Una acción de protección presentada por activistas y funcionarios de la Defensoría del Pueblo podría poner en apuros al flamante encargado de esa oficina, el ex secretario del Consejo de Participación, César Córdova.

La entidad, que tiene 404 empleados, está sumida en la crisis luego de que el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fuera arrestado en el marco de un confuso incidente en el cual se le acusa de un supuesto delito sexual, y luego de que la Asamblea Nacional procediera a su censura y destitución. 

La audiencia ha sido fijada por la justicia de Pichincha para este 30 de septiembre a las 14:30 y está citada la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, para comparecer. Pero este reclamo judicial, que pide que se deje sin efecto la designación, entre otras cosas, es solamente uno de los frentes que Córdova, designado por cuatro de los siete vocales del Consejo de Partipación, tiene que enfrentar. Están también las críticas dentro de su propio gremio, en donde se destaca que la mayor parte de su vida laboral fue funcionario de Aduanas y, por ello, se estaría violentando la Constitución, que demanda un experto en derechos humanos para ese cargo.

La acción de protección

María Gabriela Alvear es una ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo y activista de derechos humanos, quien junto con funcionarios de asociaciones de la Defensoría planteó la acción de protección que se ventila en la justicia de Pichincha. 

Según Alvear, la acción fue presentada por ella en su calidad de defensora de derechos humanos y también por integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. La activista dice que la entidad agrupa a funcionarios que están en la institución desde su fundación hace 23 años, así como personas con contratos y con nombramientos. 

Entre los argumentos presentados están que Córdova debió cumplir los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que son los mismos para ser juez. Alvear precisó que Córdova no presenta una "trayectoria debidamente comprobada" en la defensa de derechos humanos, animales y de la naturaleza. 

Otro argumento sostiene que se vulneró el derecho a la participación de personas que sí acreditaban los requisitos formales para ocupar el cargo, así como el derecho a la igualdad y la no discriminación de esas mismas personas. 

El lunes 20 de septiembre se presentó la acción y el 24 de septiembre se recibió la notificación de la Unidad Judicial de Iñaquito con la fecha de la audiencia. El trámite está a cargo de la jueza Paola Terán. 

Alvear sostiene rotundamente que Córdova es "un improvisado que ni siquiera puede pronunciar Furukawa y no conoce el informe", así como tampoco conocería el informe de octubre de 2019.

La activista sostiene que Córdova aspiraba a la Defensoría Pública en un principio, y luego apareció en la Defensoría del Pueblo.

La acción que se tramitará este jueves tiene siete pedidos: entre los más importantes se pide que se declare la violación del derecho de participación, dejar sin efecto el encargo de la Defensoría, que el Consejo de Participación cree un reglamento para la designación y que haya un nuevo proceso de encargo. Alvear sostiene que para evitar la acefalía debería ocupar el cargo la vicedefensora y el Consejo de Participación debería pedir disculpas públicas. 

Para la activista, el pedido que realizan debería ser acogido por la jueza que tramita la causa. Sobre la situación de Zaida Rovira, Alvear sostiene que ella no ya no podría volver al cargo y la única forma en que podría volver si es invitada por las nuevas autoridades. Alvear y varios colectivos habían sostenido que debía quedarse Zaida Rovira, pero ante su salida apoyarían que se quede en el encargo la actual vicedefensora. Un nuevo concurso debería realizarse en quince días.

La mayoría de consejeros sostuvo que Córdova era una persona de su confianza y "buena gente", argumentos que Alvear no considera válidos. Adicionalmente, el colectivo pedirá un juicio político en la Asamblea Nacional.

La abogada de DD.HH. sostuvo que la encargada de Talento Humano de la administración de Freddy Carrión ha sido reintegrada a la institución, lo que preocupa a los actuales funcionarios. En la gestión de Carrión se amonestó y perseguió a los funcionarios de la Defensoría, lo que motivó que se organicen para la defensa de sus derechos. Otras organizaciones van a presentar amicus curiae en esta causa, anticipó la activista.

¿Se cumplieron los requisitos?

Para el constitucionalista Ismael Quintana, los requisitos previstos en la Constitución para ser defensor del Pueblo incluyen uno específico, que es la trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Aunque Quintana admite que no hay una norma que establezca cómo se debe comprobar ese requisito, y que es el Consejo el que debe designar un encargado, sostiene que la hoja de vida de Córdova no evidencia esa trayectoria en la defensa de derechos humanos. No hay por ejemplo litigios constitucionales o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino más bien un experto en temas aduaneros. 

Quintana cree que el encargo sería inconstitucional, pues no se está cumpliendo el requisito previsto. Ante el argumento de que "todos los abogados son defensores de derechos humanos" esgrimido por Córdova, Quintana destacó que tanto en la abogacía cuanto en la medicina hay especialidades y no todos los abogados manejan todas las áreas. 

"Los derechos humanos tienen un área de preparación académica específica, el litigio especializado en el Sistema Interamericano requiere que el abogado tenga una experticia", reitera Quintana. "El requisito constitucional no tendría forma de acreditarse si cualquier abogado es defensor de derechos humanos. Estamos frente a un señor que tiene una pobre hoja de vida y no se cumple con la Constitución". 

Sobre qué hacer en este caso, Quintana cree que el acto administrativo de la designación podría ser revisado debido a lo que considera una "nulidad absoluta" en el encargo a favor de César Córdova. Inclusive se podría llevar el caso a un Tribunal Contencioso Administrativo o presentar un acción de protección, como ya han hecho algunos funcionarios y ex funcionarios de la Defensoría, explica Quintana. 

El apoyo a Córdova

Pero no todos están inconformes con la designación.Para el ex defensor del Pueblo en Galápagos, Milton Castillo, la acción de protección presentada en contra de la designación de Córdova no indica a qué persona se le han afectado los derechos, lo que sería una falencia. "No se conoce que alguna de esas personas haya participado en un concurso y no fue seleccionada y por lo tanto sus derechos hayan sido violentados". "Quienes presentan esto provienen del entorno de Zaida Rovira y son quienes querían que ella continúe dentro de la institución", asegura. 

"Las críticas sobre que no tiene experiencia en derechos humanos son subjetivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cualquier persona que defienda derechos fundamentales es un defensor de derechos humanos", explica Castillo.

Castillo destaca que Freddy Carrión llevó algunos temas en su gestión, como el caso Furukawa, y que temas como esos deberán ser continuados por el defensor encargado. Otro aspecto en donde la Defensoría no tendría ya injerencia es la denuncia presentada por el ex defensor por la represión de octubre de 2019, pero eso ya está en manos de la Fiscalía, por lo que no cabría afirmar que hay alguien continuando la agenda de Carrión.

Para el ex defensor en Galápagos, la crisis de la Defensoría es profunda, y la presencia de Zaida Rovida provocó "una gran división" en la entidad. "La acción de alguien nuevo que ponga a la institución  en la tranquilidad y el servicion es algo necesario", explica Castillo, quien cree que la designación temporal de Córdova podría ser favorable para la institución. Recordó el caso de Gina Benavidez quien también tuvo un encargo en la Defensoría que Castillo considera fructífero. 

Los "hitos emblemáticos" de Rovira y las tareas pendientes

El 17 de septiembre, Zaida Rovira dejó su cargo de defensora subrogante, destacando, entre otras cosas, la mudanza de la oficinas a un edificio estatal de la avenida 12 de Octubre y Pasaje Nicolás Jiménez en donde hasta hace poco funcionaba la Corte Constitucional. Rovira estuvo en el cargo durante cuatro meses y según ella, dejó "200 hitos emblemáticos en la protección, promoción y educación en derechos humanos y de la naturaleza en el país".

Según cifras de la Defensoría, el 17 de mayo hasta el 17 de septiembre de 2021, se han realizado por lo menos  14.000 atenciones, se ha capacitado a 7.000 personas y en la biblioteca virtual recibieron 133.371 visitas. También se aseguró que en ese mismo periodo se atendieron  4.015 casos,  6.942 asesoramientos, 2 901 acciones administrativas de protección sobre violencia de género, 131 procesos educativos y 6 567 personas capacitadas.

La Defensoría destacó  el proyecto de ley que presentó a la Asamblea Nacional para "garantizar el derecho de las personas con capacidad de gestar a la interrupción del embarazo al ser víctimas de violación en el país, contando con esta normativa garantista de sus derechos y para una atención integral".

Rovira sostuvo también que ha realizado acciones para una reparación a las víctimas de la represión de octubre de 2019, en especial, aquellas que perdieron un ojo. La Defensoría impulsó también un pedido de amnistía para los procesados, sobre todo indígenas, como consecuencia de las protestas de octubre de 2019, 

La Defensoría presentó también una acción de protección en favor de cerca de 1.200 personas explotadas por la empresa abacalera Furukawa. 

Según el reporte, en el caso del comediante Andrés Pelacci, "se presentaron las respectivas disculpas públicas y se concretó el proceso de sensibilización sobre derechos humanos, con énfasis en enfoque de género", explicó la entidad. 

De esta forma, el proyecto de ley presentado en la Asamblea y las reparaciones y atención en los casos de octubre de 2019 y Furukawa serán las claves de la gestión del defensor encargado, si logra atajar la ofensiva constitucional en su contra.