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13 de Septiembre del 2022
Historias
Lectura: 15 minutos
13 de Septiembre del 2022
Redacción Plan V
La extradición por enmienda no tendría futuro; en Colombia, hubo un intento de consulta que no se hizo por temor
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Fotomontaje referencial: PlanV

 

La pregunta sobre la extradición de narcotraficantes ecuatorianos es una de las más controversiales. Analistas explican que este cambio solo se podría hacer a través de una Asamblea Constituyente. Mientras que Pedro Viveros, experto colombiano, describe la experiencia de su país: ‘La extradición ha sido el garrote, pero el problema del narcotráfico continúa’.



En uno de los sectores más populares del norte de Quito, el presidente Guillermo Lasso lanzó oficialmente las ocho preguntas para la consulta popular. Este lunes, 12 de septiembre, en el Parque de la Juventud de Carapungo, ubicado frente a un cuartel del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), el mandatario escuchó los pedidos de seis ciudadanos que hablaron sobre todo de la inseguridad que vive el país. Yolanda, una de ellas, solicitó el envío de delincuentes a otros países para cumplan sus penas para que no puedan comprar a fiscales o jueces. Después de ese y del resto de intervenciones, Lasso convocó a los ciudadanos a participar en la que llamó ‘consulta ciudadana’ para atacar este y otros dos problemas -calidad institucional y medioambiente- en la consulta.

Lasso busca cambiar el artículo 79 de la Constitución que establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. La pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?”. La vía que propone es a través de una enmienda. Esta es una de las opciones que existe para reformar la Constitución y el Primer Mandatario tiene la potestad de convocar a un referéndum. La Corte Constitucional (CC) deberá pronunciarse sobre cada una de ellas.


El Gobierno invitó a decenas de estudiantes, oficiales y ciudadanos a la presentación de las ocho preguntas para la consulta popular, en el Parque de la Juventud, en Carapungo, norte de Quito. Foto: PlanV

Según el Gobierno, la prohibición de extradición de ecuatorianos no permite que el Estado pueda luchar contra el crimen organizado trasnacional debido, entre otras razones, a la “insuficiencia de las instituciones públicas ecuatorianas para combatir estos crímenes”. En Ecuador, el único ecuatoriano que ha sido extraditado a EEUU por narcotráfico ha sido Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido también como El Pablo Escobar ecuatoriano. Las policías de Ecuador y Colombia armaron un operativo para detenerlo en el país vecino, en 2017, y extraditarlo desde allí hacia EEUU. Ahora, alias Gerald cumple una pena de 19 años en una cárcel de EEUU. 

En el anexo correspondiente a esta pregunta, Lasso cuestiona la deficiencia del sistema de justicia para enfrentar la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico a las que llama “plagas sociales”.

Pero según analistas consultados por este medio, la enmienda no sería la vía más adecuada para este cambio en la Constitución. Xavier Donoso Gallegos, abogado penalista y catedrático, explica que la enmienda procede siempre y cuando no establezca restricciones a los derechos y garantías.


Antes de la intervención del presidente Guillermo Lasso, seis ciudadanos hablaron de la inseguridad y justificaron la intervención de las FFAA y la extradición.

Este experto sostiene que la prohibición de extradición de ecuatorianos nació como una garantía especial mucho antes de la Constitución de Montecristi de 2008. Constó por primera vez en la Carta Magna de 1946, promulgada durante el mandato de José María Velasco Ibarra y bajo el capítulo de garantías especiales. El artículo 188 de esa norma decía: “Queda prohibida la pena de destierro, y en ningún caso un ecuatoriano será expatriado contra su voluntad”. Este texto se ratificó en las constituciones de 1967, 1978 y 1998. Incluso en las Constituciones de 1938 y 1945 la extradición estaba sujeta a restricciones.

En Ecuador, el único ecuatoriano que ha sido extraditado a EEUU por narcotráfico ha sido Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, conocido también como El Pablo Escobar ecuatoriano.

Estos son los cambios a los artículos de la Constitución que plantean las ocho preguntas de la consulta popular.Ver PDF

Por eso le sorprende que este cambio sea considerado como algo menor o sea calificado como una ‘normita’ porque es una garantía especial para los ciudadanos. Afirma que un cambio de este tipo solo sería posible a través de una Asamblea Constituyente.

Alan Añazko, abogado constitucionalista y catedrático, coincide en que esta es una de las preguntas más controversiales de la consulta, que no podría proceder por enmienda porque se trata de una garantía constitucional. “Cualquier propuesta contraria a esta regla implica una restricción”, afirma y eso caería en una limitación injustificada, un concepto que lo abordó la CC en su sentencia 4-19 RC/19. Este experto explica que la única forma de que la prohibición de extradición de ecuatorianos sea limitada es a través de una propuesta que tenga un fin constitucionalmente válido. Es decir, que exista un justificativo constitucional mayor a la restricción en este caso de la extradición.

Entre los argumentos que usa Lasso para justificar este cambio están varios indicadores sobre el avance del crimen organizado en el país y su operación trasnacional. Por ejemplo, cita que el Ecuador está dentro del 16% de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Además, que los mercados criminales más grandes en el país son el tráfico de armas y de cocaína. Pero también el tráfico de personas y menciona que, de acuerdo con información del Departamento de Estado de los EEUU, “se ha identificado que la mayoría de los traficantes condenados por delitos relacionados por el tráfico de seres humanos fueron chilenos, ecuatorianos o bolivianos”. A estos indicadores se suma que “en el Ecuador la intervención de actores criminales extranjeros asciende a un preocupante puntaje de 7,5”. Otra cifra que da el Gobierno tiene que ver con el lavado de dinero: “en el Ecuador se lava cada año $345 mil 835 millones de dólares”.

7,5 es el puntaje de Ecuador respecto a la intervención de actores criminales extranjeros en el país. Es un indicador muy alto.

Este es el anexo de la pregunta 2 sobre la extradición de ecuatorianos. Ver PDF

Para Añazko, la propuesta de Lasso trae argumentos interesantes y es evidente que existe un esfuerzo por exponer datos para justificar la pregunta. Pero cree que no son suficientes sobre cómo la extradición de connacionales podría contribuir en obtener los otros fines, en este caso mayor seguridad ciudadana. Eso en términos constitucionales, dice este catedrático, se llama idoneidad.

Al respecto, en los anexos de esta pregunta, el Presidente afirma que la extradición es idónea ya que operará como una “medida disuasiva” en la comisión de los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional; “y reactiva frente a un sistema de justicia deficiente”.

Si con esta medida se busca mejorar la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, es necesario pensar si hay medidas menos lesivas como juzgarlos en el Ecuador, dice Añazko. Y considera que es necesario corregir esa deficiencia de la justicia. “Pero no podemos cargar una garantía sobre la base de una deficiencia de sistema de justicia, eso no es constitucional”.

Donoso concuerda en que la propuesta de Lasso no ha alcanzado una justificación válida y cree que más efectivo serían políticas públicas relacionadas con la justicia social, endurecer los delitos relacionados con la corrupción y garantizar que no exista impunidad. “Eso sería más importante antes que estos mecanismos que son populares, pero que a la larga no solucionan el problema”. Para este analista Ecuador debería fortalecer los mecanismos de reciprocidad con otros Estados para la extradición de ecuatorianos hacia el país, sobre todo de aquellos que han cometido delitos de cuello blanco como son los casos de los hermanos Isaías o Rafael Correa.

Ambos expertos coinciden en que esta pregunta podría afectar el principio de igualdad porque los ecuatorianos tendrán un trato diferenciado según el cometimiento de un delito. La enmienda que propone Lasso al artículo 79 de la Constitución dice: “No se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito”.

   PUNTO DE VISTA   

‘La extradición ha sido el garrote,
pero el problema del narcotráfico continúa’

Pedro Viveros, analista político colombiano


Pedro Viveros afirma que en su país la extradición sí causa temor entre los grupos delincuenciales, pero no ha solucionado el problema.


En 1983, Pablo Escobar asesinó al ministro de Estado, Rodrigo Lara Bonilla. En ese año, el presidente era el conservador Belisario Betancur y como reacción decidió revivir el tratado de extradición con EEUU por la vía administrativa. Es decir, el presidente tenía cierta potestad y por esa vía -no jurídica- podía extraditar colombianos al extranjero. Eso tuvo mucho debate en Colombia porque ideológicamente el país estaba en contra de la intervención de EEUU.

Pero Escobar siguió atentando contra el Estado y asesinó a Luis Carlos Galán (candidato presidencial) y el siguiente mandatario, Virgilio Barco Vargas, decidió implementar la extradición de los narcotraficantes también por la vía administrativa. En 1987, Barco extraditó al primero de ellos, que fue Carlos Enrique Lehder Rivas, un narcotraficante muy famoso y cofundador del cartel de Medellín, que cumplió después de 33 años la pena en EEUU porque delató a Manuel Noriega (dictador militar panameño). Lehder es ciudadano alemán y hoy está con identidad desconocida en Alemania, porque a Colombia no tenía permitido volver.

Después, Escobar presionó al Gobierno colombiano para que se eliminara la extradición. Y en 1990, hubo una Asamblea Constituyente que cambió una constitución que tenía 100 años. Esta decidió eliminar la extradición en rango constitucional. Antes de esta Constituyente, hubo un intento de someter a referéndum este tema en Colombia. Sobre eso, el presidente Barco se opuso inteligentemente. En esa época, era someter a los colombianos casi al yugo del narcotráfico y sus retaliaciones como bombas, secuestros, etc. En ese momento, no hubiera sido posible una decisión de la población que no estuviera influida por la violencia y el dinero del narcotráfico en aquella época.

Barco estaba haciendo una reforma política y muchas personas interesadas en que se cayera la extradición metieron como uno de los puntos de ese plebiscito que los colombianos opináramos sobre la extradición en una época muy álgida.

Pero en el gobierno de Ernesto Samper y luego de los problemas que tuvo de financiación de su campaña por el cartel de Cali se reavivó la extradición. El Congreso la volvió a implementarla a través de una ley que es la que nos rige hasta ahora. Ya Pablo Escobar se había sometido a la justicia y se había escapado hasta que lo dieron de baja.

La extradición, según la ley, se hace previa la firma de todo el gabinete, después de una investigación profunda y de un examen de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República es el último que la firma y la concede. Se han extraditado a los EEUU entre 5.000 y 6.000 colombianos, y algo de temor le tienen a eso en este país.

En Colombia, hemos vivido toda suerte de relación con la extradición. En una época no la tuvimos, luego la impusimos, la revivimos. Cada vez la extradición ha sido usada para determinados fines contra el narcotráfico. En un momento fue para combatir a Pablo Escobar, pero mientras avanzaba la extradición de miembros de ese cartel, Escobar endurecía sus acciones contra el Estado colombiano. Esto llevó a que se eliminara la extradición para que Escobar fuera detenido en Colombia. Pero como siguió la violencia y el narcotráfico resucitó la extradición.

Lo que ha sucedido, muchos años después, es la creación de una especie de delación en EEUU de aquellos que eran extraditados. (Los narcos) delataban a sus compañeros para tener beneficios carcelarios. Regresaban al país después de cumplir una pena o se quedaban en EEUU con otra identidad.

La experiencia de la extradición en Colombia ha servido para que los narcotraficantes tengan miedo y negocien. Es una especie de ‘garrote’ que ha tenido el Estado para tener una especie de coerción contra los narcotraficantes. Pero esa no ha sido la solución. La extradición es el garrote, pero el problema del narcotráfico continúa.

Creo que vale la pena examinar cómo se fortalece el sistema presidencial y parlamentario por medio de medidas que garanticen que el delincuente le tenga temor al Estado. Y creo que, para eso, al último en consultarse debe ser el pueblo.

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La extradición por enmienda no tendría futuro; en Colombia, hubo un intento de consulta que no se hizo por temor
 


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