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18 de Junio del 2018
Historias
Lectura: 12 minutos
18 de Junio del 2018
Redacción Plan V
La justicia del delator

De izquierda a derecha: embajador del Brasil, Carlos Lazary Texeira, el ex fiscal general Rodrigo Janot, el director del Área de Derecho de la Universidad Andina, Ramiro Ávila y la fiscal Diana Salazar.

 

En un evento en la Universidad Andina se analizó la estrategia de los fiscales del Brasil que investigaron la trama de corrupción de Odebrecht. La clave en ese caso fueron los delatores, que aunque fueron cómplices o partícipes de los delitos, ayudaron a descubrir los montos de los pagos y a seguir la ruta del dinero. El Brasil, con la presencia de sus diplomáticos, promueve la campaña de Odebrecht, una de sus empresas bandera, para lavar su imagen.

Varios hechos llamaron la atención en el seminario “Lucha Anticorrupción, cooperación eficaz y ética empresarial”, que tuvo lugar la semana pasada en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. En primer lugar, los invitados. Al evento fueron convocados abogados, fiscales y periodistas para analizar el problema de la corrupción y las formas en las que los fiscales, en especial del Brasil, desenredaron la maraña del caso Odebrecht. 

El evento, que contó con la organización de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Brasileña, cuyo titular, Diego Villagómez, estuvo presente en la inauguración, convocó a periodistas como el director de este portal, Juan Carlos Calderón, el reconocido periodista peruano Gustavo Gorriti, Director de IDL Reporteros – Proyecto de Investigación Periodística Regional “Caso Lava Jato”, así como representantes de la empresa brasileña Odebrecht, como Margarida Smith, Directora de Conformidad de Odebrecht, Savio Lima, CEO de la empresa Halliburton Ecuador y Pablo Dávila, quien fue presentado como "representante empresarial en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio".

Estuvo presente también Carlos Lazary Texeira, embajador de Brasil en Ecuador, así como la fiscal  Diana Salazar, Directora UAFE y se destacó la participación de Rodrigo Janot, ex Procurador de Brasil.

En segundo lugar, el eje de la discusión. “La información debe estar disponible para todos los ciudadanos, siempre que no afecte la eficacia de la investigación”, afirmó Rodrigo Janot ex Fiscal General de Brasil, quien se centró en explicar la forma en la que trabaja la figura denominada "cooperación eficaz", que consiste, básicamente, en cómo los fiscales pactan con quienes han sido autores o cómplices de delitos para así obtener información que, de otra forma, podría ser muy difícil obtener. 

Rodrigo Janot ex Fiscal General de Brasil, se centró en explicar la forma en la que trabaja la figura denominada "cooperación eficaz", que consiste, básicamente, en cómo los fiscales pactan con quienes han sido autores o cómplices de delitos para así obtener información que, de otra forma, podría ser muy difícil obtener.

Tras disculparse por su "portuñol", el brasileño explicó cómo la Fiscalía brasileña obtuvo información de por lo menos 120 delatores en el caso Lava Jato, que le permitió obtener información y documentación proporcionada por los propios ejecutivos de la empresa brasileña, implicada en una gran red de corrupción. El fiscal habló de aspectos tales cómo ser amable con los delatores y con sus abogados y ser "severos con el caso y no con las personas". Algo obvio si se considera que el fiscal depende de la buena voluntad del delincuente y de su ánimo que obtener una reducción de la eventual pena. 

“Cada caso es diferente y hay que definir la estrategia más conveniente. Prepararse bien para la negociación. Una buena negociación garantiza un proceso eficaz de colaboración”, dijo el ex fiscal brasileño. 

La preparación es importante para determinar cuál es el tiempo más adecuado para realizar la negociación tomando en cuenta que una organización criminal es hermética. “Se rige por ley del secreto. El que habla, muere”, destacó el fiscal, y agregó que “la cooperación es el medio para la obtención de la prueba y debe ser eficaz. Pero también hay que decir que el periodismo de investigación y una prensa libre es fundamental para combatir la corrupción”, finalizó el brasileño, mientras el embajador de su país, sentado junto a él, asentía. 

En tercer lugar, la presencia de los diplomáticos brasileños en el evento, que fue constante. Tanto desde la Embajada del Brasil cuanto desde la cámara que agrupa a los empresarios ecuatorianos que hacen negocios con ese país, fue evidente el alinamiento con una estrategia que Odebrecht, una de las empresas bandera brasileñas en la región había trazado: se buscaba demostrar que tras el escándalo de la red de sobornos a políticos de casi todos los países de América Latina, la constructora brasileña busca reinvidicarse. 

El año pasado, en un desayuno con la prensa, ejecutivos de Odebrecht habían planteado la misma reingenería, que busca posicionar nuevamente a la constructora como un gigante de las obras viales en la región, pero esta vez, libre de corrupción. 

La fiscal Diana Salazar, quien dirige la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), defendió la figura de la cooperación eficaz. La abogada había preparado una presentación en Power Point que recogía la institución del premio al delator y al delincuente arrepentido desde la antigüedad romana. 

“La cooperación cficaz es una herramienta útil para investigar crimen organizado, es decir una estructura permanente con actividades ilícitas y con fines de lucro, por ello es importante plantear mecanismos procesales para desestructurar la delincuencia organizada”, dijo Salazar, quien destacó que las organizaciones criminales operan con criterio empresarial, con el objetivo de obtener y crear más ganancias. 


Durante el evento, en el Paraninfo de la Universidad, se evaluaron diversas aristas del crimen organizado. 

Fue evidente el alinamiento con una estrategia que Odebrecht, una de las empresas bandera brasileñas en la región había trazado: se buscaba demostrar que tras el escándalo de la red de sobornos a políticos de casi todos los países de América Latina, la constructora brasileña busca reinvidicarse.

Precisó sin embargo que la delación, llamada en nuestra legislación "cooperación eficaz" no puede ser usada para cualquier delito. “En la Convención de Palermo se propone únicamente para la delincuencia organizada”, aseguró.

Pero mientras los abogados se limitaron a explicar desde cómo ganar la confianza del delator hasta el extremo de hablarle suavamente y convencerlo de entregar información que de otra forma sería muy difícil conseguir, los representantes empresariales hablaron sobre la ética de las grandes corporaciones.

Savio Lima, gerente de Halliburton Ecuador, dijo que “las empresas tienen la responsabilidad de influenciar de manera positiva, actuando con ética, en las comunidades donde desarrollan sus actividades”.

Margarida Smith, directora de Conformidad de Odebrecht aprovechó el foro para anunciar la nueva imagen de la cuestionada empresa brasileña. “Aprendimos de los errores del pasado, hoy la empresa trabaja con un riguroso sistema de Conformidad y con monitores independientes para fortalecer la prevención” de actos de corrupción y de la comisión de delitos como cohecho y concusión, por ejemplo. 

“La ética y el sistema de conformidad de Odebrecht es una responsabilidad de todos quienes hacemos la empresa. Para poder sobrevivir debemos esforzarnos porque sabemos que no tendremos una segunda oportunidad”, dijo Smith.

Por su parte, Gorriti destacó que “cuando una investigación periodística está bien hecha, se convierte en una presión para que el sistema judicial actúe. Nuestro objetivo es que el ciudadano de a pie esté informado y sea consciente del daño que causa la corrupción”.

El peruano hizo alusión al caso de la empresa Odebrecht y señaló que si una compañía cae en corrupción no hay que destruirla. “Se la tiene que hacer pagar por todos los ilícitos y debe convertirse en un aliado de la lucha contra la corrupción, denunciando a todos los involucrados y la ruta del dinero”.

El director de PLANV, Juan Carlos Calderón afirmó, que está bien “que las empresas se reformen, pues no les queda de otra para hacer negocios, pero hay que pensar cuándo se reformará la sociedad y los sistemas políticos”.

Calderón agregó que el periodismo de investigación “es una profesión de alto riesgo que requiere de valentía para enfrentar a poderes de toda índole, se debe enfrentar incluso al crimen organizado en países como México y Colombia.”

Calderón sostuvo que “cuándo para un periodista es extremadamente difícil conseguir información, hay que sospechar que hay corrupción”.

¿Y las multas?

Pero en el foro, además de las buenas intenciones de la constructora brasileña y la cooperación de sus ejecutivos con la justicia, que les ha permitido obtener ventajas como arrestos domiciliarios, reducción sustancial de penas y procesos rápidos, no se tocó el tema de las multas que en algunos países se han puesto a la constructora brasileña. En varios casos, como el ecuatoriano, los abogados de Odebrecht han pretendido que, a cambio de su cooperación, los estados no les impongan ninguna multa, lo que ha sido rechazado en algunos países y aceptado en otros. 

Así, en el año 2016, Brasil, Estados Unidos y Suiza multaron a la constructora brasileña con USD 2600 millones, de los que 80% fueron al fisco brasileño, 10% a Suiza y 10% a Estados Unidos. 

En el año 2016, Brasil, Estados Unidos y Suiza multaron a la constructora brasileña con USD 2600 millones, de los que 80% fueron al fisco brasileño, 10% a Suiza y 10% a Estados Unidos.

En abril de 2017, en cambio, la República Dominicana condenó a la empresa brasileña a pagar USD 184 millones, mientras que en marzo de 2017 la constructora pidió a la Procuraduría General del Estado ecuatoriano que, a cambio de entregar información, “la empresa pretendía que, como consecuencia del acuerdo, no se les pueda exigir información adicional, ni se les pueda imponer ningún tipo de indemnización, multa o pago de cualquier concepto”, dijo la Procuraduría en un comunicado, pero entonces se precisó que “Esto ha sido rechazado y no se incluirá en un posible acuerdo” al tiempo que agregó que Odebrecht también “pretendía llegar a un acuerdo, sin entregar información alguna, en el cual el Estado ecuatoriano declare que todos los procesos contractuales realizados cumplieron con las normas internas de contratación pública”.

En agosto de 2017, en Panamá, la Fiscalía impuso a la constructora brasileña una multa de 220 millones, en los que se incluyeron USD 100 millones por mal uso del sistema financiero. En el caso del Perú, la constructora abonó una multa de cerca de USD 10 millones por sus pagos ilícitos en el país vecino. 

 

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