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11 de Mayo del 2022
Historias
Lectura: 19 minutos
11 de Mayo del 2022
Manuel Novik
La Defensoría Pública está encargada por casi cuatro años y el concurso no avanza
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La Defensoría Pública atiende a la ciudadanía en su sede en la avenida Shyris y El Universo. Foto: PlanV

 

La institución fue creada en 2012, fecha en la que asumió Ernesto Pazmiño como Defensor Público General. Pero hacia el final de la primera administración el CPCCS fue cesado en funciones y reemplazado por el CPCCS Transitorio, que designó a Ángel Torres Machuca como Defensor Público encargado. Torres lleva encargado desde 2018.

La designación de defensor público no fue una prioridad para el CPCCS. A pesar de que fue el primer concurso lanzado por el nuevo CPCCS en 2019, desde ahí el proceso se estancó. Actualmente, el concurso se encuentra en la fase de la selección de la Comisión Ciudadana de Selección pero aún no hay candidatos ni se conoce cuándo podría iniciarse. Un concurso anterior, que llevó a cabo el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo fue declarado desierto en medio de polémicas.

Luego de dos años, en junio de 2021, se aprobó la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) para la designación del titular. En noviembre de ese año 62 postulantes pasaron la fase de habilitación y luego la de méritos para conformar la CCS. Ocho de los postulantes habrían incurrido en prohibiciones para aplicar a la CCS, según las acusaciones de la consejera María Fernanda Rivadeneira.

A inicios de febrero de 2022 Sofía Almeida fue destituida como presidente del CPCCS. El pleno al mando del nuevo presidente, Hernán Ulloa, resolvió la creación de una nueva Comisión Técnica para que se revisen los reglamentos para la designación de autoridades, entre ellas las de Defensor Público.

La designación de defensor público no fue una prioridad para el CPCCS. A pesar de que fue el primer concurso lanzado por el nuevo CPCCS en 2019, desde ahí el proceso se estancó.


El Presidente del CPCCS explicó sobre cumplimiento de la disposición judicial relacionada con la designación del Defensor Público subrogante y el conflicto que se generó con la apelación de Ángel Jarrín. Foto CPCCS. Foto: CPCCS

El 23 de marzo de 2022 se renombró al equipo técnico encargado de la designación del Defensor Público, de los ocho miembros solo Zaidy Mora se mantuvo en el equipo que había sido nombrado el 15 de septiembre de 2021. El equipo técnico es el que lleva a cabo el concurso y responde al pleno del CPCCS. El 8 de abril se reformó finalmente el reglamento para la designación de Defensor Público. Las reformas facultan a la CCS a solicitar de oficio información de los postulantes a cualquier entidad y a designar a un secretario de entre sus miembros.

El 20 de abril un conflicto por la designación de la máxima autoridad de la institución emergió sin previo aviso. A través de una acción de protección, un antiguo concursante llamado Ángel Jarrín reclamó el cargo. Sin embargo, Torres Machuca ocupa el cargo como subrogante, cargo que es designado por el Consejo de la Judicatura. Razón por la cual, Hernán Ulloa emitió un oficio a esa institución para que, de considerarlo pertinente, “emita el acto administrativo correspondiente donde se disponga que Ángel Jarrín, ocupe la dignidad de Defensor Público general subrogante”. Al CPCCS le corresponde asignar solo al titular, que por lo demás debe ser asignado al mismo tiempo que el subrogante.

Este 10 de mayo se definieron por sorteo a los 10 finalistas de entre los 30 mejores puntuados para formar la CCS. La CCS también estará integrada por dos delegados de las cinco funciones del Estado, solo falta el miembro hombre de la Función de Transparencia, los otros nueve ya están asignados.


El sorteo de la Comisión de Selección Ciudadana definió a los 10 finalistas de entre los mejores 30 puntuados. Foto: CPCCS

Delegados de la ciudadanía y organizaciones civiles:

Gabriela Cadena, Diana Villacis, Tania Chamorro, Gina Montalván, Kimberly Villagómez, Fausto Galán, Jorge Ruilova, Alexis Torres, William Falconí y Eduardo Yánez.

Delegados del Estado:

Función Ejecutiva - Isabel Noboa Nowak y Julio César Ruiz.
Función Legislativa - María José Valverde y Diego Berrezueta.
Función Judicial - Marcelo Astudillo y Jessica Burbano.
Función Electoral - Xavier Vera y Katherine Lozada.
Función de Transparencia - Ana Hernández y Luis Mejía.

Se llegará a los cuatro años de encargo

Después de tres años y medio aún no se ha logrado designar ni siquiera la Comisión Ciudadana de Selección (CCS). Según la Coordinadora Jurídica del CPCCS, Marjurie Canseco, la documentación de las fases, a cargo de la CCS, no se encuentra en su totalidad publicada en la página web institucional la siguiente información: convocatoria a veeduría ciudadana, expedientes de los postulantes a ciudadanos de selección y de los delegados del Estado.


El Defensor Público General, Ángel Torres, lideró una mesa de trabajo con las autoridades del SNAI, del Ministerio de Salud Pública, representantes de la Presidencia de la República y del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y Secretaria de Derechos Humanos respectivo a los indultos carcerlarios. Foto: Archivo Defensoría Pública

En un informe, Canseco indica que llama la atención que se haya aprobado dos Reglamentos para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública, en donde el último aprobado tiene cambios en lo que respecta a los puntajes de evaluación, artículo 29; así pues, en el examen escrito el puntaje cambió de 20 puntos a 30 puntos y el examen práctico cambió de 30 puntos a 20 puntos.

Canseco también detalló que existió un conflicto de intereses el informe se refiere a la designación de Manuel Ángel Balda Flores como miembro del Equipo Técnico y a su vez, como delegado de la Función de Transparencia y Control Social para la CCS, nominado por la expresidenta Sofía Almeida.

El proceso


El nuevo Equipo Técnico fue designado tras el cambio de presidente en el CPCCS. Son ocho miembros que llevan a cabo las tres fases del concurso. Foto: Youtube CPCCS Defensoría Pública.

Para la designación de Defensor Público General se conforma un equipo técnico con ocho miembros para el acompañamiento en todas las fases. Hay cinco fases: convocatoria y postulación; admisibilidad; calificación de méritos; de oposición; e impugnación ciudadana. Las cinco fases suelen resumirse en tres: habilitante, méritos y oposición, e impugnación.  También se elige una Comisión Ciudadana de Selección (CCS) integrada por un delegado de cada función del Estado y 10 delegados de la ciudadanía.

Dentro de la primera fase, la habilitante, se verifica el cumplimiento de requisitos y se controla la entrega de documentos y certificados respectivos.

En la segunda fase, para la valoración de méritos se otorga 50 puntos y para la oposición 50 puntos. Dentro de los méritos se divide en 20 puntos para formación académica, 20 puntos experiencia profesional, 5 puntos experiencia específica y 5 puntos para otros criterios.

En la oposición se valora con 30 puntos el examen escrito y 20 puntos el examen oral. Para la fase de oposición son 60 preguntas “objetivas y de opción múltiple” elaboradas por catedráticos que son ordenadas aleatoriamente para  cada candidato por un sistema informático. El examen oral es un caso práctico expuesto en una audiencia pública.

En la tercera fase, la impugnación ciudadana, hay participación de la ciudadanía en la objeción de requisitos contra los postulantes finalistas.

Un concurso repleto de irregularidades

En agosto de 2018 el CPCCS-T nombró a Ángel Torres como Defensor Público General encargado. En diciembre de ese año inició un concurso del cual Torres también fue postulante.

A inicios de 2019 el concurso tenía 11 postulantes. Tras las primeras dos fases de habilitación, y méritos y oposición, Ángel Torres se ubicó en primer lugar. Pero ocho candidatos presentaron recursos de revisión. Luego del reconocimiento de un error en la sumatoria de las calificaciones, los siguientes cinco pasaron a la etapa de impugnación: Jaime Santos, Ángel Torres, Luis Ávila, María Castro y Gina Gómez, en ese orden.

De acuerdo a un informe del Observatorio Derechos y Justicia (ODJ), uno de los miembros de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección, Miguel Sevilla, renunció y declaró haber recibido órdenes para perjudicar a uno de los candidatos. Según Sevilla, no se notificó oportunamente a uno de los candidatos para que pueda acreditar su experiencia laboral. Sevilla también expresó su rechazo de que la documentación del proceso reposara de manera confidencial en manos de la delegada del Pleno del CPCCS. El comisionado reclamó que pese a ser el secretario nunca recibió información del proceso.

De acuerdo a un informe del Observatorio Derechos y Justicia (ODJ), uno de los miembros de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección, Miguel Sevilla, renunció y declaró haber recibido órdenes para perjudicar a uno de los candidatos.

Por otro lado, dos concursantes disputaron el primer puesto. Uno de ellos, Gonzalo Realpe, que no quedó entre los cinco finalistas, incluso puso una acción de protección, que luego fue negada. Llegaron casi 30 impugnaciones ciudadanas dirigidas a los cinco finalistas. Según uno de los postulantes con los que este portal conversó, en la fase de impugnación aparecieron abogados y estudios jurídicos “contratados” para “bajar” algunas candidaturas. En las audiencias transmitidas de forma telemática habrían aparecido personas en tiempo real “troleando” a algunos candidatos.

Las impugnaciones fueron aceptadas en cuatro de los cinco finalistas y el quinto postulante renunció. Por lo tanto, el Pleno del Consejo los descalificó y convocó a una nueva fase de impugnación contra otros tres candidatos que seguían habilitados. Los miembros de la Comisión Técnica renunciaron tras la descalificación de los cuatro mejor puntuados. Según ODJ, esta decisión no correspondía con el Mandato de Selección y vulneraba los derechos de independencia en la fase de impugnación.

Luego de todas estas irregularidades, el CPCCS-T declaró desierto el concurso. Una designación provisional que debió haber durado a lo sumo un par de meses tiene a Torres Machuca en el cargo desde hace tres años y medio.

“Posiblemente la documentación de ese concurso no exista”

Luis Ávila Linzán es abogado por la PUCE, fue asesor en la Defensoría Pública y en la Corte Constitucional.

Uno de los finalistas en el desierto concurso de 2019, Luis Ávila, conversó sobre las irregularidades del concurso con este medio. “Nunca hubo convocatoria pública, se hizo un 16 de diciembre (2018) de manera intempestiva” dijo. Según Ávila la fecha en que se lanzó el concurso fue complicada para presentar certificados, como el de no ser dirigente de un partido político, proceso que se hacía manualmente en el CNE. Ávila fue inicialmente descalificado por no alcanzar a presentar el certificado, aunque luego de una impugnación logró ingresar al concurso.

Esta sería la primera de varias trabas que tendría el proceso. Ávila cree que el haber sido asesor del despacho del anterior Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, le trajo detractores que lo relacionaban con el correísmo “sin motivo alguno”. Ávila Sostuvo  que la calificación de la fase de méritos, que es la primera en orden, se conoció después de las pruebas y “en el mismo día” en que inició la fase de impugnación, que es la última. “La calificación de los méritos al final permitía hacer un cálculo político del puesto” afirmó Ávila.

En la fase de la prueba oral y escrita Ávila también reclamó irregularidades. En la prueba escrita las preguntas habrían sido muy específicas y con lugar a varias interpretaciones. “Se impugnó la oscuridad de las preguntas, pero no aceptaron” mencionó.

Luis Ávila sostiene que las impugnaciones contra él y otros candidatos fueron sin fundamento. “Si no pasaba Torres, no pasaba nadie”, dijo Ávila, que aseguró que Ángel Torres fue designado por su cercanía con Darwin Seravique, exsecretario general del CPCCS-T. Ávila tuvo tres impugnaciones que fueron aceptadas por supuestamente arrogarse funciones y una desvinculación de la Universidad Central. Otra de las candidatas, Gina Gómez, fue impugnada por tener obligaciones pendientes con el SRI, hecho que fue desmentido pero que no sirvió para mantenerla en el concurso.

Ávila presentó una queja formal sobre el concurso dirigida al CPCCS a lo que le habrían respondido que la información documental se habría perdido en el traslado de la sede. “Posiblemente la documentación de ese concurso no exista”, dijo Ávila.

Este portal conversó con otro de los cuatro finalistas que prefirieron no ser  mencionados. Según uno de ellos, en el curso se otorgaban puntos que luego desaparecen y las pruebas orales eran subjetivas. “A Torres le subieron el puntaje por ser doctorado, cuando todos lo éramos, se le permitió leer en la prueba oral”, dijo un concursante al cargo.

Otro de los finalistas del concurso, Jaime Santos, declaró que buscaron una "serie de artificios" para descalificarlo. Santos fue uno de los cuatro finalistas. Tras la fase de méritos y oposición, Santos alegó que el primer lugar le correspondía. "No supieron sumar, cuando pedí recalificaciones pasé al primer lugar", declaró. Según este finalista estos antecedentes influyeron para que se declare desierto el concurso.

El conflicto por la designación del cargo

No es la primera vez que la máxima autoridad de la institución se disputa. Hay tres medidas cautelares en favor de Torres actualmente. Este 2022 una nueva acción de protección fue presentada por Ángel Jarrín, antiguo concursante que acusa ser el legítimo ganador del cargo.

Su abogado, Joselito Argüello, dijo a PLANV que “esto ha dado la pauta para que el CPCCS se active de manera inmediata para poner en vigencia un proceso que se debió haber dado hace cuatro años”.

El cargo de Torres está blindado por tres medidas cautelares y un dictamen de la Corte Constitucional. Según el ex concursante Luis Ávila, la sentencia de la Corte se refería a que las atribuciones de selección del CPCCS-T eran inapelables, pero que Torres fue encargado, nunca designado. Al CPCCS le corresponde la designación del titular, la designación del encargado al Consejo de la Judicatura.

Luego de todas estas irregularidades, el CPCCS-T declaró desierto el concurso. Una designación provisional que debió haber durado a lo sumo un par de meses tiene a Torres Machuca en el cargo desde hace tres años y medio.

La Defensoría Pública, a través de su asesor jurídico, Marco Maldonado, respondió a las acusaciones de Jarrín. “El encargo podía ser a cualquier persona, no necesariamente a un defensor público”, dijo Maldonado. El asunto se zanjó cuando el juez Juan Carlos Terán inadmitió la acción de protección basado en el dictamen de la Corte Constitucional. Con esta decisión se ratificó a Torres en el cargo.

Argüello afirma que Ángel Torres atraviesa un proceso penal por perjurio porque habría omitido declarar en el concurso sobre dos bienes de su posesión en Loja. “Yo quiero hacer una denuncia a la ciudadanía: ya hay nombres y montos que se están barajando en el CPCCS para designar un defensor público que se dice que es de la provincia del Guayas”, concluyó.

Otro conflicto se dio en 2020 en la Defensoría Pública. La Fiscalía inició una investigación en ese año sobre una denuncia contra Ángel Torres sobre presunto tráfico de influencias dentro de la institución. La denuncia de un miembro de una organización civil, Carlos Coloma, afirmaba que un abogado que firmó una acción de protección que ratificó a Torres en el cargo habría sido incorporado a la institución.

Requisitos del puesto

El Defensor Público desempeñará sus funciones durante seis años, no podrá ser reelegido y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional. Mensualmente gana USD 2.300. Estos son los requisitos para aplicar al cargo:

  1. Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
  2. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país, y conocimientos en gestión administrativa.
  3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.

No podrá aplicar al puesto quien mantenga un contrato con el Estado, quien tuviese sentencia ejecutoriada, quien adeude más de dos pensiones, quien tuviere bienes en paraísos fiscales, entre otras prohibiciones.

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