Esta historia empieza mucho antes, pero para entender el contexto de los hechos que abarcan el juzgamiento político y penal ex contralor Pablo Celi, empezará en diciembre del 2016. Se trata de un primer capítulo, para saber si el excontralor Pablo Celi, que está siendo juzgado políticamente por la Asamblea Nacional, y guarda prisión en la cárcel 4 de Quito por presunta complicidad en un delito penal, se arrogó u no funciones como Contralor General. Es fundamental esto para tener la certeza de si lo actuado por el ex funcionario fue legal o no, incluidos los informes de responsabilidad penal que firmó, incluidos en estos los que afectaron a funcionarios del gobierno de Rafael Correa, a Jorge Glas y al propio ex presidente de la República.

Celi, ¿era o no contralor subrogante? La importancia de la cuestión

Al interior de Contraloría General del Estado existió un disputa por el control de la misma, que empezó aproximadamente el 21 de diciembre de 2016, cuando la constructora Norberto Odebrecht reveló que había pagado sobornos al entonces contralor Carlos Pólit Faggioni con el objeto de archivar los exámenes especiales que esa institución había realizado a las obras que la empresa brasilera construyó en el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había revelado que, entre los años 2007 y 2016, la constructora Odebrecht pagó USD 33,5 en sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano para obtener contratos de obras públicas. Posteriormente se conocimiento que el ex contralor, Carlos Pólit, había recibido USD 10,1 millones por supuestamente desvanecer glosas y archivar exámenes generados por irregularidades en la contratación y construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. El archivo de esos exámenes especiales (o lo que se llamaría después: el desavanecimiento de glosas) permitió al Gobierno de Rafael Correa llegar a un acuerdo con Odebrecht y firmar nuevos contratos por USD 5.000 millones.

Ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Carlos Pólit Faggioni declaró, el 24 de julio de 2021, sobre el archivo de dichos exámenes de Odebrecht y dijo: “Eran indicios penales terribles, habían falsificados documentos, habían incrementado valores a través de adendas que no estaban en la contratación pública”. Pólit dijo que el archivo de estos exámenes fue “una disposición del Estado y la Contraloría no se podía resistir” (...) y que las glosas se desvanecieron porque había un acuerdo entre el procurador general del Estado, Diego García Carrión, la empresa Hidropastaza y Odebrecht, los que: “resuelven que, para reparar (la central hidroeléctrica) San Francisco, había que archivar los exámenes de la Contraloría, porque la Contraloría que yo presidía sacó 31 informes de auditoría de Odebrecht (...) y dos indicios de responsabilidad penal, que en ese acuerdo del procurador no estaban que se archiven, solo estaba que se archive la denuncia penal que había propuesto Hidropastaza, pero los informes de Contraloría no, pero resulta que archivan”.

Edificio de la Contraloría General del Estado, en Quito, antes de que fuera incendiado en los graves incidentes de octubre del 2019. Foto: PlanV

Para inicios de enero de 2017, el entonces fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano en medio de críticas por la falta de agilidad para investigar el caso, renunció anticipadamente al cargo de Fiscal General.

Carlos Baca Mancheno fue elegido nuevo Fiscal General y posesionado el 11 de mayo del 2017.

El 14 de mayo de 2017, José Serrano Salgado fue posesionado como presidente de la Asamblea Nacional y el 24 de mayo de 2017 César Navas era designado por el expresidente Lenín Moreno Garcés, como nuevo ministro del Interior (quien antes había ocupado el cargo de ministro Coordinador de Seguridad y director general de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911).

Ese mismo 24 de mayo, fecha patria, Carlos Pólit aprobó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en contra de César Navas por la puesta en marcha del sistema de comando y control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, con el que se determinó que se habían pagado, injustificadamente USD 33.2 millones a las empresas chinas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC).

Este informe estableció que existieron modificaciones e incrementaron rubros, cantidades y precios unitarios sin justificación y se señaló a Luis Yépez Andrade, en calidad de administrador de contratos y a José Simón Crespo Dávila, quien fungía como fiscalizador de ambas negociaciones, como los responsables de la falta de control.

En idéntico sentido se señaló al entonces ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, por suscribir los contratos y no verificar los precios unitarios, a César Navas y Christian Rivera, directores generales del ECU 911, en virtud de que, según el informe de Contraloría, no dirigieron ni aseguraron la implementación y funcionamiento del sistema de control interno y de administración financiera para el control y verificación de la pertinencia de los costos que se cancelaron. César Navas negó la existencia de ese informe.

En la misma versión de Carlos Pólit, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se conoció que, el 25 de mayo de 2017, suscribió tres acciones de personal con las que destituyó a Pablo Celi De La Torre como subcontralor y nombró a Sabett Chamoun como contralora general subrogante.

Ese mismo día Carlos Pólit pidió a Daniel Fernández de Córdova (sobrino de José Serrano) entonces director nacional de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, que le entregara a la fiscal subrogante, Tania Moreno, el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) en contra Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, por haber supuestamente cobrado sueldos indebidos y solicitar pagos no justificados a nombre de la Comisión 30S de la que fueron parte, cuando el Decreto Ejecutivo de Rafael Correa estableció que los miembros de la Comisión 30S, ejercerían el cargo de manera gratuita.

Pablo Celi estuvo en el cargo de contralor subrogantes desde mayo del 2017, cuando Carlos Pólit renunció al verse involucrado en denuncias de corrupción. Foto: El Universo

Esta comisión especial fue conformada por el Ejecutivo, el 10 de junio del 2013, tres años después de los sucesos del 30S, para investigar "los hechos (...) en especial sus autores materiales e intelectuales". Su informe, según el Decreto, será judicializado. 

Cuatro años después, Daniel Fernández de Córdova envió a Carlos Pólit mediante chat un documento adjunto que era la constancia de la fe de presentación a la Fiscalía General del Estado del informe con Indicio de Responsabilidad Penal por el uso de los recursos del caso 30S.

Causa asombro al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que dicho IRP del examen especial a los miembros de la Comisión del 30S no haya sido entregado por la Contraloría General del Estado el momento en que lo requirió.

En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el 23 de julio de 2021, Daniel Fernández de Córdova negó haber suscrito el informe contra Carlos Baca y dijo que “tampoco lo había ingresado a la Fiscalía”.

Pero este examen con indicios de responsabilidad penal de la comisión 30S, al que se refería Daniel Fernández de Córdova, se hizo público en el mes de enero de 2018, cuando el portal periodístico Focus Ecuador publicó la nota titulada “Exclusivo: el peculado del Fiscal General”.

Sobre estos hecho, Carlos Pólit explicó en su comparescencia que “el señor Celi se presentó en mi oficina y me pidió: Carlos, por favor, no remitas ese informe, no ordenes que manden ese informe a la Fiscalía General del Estado. Se refería al informe de liquidación de gastos reservados (...) en el que se evidenciaban irregularidades realizadas por los integrantes de la comisión 30S.

“En ese momento pensé con suma preocupación, cuáles habían sido motivos por los que él me pedía eso, ahora lo entiendo: él tenía conocimiento de lo que iba a pasar el 2 de junio de 2017, es por eso que ese día el señor César Navas, ministro de Gobierno, cercó la Contraloría.

“Así se fraguó mi salida de la Contraloría con el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional (...) el señor Serrano me presionó para que presente mi renuncia, me mandó dos emisarios a pedirme la renuncia a los Estados Unidos, que ya terminaría mi persecución, decía. El fin (de Serrano) era apoderarse del manejo de la institución y desvanecer las responsabilidades provenientes de informes realizados a los personajes antes mencionados y a él que tenía vinculación directa... después de un informe de auditoría financiera que habíamos terminado recién y descubrimos contratos millonarios a través de convenios de pagos que la ley no permitía, declarar emergencia y a través de convenios de pago, dar a dedo, a comprar caballos, carros, etc.” (sic).

Carlos Pólit dijo que entre el ex asambleísta José Serrano y Pablo Celi hubo un “acuerdo para que Contraloría no realice un examen especial a contrataciones del Ministerio del Interior para adquirir patrullas, perros, uniformes, hechas de forma directa y sin estudios previos”.

José Serrano, derecha, por entonces  presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Detrás de él, Pablo Celi, y detrás de ellos las cajas con miles de documentos del caso Odebrecht.

La Contraloría realizó exámenes especiales a 216 contratos de emergencia por USD 330.2 millones suscritos por el Ministerio del Interior entre el año 2013 y el mes de diciembre de 2015. Entre las irregularidades que se hallaron como resultados dentro de los exámenes especiales fue la “falta de estudios de mercado para adquirir las mejores propuestas, se irrespetaron convenios lo cual generó multas, se contrató de manera emergente cuando no había la necesidad, no existen los expedientes de los procesos de contratación.”

Pablo Celi, literalmente, la rompe...

El 2 de junio de 2017 cambió el destino de la Contraloría. Esa madrugada, la Fiscalía General del Estado allanó la casa de Carlos Pólit en la ciudad de Guayaquil por el caso Odebrecht. Ese día entraron en vigencia las acciones de personal que habían sido firmadas por Carlos Pólit como Ligia Cobo, entonces coordinadora nacional de Talento Humano, explicó a la Asambles. Ella fue quien notificó a Pablo Celi De La Torre “de su destitución y a Sabett Chamoun le comunicó que era la nueva contralora subrogante”. Ante este comunicado, Pablo Celi rompió el acta de notificación y se resistió a dejar el cargo.

Sabett Chamoun contó ante la Comisión de Fiscalización que “ese día, 2 de junio, el doctor Pólit llamaba a Daniel Fernández y le dijo que vaya a entregar informes a la Fiscalía, pasaba el tiempo y Daniel Fernández no lo hacía, yo lo llamé a mi despacho y le dije: Daniel, me está preguntando el doctor Pólit, qué pasó con el informe de César Navas y él me contestó, ¿a quién le hago caso a Pablo Celi o a Carlos Pólit?”

Sabett Chamoun indicó recordó que  ese 2 de junio  la Contraloría se encontraba cercada por policías y que mientras estaba ella en uno de los corredores del edificio matriz de la institución, vio llegar en horas de la noche a varios funcionarios de la entidad para reunirse con Pablo Celi De La Torre. Entre ellos Pedro Moreno, Wilson Vallejo, Valentina Zárate, Daniel Fernández “¿Qué hacían un viernes, en fin de semana reunidos en la noche?”. La exfuncionaria aseguró que esa noche llegó un auto deportivo rojo. Entonces ella llamó a su chófer y le preguntó: ¿quién está ingresando a la Contraloría a esta hora? "Y me dice, es el sobrino del doctor Pablo Celi, Raúl De La Torre ¿Cómo así le dejan entrar? Empecé a llamar a los guardias, ya los guardias no me contestaban... (...) me acercó a la oficina de Pablo Celi, recuerdo que estaba un hombre parado en la puerta, y le digo usted qué hace aquí, «estoy cuidando la puerta del señor contralor» ¡Qué contralor!, le dije, ¡si Pablo Celi ya no es funcionario público! Como mi tono de voz es fuerte, salió Pablo Celi y me dice: “yo soy el contralor general del Estado” y le respondí, qué te pasa a ti, tú ya fuiste cesado desde las cuatro de la tarde, son casi las ocho de la noche. Llegaron unos policías que se cuadraron frente a nosotros y dijeron señor, contralor general del Estado, nos envía el ministro César Navas para darle custodia a usted”.

La policía tomó el control de la Contraloría, Chamoun. “Ese día nadie podía salir ni entrar, al interior de la Contraloría estaban Celi y su grupo cercano. El régimen dio su apoyo públicamente a Celi a través de la ministra de Justicia, Rossana Alvarado; «él es el contralor subrogante, y me parece que ahí las cosas están claras», aseguró la funcionaria a los medios de comunicación”.

En documentos consta que el 20 de junio de 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió la renuncia de Carlos Pólit. Al día siguiente, el 21 de junio de 2017, esta fue puesta en conocimiento a Pablo Celi que emitió inmediatamente el acuerdo No. 020-CG- 2017 con el cual se autonombró Contralor General del Estado, subrogante.

La abogada y exfuncionaria Sabett Chamoun Villacrés,  que fuera subcontralora Administrativa de la Contraloría, ratificó la existencia de la Acción de Personal No.913. Existía una copia notariada de la Razón de Notificación, suscrita por Adrián Bustos Agila, secretario general de la Contraloría el 2 de junio de 2017 en la que señalaba: “En mi calidad de Secretario General de la Contraloría General del Estado, doy fe que siendo las cuatro horas y diez minutos del día viernes dos de junio del año 2017, el Sr. Pablo Celi De La Torre, fue notificado con la Acción de Personal No.913, mediante la cual se le da a conocer que se da como concluida su designación en calidad de Subcontralor General del Estado, acto que se realizó en el despacho del señor Contralor, en presencia de la Sra. Coordinadora de Talento Humano y la Ab. Andrea Aguayza y el Ab. Manuel Taipe Calle, para lo cual suscribo el presente instrumento con la señora Coordinadora y los testigos antes señalados”.

Carlos Pólit dijo ante la Comisión de Fiscalización que, previo a firmar su renuncia, recibió en la ciudad de Miami, Estados Unidos la visita de los “dos emisarios de José Serrano: el señor J.J. Franco y el señor Diego Sánchez Silva, este último amigo íntimo del presidente de la Asamblea. El uno era muy amigo mío, en quien confié siempre y el otro un conocido... Ellos me presionaron para que firme la renuncia”.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, liderado por el Dr. Julio César Trujillo (ya fallecido. Ndlr.), que tenía la potestad para destituir, reemplazar y designar por medio de concurso al contralor, gracias a las atribuciones emanadas del referéndum para la Consulta Popular de febrero de 2018, ratificó a Pablo Celi en el cargo, amparándose en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El doctor Trujillo, en una entrevista en diario El Universo se reprochó a sí mismo el "no haber designado un reemplazo para Pablo Celi, al frente de la Contraloría General del Estado”.

Celi De La Torre aseguró ante la Asamblea que la legitimidad de su ejercicio como Contralor del Estado Subrogante se basaba en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado, que establece que el Subcontralor General subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular. Es una subrogación legal, dijo, por cuanto deviene del hecho de que la renuncia de Carlos Pólit fue puesta en conocimiento del presidente de la Asamblea y que este a su vez le puso en conocimiento de Celi “para los fines legales previstos en el artículo 33 de la Ley de la Contraloría”.

Pablo Celi manifestó que la Acción de Personal No. 913 del 25 de mayo de 2017, que lo cesó en sus funciones como Subcontralor General y la No. 914, con la cual designó a Sabett Chamoun como su reemplazo, "no existen". De hecho, dijo que estos hechos fueron “juzgados y plenamente dilucidados en sentencia judicial (...) y que por sentencia de la Corte Superior de Pichincha de 1 de julio del 2019— que se encuentra plenamente ejecutoriada al haberse negado el recurso de casación mediante sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia el 13 de abril del 2020— la Dra. Sabett Chaoum fue sentenciada por arrogación de funciones, entre otras razones por la inexistencia de las resoluciones (...) Es claro y fue judicialmente demostrado, de conformidad con lo conocido y resuelto por los organismos de justicia, que en ese momento era Pablo Celi, quien tenía la condición de Contralor General del Estado Subrogante, sin que haya existido ninguna resolución o designación distinta”, dijo Celi.

“Nunca pretendí ejercer como Contralor General del Estado Subrogante más allá de lo dispuesto por la norma legal y las resoluciones legítimas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Corte Constitucional; ejercí el cargo, en cumplimiento del mandato expreso de la ley, sin ningún interés personal o afán de permanencia”, agregó.

A fin de contrastar estas versiones y pruebas documentales, el día lunes 26 de julio de 2021, durante la comparecencia del Dr. Pablo Celi De La Torre, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret le preguntó “¿Vio y conoció las Acciones de Personal No 913, 914 y 915?”, a lo que el Dr. Celi De La Torre, en lo medular, respondió: “No puedo ver cosas que no existen...” En definitiva, negó la existencia de la acción de personal que lo cesaba en su cargo.

La Comisión de Fiscalización se declaró incompetente para determinar —como era intención del correísmo— que los actos de Pablo Celi fueron ilegales desde su propia designación. El 7 de mayo de 2019, la Corte Constitucional, había sentenciado que mediante la consulta popular el pueblo ecuatoriano había dotado de competencias extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCS-T, por lo cual sus decisiones, y designaciones como la de Pablo Celi, estaban amparadas en esos hechos y ninguna entidad del Estado podía declararlas ilegales o nulas. Basados en eso, los jueces de la Corte Constitucional determinaron la legalidad de todo lo actuado por el CPCCS-T.

Agentes fiscales y de la Policía Judicial allanaron la casa de Pablo Celi. En la foto consta el excontralor en una alcoba de su casa.  Foto: Fiscalía General del Estado

Así fue como, acorde a lo dispuesto en el artículo 440 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que señala que “las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables”, la Comisión de Fiscalización y Control Político y su presidente carecían de competencia constitucional y legal para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio y por no estar dentro de las esferas de sus competencias entre las que existe la Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-414-08- 05-2019, de fecha mayo 8 de 2019, por medio del cual ratificó al Dr. Pablo Celi De La Torre, como Contralor General Subrogante.

El asambleísta del correismo, e interpelante de Celi,  Juan Cristóbal Lloret, argumentó que podría existir el cometimiento de delitos tipificados en el ordenamiento penal ecuatoriano. El argumento principal giró en torno a la existencia del acto administrativo que cesó en funciones al Dr. Pablo Celi, en su calidad de Subcontralor, a través de una Acción de Personal No. 913, que puso fin a partir del 2 de junio de 2017, a la función que desempeñaba.

La abogada Ligia Cobo Ortiz había laborado como coordinadora de Talento Humano de la Contraloría, desde el1 de junio de 2016 al 2 de junio de 2017, periodo dentro del cual —como parte de sus competencias— suscribió conjuntamente con el Contralor, Acciones de Personal necesarias para la marcha administrativa de la entidad de control. Ella reconoció como suya la firma que constaba en la Acción de Personal No. 913 del 25 de mayo de 2017, en la cual el Contralor de aquel entonces, Carlos Pólit Faggioni, dispuso que concluyera la designación de Pablo Celi como Subcontralor General del Estado, a partir del 2 de junio de 2017.

Esta versión y reconocimiento, respecto de la existencia de la Acción de Personal No.913, fue ratificada ante la Comisión de Fiscalización por Pólit Faggioni, quien era la autoridad legítima al 25 de mayo de 2017, fecha en la que dispuso la remoción del cargo de Subcontralor General al Dr. Pablo Celi, con vigencia a partir del 2 de junio de 2017. Es más, Pólit hizo una declaración jurada ante el Eduardo Rivadeneira Baquerizo, Ministro Cónsul General del Ecuador en Miami, el 7 de junio de 2017, en la que bajo juramento sostenía: "En ejercicio de mis atribuciones suscribí el día 25 de mayo de 2017, la acción de personal No. 913 mediante la cual, dispuse la remoción del cargo de Subcontralor General al Dr. Pablo Celi De La Torre, la misma que debió regir a partir del 2 de junio de 2017 en que debió procederse a la notificación de este acto administrativo por parte de la Coordinadora de Talento Humano Institucional”.

A esa fecha, Polit se había presentado al consulado, pero tenía una orden de prisión emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. 

La Comisión de Fiscalización y Control Político solicitó a la Contraloría General del Estado se remitan dichas acciones de personal y documentos relacionados al objeto del pedido de juicio político, pero los asambleístas lamentaron la poca colaboración de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, responsables de remitir la información solicitada. 

Del análisis realizado se desprende la existencia de pruebas documentales y testimoniales que demuestran la existencia de una Acción de Personal No.913 de fecha mayo 25 de 2017, con vigencia a partir de junio 2 de 2017. Pero los documentos originales no fueron entregados  a la Comisión de Fiscalización por la Contraloría General del Estado.

Fernando Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización reiteró que carecía de competencia para observar la Resolución PLE-CPCCS-T-E-414-08-05-2019 de 8 de mayo de 2019, expedida por el Consejo de Participación Ciudadana y control Social- Transitorio, por medio de la cual dispuso la legalidad del nombramiento de Pablo Celi como contralor.

De esta manera se ratificó que Celi era el contralor general subrogante y sus actos en el ejercicio de sus funciones fueron legítimos, según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

**Lea en la Parte II: Cómo funcionaba la lavandería de delitos de cuello blanco.