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25 de Junio del 2018
Historias
Lectura: 15 minutos
25 de Junio del 2018
Redacción Plan V
La denuncia del Transitorio que sacude la Prefectura de Manabí

Foto: Diario El Universo

Mariano Zambrano, empresario de Manta, ha sido prefecto de Manabí desde 2005, y fue un aliado político del correato en esa provincia. 

 

El Consejo de Participación Transitorio presentó una nueva denuncia contra el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, su hijo el asambleísta Mariano Zambrano Vera y varios de sus familiares y compañías, presuntamente vinculados en una trama de contratos con el Estado obtenidos por medio de tráfico de influencias y del uso de su poder en la provincia de Manabí. Todos los detalles de la acusación.

Las conclusiones del Consejo de Participación Transitorio son rotundas: la familia del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, su esposa y sus hijos, uno de los cuales es miembro de la Asamblea Nacional, se han beneficiado de sus cargos públicos para obtener millonarios contratos con el Estado para sus varias empresas familiares, en las que ellos y sus parientes más cercanos aparecen como accionistas. 

Las denuncias contra el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, la esposa del primero y madre del segundo María Piedad Vera Loor, y varios otros familiares y compañías de su entorno habían sido presentadas en varias fiscalías provinciales, pero el pasado 21 de junio el Consejo Transitorio presentó una nueva denuncia, reuniendo todos los indicios y pidiendo al Ministerio Público que se realice una sola indagatoria. 

Según los datos que presenta el Transitorio, el emporio familiar de los Zambrano, al que suman su poder político local y nacional, pues ocupan la Prefectura con sede en Portoviejo y una curul en la Asamblea Nacional, sería verdaderamente millonario. 

Según los datos que presenta el Transitorio, el emporio familiar de los Zambrano, al que suman su poder político local y nacional, pues ocupan la Prefectura con sede en Portoviejo y una curul en la Asamblea Nacional, sería verdaderamente millonario.

Por medio de varias empresas de provisión de servicios, navieras, hoteleras y otras, la familia Zambrano habría acumulado contratos con el Estado por varios millones de dólares. 

Así, el Consejo Transitorio pudo determinar que algunas de las cinco empresas del clan Zambrano tienen contratos con Petroecuador y Celec, entre otras entidades del Estado que habrían sido obtenidos en razón del poder político del prefecto manabita. 

Así, una de las empresas en las que el prefecto Zambrano aparece como accionista hasta fechas recientes, llamada Marzam, una naviera que transporta combustibles en el litoral, tiene por lo menos siete contratos con Petroecuador, que suman casi 42 millones de dólares. 

Marzam también tiene un contrato con CELEC por 19 millones de dólares también para transporte de combustible, en este caso, para la central térmica de Jaramijó. 

Otra empresa del clan Zambrano, Mardcomsa, tiene dos contratos con CELEC, también para transportar combustible, que suman casi 19 millones de dólares. 

El cantón Montecristi contrató a Marnizam, otra empresa de los Zambrano, por casi 33 mil dólares, para que le provea de lubricantes. De su lado, el Municipio de Paján contrató a la empresa de los Zambrano para el mismo servicio, por USD 23 mil. 


El legislador Mariano Zambrano Vera, hijo del prefecto, llegó a la Asamblea como candidato de Alianza PAIS

En otros ámbitos, una empresa hotelera de los Zambrano, llamada Manhost, tiene el contrato del bar del aeropuerto de Manta con la Dirección de Aviación Civil por USD 1400 mensuales más IVA. 

Empresas más pequeñas del clan, como Automotores Manabitas, han vendido combustibles a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas y al hospital Rodríguez Zambrano de Manta. 

El prefecto manabita, en el cargo desde 2005, aparece, en la denuncia del Consejo Transitorio, como uno de los grandes beneficiarios de la "Década ganada" del correísmo. Zambrano, quien suele lucir en sus recorridos una pintoresca camisa con los colores de la provincia de Manabí, y todo su entorno familiar, se habrían beneficiado de contratos con el Estado por varias decenas de millones de dólares. 

Al analizar el caso, el Consejo de Participación Transitorio, que tiene facultades de denuncia de la corrupción -aunque durante el correato nunca fue ejercidas- concluyó que “Los hechos analizados han permitido evidenciar que el prefecto de Manabí, Mariano Nicanor Zambrano Segovia; su cónyuge, María Piedad Vera Loor; su hijo Mariano Zambrano Vera, asambleísta por Manabí, y demás familiares, son propietarios de un conjunto accionario de un grupo de compañías, de las cuales cinco, Marzam Cia. Ltda., Marítima de Comercio Cía. Ltda. Mardcomsa; Naviera Marnizam Cia. Ltda., Automotores Manabitas Cía. Ltda. y Manhost S.A., han mantenido relaciones contractuales con instituciones públicas”.

En efecto, según el Transitorio, "Desde el año 2009 aproximadamente, las empresas Marzam, Naviera Marnizam, Mardcomsa, Marnizam, Manhost y Compañía de Automotores Manabitas, han sido favorecidas con la adjudicación de cuantiosos contratos, gracias a las influencias del señor Mariano Zambrano Segovia (quien, no olvidemos, ha sido Prefecto de Manabí desde enero del 2005).

Para el Transitorio "Desde el año 2009 aproximadamente, las empresas Marzam, Naviera Marnizam, Mardcomsa, Marnizam, Manhost y Compañía de Automotores Manabitas, han sido favorecidas con la adjudicación de cuantiosos contratos, gracias a las influencias del señor Mariano Zambrano Segovia".

No solo que las compañías en mención fueron favorecidas, pues el mismo Prefecto tuvo un incremento económico y patrimonial, pero además, también se beneficiaron sus hermanos, hijos y cónyuge".

Las tardías transferencias de acciones

El Transitorio agrega que el 15 de septiembre de 2017, "el Prefecto Zambrano Segovia, para ocultar su vinculación con las contratistas que habían sido beneficiadas durante ocho (8) años, transfirió sus acciones, de cinco compañías diferentes, a favor de su cónyuge María Piedad Vera  Loor  (todo el mismo día). Adicionalmente, el Prefecto hizo un traspaso en octubre del 2014 y uno reciente el 23 de mayo de  2018, los dos, a favor de María Vera Loor".

El documento presentado a la Fiscalía precisa también que "el hijo de Mariano Zambrano Segovia, Mariano Zambrano Vera, al igual que su padre, transfirió sus acciones a favor de su madre (valga la redundancia, María Vera Loor), el 10 y 15 septiembre de 2017.

Adicionalmente, tenga en cuenta que el 07 de enero del 2015, la compañía Marcomsa, compra alrededor de USD$ 7 millones de acciones de Marzam; y el 07 de enero del 2017, Naviera  Marnisam compra USD $ 8,681 millones de acciones de  la misma Marzam.

Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes: la transferencia de acciones, y la aceptación tácita de Vera Loor para participar en la organización criminal".

Sobre la forma en la que la esposa del prefecto participa en la trama, el Transitorio sostiene que: "María Piedad Vera  Loor conocía el objetivo de las transferencias de acciones (no olvidemos que es cónyuge y madre de los servidores públicos), y la aceptación de la trasferencia de acciones, clarifica el hecho de que se haya organizado o concertado para que se cometieran testaferrismos, para que los nombres de su cónyuge Mariano Zambrano Segovia y su hijo, Mariano Zambrano Vera no estuvieran vinculados a las empresas contratistas, y así, éstas continuaran recibiendo jugosas adjudicaciones, y la familia Zambrano Segovia continuara beneficiándose económicamente de las adjudicaciones".

Según el Transitorio, los Zambrano "cometieron perjurio en las declaraciones patrimoniales juramentadas rendidas ante la Contraloría General del Estado, respecto del impedimento normativo para ejercer un cargo público. ¿Por qué? Para continuar beneficiándose de las adjudicaciones, evidentemente. Por otro lado, ¿qué pasó con los administradores de esos contratos? Ninguno advirtió en su rol de fiscalizadores y administradores, el impedimento que tenían las empresas contratistas. Prácticamente no hubo fiscalización de esos contratos".

El Transitorio presume "que las instituciones públicas que adjudicaron los contratos, lo hicieron conociendo que las empresas contratistas, pertenecían al Prefecto Zambrano y a su familia; lo que hace suponer la existencia de abuso y arbitrariedad en la administración de los fondos públicos que estaban en poder de funcionarios, en razón de los cargos que ocupaban".

El Transitorio presume "que las instituciones públicas que adjudicaron los contratos, lo hicieron conociendo que las empresas contratistas, pertenecían al Prefecto Zambrano y a su familia".

El Transitorio pidió a la Fiscalía que se determine si había "una organización delictiva, asociada para el cometimiento continuado de más delitos, de los cuales se desprende presuntamente, no solo la participación de los representantes de las empresas públicas que intervinieron en los distintos procesos de contratación, y la participación del Prefecto Zambrano Segovia, sino además, la participación de su hijo, el asambleísta Zambrano Vera, el de su cónyuge, María Piedad Vera, así como la de su hija y hermanos, quienes indiscutiblemente, directa o indirectamente, se han visto favorecidos con las adjudicaciones".

¿Enriquecimiento ilícito?

El Transitorio se cuestiona también si los negocios del clan Zambrano le permitieron enriquecerse de manera ilícita. Al respecto, sostiene que "¿Son lícitos los fondos patrimoniales adquiridos por Mariano Zambrano Vera durante el tiempo que su padre fue Prefecto?

Resulta evidente que, si las empresas se beneficiaron económicamente  con las adjudicaciones del Prefecto, también lo hicieron sus accionistas, y no olvide el presunto testaferrismo que cometió Zambrano Vera mientras se desempeñaba como asambleísta, empero, con el fin de proteger el beneficio e intereses económicos de sus empresas".

Para el Transitorio, "se presume que no solo que se traficaron reiteradamente influencias para la adjudicación de los contratos, sino que, además, se presume que pudieron haberse cometido otros delitos como perjurio, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos (pues recordemos que el dinero proveniente de los servicios prestados por las contratistas, de por sí, ya era cobrado pese a impedimentos normativos, por lo que podría discutirse su origen ilícito).

El Consejo cree que "existe una organización delincuencial conformada por los hermanos Zambrano Segovia, los hermanos Zambrano Vera, María Vera Loor, y varios servidores públicos de distintas instituciones públicas, quienes concertaron para ejecutar varios delitos, como son el de tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, de una manera estructurada, permanente y voluntaria, trascendiendo este pacto, a la comisión de un hecho delictivo específico: perennizar las adjudicaciones  a favor de las compañías del prefecto y su familia". 


María Arboleda, secretaria de Transparencia del Transitorio, preparó el informe contra los Zambrano. Denunció amenazas. 

El prefecto y su tesis del "salvaje ataque mediático"

Como las denuncias no son nuevas -el ex presidente Abdalá Bucaram, con su peculiar estilo, había denunciado desde el año pasado los contratos de los Zambrano- el prefecto respondió en agosto de 2017 que estaba siendo "difamado". Usando la retórica antiprensa habitual del correato, Zambrano dijo en esa época que era víctima de una "desagradable campaña de difamación" de la que acusó a los medios de comunicación. 

"Este salvaje ataque mediático obedece a intereses políticos. Lo grave es que ha sido replicado por varios medios de comunicación", dijo el prefecto en un comunicado que leyó en conferencia de prensa en Portoviejo, en donde se negó a responder cualquier pregunta. 

Usando la retórica antiprensa habitual del correato, Zambrano dijo en esa época que era víctima de una "desagradable campaña de difamación" de la que acusó a los medios de comunicación.

Zambrano pidió a los medios que "las noticias promulgadas sean previamente contrastadas y verificadas, de lo contrario, como en mi caso y el de mi familia, seguirán siendo expuestas falsas acusaciones".

El prefecto, que ya había sido denunciado por el Consejo de Participación de la época correísta, agregó que “Siempre he actuado de acuerdo a la ley… Siempre he tenido claro que como prefecto no puedo contratar, ni como persona natural ni como persona jurídica; sí debo decir que el CPC anterior actuó después de la consulta (popular)”, aseguró en abril de este año. En una de sus últimas acciones, el defenestrado Consejo de Participación había emitido un informe en contra de Zambrano, que se suma a esta nueva denuncia del Consejo Transitorio. 

Según el procurador del Transitorio, Byron Pacheco, en la Fiscalía de Portoviejo reposa una denuncia por enriquecimiento ilícito  contra Zambrano pero no ha ido a declarar, sin que hasta el momento lo hayan convocado nuevamente. 

Pacheco dijo que el perjuicio por estas irregularidades que habrían cometido Zambrano y su hijo ascendería a los 70 millones de dólares y que habrían sido durante el segundo periodo de Zambrano en la Prefectura, siendo el 2015 el año más contratos.

Agregó que el asambleísta Zambrano no podría seguir en funciones, pues aún sería accionista de la Compañía Manhost.

De su lado, el legislador Zambrano admitió que es “accionista minoritario”, pero afirmó “esto no es un impedimento” para sus funciones. “Una vez que tengamos la información oficial (sobre la denuncia) me pronunciaré”, ofreció. Una hoja de vida del asambleísta, disponible en internet, asegura que nació en Manta en octubre de 1986, y se desempeñó como gerente comercial de la Corporación Marzam, una empresa naviera de Manta, desde el año 2012. Estudió en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad de Miami y llegó a la Asamblea como representante del distrito centro y sur de Manabí por la lista 35 de Alianza PAIS, en alianza con el movimiento local Unidad Primero. 

María Arboleda, del Consejo Transitorio, denunció haber sufrido ataques y acoso de desconocidos durante la preparación del informe contra el clan Zambrano. 

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