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5 de Marzo del 2020
Historias
Lectura: 12 minutos
5 de Marzo del 2020
Redacción Plan V
La Fiscalía llama a Correa como ‘el hombre de atrás’ y pide la máxima pena
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La fiscal Diana Salazar durante gran parte del juicio ha estado acompañada de sus asesores de comunicación y fiscales que han estado pendientes del desarrollo de la audiencia. Foto: Luis Argüello /PlanV

 

A la fiscal Diana Salazar le tomó tres horas presentar sus alegatos finales y fue repetitiva con varios temas. Por ejemplo, mencionó en varios momentos de su intervención la existencia de una ‘estructura’ de corrupción orquestada desde la Función Ejecutiva. Sobre Rafael Correa dijo que fue el líder y por eso lo acusó como autor mediato del delito de cohecho. También pidió como reparación integral una cifra jamás vista en otros procesos: más de mil millones de dólares.

“El hombre de atrás es la palanca del mando del poder”. Con esas palabras se refirió la fiscal Diana Salazar a Rafael Correa dentro del juicio por cohecho que se sigue contra empresarios y ex altos funcionarios del anterior Régimen y empresarios. La Fiscalía acusó a 20 de las 21 procesados y pidió la máxima sanción más un tercio de la pena para 17 de ellos, es decir ocho años. Para Laura Terán y Pamela Martínez, testigos protegidas con las que tiene un acuerdo de cooperación, la Fiscalía pidió la rebaja del 90% de la pena y para el empresario Pedro Verduga, la Fiscal solicitó que sea tomada en cuenta su colaboración con la justicia. Al final de su intervención, Salazar anunció que no acusará Yamil Massuh, excolaborador de María de los Ángeles Duarte, exministra. 

A Correa la Fiscalía lo acusó como autor mediato. Según la Fiscal, el expresidente era el líder de la estructura y disponía a los demás miembros que ejecuten sus disposiciones. Fue quien dominó la organización y ejerció el poder absoluto, además de haberse beneficiado de la estructura. Con esos argumentos, la Fiscal quiso minimizar los argumentos de la defensa del exmandatario, que sostiene que dentro de sus funciones no estuvo firmar contratos y por lo tanto no pudo haber recibido sobornos para beneficiar a algún empresario.  

Para graficar su acusación, se refirió a los casos de Pablo Escobar y Alberto Fujimori. Sobre el capo colombiano refirió que este en su defensa dijo que nunca tocó un gramo de cocaína. “Pero usó la estructura para cometer delitos”, agregó Salazar. Sobre Fujimori citó el juicio por la masacre de La Cantuta, donde el exmandatario peruano dijo no haber cometido los asesinatos de ese caso. “Pero fue el responsable de dirigir los grupos de comandos”, afirmó la Fiscal. 

La Fiscalía acusó a 20 procesados por el artículo 286 del anterior Código Penal que se refiere al cohecho. La máxima sanción podría llegar a los 8 años.

La defensa de Rafael Correa en este juicio ha estado integrada por los abogados Fausto Jarrín (foto) y Carlos Alvear. Foto: API

Con esos ejemplos, la fiscal Salazar pidió al tribunal que se revise la doctrina y la aplicación de la autoría mediata ya usada en Colombia, Alemania y otros países. Manifestó que Correa lideró un aparataje para los sobornos. “Es una maquinaria verticalmente jerarquizada” donde, según dijo, Correa está en el primer nivel de la estructura. En el segundo nivel están los funcionarios de alto nivel como el exvicepresidente Jorge Glas, los exministro Duarte y Walter Solís, la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri. Como distribuidoras y recaudadoras identificó a Pamela Martínez y Laura Terán. Mientras que los beneficiarios fueron Bonilla, Viteri, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Sobre los empresarios privados dijo que estaban en el mismo alto nivel jerárquico. 

Por eso pidió que sea tomado en cuenta el artículo 30, numeral 4, del Código Penal, donde establece como agravante el ejecutar el hecho punible en pandilla y de ese razonamiento sale el tercio adicional de la pena que pide para 17 procesados. 

En sus alegatos finales, la Fiscal mencionó los elementos con los que acusa a Correa. Dijo que era el hombre con el mayor poder para la gestión y ejecución de todas las acciones. Tuvo la facultad para designar a personas claves para la recaudación de fondos, como Glas que fue su hombre de confianza. El expresidente dispuso a Martínez, persona de su confianza, para que reciba y distribuya los sobornos. La Fiscal manifestó que comprobó que se depositó parte de ese dinero (USD 6.000) en su cuenta bancaria y “él dispuso” que así se haga. También citó el testimonio de José Conceição Santos cuando dice que Glas llegó a pedirle un sobornos en nombre de Correa. Asimismo se refirió al testimonio de Verduga, quien dijo que le pidieron un USD 1 millón a nombre de la ‘cúpula’ del Gobierno. Dijo que los códigos de Correa eran SP y A1.  

La fiscal Salazar aseguró que durante el juicio demostró la existencia de una estructura de corrupción orquestada desde la Función Ejecutiva, que estuvo dirigida por Correa, para receptar sobornos de empresarios en beneficio de Alianza País. De estos últimos, la Fiscal dijo que en los contratos se transgredió  los principios de contratación pública y se usó la excepcionalidad como regla general. Se refiere al empleo de convenios de pago o contratos complementarios que “llegaron a duplicar el valor de los contratos” originales. 

La Fiscal citó sus pruebas principales. Como los testimonios anticipados de Martínez y Terán. La primera, citó la acusadora, dijo que Correa le dispuso el registro de aportes voluntarios; de Terán se refirió al gráfico que hizo con la supuesta estructura donde puso a Correa en la cúspide de la estructura y al resto de los procesados los ubicó como autoridades gestoras y beneficiarios. También mencionó el testimonio de Santos, quien habló de un ‘peaje’ para las empresas que recibían contratos. 

Otras pruebas mencionadas fueron los testimonios de los peritos que hicieron la materialización de archivos, correos y chats. La Fiscal se refirió al chat que mantuvieron Glas y Mera sobre el proceso contra el exvicepresidente y su preocupación por ser privado de su libertad durante el caso Odebrecht. Según la Fiscal, eso prueba “sus actos del pasado”. Asimismo habló del análisis hecho por la perita Alexandra Mantilla, quien hizo una pericia criminológica donde establece el modus operandi de la estructura, como el uso de “jerga delincuencial”. 

Para la fiscal, la existencia de los sobornos fueron comprobados con los testimonios de Martínez y Terán, pero también con el del empresario Verduga, quien confirmó que por dos ocasiones le pidieron “contribuciones” para Alianza País. De los empresarios, resaltó sobre todo a Bolívar Sánchez (Gezhouba Group Company) a quien lo calificó como el “más grande corruptor del país”. “Es un camino delictivo que no ha sido desvirtuado por las defensas”, dijo Salazar. 

Asimismos citó en varios momentos el testimonio de Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador. Además del ‘peaje’ para las empresas, el brasileño dijo que, en total, Odebrecht entregó 5,1 millones de dólares: 2,6 millones para las elecciones presidenciales de 2013 y 2,5 millones para las seccionales de 2014. En esta última campaña, Glas intentó cobrar el millón de dólares por fuera de los ‘peajes’. Según la Fiscal, el efectivo de Odebrech fue entregado a través de la empresa Nexoglobal, la compañía que creó Martínez, por un total de USD 430.000. 

La acusadora mencionó a los archivos hallados en las computadoras de Terán en la Presidencia. Dijo que los principales eran los llamados ‘Victoria Andrade’ y ‘Verde final’. Y que estos no fueron implantados como las defensas de los acusados han sostenido a lo largo del juicio. De igual manera se refirió a los testimonios de varios proveedores que explicaron que dieron servicios para el gobierno o a AP, y estos trabajos fueron pagados por las empresas involucradas. 


La audiencia de juicio empezó el pasado 10 de febrero y el 5 de marzo llegó a su día número 15.

De los empresarios, resaltó sobre todo a Bolívar Sánchez (Gezhouba Group Company) a quien lo calificó como el “más grande corruptor del país”.

En su intervención de tres horas, la Fiscal se refirió en varios momentos a la estructura. Afirmó que comprobó que participaron funcionarios de la más alta jerarquía y que una prueba de ello fueron los decretos ejecutivos con los que fueron designados. De Correa y Glas dijo que “demostró” su calidades de presidente y vicepresidente durante el período investigado, y que el ex segundo mandatario manejó los sectores estratégicos, área en la que se concentró los sobornos. De Mera manifestó que “fue un funcionario tan necesario al que (Correa) no cambió”. Que Duarte sí fue “fungible” y pudo cambiar de actividad, al igual que Solís que fue secretario del Agua y luego ministro de Transporte y Obras Públicas. 

La fiscal relató los cargos de cada funcionarios procesado. Pero cuando llegó a Martínez amplió más sus referencias: “gozaba de toda la confianza de Correa y (entre 2007 y 2015) y fue designada a la Corte Constitucional. Que no se venga a decir que hacía una actividad de forma individual”.  


Los jueces Iván Saquicela, Iván León (ponente) y Marco Rodríguez tienen que resolver si aceptan o no los pedidos de la fiscal Salazar sobre los acusados. Foto: PlanV
 

Añadió que si bien este no es un caso de asociación ilícita, la responsabilidad de los acusados debe ser analizada desde la estructura criminal. 

También en sus alegatos, la Fiscal usó a su favor los testimonios de los procesados. Por ejemplo, citó a Teodoro Calle de (TGC, Compañía Técnica General de Construcciones) y para ella él confirmó que siete de los nueve contratos que recibió fueron mediante órdenes de cambio y otras figuras. Pero el empresario dijo en su defensa que solo dos  de esos contratos corresponden, según su testimonio, con las fechas de la investigación (2012-2016).

La Fiscal se refirió al chat que mantuvieron Glas y Mera sobre el proceso contra el exvicepresidente y su preocupación por ser privado de su libertad durante el caso Odebrecht. Según la Fiscal, eso prueba “sus actos del pasado”.

Según la Fiscal, Calle se benefició por contratos que suman 110 millones de dólares. E hizo un detalle por cada empresario: A Víctor Fontana  (Fopeca) le habría encontrado 17 facturas en pagos a proveedores de AP. Sobre Rafael Córdova (Metco) se encontraron 46 facturas y dijo que este empresario también pudo haber cometido otros delitos como lavado de activos. Contra Bolívar Sánchez halló 10 facturas; Alberto Hidalgo (Hidalgo e Hidalgo) 12 facturas; TGC, siete facturas; Pedro Verduga, 20 facturas. También mencionó a Mateo Choi y William Phillips Cooper por sus contratos y registros en los llamados ‘archivos verdes’. 

Para ilustrar el delito de cohecho la Fiscal usó un ejemplo. “Si a un funcionario le gustaba una blusa iba al empresario y le decía: ‘no me entregues el efectivo sino págame la blusa’”. 

La Fiscal anunció que hallaron en total 7,5 millones entre cruce de facturas y efectivo. Por esa suma se habrían entregado contratos cuya suma global alcanza los 1.130 millones. Esta cifra fue requerida por la Fiscalía como medida de reparación integral. Mientras que el procurador Íñigo Salvador fue más cauto y dijo que esa cifra debe ser tomada en cuenta por los jueces al momento de decidir en el caso. La Procuraduría estimó en 23 millones la suma de la reparación integral. 

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