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31 de Mayo del 2017
Historias
Lectura: 18 minutos
31 de Mayo del 2017
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

La glásnot de Lenín: cuatro apuntes para el debate de la LOC

Foto: Flickr Presidencia de la República

El nuevo presidente ha levantado los vetos a algunos periodistas independientes, pero los abogados tras la Ley de Comunicación cabildean en su defensa. 

Glásnot es un término ruso con el cual el último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorvachov, emprendió un sorprendente deshielo y liberación del sistema político, entre 1985 y 1991. En esta nueva política se abrieron libertades para que los medios de comunicación independientes rompieran el bozal de hierro que les había impuesto el sistema comunista y pudieron ejercer el periodismo. Guardando las distancias, Moreno da señales para aflojar el puño correísta frente a los medios. Pero aún está por definirse los términos, especialmente en las reformas a la Ley de Comunicación, catalogada como una de las más represivas del mundo frente al trabajo de la prensa.

¿Qué es negociable y qué no es negociable en las reformas a la Ley Organica de Comunicación, aceptada por Lenin Moreno para empezar una glásnot en la relación con la prensa? Mientras su antecesor, Rafael Correa, capitanea en Twitter ataques furibundos de trolls y activistas de la revolución ciudadana en contra del periodismo, Lenin Moreno arma el escenario para el deshielo anunciado. Su primera señal fue invitar a Carondelet a algunos medios y periodistas que habían sido vetados, denostados y perseguidos por el correísmo durante ocho años. Por ejemplo, Diego Oquendo, principal de Radio Visión. En esa rueda de prensa, Moreno dio otra señal que tumbaba la política dura del correismo: autorizó que sus ministros acudan a los medios no oficialistas —o también llamados independientes— cuando se los invite a entrevistas, algo que Correa había prohibido. Luego, anunció un proceso de diálogo público, incluyendo a medios privados, para una discusión sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Sobre esta cancha se han empezado a trazar estrategias.  En una carta dirigida a Alex Mora, titular  de la Secretaría de Comunicación (Secom), el abogado Rommel Jurado, quien fuera uno de los ideólogos de la actual LOC y uno de sus más visibles defensores, recomendó los términos matriciales con los cuales el Gobierno podría enfrentar la reforma. Para Jurado, hay temas que no son negociables o lo que él llama "los avances que no pueden perderse": el deber de los medios de identificar los contenidos que difunden; el respeto de programación de acuerdo a las franjas horarias y de audiencias;  la prohibición de contenidos discriminatorios; la regulación de contenidos violentos; la prohibición de difundir mensajes que que constituyan infracciones a las leyes y a la Constitución; la protección a la producción nacional, incluida la publicidad; la prohibición de publicitar el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas; la responsabilidad de los sistemas de audio y video por suscripción, en todos los temas anteriores; el mandato de verificación, contrastación y exactitud em la producción y difiusión de noticias; la protección de los derechos de rectificación y réplica de los ciudadanos; los porcentajes de contenidos interculturales en la programación y publicación de todos los medios de comunicación; el mandato de redistribución de las frecuencias y el respeto a las disposiciones de la LOC para asignar puntuación a los participantes en los concursos público; y las acciones afirmativas en favor de los medios comunitarios.

Para el abogado Rommel Jurado, autor de la LOC,  hay temas que no son negociables o lo que él llama "los avances que no pueden perderse".

De su parte, la Plataforma para la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador convocó, 19 de abril de 2017, a una mesa de diálogo sobre las reformas a la LOC. A la cita acudieron más de 50 personas vinculadas al tema. Fueron convocados, en proporciones similares, parlamentarios y políticos en ejercicio, periodistas y editores de medios, miembros de organizaciones de la sociedad civil y académicos. Su principal, Luis Verdesoto Custode, dijo que para el debate se buscó un equilibrio entre esos orígenes profesionales y las distintas posturas que existen sobre la Ley de Comunicación, "aunque no todos los sectores respondieron a la convocatoria con igual interés". La jornada de construcción de acuerdos fue conducida por Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia y destacado periodista del Continente.    

La Ley Orgánica de Comunicación está por cumplir cuatro años de vigencia. En el último proceso electoral, todos los sectores políticos —sin excepción— plantearon reformas a esta Ley, desde su derogatoria hasta su revisión en aspectos puntuales, dice la Plataforma.

La mesa de diálogo debatió algunos aspectos o afirmaciones que permitirán un frente de consenso sobre las reformas a la ley. Esta es la memoria de ese conversatorio:

1. La Ley es inconstitucional y debería ser derogada

A pesar de su disposición al diálogo sobre una posible revisión de la Ley, muchos de los asistentes recordaron el proceso de construcción, aprobación y ejecución de la ley, esta norma tiene una historia de arbitrariedades y abusos que han provocado su total rechazo. Por su forma de aprobación y su contenido, la ley es contraria a la Constitución y principios fundamentales de derecho. Un debate sobre la Ley no olvida esta lucha y a quienes han sido víctimas de presión y persecución.

Muchos de los participantes señalaron que el gobierno concibió a la Ley Orgánica de Comunicación como herramienta de un movimiento político, el que concibe a la comunicación como propiedad/ facultad del Estado. Sin embargo, la comunicación, que es un derecho, debe ser devuelto a la ciudadanía. Se sugirió a lo largo de toda la Mesa de concertación que se revise la ley a la luz de los instrumentos internacionales y los parámetros que ellos han desarrollado. Fundamentalmente, la Carta Andina de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano.

Se plantearon distintas preocupaciones sobre la LOC. De un lado, la transformación del derecho en servicio público (tanto en la Ley como en la Constitución) contradice los parámetros internacionales sobre el tema. De otro lado,  a través de reglamentos se han otorgado competencias y atribuciones exorbitantes, ilegales e inconstitucionales a la Supercom, lo que viola el principio de legalidad, el derecho a la seguridad jurídica y contradice a los parámetros internacionales.

Como efecto directo de la aplicación de la LOC se ha impedido que fluya la información en la sociedad, se detiene el diálogo y se desincentiva la opinión y el periodismo de investigación. Una serie de medidas sancionatorias contenidas en la Ley se han convertido en incentivos para la autocensura en los medios. Se comentó también una especie de doble rasero para juzgar a los medios privados y a los públicos.

Se insistió en que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de medios y periodistas, se trata de un derecho ciudadano, que además es piedra angular en la construcción de sociedades democráticas y deliberativas. 

La libertad de expresión no es un derecho exclusivo de medios y periodistas, se trata de un derecho ciudadano, que además es piedra angular en la construcción de sociedades democráticas y deliberativas.

Se dedicó una parte del debate a la importancia de los medios comunitarios y como, a pesar de las normas legales que van en sentido contrario, la LOC ha afectado a estos medios y se ha convertido en herramienta del ambiente de criminalización del disenso social que se vive en el país. No se ha cumplido con el porcentaje previsto para medios comunitarios y las regulaciones de publicidad e ingresos sumadas a la obligatoriedad de la titulación de quienes ejercen la comunicación social han sido limitación fundamental al ejercicio del derecho a la comunicación en el ámbito comunitario

Se comentó también sobre los problemas de independencia de los organismos creados por la LOC, en particular la actuación de la agencia de control: Supercom. Independencia no solo en relación del poder político sino también de los procesos en donde muchas veces la Superintendencia es juez y parte.


Las atribuciones de la Supercom y suu papel de censor estatal están en el centro del debate.  Foto: Diario la Hora

En un ambiente de cordialidad y construcción de consensos varios participantes se opusieron a las reformas puntuales en la Ley y manifestaron que preferirían su derogatoria completa. 

En conclusión, lo adecuado parecería —respetando posturas que propugnan la total desaparición de la Ley— trabajar sobre propuestas concretas de reforma, ajustándose a los parámetros internacionales de derechos humanos y en el marco de la Constitución del Ecuador y la definición de un Estado garantista, un Estado constitucional de derechos y justicia. El núcleo de cualquier propuesta de reforma debe consistir en enlazar las normas de la Ley con aquellas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

2. Figuras ambiguas y desproporcionadas, ley puramente punitiva

Varios participantes sostuvieron que la LOC viola derechos a la sociedad al impedir que reciba información plural. La LOC sujeta todas las versiones a la “verdad” oficial. Los afectados no son solo los medios de comunicación sino toda la sociedad. La LOC es una herramienta regresiva que se ha usado también para silenciar investigaciones de corrupción y proteger a posibles involucrados.

Hay casos puntuales en que la LOC se ha utilizado para sancionar o justificar sanciones como aquella contra los educadores acusados de incitar a los militares al haber convocado a movilizaciones a propósito de la reforma constitucional.

Se enfatizó en tres temas: linchamiento mediático, contenidos de relevancia pública y código deontológico, figuras que por su ambigüedad se han usado para sanciones que muchas veces no tienen fundamento. Estas fueron incorporadas en la demanda de inconstitucionalidad que se planteó contra la LOC. En su sentencia la Corte Constitucional instó al CORDICOM que especificara qué es interés público/relevancia pública, requerimiento que no ha cumplido.

Otro tema que se planteó en los debates es la confusión/mezcla entre información, opinión y entretenimiento. La noción de veracidad no puede aplicarse a la opinión pues por definición representa un punto de vista. Esta exigencia de verdad y contrastación a la opinión se ha usado para sancionar casos a funcionarios públicos y candidatos.

Este ánimo punitivo de la Ley y sus amplios márgenes para la discrecionalidad de los jugadores han hecho que los abogados se conviertan en los nuevos editores.

Este ánimo punitivo de la Ley y sus amplios márgenes para la discrecionalidad de los jugadores han hecho que los abogados se conviertan en los nuevos editores.

Se dijo, por parte de los participantes, que existe una contradicción con el derecho de igualdad ante la ley y el principio de responsabilidad ulterior, ya que la LOC crea una instancia de sanción administrativa que no constituye responsabilidad ulterior, pues los jueces naturales deberían ser los civiles.

La Supercom es un organismo que actúa como juez y parte. Esta falta de independencia provoca poca confianza en sus decisiones, que se han convertido en formas de censura e incentivos para la auto censura.

Los montos de las sanciones pecuniarias y la figura de “reincidencia” que duplica la multa en cada ocasión, constituyen una penalidad desproporcionada a la falta y se han convertido en amenaza a la propia existencia de los medios.

3. Otros temas

Se indicó que hay un monopolio gubernamental que en la actualidad concentra la mayor cantidad de medios nacionales (radio, prensa escrita y televisión). Se enfatizó en que los medios administrados por el Estado, más que públicos son gubernamentales, medios políticos que se alejan de la función de un medio público. Es urgente regular la conformación de los directorios de los medios públicos, tomando legislación comparada y estándares interamericanos de DD.HH. También preocupa que se ha satanizado la propiedad de los medios privados y el trabajo que desempeñan.

Cuando se debatió la LOC se creó un Consejo Consultivo en que se representaría la sociedad civil. Con casi cuatro años de vigencia de la Ley. No se ha conformado nunca ese Consejo.

Se debe recuperar y reforzar la figura de los Defensores de las audiencias, estos pueden convertirse en mecanismos efectivos dentro de los medios para protección de derechos de las audiencias y para la incorporación de las buenas prácticas del periodismo.

Se debe insistir en la venta de los medios incautados que inclusive está prevista en la Ley de Comunicación. Al respecto, se podría plantear una acción por incumplimiento u otras estrategias que no necesariamente tienen que ver con la reforma de la LOC.

Se debe insistir en la venta de los medios incautados que inclusive está prevista en la Ley de Comunicación. Al respecto, se podría plantear una acción por incumplimiento u otras estrategias que no necesariamente tienen que ver con la reforma de la LOC.

4.- Sugerencias puntuales:

La conformación de esta Mesa y el debate sobre posibles reformas es un esfuerzo por el diálogo y abre una ventana de oportunidad para un proceso que es urgente para el país. Este documento trata de reflejar diversas opiniones acerca de la LOC, y se ha reunido posturas que van desde la exigencia de la derogatoria hasta la posibilidad de acordar modificaciones puntuales en el camino de lograr un ambiente menos hostil para la libertad de expresión. Estas propuestas no deben entenderse como la renuncia a las exigencias de muchos sectores de una derogatoria total de la Ley y el cuestionamiento que se realizado sobre su constitucionalidad.

Para eliminar el carácter punitivo de la Ley se sugiere la desaparición de la Supercom y de la facultad de sancionar con multas a los medios de comunicación (artículos 23 y 25). Trasladar la responsabilidad de réplica y rectificación a los Defensores de las Audiencias y la responsabilidad ulterior a los juzgados de lo civil cuando se trate de infracciones que así lo ameriten.

Ya en el campo de reformas puntuales se sugirió la eliminación del párrafo final del artículo 10 que convierte en obligación legal a las normas deontológicas. La eliminación del linchamiento mediático por u ambigüedad así como el artículo 18 sobre censura previa por omisión.

Se plantea también eliminar la figura de la reincidencia y en lo posible eliminar las multas porque constituyen una forma de censura indirecta; la apelación por vía judicial debería tener efecto suspensivo. Es indispensable revisar los mecanismos para concurso de frecuencias, por ejemplo debe evitarse que el concurso se haga por una frecuencia específica pues esto se presta para todo tipo de distorsiones.

Las atribuciones de los funcionarios de la Supercom son mayoritariamente discrecionales y no regladas. Se debe poner especial atención a la reglamentación de esas atribuciones.

Si bien una reforma constitucional entraña mayor dificultad, no se puede dejar de debatir sobre la inconveniencia y las implicaciones de que la comunicación se considere como servicio público.

Para una reforma que garantice un ambiente respetuoso de la libertad de expresión y el buen uso de los medios de comunicación, se sugirió una revisión complementaria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico Integral Penal (en particular artículos del 512 al 518), el Código de la Democracia y la Ley de Control de Poder del Mercado. También se debería revisar la Ley de Telecomunicaciones y todas las normas legales y reglamentarias que garanticen el acceso y la libertad de expresión en Internet y la seguridad y privacidad de los usuarios digitales.

Para Romel Jurado, en su carta al secretario Mora, hay puntos que él califica de "críticos para la libertad de expresión", los cuales pueden entrar a un debate: la discusión sobre la conveniencia de mantener, perfeccionar o desaparecer la figura de linchamiento mediático y la figura de censura previa por omisión (la que sanciona por no publicar supuestos temas de interés público. Ndlr.); la eliminación del art. 10 referido a las normas deontológicas y, la discusión sobre la contradicción de mantener la comunicación como un derecho humano fundamental y al mismo tiempo un servicio público.
 

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