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5 de Octubre del 2020
Historias
Lectura: 11 minutos
5 de Octubre del 2020
Redacción Plan V
La Fiscal General pone el ojo en la reconstrucción de Manabí
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Un terremoto, con epicentro en Pedernales, causó destrozos en las provincias de Manabí y Esmeraldas en 2016.  Foto: Archivo Diario La Hora

 

Luego del Caso Sobornos, al parecer las irregularidades en la reconstrucción de Manabí después del terremoto del 2016 será el nuevo caso insignia de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general, Diana Salazar, asumió directamente la investigación, donde se trata de determinar el destino de más de USD 3400 millones de dólares.


La indagación fiscal por el manejo de los recursos de la reconstrucción por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, en abril del 2016, alcanzó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, quien paga dos condenas por delincuencia organizada en el Caso Odebrecht y cohecho, por el Caso Sobornos. La Fiscalía General lo involucró en la investigación por presunta delincuencia organizada en el manejo de los fondos de la reconstrucción. El ex vicepresidente fue presidente del estatal comité de reconstrucción, por delegación del presidente Rafael Correa.

El ex vicepresidente, Jorge Glas. 

Además, de acuerdo a un reciente pedido de la Fiscalía General, cinco fiscales de Manabí deberán remitir a la Fiscalía un informe ejecutivo de las cinco causas que se llevan en esa provincia por las presuntas irregularidades, en el que consten: estado actual de la investigación; contratos investigados; copia del informe con indicios de responsabilidad penal; nombres y apellidos de los investigados; monto del perjuicio determinado; pericias practicadas y en caso de existir, copias certificadas de las mismas, en especial de las pericias contable y de contratación pública.

La Fiscalía General espera tener, en formato digital, de audio y video, todo lo que ocurrió en la sesión del día 22 de mayo de 2017, del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. En esta sesión, de acuerdo a la denuncia que presentó en enero del 2019 el consejero Francisco Bravo, del Consejo de Participación Ciudadana y su secretario ejecutivo, fue cuando —a día y medio de entregar el poder— Jorge Glas presidió la última reunión del Comité y se distribuyeron entre varias instituciones y empresas públicas fondos de la reconstrucción por USD 2940 millones. 

La fiscal general, Diana Salazar 

Varios ex funcionarios son investigados, como el ex director del Comité, Carlos Bernal Alvarado y Dennis María Vélez Ruperti. También fue involucrado y citado a declarar a Ramiro Leonardo Galarza, empresario de Caminosca, sentenciado a ocho años por el Caso Sobornos.

Varias instituciones también deben entregar información a la Fiscalía.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe entregar las copias certificadas de varios contratos: derrocamiento de edificaciones y desalojo de Escombros de las Zonas Afectadas por el terremoto, proyecto Manta-Colisa (cantones: Manta, Montecristi y Jaramijó); proyecto Reconstrucción Vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, incluido Cerro Guayabal-La Pila (105 km) (cantones: Montecristi y Jipijapa); construcción de la carretera de acceso a la ciudad de Bahía de Caráquez (cantón Sucre); proyecto de terminación de la rehabilitación de la carretera Portoviejo-San Plácido-Pichincha, tramo El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 18 km de longitud (cantones Portoviejo, Pichincha); proyecto construcción de la carretera la Y de Mataje-Puente Mataje de 17 km de longitud (cantón San Lorenzo) y puente sobre el Río Jama (cantón Jama). Este ministerio manejó USD 474.5 millones en otras para la reconstrucción.

LA FISCALÍA TAMBIÉN ENVIÓ "INSISTENCIAS" A DIVERSAS ENTIDADES PARA QUE CUMPLAN LOS PEDIDOS HECHOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EL 27 DE JULIO DEL 2020 Y QUE AÚN NO HAN SIDO ATENDIDOS.

La fiscalía también pidió los detalles de los números de contrato, nombre de los contratos, código del proceso, nombres del o los contratistas, número de RUC del o los contratistas, monto contratado, presupuesto referencial con el que empezó el proceso, nombre del contratante o de quien firmó el contrato por delegación, nombre de quien le delega, nombre y número de cédulas de ciudadanía de los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de quienes sugirieron la adjudicación, de los proyectos mencionados.

La Fiscalía también insistió formalmente, por segunda o hasta tercera ocasión, a diversas entidades para que cumplan los pedidos hechos por el Ministerio Público desde el 27 de julio del 2020 y que aún no han sido atendidos. Por ejemplo BanEcuador, debía entregar, y no ha entregado, copias certificadas del Informe Técnico de la línea de crédito denominada “Contigo Ecuador”, para la reactivación de las actividades productivas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en el cual se deberá especificar las motivaciones de su realización, nombres completos, cargos y funciones de los responsables y de todas aquellas personas que intervinieron en la misma. La Fiscalía dio un plazo de cinco días para que sea entregada esta información. BanEcuador manejó USD 33.3 millones de dólares de fondos de la reconstrucción.

El ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tampoco ha cumplido los pedidos fiscales en dos ocasiones anteriores. Este es el tercer pedido que se le hace para que entregue un informe detallado respecto de la inversión de USD 575 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas para las personas afectadas por el terremoto, así como sus contratos, administradores, inversores, empresas contratantes y señale detalladamente la cobertura y beneficio real para esas personas.


Seis por ciento de avance registra la reconstrucción del edificio de la Defensoría Pública de Manabí que se levanta en la ciudad de Portoviejo y que fue afectado por el terremoto de abril de 2016. Foto: Diario Digital Infórmate Manabí

El período respecto al cual se solicitó información es desde abril del 2016 hasta diciembre del 2018. Además se pide el informe detallado de: números de contratos, nombre de los contratos, código del proceso, nombres de los contratistas, número de RUC de los contratistas, monto contratado, presupuesto referencial con el que empezó el proceso, nombre del contratante y/o su delegado, nombres y números de cédulas de ciudadanía de los miembros de la comisión de evaluación de ofertas y de quienes sugirieron la adjudicación de los contratos para la construcción de 52 viviendas en Calceta y Quiroga, cantones Bolívar y Calceta; y el “Proyecto San Cayetano, viviendas para 352 familias”, en el cantón: Chone.

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA TAMPOCO HA CUMPLIDO LOS PEDIDOS FISCALES HECHOS EN DOS OCASIONES ANTERIORES. ESTE ES EL TERCER PEDIDO QUE SE LE HACE DE UN INFORME RESPECTO DE LA INVERSIÓN DE USD 575 MILLONES.

En esta fotografía de El Universo, se muestra el "avance" del hospital Napoleón Dávila, de Chone, que funciona desde hace cuatro años en un hospital de contingencia, con pocas camas, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Foto: El Universo

También se ha insistido al Ministerio de Salud Pública para que entregue un informe detallado con respecto a números de contratos, nombre de los contratos, código del proceso, nombres del o los contratistas, número de RUC del o los contratistas, monto contratado, presupuesto referencial con el que empezó el proceso, nombre del contratante o de quien firmó el contrato por delegación, nombre de quien le delega, nombre y número de cédulas de ciudadanía de los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de quienes sugirieron la adjudicación de los  contratos para la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Córdova, del cantón Chone; del Hospital Miguel Hilario Alcívar, de Bahía de Caráquez, cantón Sucre; y del Hospital de Pedernales, del cantón Pedernales. De este último contrato también existe una indagación previa, cuyos principales involucrados son los exasambleístas Elizeo Azuero y Daniel Mendoza, quienes renunciaron a su curul por el escándalo. El primero es prófugo de la justicia y el segundo está detenido a órdenes de las autoridades judiciales.

En esta emergencia, el MSP manejó USD 21 millones, pero el Servicio Ecuatoriano de Contratación de Obras Públicas, SERCOP, manejó fondos para la reconstrucción del Hospital de Pedernales, por USD 22.8 millones; el H. de Bahía de Caráquez por USD 43 millones y el H. de Chone por USD 62 millones. En total el SERCOP manejó USD 246 millones en varios proyectos.

También está hecha la petición, por segunda ocasión al Servicio de Rentas Internas, de informes ejecutivo ampliado y de riesgo tributario, así como el anexo transaccional simplificado, dentro del período comprendido entre el año 2016 a la presente fecha, de 48 personas jurídicas y 11 personas naturales.

La larga lista llega a 584 obras y proyectos, que según el consejero Francisco Bravo no han sido auditadas ni en su precio, la forma en que se las adjudicó y si estas fueron realizadas. El tema ya fue parte de una resolución del Pleno del Consejo de Participación, que fue emitida el 13 de marzo del 2019 y lleva la firma de su presidente de entonces, Dr. Julio César Trujillo, ya fallecido. El Pleno aprobó con esa resolución un informe de investigación sobre las irregularidades en el manejo de fondos por parte del Comité de Reconstrucción, informe que fue entregado a la Fiscalía General, a la Contraloría General del Estado y al Unidad de Lavado de Activos. La resolución pedía que se debe investigar las obras y mencionó diez consideradas emblemáticas. Pero también el Pleno del CPCCS dispuso que la "presentación de una denunciante la Fiscalía General a fin de que se inicien investigaciones en contra de Ramiro Galarza Andrade, por cuanto de los hechos investigados se presume el delito de defraudación tributaria, tipificado en el Art. 298 del COIP.

"Esta investigación —dijo el Pleno del Consejo de Participación— a las cuales Ramiro Galarza mantiene participación accionaria". La Resolución determinó una larga lista de 41 empresas, consorcios y fideicomisos 

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