Luego de varios meses de investigación, la cadena de televisión norteamericana Univisión, completó y confirmó la investigación que se venía realizando, desde el despacho del legislador Cléver Jiménez, sobre el jet Gulfstream de matrícula americana N378MB, el cual supuestamene transportaba pasajeros entre Ecuador y Miami, Nueva York, Argentina, entre otros países, cuyos nombres y rostros no podía ser revelados por orden expresa de la empresa propietaria de la nave, Sky Jet Elit Corp. Lo cual fue negado por voceros de la empresa.

El lunes 29 de julio de 2014, un operativo de la DEA de los EE.UU, procedió a incautar ese jet y dos aviones más. La DEA no dio las razones. Hoy tanto las aeronaves como las instalaciones y el personal de Sky Jet Elite Corp., está bajo control del organismo antinarcóticos de los EEUU.

El legislador Jiménez, dijo que altos funcionarios del régimen habrían utilizando el avión Gulfstream de matrícula americana N378MB, para ingresar a los Estados Unidos. En febrero del 2014, la Dirección de Aviación Civil DAC, ante un pedido de información del citado asambleísta, confirmó que desde finales de abril de 2013, la aeronave realizaba vuelos a Miami y Nueva York.  El referido avión según registro de la FAA (EEUU), se encuentra a nombre de la compañía Skyjet Elite Corp. 

En la página web Flightaware.com, utilizada para registrar las actividades de las distintas aeronaves que presentan planes de vuelo instrumental, dentro de los Estados Unidos, éste avión no registra información de los pasajeros, por pedido expreso del propietario de la aeronave.  

Al ingresar a la página web de la entidad que registra públicamente la información de compañías constituidas en el Estado de la Florida (www.sunbiz.org), se advierte que Skyjet Elite Corp, tiene su domicilio en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale y su Director es Juan Pablo Larrea.

Juan Pablo Larrea Cruz es hermano de Eduardo Larrea Cruz, ex director general de Aviación Civil, al inicio del gobierno de Correa. 

¿Cómo empezaron las investigaciones? Cuando el legislador conoció de una disposición de mayo de 2013, emitida por Rafael Correa a su gabinete para que ningún avión oficial o barcos de Flopec, viajen a Estados Unidos, “decidimos investigar el tema, afirma, incluso viajando a la Florida. Nos encontramos con novedades. Es que a esa fecha, la Corte de la Uncitral había emitido su laudo final, obligando al Ecuador a pagarle a la multinacional Chevron 96 millones de dólares. Por su parte Chevron había empezado a registrar el laudo en varios Estados de los Estados Unidos para emprender con los embargos. Entonces en el gobierno les asaltó la urticaria y se dio instrucciones a Petroecuador y a la FAE de que se suspendan los viajes a EEUU", precisa Jiménez.

Desde esas fechas, mayo del 2013, ningún avión presidencial, ni barcos de Flopec llegarían a EE.UU. Respecto a los buques, ocurre algo especial, dice Jiménez: “la agencia Reuters en su investigación de noviembre de 2013, señaló que los buques de Flopec que cargaban el crudo ecuatoriano en Esmeraldas (Ecuador), entregado a Petrochina, hacían trasbordo frente a las costas de Panamá a otros buques particulares de la compañía Taurus Petroleum, manejada por Enrique Cadena, para finalmente entregar ese petróleo a la refinería de Chevron en California EEUU. De esta forma se protegía a los buques ecuatorianos ante el peligro de embargo“, sostiene Jiménez.

"Pero en relación con los aviones, la pregunta que nos asaltaba era ¿en qué aeronaves se transportan el gabinete presidencial y sus familias, si a ellos no les gusta viajar en los vuelos de Tame? A partir de mayo del 2013 los aviones presidenciales no han volado a ninguna ciudad de los Estado Unidos. En los viajes oficiales al “imperio“, tanto el Presidente como la comitiva se han desplazado en aviones de la empresa pública Tame, aquellos que se encuentran protegidos bajo la figura de leasing, por la cual no podrían ser objeto de embargo. Respecto a este punto, Jiménez, remitió un pedido de información y consultas al Presidente, el cual jamás fue respondido.

Gerardo Reyes es el periodista de investigación colombiano, que reveló la noticia en Univisión, al cadena televisiva hispana más grande de Estados Unidos. En una entrevista con Rayuela Radio, cuenta cómo y porqué hizo este reportaje:

“Es una historia que registra un hecho, el que unos aviones de una compañía de Fort Lauderdale, Florida, aparente de propiedad de unos hermanos ecuatorianos, fueron incautados por la DEA, sin conocerse todavía el motivo. La orden de incautación o decomiso no la ha hecho pública la DEA, lo cual no es muy inusual. Ellos generalmente presentan la orden de confiscación, cuando empieza la discusión con las personas afectadas. Este es un reportaje que veníamos trabajando desde comienzos de año. Nos habían llegado rumores e indicios de que en esos aviones estaban viajando altos funcionarios del Ecuador, y coincidimos en la misma inquietud con el congresista (Cléver Jiménez) quien ya había adelantado un poco más pidiendo información por escrito a las autoridades aeronáuticas de Ecuador, las cuales le dieron la bitácora de los vuelos que habían hecho una de estas aeronaves.

"Hay un manto de secreto en todo esto. Hay un sitio en la red digital de acceso público, donde se pueden ver las rutas de los aviones privados comerciales, tanto de las grandes compañías como las pequeñas, pero si los propietarios no quieren que se conozcan esas rutas me imagino que es un privilegio que dan a cantantes famosos o personajes que no quieren que se sepa cómo se mueven sus aviones, tienen que pagar una tarifa para no aparecer, y esta compañía pagó ese derecho para que reflejaran sus rutas. El otro problema que nos hace pensar que no hay absoluta transparencia en todo esto es que desde el comienzo del año llamamos a uno de los propietarios, a Juan Pablo Larrea, le dijimos que queríamos hablar con él y nos diera la oportunidad de explicarnos, él que es un piloto joven y fue cabinero de avión, de dónde salió el dinero para la compra de estos aviones y discutir el problema de los pasajeros. Él muy amablemente nos dijo desde Guayaquil que no iba a conceder una entrevista y hasta ahora la estamos esperando. Al regresar a Miami lo llamamos múltiples veces, no nos dio explicación y un par de días antes de publicar la nota, tanto en televisión como en el portal, intentamos de nuevo y tampoco tuvimos suerte. Nos contestó aparentemente un empleado y nos dijo que llamáramos al abogado y cuando pedí el nombre del abogado nos colgó el teléfono.

"Eso de que el avión tenga vínculos con funcionarios del Ecuador es una hipótesis de investigación del asambleísta Jiménez y así lo decimos en la nota. Hay otras fuentes que apuntan hacia esa misma versión nos hicieron pensar que valdría la pena averiguar y confrontar y lo único que obtuvimos fue silencio de la empresa, que si no tuviera nada que contar hubiera dicho que no transportamos pasajeros, transportamos carga, etcétera y ahora nos enteramos de que la DEA, además de nosotros y el congresista Jiménez, también tenía inquietudes sobre esa empresa. De los propietarios sabemos que son pilotos, que tienen además una escuela de aviación, que un hermano suyo fue primer director de la aereonaútica civil encargado durante la primera presidencia del mandatario Rafael Correa, que crearon esta compañía, que sus aviones aparecen a nombre de esta empresa, pero no sabemos si hay más inversionistas, suponiendo que los ingresos de un piloto, un cabinero o una asistente de vuelo sean tan generosos como para montar una empresa de la que uno de sus aviones puede llegar a costar más de dos millones de dólares, eso es lo que sabemos.

"Hay varias opciones aquí: una, y la más grave, que los aviones estuviera  transportando droga. Le seguiría en gravedad que estuvieran transportando dinero sin declararlo y la tercera pudiera ser que estuviera registrada como una compañía con aviones que tienen matrícula de Estados Unidos sin tener derecho a eso, porque hay una legislación que obliga a que la empresa tenga a alguno de sus miembros como ciudadano de los Estados Unidos para poder tener derecho a la matrícula AN. Esta matrícula es muy perseguida en Estados Unidos por la gente que quiere tener aviones ejecutivos, bajo la idea de que estos aviones, cuando aterrizan en aeropuertos internacionales, por ser matrícula estadounidense, es más dinámico el proceso de revisión de aduanas. Pero la DEA se ha dado cuenta que también de esto se han aprovechado gente sin escrúpulos o gente del  narcotráfico. No estoy diciendo que sea el caso de esta empresa, pero si se llega a comprobar que estos aviones fueron utilizados para llevar a cabo un delito federal, pueden ser confiscados y la empresa suspendida. También habría que ver si la empresa tiene un permiso de transporte de pasajeros, porque tengo entendido que en una conferencia de prensa, los propietarios dieron que estaban perdiendo dinero por la incautación y que la empresa necesitaba una licencia de chárter para hacer esa actividad. Todos estos aspectos creo que van a salir a relucir cuando la DEA dé a conocer los resultados de su indagación. Si los propietarios logran convencer a las autoridades de que las actividades son lícitas, los aviones serán devueltos. En mi experiencia este es un proceso que no dura un mes, como lo dijeron estos señores en Ecuador, es un proceso más largo, de seis meses a un año”.

Los voceros de la empresa: todo es mentira, la DAC ha falseado documentos y no hemos transportado a funcionario alguno

Una nota posterior de Reyes en Univisión señalaba que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) había preferido guardar silencio ante las declaraciones de los propietarios de los aviones confiscados. Los propietarios aseguraron en Ecuador que en una reunión con agentes de ese organismo se determinó que no había indicios criminales y que las aeronaves serían devueltas al cabo de un mes.

“En este momento no tenemos información adicional para revelar en relación con este caso”, respondió el vocero del organismo, Oscar Negrón, a una pregunta de la cadena televisiva para confirmar las declaraciones de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, socios y propietarios de la empresa Skyjet Elite Corporation de Fort Lauderdale, y su tío, el abogado Fernando Larrea.

Según el diario Hoy, de Ecuador, Juan Pablo Larrea, socio propietario de la empresa, dijo que tras la reunión que mantuvo con la DEA se determinó que “no hay indicio de ninguna actividad criminal en este asunto”. Juan Pablo aseguró que en un mes los aviones serían recuperados.

Tras las noticias de la incautación de esas naves, los hermanos Larrea, que se presentaron como representantes de la misma, junto a Fernando Larrea, exdiputado y abogado de la empresa, salieron al paso.  En su declaración pública dijeron que la nave siempre viajó con pasajeros cuyas identidades conoce Migración y que ninguna autoridad ecuatoriana había viajado con su empresa, como había asegurado el asambleísta Cléver Jiménez. El abogado Fernando Larrea presentó un informe de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador que contiene el registro de 21 vuelos de una de las naves. Señaló que los destinos, el número de pasajeros y peso de carga publicados en ese documento eran falsos. Fue más allá. Dijo que estudiaba las acciones legales que seguiría contra funcionarios de la Dirección de Aviación Civil de Ecuador, que emitieron información supuestamente equivocada sobre el itinerario de una de las naves incautadas por la DEA. La DAC no ha emitido comunicación oficial alguna tras las acusaciones de Fernando Larrea.
Larrea también aseguró que jamás transportaron al Presidente de la República ni a funcionarios gubernamentales y peor que hayan hecho vuelos clandestinos.

Los documentos citados por Univision para mostrar que los aviones incautados casi nunca transportaban pasajeros, son falsos, dijeron los Larrea, pero no revelaron los originales por cuanto la información de sus clientes erareservada.
El documento al que se refiere Larrea Martínez es un documento oficial y certificado por la Dra. Rita Huilca Cobos, directora de la Secretaría General de la DAC, el 5 de febrero del 2014. La lista de vuelos es el resultado del pedido de información que hiciera el entonces asambleísta Cléver Jiménez, el 30 de enero del 2014.

La DEA mantiene bajo reserva sumarial la orden de decomiso de los aviones de la empresa, un Gulfstream, con matrícula N-378MB, y dos Cessna, uno modelo 74 N-438EL y otro N-576RA.