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8 de Septiembre del 2021
Historias
Lectura: 13 minutos
8 de Septiembre del 2021
Redacción Plan V
La disputa por la Defensoría del Pueblo se decidió en la Asamblea
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La Comisión de Fiscalización, tras semanas de comparecencias, decidió recomendar el juicio político contra el defensor del Pueblo. Foto: Asamblea Nacional

 

Aunque se especulaba sobre una supuesta abstención de Pachakutik y el correísmo para evitar la censura de Freddy Carrión, el ex defensor fue destituido con 75 votos. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana deberá encargar una nueva persona hasta que se realice otro concurso para ocupar el cargo.


Freddy Carrión dejó de ser defensor del Pueblo el 15 de septiembre de 2021. Pasada la medianoche y tras un juicio político de todo el día, en donde el ex funcionario compareció y se defendió presencialmente, hubo 75 votos de 136 asambleístas presentes para declarar un  incumplimiento de funciones.

Carrión atribuyó su censura a una supuesta persecución, provocada según él por el informe propiciado por la Defensoría sobre la represión de las protestas en octubre de 2019 y la presentación de una denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el ex presidente Lenin Moreno y sus ex ministros, Oswaldo Jarrín y María Paula Romo.  En su defensa, arremetió contra la Izquierda Democrática a la que acusó de estar repartiendo cargos en la Defensoría, algunos para personas cercanas a Romo. 

Los 75 votos contra Carrión fueron del Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), CREO y los asambleístas independientes. Para salvarlo votaron 47 de la UNES correísta y 14 de Pachakutik (PK) se abstuvieron, pero no fueron suficientes para evitar la censura del ex defensor. La moción de censura la planteó Yeseña Guamaní (ID). La resolución legislativa, como es habitual, dispuso el envió del expediente a la Fiscalía y también a la Contraloría para que se investiguen posibles delitos y malos manejos de bienes del Estado. En el debate intervinieron 12 legisladores y el proceso político se extiendió por 16 horas, girando en torno a la  noche en que Carrión visitó al ex ministro del gobierno de Moreno Mauro Falconí. 

Carrión es procesado por un supuesto delito sexual, de que le acusa la esposa del ex ministro de Salud de Moreno, Mauro Falconí, un polémico médico que estuvo pocas semanas en el cargo y que antes había sido director de la ARCSA, en cuyo departamento se produjo una pelea y el presunto ataque sexual el 15 de mayo de este año. 

Freddy Carrión acusó a la ID de repartir cargos en la Defensoría

El defensor está detenido en la Cárcel 4 de Quito, y todos lo intentos por recuperar su libertad han sido nulos, al serle negados todos los recursos por la justicia de Pichincha. Pero a su problema legal se sumó uno político: la Comisión de Fiscalización, que preside Fernando Villavicencio, aprobó el informe que recomienda al pleno realizar el juicio político en contra de Carrión, por supuesto incumplimiento de funciones. El informe fue aprobado por la mesa legislativa este 8 de septiembre, con seis votos, mientras los tres integrantes del correísmo se abstuvieron.

Carrión es procesado por un supuesto delito sexual, de que le acusa la esposa del ex ministro de Salud de Moreno, Mauro Falconí, un polémico médico que estuvo pocas semanas en el cargo y que antes había sido director de la ARCSA, en cuyo departamento se produjo una pelea y el presunto ataque sexual.

El informe fue entregado a la Presidencia de la Asamblea para que lo conozca el pleno la mañana de este 9 de septiembre.

Una trama de suspenso

El proceso en la Comisión fue, cuando menos, pintoresco. En el Salón José Mejía, que en alguna época albergó al Senado de la  República, Fernando Villavicencio y los integrantes de la Comisión escucharon a Freddy Carrión, a su subrogante Zaida Rovira, a la fiscal general Diana Salazar, a policías, peritos y expertos, a la esposa de Carrión, a los ex defensores provinciales cesados por Rovira, y hasta a unos abogados que vinieron en nombre de Carrión a reclamar a gritos.

Y aunque el juicio político será sobre cómo Carrión incumplió sus funciones, buena parte de la discusión y de los testimonios giraron sobre qué pasó la noche de mayo de este año en el departamento del ex ministro Falconí, en donde se encontraban consumiento licor el defensor, el ex ministro y la esposa de éste, mientras la custodia policial del funcionario esperaba afuera.

El defensor sostuvo que fue drogado, pues apenas asegura que consumió dos copas de vino y "unas alitas" antes de perder el sentido. Y atribuyó su situación a una conspiración política orquestada por la fiscal general, Diana Salazar y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien denunció por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía durante las protestas de octubre de 2019.

El defensor sostuvo que fue drogado, pues apenas asegura que consumió dos copas de vino y "unas alitas" antes de perder el sentido. Y atribuyó su situación a una conspiración política orquestada por la fiscal general, Diana Salazar y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Pero la fiscal general, Diana Salazar, quien compareció ante la Comisión, aseguró que no hay motivación política alguna y que lo que se investiga es el supuesto delito sexual cometido por el defensor. La fiscal reveló otro elemento de la trama que dio mucho que hablar: en el departamento del ex ministro de Salud se encontraron 46 mil dólares, por lo que se investiga un posible peculado cometido por el ex ministro en un caso relacionado con pruebas de covid.

Quien no compareció ante la Comisión fue Falconí, quien ahora ha sido declarado como "testigo protegido" del supuesto "delito sexual" cometido por el defensor, por lo que se excusó de asistir, así como varios policías que esa madrugada participaron en la atención del escándalo que se produjo en el departamento del ex ministro.

El defensor ha contado con el apoyo de su esposa, Priscila Squettini, quien no ha dudado en acusar al régimen de Moreno y a sus ex ministros de haber manipulado pruebas y partes policiales, y de otras figuras, como el ex defensor del Pueblo en Galápagos, Milton Castillo, quien inclusive presentó ante la justicia de la región insular un recurso sobre la subrogación en la Defensoría. 

Más allá de la trama de suspenso de la noche de mayo, el juicio planteado por Ricardo Vanegas (PK) y Yeseña Guamaní (ID) deberá referirse al supuesto incumplimiento de funciones, falta de probidad para ejercer el cargo y mal uso de recursos públicos que habría cometido Carrión, por lo que podría ser censurado por la Asamblea. Guamaní, en la fundamentación de su interpelación, explicó que la reunión en casa de Falconí significó que Carrión violó el toque de queda, he hizo mal uso de bienes públicos. A ello Carrión ha respondido que como autoridad sí podía circular a pesar del toque de queda y que no estaba prohibido consumir alcohol, sino expenderlo. 

La pugna por el cargo: el encargo de Rovira se mantiene sólido

Pero mientras Carrión espera en la Cárcel 4 que se realice el juicio por el supuesto ataque sexual, la ex defensora en Guayas, Zaida Rovira, a quien el propio Carrión había designado vicedefensora y luego subrogante, continúa despachando en la Defensoría. Carrión intentó removerla y encargar la Defensoría a la ex delegada en Carchi, Tania Castillo, pero Rovira no dio paso al intento y se mantuvo en el cargo, a pesar de una incursión de madrugada en la que simpatizantes de Castillo intentaron tomarse las oficinas. 

En el Consejo de Participación Social, una ves que Carrión ha sido efectivamente cesado en sus funciones  se podría aplicar un artículo de la Ley de la Defensoría que faculta al Consejo a designar un nuevo titular del cargo, según ha explicado el consejero David Rosero, quien también compareció en el juicio político en la Comisión.

Hasta que el Consejo se pronuncie, Rovira sigue al frente de la entidad, en donde ha removido a por lo menos seis defensores provinciales (entre éstos Miilton Castillo en Galápagos), y a varias personas consideradas del entorno de Carrión.

Rovira ha sostenido que lo que ocurre es que "la familia de Carrión" presiona por el control de la Defensoría y también para "incidir" en el juicio político y en el proceso penal que enfrenta el defensor. 


Zaida Rovira pasó de ser la persona de confianza de Carrión a su principal crítica. 

Zaida Rovira ha sostenido que lo que ocurre es que "la familia de Carrión" presiona por el control de la Defensoría y también para "incidir" en el juicio político y en el proceso penal que enfrenta el defensor.

Varias organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que agrupa a entidades como Acción Ecológica, Surkuna, Cedhu, Inredh, Yasunidos, entre otras, que el pasado se dirigieron a las titulares de la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia en una carta, para expresar su posición sobre esta polémica y pedir que se solicite a las Naciones Unidas la participación en el proceso para elegir a un nuevo defensor. 

En el manifiesto, las organizaciones destacan que ya durante la designación que el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo hizo a Carrión como defensor, se había señalado que había estado involucrado en asuntos de violencia doméstica. 

El colectivo rechazó que el pasado 23 de julio, en un informe del Consejo de Participación, se precise que los cargos contra Carrión son de "naturaleza privada" y que no comprometerían su gestión como defensor del Pueblo. El colectivo dijo también que, dado que Carrión lleva detenido más de tres meses, se habría ya configurado su ausencia definitiva en el cargo, aunque esto no ha sido declarado por el Consejo de Participación.

Por su parte, el colectivo feminista Mega Mujeres hizo pública una carta en donde respaldó a Zaida Rovira mientras ejerza la defensoría del Pueblo como subrogante. También exhortaron a la Comisión de Fiscalización a que continúe con el juicio político, que ha sido ya oficializado, y demandaron la renuncia de Carrión como defensor del Pueblo.  Para el colectivo, lo que procede es que el Consejo de Participación de inicio al concurso para elegir a un nuevo defensor del Pueblo pero, sostuvieron, se debe mantener a Rovira en el cargo.

Así las cosas, y el Consejo de Participación podría designar en las próximas horas a una persona para el encargo en la Defensoría del Pueblo e iniciar un nuevo concurso de selección de otro titular. 

 

 

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