El reciente paro nacional puso en evidencia la deuda del Estado con el campo. Desde el Gobierno, como fruto del conflicto político, se dictaron cuatro decretos en temas puntuales, con una inversión estimada en $600 y $800 millones.

Pero no solo el Ejecutivo debe afrontar la problemática. La mayoría de proyectos presentados por legisladores sobre temas agrarios y de fomento campesino siguen en las fases iniciales del trámite, por falta de interés, lentitud del proceso y, en ocasiones, cálculos políticos de los propios legisladores, que prefieren priorizar temas que les den más visibilidad.

En la pandemia, el campo fue el único sector  de la economía nacional que no detuvo sus actividades. El sector agrícola ecuatoriano concentra un 30% del empleo nacional, pero su participación en el PIB es menos significativa, frente a una economía de servicios y exportación. La economía local se recuperó en 2021, pero los sectores sociales no lo percibieron. Desde ese año, la CONAIE ya advertía la necesidad de mantener subsidios a los combustibles, alivios de deudas, precios justos para los productores, empleo adecuado y alejarse de la política extractivista del Gobierno de Guillermo Lasso.

Durante el reciente  paro nacional, la bancada de UNES presentó un pedido de  destitución del presidente Lasso alegando una grave crisis política y conmoción social, según lo prescrito en el artículo 130.2 de la Constitución de 2008. Desde distintas bancadas del Legislativo se plegó a las demandas de la CONAIE, y quedaron a solo 12 votos de destituir a Lasso. Pero más allá del intento de destitución, ¿qué ha hecho la Asamblea sobre las demandas sociales impulsadas por el movimiento indígena en su primer año de gestión?

El trabajo de seis comisiones para el campo

Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), durante este primer año de la actual legislatura, que concluye en 2025, se presentaron 219 proyectos, 167 aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), 6 negados y 41 pendientes. Del total de proyectos, un 50% todavía está en las comisiones para el informe para primer debate. El 70% de los proyectos presentados por esta Asamblea son reformas y el 57% son proyectos de entre 1 y 10 páginas.

Dentro de la agenda parlamentaria 2021 que la propia Asamblea se propuso, se incluyó al eje de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos. Según FCD, fue el eje con menos proyectos y con menor avance. Otros ejes como desarrollo productivo, salud, y derechos humanos fueron una prioridad para el Legislativo. Si bien se podría inferir que dentro del eje de desarrollo productivo está el fomento al campo, la gran parte de los proyectos están congelados en primer debate.

Pero el trabajo de la Asamblea con el campo no está restringido a las propuestas de Pachakutik. Analizamos qué han hecho las comisiones donde reposan las leyes que mayor impacto podrían tener sobre las demandas de la CONAIE, como son las de : Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos, Biodiversidad y Recursos Naturales y De Régimen Económico.

En noviembre de 2021 se hizo la presentación y entrega formal del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL) y una feria de agricultura familiar y campesina. Algunos representantes presentes fueron Marlon Santi, Guadalupe Llori y Salvador Quishpe. Fotos: Fernando Lagla / Asamblea Nacional

Estas cuatro comisiones tienen en sus manos 16 proyectos con influencia directa en el campo y el sector indígena. Algunos cuerpos legales que resaltan como el Código de Soberanía Alimentaria, la Ley de Tierras, la Ley de Comunas o la Ley de Consulta Previa, siguen estancados. 

Tras más de un año, de estos 16 proyectos, diez proyectos siguen estancados en las comisiones en la preparación para primer debate.  De los tres proyectos que llegaron a revisión para segundo debate, dos fueron heredados del periodo legislativo anterior.. Solo el proyecto de Ley sobre el fomento y la fijación del precio a la leche fue aprobado tras dos debates para la consideración del presidente Lasso.

Soberanía alimentaria y el pequeño productor

El asambleísta de Pachakutik, Salvador Quishpe, quien lidera la tramitación del Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL), conversó con PLANV. Ese es un proyecto de ley enfocado al pequeño y mediano productor agrícola: “las grandes empresas tienen su regulación, sus leyes que los apoyan. Los que han estado al margen son los que producen las papas para mandar a la feria libre, o los pequeños productores bananeros, maiceros”, afirma Quishpe.

El asambleísta reclama por las inequidades para ese sector, “En Eloy Alfaro, Manabí, en una llanura, por la mitad pasa el canal que lleva el agua para el riego. A un lado la plantación de pitahaya para exportación tiene abundante agua, del otro lado la plantación de arroz no la tiene. No es que no haya agua, sino que hay una mala distribución, y esto pasa en todo el país”, explica.

Salvador Quishpe es asambleísta de Pachakutik. Quishpe fue prefecto de Zamora Chinchipe. Foto: Manuel Novik

El Código incluye temas como la recuperación y fortalecimiento de semillas ancestrales. En el Ecuador, la Constitución prohíbe las semillas transgénicas, este proyecto va en esa línea y fomenta un desarrollo sostenible opuesto al desarrollo químico. “La ley fomenta estas formas que más que nuevas son las más antiguas y que ahora es motivo de grandes investigaciones de las universidades pero que nuestros mayores han venido utilizando en el campo todo el tiempo”, añade Quishpe.

Otro aspecto de este proyecto es el incentivo a mecanismos de comercio de “feria libre”. Según Quishpe, los edificios y centros comerciales con grandes supermercados han desplazado a este tipo de comercio directo entre el pequeño productor y el consumidor. El nuevo código propone que según cada cierta cantidad de población los municipios deben abrir una feria libre. “Ahí entramos en la democracia, el que quiera ir a las cadenas que vaya, pero no pueden ir desapareciendo las ferias libres, que en Quito ya casi no se encuentran”, argumenta el asambleísta de PK.

También se incluye en el COSAL la condonación de deudas a la banca pública. En el “acta de paz” firmada entre el Gobierno y la CONAIE se fijó la condición de hasta $3000 en deudas a BanEcuador. Para Quishpe ese monto es “insignificante” y asegura que para producir son mínimo $20 mil los montos que se necesitan.

El Código busca que se condonen las deudas que tienen las asociaciones por recibir tierras del estado. Por ejemplo, el caso de la Asociación San Antonio de Valencia en Machachi. “En el tiempo de Correa con bombos y platillos entregaron tierras a las asociaciones. En San Antonio les hicieron firmar documentos para que paguen a futuro por $4 millones. Los compañeros no pudieron pagar y ahora deben $8 millones. Claro que producen, pero no compensa para pagar las deudas. Si son asociaciones que producen para garantizar la alimentación, esa deuda se debería condonar”, dice Quispe.

Según el legislador el Código se enfoca en el bienestar campesino, “hace algunos siglos eran los huasipungos. Todo su trabajo era para su patrón, el dueño de la hacienda. Lo único que ha cambiado es el amo patrón, ahora es el Estado. Las asociaciones trabajando como esclavos para juntar la plata y entregarle al Estado, ¿Cuándo van a disfrutar de esa plata?”.

Su balance sobre este primer año de la Asamblea: “Nos quedamos con un sabor agridulce. Es verdad que la Asamblea no le ha dado mayor importancia al campo. Aquí estamos en medio del fuego cruzado cuando deberían priorizarse estos temas. Nosotros al menos hemos presentado el COSAL”, declaró el asambleísta.

Tras un año de la nueva Asamblea el COSAL todavía no tiene un primer informe para llevar al primer debate en el pleno.

Las demandas sociales se cristalizaron en el paro nacional de junio de 2022. En la foto se observan manifestantes con ponchos del movimiento indígena con hojas de eucalipto, que servían en parte para disminuir los efectos del gas lacrimógeno. Foto: Luis Argüello

Competencia con otros mercados

El único proyecto de Ley que fue aprobado en el actual pleno y enviado al presidente es el Proyecto de Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados.

El proyecto fijó en 52% el pago a los productores, estableció beneficios para productores que se asocien y así puedan adquirir tecnología para vender con dispensadores al granel. Estas medidas buscan igualar la competencia con mercados extranjeros donde existen subsidios para la leche. Se prohibirá durante diez años la importación de leche en polvo, que apunta a limitar los tratados de libre comercio. La idea es que durante la prohibición se logren negociar disminuciones a las tasas de interés.

Según Quishpe, con las tasas de interés nacionales: “nunca vamos a salir de esta situación”. La asambleísta crítica que existan tasas del 29% que “asustan a cualquier emprendedor” y le apunta a poder tener una cifra cercana al 7%. Quishpe sostiene que hay competencia desleal: “los mismos países del norte mandan mensajes a los estados de que no se carguen con subsidios cuando en el norte ellos dan el subsidio casi total para sus productores, una forma muy estratégica para aplastar a nuestros productores en el sur”.

El asambleísta presentó junto a su par Bertha Sánchez un proyecto de reforma al Código Monetario de reducción de tasas de interés, acceso a créditos y condonación de deudas. “Eso no va solo para el campo. Ya han dicho que el solo mercado debe regular las tasas, pero la Constitución manda a democratizar los créditos. Primero he de irme bajo tierra antes de ver que el mercado baje las tasas de interés, eso no va a ocurrir. Lasso débilmente conminó a que los bancos bajen las tasas de mercado, nadie le hizo caso” dice Quishpe.

El paro puso en la escena las necesidades del campo y el movimiento indígena. Desde la CONIAE se afirmó que hubo intentos de diálgo durante todo el primer año de mandato de Guillermo Lasso

Hay ganas de emprender, faltan incentivos

Mientras tanto, esta legislatura  archivó el proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario (COIAP), que había sido propuesto por sectores gremiales en el anterior Gobierno. Un proyecto que el ex legislador Cesar Litardo dejó en trámite en sus últimos días como asambleísta pero que no prosperó.

Quishpe asegura que el COIAP buscaba subordinar al productor al mercado. “Un dueño de una empresa va a un productor, saben que el productor en tiempo de siembra no tiene dinero. Ellos llegan justo cuando los productores no tienen, les prestan, pero a cambio de la producción. Ese maíz que se vendió en un precio pudo haber subido pero el productor ya solo recibe a lo que vendió. La ley de ellos quería consolidar este tipo de prácticas”, argumenta.

En provincias como Zamora Chinchipe, donde Quishpe fue prefecto, hay gente lista para emprender, pero con problemas al momento de arrancar. “No es solamente para el capital inicial. Por ejemplo, para máquinas que necesitan 220 watios en vez de 110, en la comunidad no se necesita así que el emprendedor tiene que poner toda la infraestructura”, concluye Quishpe.

Otro de los temas que se ha impulsado en la Comisión de Soberanía Alimentaria es una reforma a varios cuerpos legales con finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos. Este proyecto liderado por la asambleísta Lucia Placencia nació de una fiscalización en las bodegas de aduana en Catamayo, Loja. “Hubo el desperdicio de 5000 quintales de arroz y 500 quintales de maíz en plena pandemia. ¿Por qué no se pudo esto dar a las familias que en ese momento estaban necesitando?”, se cuestiona Placencia. La asambleísta aclara que se pretende que se den los desperdicios a los GADs, para que se puedan donar localmente los alimentos desperdiciados.

La asambleísta por la provincia de Loja, Lucía Placencia, es miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Placencia fue separada de la Izquierda Democrática en mayo de 2022.  Foto: Manuel Novik

“Las provincias pequeñas alimentan a las capitales. Cuando se construyó el malecón en Guayaquil se financió con impuestos de todos los ecuatorianos. Cuando yo hago una llamada el impuesto se genera en Quito y Guayaquil. Cuando me tomo una cola en Loja el impuesto va a donde están registradas las empresas”, reclama Placencia. El exhorto de la asambleísta para el apoyo a las provincias es que esos impuestos se queden en las comunidades que producen.

Las reformas planteadas por Placencia plantean cambios al Código Orgánico de la Producción, la Ley de Sanidad Agropecuaria y el Código Orgánico Integral Penal. Dichas reformas siguen todavía en la fase de primer debate.

Pachakutik y los proyectos presentados en conjunto con la Conaie

El brazo político de la CONAIE tiene la presidencia en cuatro comisiones de la Asamblea y tuvo por primera vez a una de sus legisladoras, Guadalupe Llori,  como presidenta del Legislativo. Pero son 9 asambleístas los que se han declarado independientes, lo que la convierte en la bancada que más miembros ha perdido durante este primer año. Pachakutik perdió además su representante en el CAL.

Andrés Tapia es el dirigente de Comunicación de la CONFENIAE. Desde el Puyo desarrolla espacios comunicacionales de interés para la población amazónica. Tapia afirma que durante el último año se impulsaron cinco proyectos de ley entre CONAIE y Pachakutik, entre ellas la Ley de Tierras, el COSAL, la Ley de Comunicación, la Ley de Comunas y el proceso de las amnistías, donde hubo una votación unitaria de la bancada.

“Hay que ver el tema de los subsidios, para FENOCIN el tema del monto de los créditos terminó siendo crítico. Hay que focalizar los subsidios para transporte comunitario”, afirma Tapia.

Según el dirigente, el paro fue el detonante para que PK se mantenga en torno al movimiento indígena. Algo que se reflejó en la votación de la bancada en torno a la destitución del presidente Lasso, “el exhorto de la gente en las calles era que Pachakutik se mantenga con las bases”.     

Más de 78 proyectos fueron calificados fuera de plazo

Para el abogado constitucionalista André Benavides la gestión de leyes depende de la coyuntura. “Hay leyes que son políticamente rentables, pero otras que son muy técnicas que la ciudadanía no entiende. Hay leyes importantes que no se les da un trámite prioritario”, dice el constitucionalista. Según Benavides “muchos de los asesores son cuota política y no saben ni escribir un oficio”, argumenta el abogado, y agrega que hay asesores en la Asamblea que no manejan los temas. “Hay que hacer un seguimiento de la agenda legislativa” declara el jurista.

André Benavides es abogado por la PUCE. Es especialista en derecho constitucional y ha sido asesor de varios legisladores. Foto: Manuel Novik

Benavides crítica que en el Legislativo no se cumplen los plazos de trámite de proyectos, y no hay sanciones para eso. “El presidente de la Asamblea se excedió en el plazo de aprobación de la agenda legislativa. La Función Legislativa da 90 días para presentar el informe para primer debate. Pero los plazos no se cumplen. Son 78 proyectos de ley que no se han calificado por el CAL dentro de los 60 días estipulados”.

Según el constitucionalista, hay barreras fuera de los procesos para pasar los proyectos de ley. “En el CAL si eres pana te califican rápido. Pero si es un proyecto de ley que te puede generar problemas tratan de dilatar. Hay más de 78 proyectos que fueron calificados después de los 60 días, y no hay sanciones, sino que esto es a la carta, con quien me cae bien”.