meses podríamos tener una decisión de la Sala de Admisión y en dos o tres meses se podría tener la decisión de la Corte. Hay la posibilidad de convocar una audiencia constitucional, pero no es obligatoria", explica el abogado Salim Zaidán. 

"El lío judicial ha sido provocado por los abogados de Yunda", enfatiza Zaidán, pues sus abogados recurrieron a la justicia electoral y constitucional y logró que hay dos sentencias contradictorias.

La judicialización de la política local y el deterioro de las instituciones

Oswaldo Toscano

Para el catedrático universitario y columnista de PLANV, Oswaldo Toscano, este conflicto político en el Municipio significa una pérdida para Quito, pues la ciudad tendrá un alcalde y un Concejo desprestigiado. La pugna de poder en el Municipio continuará sin perjuicio de la situación judicial. El uso de la justicia en este tipo de conflictos merma la credibilidad en el sistema judicial, explica Toscano, quien sostiene que debe haber un sistema de justicia competente. "Es muy preocupante lo que viene. No se ve una clase política en posición de madurar y superarse. No le veo salida en el corto plazo, la resolución judicial no va a solucionar los aspectos institucionales. La ciudad tiene una grave crisis social, es una sociedad de dos pisos. Hay barrios en donde esta crisis está impactando y hay descontento social. Es una bomba de tiempo", sostiene el catedrático. 

Según Toscano, crisis como la de Quito evidencian el fracaso de las instituciones en América Latina, no hay confianza en el sistema de justicia ni en las instituciones políticas. El país, afirma, ocupa el puesto 129 en el Índice de Calidad Institucional, lo que significa que este tipo de fenómenos continuarán. 

"Cuando se termina la política lo que queda es la violencia", explica Toscano, quien espera que este no sea "el punto de partida de algo más grave". "Nuestra clase política le ha fallado a la sociedad ecuatoriana. Tenemos políticos sin ideología, con intereses particulares que ya no piensan que su función es resolver los problemas del país y la ciudad", asegura Toscano, quien destaca que las instituciones latinoamericas son excluyentes y la consecuencia de eso es el descrédito de la política. 

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